Kirchner y Maduro sin vergüenza

Los gobiernos de Argentina y Venezuela coinciden en que no tienen vergüenza cuando se trata de aplicar represalias contra medios y periodistas o quieren censurar a sus críticos.

En la cadena venezolana Globovisión - la única que estaba dándole espacio a la oposición ante las puertas cerradas de las televisoras estatales – ya se borraron los espacios para las críticas, algunos periodistas fueron despedidos y la nueva directiva acordó con el gobierno no trasmitir programación política, el equivalente a censurar cualquier tipo de crítica contra Maduro y el chavismo.

Era evidente que esto sucedería cuando su anterior accionista mayoritario Guillermo Zuluoaga anunció, antes de las elecciones del 14 de abril, que el modelo de la televisora era insostenible. Argumentó que la venta se debía a las multas millonarias, a la baja de publicidad ante la presión del gobierno a los anunciantes y a la amenaza patente de que no se le renovaría la concesión para el 2015.

Lo de Globovisión estaba anunciado y prometido, de la misma forma que el régimen cerró a la cadena radiotelevisiva RCTV y a otras 32 emisoras y cientos de páginas de internet y periódicos, además de abrir, crear, fundar y refundar medios propios o ponerlos en manos de testaferros.

Y en Argentina, emulando a Nicolás Maduro, la presidenta Cristina de Kirchner no tiene empacho en hacer todo lo posible para cerrar la puerta a los medios y periodistas críticos, desde perseguirlos judicialmente, acorralarlos legalmente o hasta imponer los partidos de River y Boca, y a sus eventuales equipos contrarios, en el mismo horario nocturno de los domingos en que se trasmite el programa del periodista Jorge Lanata, quien en sus últimas semanas viene denunciando todo tipo de irregularidades y corrupción de personajes en la órbita del círculo íntimo de Cristina y su ex marido Néstor Kirchner.

Pero no le fue muy bien al gobierno el último domingo, ya que Lanata obtuvo más rating que el partido de fútbol programado para ese inusual horario de domingo por la noche.

Ni Maduro ni Cristina tienen vergüenza a la hora de censurar descaradamente a la prensa y a sus críticos.

¿Maduro es o se hace?

En momentos que en Venezuela debe primar la razonabilidad y la paz - especialmente después de que se dio a conocer el audio del conductor de la Hojilla con un supuesto militar cubano y que ha hecho hervir a la oposición y su pedido de una investigación profunda para determinar los aires desestabilizadores dentro del propio chavismo – el presidente venezolano Nicolás Maduro salió al paso con una nueva irresponsabilidad, pidiendo que los militares armen a la clase trabajadora en defensa de la soberanía nacional y de la revolución bolivariana.

Maduro dijo este jueves que “seremos más respetados si las milicias obreras tienen 300.000, 500.000, un millón, dos millones de obreros y obreras uniformados, armados, preparados para la defensa de la soberanía de la patria, de la estabilidad de la Revolución Bolivariana”.

Uno se pregunta si armar a la gente permitirá combatir la inseguridad ciudadana que está carcomiendo la confianza de la gente y a la propia revolución o calmar los ánimos.

Maduro en lugar de pavonearse con este tipo de irresponsabilidad, de acusar al imperio y a la burguesía, debería centrarse en la implosión, en investigar si realmente Diosdado Cabello y otros funcionarios acólitos tienen ideas desestabilizadoras. El audio de Mario Silva solo reveló un secreto a voces, ya que siempre se supo que Cabello era más nacionalista y Maduro más castrista y que ambos como el aceite y el agua, no se mezclan.

Lo que también suena a irresponsabilidad es que la oposición haya dicho que tiene más partes del audio que las dará a conocer en próximas entregas, como si se tratara de la saga de una telenovela.

Poco favor le hace al país la oposición si teniendo algunas verdades las entrega en forma parcializada. No se puede dejar de ver entonces que la oposición especula con espacios políticos en detrimento de la verdad. La oposición no puede estar amenazando en entregar más información porque da la apariencia que está tratando de negociar algo. No puede estar jugando con las expectativas de la gente ni manipulando la información.

Como oposición, no se puede comportar como el gobierno. 

Católicos y evangélicos

La Iglesia Católica intenta recuperar terreno en el mercado religioso y en la competencia por más fieles con su mejor carta, el papa Francisco, después de que el Concilio Vaticano II, la Teología de la Liberación y el Movimiento de Renovación Carismática no lograron detener el éxodo hacia otras religiones.

Las señales del papa Francisco en sus primeros meses de pontificado son prometedoras. Ya dispuso medidas para que la Iglesia tenga un gobierno más colegiado y menos jerárquico, abrazó el ecumenismo acercándose a líderes de otras religiones, firmó acuerdos con el FBI estadounidense para bloquear el lavado de dinero en el banco del Vaticano y ordenó mayor presión contra la pedofilia interna y sus encubridores.

