El papa Francisco, pronto a
tocar suelo amazónico para abrazar a los jóvenes del mundo, llegará a un nuevo
Brasil. Un país donde la clase política no tuvo más opción que actuar enérgica
y rápidamente en contra de la corrupción, ante la fuerza de unas protestas
populares que amenazan con desbordarlo todo.
La polémica por el fútbol que
exudan la Copa de las Confederaciones y el Mundial 2014, amplificaron el reclamo
apremiante del pueblo y de las juventudes brasileñas auto convocadas por las
redes sociales, para que se ponga coto a la podredumbre de la corrupción, el histórico
ingrediente que ha condenado a Brasil a ser uno de los países más desiguales de
la Tierra.
Para el papa Francisco,
fanático del “jogo bonito” futbolero, pero también del “jogo limpo” de la vida
diaria, la corrupción no es un pecado, sino el verdadero anticristo, el delito
que no tiene perdón: “Pecadores sí, corruptos no”, es una de sus máximas, al
considerar que la corrupción es el peor acto contra Dios, un crimen con
agravantes para quienes se asumen como líderes y servidores públicos.
Feliz coincidencia, tal vez,
o encaje perfecto; lo cierto es que el papa Francisco tendrá el contexto ideal
para encontrarse con las juventudes del mundo, después de que esta semana, y
tras varios años en que los proyectos de ley anti corrupción fueron pateados a
uno y otro lado de los corredores del Congreso, el Senado brasilero aprobó una
legislación recia contra “el crimen atroz” de la corrupción, tipificándolo de “crimen
hediondo”.
Los corruptos, a quienes
Francisco califica de “adoradores de sí mismos” porque solo piensan en ellos y “consideran
que no necesitan de Dios”, serán castigados a penas de hasta 12 años y no tendrán
derecho a amnistías, indultos y libertad condicional. La ley penaliza a los
autores activos y también pasivos en el acto de corrupción, así acumulen riqueza
mediante malversación, extorsión, evasión de impuestos o por irregularidades en
la función pública.
Aunque las protestas se
originaron en reacción al aumento de las tarifas del transporte público en Sao
Paulo y Río de Janeiro, esparciéndose como epidemia por urbes y poblados, desembocaron
luego en lo inevitable, en un pedido de acción en contra de una corrupción que
asfixia y que carcome fondos para mejorar los servicios públicos en materia de
salud, educación y seguridad.
El fútbol, esa disciplina
que divide la pasión de Francisco entre los pasillos de la Capilla Sixtina y las
gradas del Gasómetro de San Lorenzo en Buenos Aires, también incentivó la ira
de las protestas brasileñas. Fue el ex atacante Romario, ahora diputado
federal, quien prendió la mecha criticando los miles de millones gastados en
estadios de lujo para el mundial y las olimpíadas, con los que se podrían
fabricar escuelas, hospitales y viviendas.
Ni Romario ni otros políticos,
incluida la presidente Dilma Rousseff, habían ponderado la explosión de la
fuerza espontánea desatada por los jóvenes en Facebook y otras redes sociales. Todos
fueron sorprendidos, especialmente porque Rousseff pensó que el “mensalao”, la
expulsión de ministros del gabinete por corrupción, y la masiva emigración de
pobres a la clase media, habían expiado los pecados de la clase política, y
desmarcado a Brasil de muchos otros países latinoamericanos donde la corrupción
también es vicio impune e invencible.
La sanción de la nueva ley, que
se descuenta será aprobada por la Cámara de Diputados, seguramente no detendrá
los reclamos. Pero la duración y eficiencia de las protestas dependerá del
enfoque de los planteos; cuanto más concisos más efectivos. Pero si las copan los
violentos y los anarquistas, aquellos que todo ven mal y a nadie bien, las
protestas serán tan ineficientes y efímeras como la de los indignados de Wall
Street.
Si el movimiento popular
consigue sobrevivir enfocando sus objetivos, podría convertirse en un
contrapeso de la clase política, forzándola a rendir cuentas y a implementar mecanismos
que sirvan para extirpar la corrupción de las instituciones.
La clase política de Brasil tiene la chance de transformar
esta crisis en una gran oportunidad. Una sólida cultura anti corrupción no solo
mejorará su economía y democracia, sino también será un loable producto de
exportación que le consolidará como líder mundial.