Aunque importantes, no fueron las medidas más populares. La de mayor efecto fue la canonización de dos religiosas latinoamericanas. Fiel a su mensaje y prédica a favor de los más vulnerables, escogió elevar a santas a la colombiana Laura Montoya Upegui y a la mexicana María Guadalupe García Zavala, por sus vidas consagradas entre pobres e indígenas.

Tampoco pasó desapercibido que haya desbloqueado el proceso de canonización del arzobispo salvadoreño Oscar Romero, asesinado en 1980, uno de los referentes de la Teología de la Liberación. De esa forma, con la opción por los pobres, el papa Francisco marcó diferencias con las modalidades pastorales de sus antecesores. Es que el proceso de Romero había quedado empantanado durante los papados conservadores de Juan Pablo II y Benedicto XVI, más inclinados al Opus Dei y tolerantes con las depravaciones del cura mexicano Marcial Maciel, fundador de la orden Legión de Cristo.

Con estas beatificaciones de referentes de la cultura popular del continente más católico de la Tierra, el papa Francisco trata de poner un torniquete a la hemorragia provocada por el éxodo de fieles a otras religiones. En 1996, según Latinobarómetro, los países latinoamericanos tenían 81% de católicos y 4% de protestantes; mientras que para 2010, los evangélicos conformaban el 22% y los católicos habían caído al 70%, un fiel reflejo de lo que sucedió en Brasil y Chile.

Aunque México y Brasil continúan siendo los países más católicos del mundo, los evangélicos siguen creciendo a pasos agigantados y se han convertido en la religión predominante en algunas zonas de Centroamérica. En EE.UU. donde hay más de 40 mil templos según la Conferencia Nacional Hispana Cristiana, 35% de los hispanos se considera protestante y la tendencia va en aumento.

El panorama no es nada fácil para Francisco. Sabe que a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene un culto más sacramental y vertical, las iglesias evangélicas, ganan más seguidores y mayor asistencia a los ritos gracias a su pragmatismo y espíritu carismático. Muchos fieles prefieren un culto en el que puedan tener una experiencia directa con Dios y donde pueden resolver sus problemas familiares y personales en sesiones de sanación, con milagros o hablando en lenguas.

Lo más sorprendente para la jerarquía católica es que los evangélicos, a diferencia de sus propios fieles y no obstante la menor tradición teológica, se oponen con mayor energía a temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, métodos anticonceptivos y manipulación de embriones.

Debido a esa indiferencia a participar en misa, cumplir con los sacramentos o el liberalismo ante temas doctrinarios, Francisco viene reclamando tanto a los fieles católicos como a los consagrados, mayor compromiso y mejor actitud con las enseñanzas de la Iglesia. El Papa entiende que tener más miembros, participativos y comprometidos, no solo es cuestión de fe, sino de ganar mayor poder e influencia ante los gobiernos, ya sea para no perder beneficios, continuar con subsidios a la educación católica o contrarrestar con mayor fuerza aquellas leyes contrarias a la doctrina eclesiástica.

En un mundo cada vez más secular y ante un estado cada vez más laico, la Iglesia Católica está lejos de tener el poder político de antaño. Por ello, la metodología pragmática de las iglesias evangélicas para cultivar y retener fieles, y el reclamo de sectores de la Iglesia por una mayor inclusión de la mujer y por la abolición del celibato, son factores de competencia que no pueden soslayarse. 

Primera Enmienda en Buenos Aires

En una decisión política que profundizará las diferencias con el gobierno nacional de Cristina de Kirchner, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en un arrebato por hacer prevalecer el federalismo, sancionó un decreto para proteger la libertad de prensa, una medida que evita que Cristina pueda disponer mayores ataques a periodistas y medios de comunicación en la capital del país.

El decreto de “necesidad y urgencia para la protección de la libertad de prensa” es una especie de Primera Enmienda o de escudo protector para evitar que los medios y periodistas puedan ser sometidos a intervenciones autoritarias del gobierno; todo esto en el contexto de fuertes rumores de intervención federal sobre la propiedad mediática del Grupo Clarín y de allanamientos que se han hecho a casas de periodistas críticos del gobierno.

El decreto no puede frenar ningún tipo de metodología federal contra los medios, pero dispone que por 30 días esos conflictos deban dirimirse ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad.

Macri, al momento del anuncio del decreto, hizo referencias a los artículos de la Constitución (14 y 32) y de la carta de la ciudad (47) sobre la necesidad de garantizar la libertad de prensa, además de criticar a la Presidenta por su falta de vocación a favor de la libertad de prensa, denunciando que el gobierno federal también insiste en discriminar a los medios a través de la publicidad oficial.

Para que el decreto siga teniendo vigencia después de los 30 días, deberá ser sancionado por la Legislatura porteña.

Petrodiplomacia y legitimidad

La petrodiplomacia es característica principal del chavismo. Pero a diferencia de Hugo Chávez, que la utilizaba a la ofensiva para crear alianzas, abrir mercados y vender ideas, el presidente Nicolás Maduro la usa en defensa propia, para comprar legitimidad y protección.

Ante fuertes sospechas de que el 14 de abril ganó mediante fraude electoral, Maduro recorrió esta semana Brasilia, Buenos Aires y Montevideo. El viaje no tuvo intención económica sino política. Como fachada ofreció acuerdos para trocar petróleo por alimentos, pero el objetivo fue bloquear posibles consensos para que desde el Mercosur, la UNASUR o la OEA, se intente sugerir la revisión de las elecciones o activar la Carta Democrática Interamericana.

Venezuela también usó esta semana la diplomacia preventiva a través de Petrocaribe. Incorporó a Honduras y Guatemala, aumentando su póliza de seguro con países que si bien se benefician ahora con petróleo a precios reducidos y diferidos y bajas tasas de interés, endeudan a sus gobiernos del futuro.

La defensiva de Maduro es lógica. Busca contrarrestar la ofensiva de miembros y legisladores de la oposición que, evidencias en mano, se pasearon por varios países latinoamericanos a denunciar el fraude. Cuentan con más de cuatro mil denuncias de empleados públicos despedidos por no votar por la revolución, un par de presos políticos y sus propias cicatrices y moretones, desde que fueron brutalmente golpeados en la Asamblea Nacional, mientras el titular del recinto, Diosdado Cabello, ordenaba cerrar las puertas y les prohibía hablar o cobrar sueldos por no reconocer a Maduro presidente.

En el Cono Sur no debe haber sido fácil escuchar a Maduro. Fue a validar métodos similares que estos gobernantes sufrieron en manos del autoritarismo cuando estaban en la oposición o proscriptos. Pero ironías del destino, en Argentina,  donde más juicios se hicieron por las violaciones a los derechos humanos del pasado, Maduro tuvo pan y circo en estadio de fútbol, donde se lo vitoreó por decir que vio a Chávez “en cada esquina de Buenos Aires”.

En su primer periplo, Maduro no consiguió simpatías como despertaba Chávez, pero tampoco creó enemigos. Habló del manido tema del imperio, pero limitó su perorata sobre denuncias de sabotaje. Ni siquiera mencionó al ex presidente colombiano Álvaro Uribe como a su nuevo “asesino”, ni hostigó a gobiernos de Perú y España, que se ofrecieron como intermediarios, pidiendo mayor tolerancia y diálogo para superar la crisis.

En lo político, Maduro dio un paso positivo para neutralizar a sus aliados. Pero en la calle no se lo tomó en serio, todavía se lo reconoce como interlocutor de pajaritos y pese a que trata de ganar adeptos mezclando a Artigas y Bolívar, con Chávez y Perón, se interpretó que fue a “comprar” legitimidad. Todos saben que Venezuela está comprometida, que una caída de los precios del petróleo reduciría la beneficencia diplomática y, con ello, se desmoronaría la revolución.

Por otro lado, Herique Capriles, cree que habría ganado por 400 mil votos en lugar de perder por 224 mil de no haber sido por el fraude. Convencido, no cesa de denunciar el fraude y exige anulación de los comicios ante el Superior Tribunal Electoral. Aun reconociendo que la justicia responde al gobierno, sabe que su prédica es la única herramienta para desafiar al poder y para obligar a las instituciones a responder y ser transparentes.

Lo gran duda es si fue buena su decisión y de la oposición no acudir al proceso de auditoría que el Consejo Nacional Electoral empezó esta semana. El hecho de que no se quiere validar otra irregularidad, porque el conteo es incompleto y no se revisarán los padrones electorales donde se confirmarían evidencias de miles de votos dobles y de fallecidos, demuestra la impotencia de la oposición ante un poder que lo puede todo y que no tiene vergüenza de nada.

Hubiera sido mejor seguir vigilando el proceso de auditoría de cerca y deslegitimarlo sobre la marcha si era necesario. Es que la oposición ya tuvo una pésima experiencia cuando se retiró de la Asamblea General y de las elecciones parlamentarias en 2005. En lugar de dejar sentado un principio, le extendió un cheque en blanco al oficialismo y, de esa forma, legitimó e incentivó los abusos que buscaba frenar. 

Expropiará el papel; y algo más

El gobierno de Cristina Kircher sigue con la lógica impuesta por su ex marido de quebrar al Grupo Clarín. Luego del romance inicial del Grupo Clarín con Néstor Kirchner llegaron las grandes desavenencias y los insultos al por mayor. Le siguió la Ley de Medios o de Servicios Audiovisuales para que el Grupo Clarín tenga que desinvertir, acusando al grupo de ser un monopolio que no lo es, en un país donde existen varios grupos que concentran medios y donde el Estado (que es manejado como gobierno) ya tiene casi o más cantidad de medios y periodistas que los medios privados.

Luego siguió la intervención estatal de la fábrica Papel Prensa, de la que Clarín es socio mayoritario con 59 por ciento, La Nación con 22 y el resto del Estado, una época en que Cristina decretó que el papel de periódicos es un producto de interés nacional por lo que se asumía un rol preponderante en la fabricación de papel, su distribución y la importación de insumos.  Una movida que incluso encontró adeptos dentro del propio periodismo, particularmente del interior argentino, donde varios diarios debieron soportar las políticas arrogantes de Clarín y La Nación en la repartija de papel a regañadientes y a precios más altos, que hacían difícil la sustentabilidad de los diarios que debían pagar más o importar a mayores precios.

Pero ahora con la expropiación de Papel Prensa presentado en proyecto de ley por diputados kirchneristas, el gobierno quiere quedarse con la mayoría de las acciones, mediante argucia del “interés nacional” y de que el Estado velará para que haya suministro parejo para todos y así la libertad de prensa estará garantizada.

Obviamente se trata de una mentira. Así como el gobierno usa la publicidad para entregarla solo a medios amigos y negarla a los independientes y críticos, usará el papel con el mismo criterio. En Argentina, donde el gobierno se comporta y cree que es Estado, esta política es una de las tantas que se utiliza para arremeter contra la prensa independiente. Seguramente se trata de una nueva represalia en contra de Jorge Lanata, quien desde Clarín y la televisión sigue denunciando la corrupción que roza a la Presidenta, su ex marido y al entorno de ambos; y recuerda episodios corruptos que nunca se cerraron, como la valija de Antonini.

De consumarse la expropiación de papel, no será la última bofetada. Vendrán otras. El gobierno persiste en su estrategia de apagar cualquier voz que opaque la agenda única que quiere imponer en el país. Si esta situación del kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, no es pura coincidencia.

El gobierno de izquierda de los Kirchner, se asemeja al de derecha de Carlos Menem: Es corrupto, manipula a la justicia y odia a la prensa.

Correa insiste contra la CIDH

El presidente Rafael Correa se la tiene jurada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El último informe de libertad de prensa sobre Ecuador, habla de más de 70 violaciones cometidas por el gobierno ecuatoriano.

Por razones similares en el pasado y enojadísimo porque según él se le desprestigia en materia de derechos humanos, Correa impulsó, dentro del esquema de los países que conforman el ALBA, una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con el objetivo de debilitarlo y neutralizarlo. En su intención, Correa arremetió contra la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, se quejó de que esta instancia tenga fondos provenientes de gobiernos fuera del sistema, como de EE.UU. y de países europeos, y puso cortapisas para que no pueda “entrometerse en asuntos internos”, lo que equivale a sacarle a esa oficina su razón de ser.

Aquella vez, la propuesta de Correa - impulsada en una reunión celebrada en Cochabamba, Bolivia, en 2011 y tras posteriores reuniones, lobby y presión a otros gobiernos - terminó por desvanecerse el 23 de marzo de este año, tras una Asamblea General Extraordinaria de la OEA. Ecuador y los países del ALBA no consiguieron el apoyo necesario y, por aclamación, se aprobó una resolución dando por terminado el proceso de reflexión sobre las reformas al SIDH. Sin embargo, se dejó una puerta abierta para que el proceso pudiera continuar.

Con esa puerta entreabierta, el gobierno ecuatoriano difícilmente se quedaría con las manos atadas. Como corolario, de nuevo eligió la ciudad de Cochabamba para que este próximo 14 de mayo se insista con la reforma del SIDH, al menos, con la intención de que la sede de la CIDH salga de Washington para instalarse en Buenos Aires. Se trata de una segunda reunión con los cancilleres de los 23 estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Esta segunda oportunidad demuestra varias cosas. Primero la tozudez y terquedad de Correa de cumplir con sus objetivos. Segundo, que la OEA tendrá que discutir y gastar energías nuevamente en un tema que es irrelevante ante otros como la activación de la Carta Democrática Interamericana ante el supuesto fraude electoral en Venezuela. Y tercero, obligará nuevamente a miles de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos a tener que lidiar contra un aparato intergubernamental paquidérmico y burocrático de impredecible conducta.