Chávez sigue sin entender

El presidente Hugo Chávez sigue sin entender lo que significa la democracia, especialmente cuando este martes justificó el grosero ataque físico a patadas y golpes contra un grupo de periodistas que se manifestaba en contra de la aprobada Ley de Educación la semana pasada.

Chávez con su sarcasmo habitual dijo que los periodistas propiciaron los ataques en su contra porque no “andaban haciendo labor de periodistas, andaban en una marcha... repartiendo unos volantes, haciendo actividad proselitista contra la ley de educación". En sus declaraciones a la estación oficial Venezolana de Televisión, Chávez justificó el ataque contra periodistas de la cadena Capriles que publica el diario últimas Noticias con línea editorial favorable a su gobierno, porque “según tengo entendido, y hay hasta pruebas, (estaban) provocando a gente del pueblo que estaba por aquí y que estaba por allá".

Hay tres aspectos sobre esta situación que Chávez no entiende o trata de no entender:

Primero, los periodistas repartían volantes contra la proscripción de la Ley de Educación a los medios de comunicación y eso no es hacer actividad proselitista, sino defender la actividad de los medios, actividad muy necesaria en una democracia.

Segundo, más allá del debate si es ético o no para un periodista manifestarse públicamente sobre algún aspecto político, ello no justifica que se les pueda agredir y maltratar físicamente, ni a ellos ni a nadie, menos si esas agresiones son provocadas por el propio Estado, como en este caso.

Tercero, como siempre, Chávez incentiva la violencia para crear pánico (dividir para reinar) con tal de que todo el mundo se autocensure y él pueda seguir con su autocracia, lo que quedó en evidencia con lo dicho al final de sus declaraciones, pidiendo a sus seguidores: “no caer en provocaciones, denunciar los provocadores más bien", y pidió a sus seguidores "fortaleza, coraje y nosotros listos para enfrentarlos en cualquier terreno. No queremos violencia, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa".

Por último, y en todo caso, si en realidad se trató de una actividad política brutalmente censurada, lo que no cuadra es ¿porqué ningún gobierno u organización internacional protestó públicamente?

Reciprocidad y desacato

Reciprocidad y desacato 19-08-09
A juzgar por cómo se conducen las relaciones diplomáticas, como es el caso entre Honduras y Argentina, nos está dejando a los ciudadanos con un sabor agridulce, teniendo en cuenta que no estamos obteniendo buenos ejemplos de conducta ciudadana de quienes deberían ofrecerlo, teniendo en cuenta que los gobernantes son quienes nos representan y tienen la obligación de administrar la cosa pública, incluyendo la gerencia de los bienes públicos así como las relaciones políticas entre los estados.
Lamentablemente, estamos en un momento muy ríspido en materia de relaciones, donde los gobernantes de turno utilizan la “diplomacia por micrófono” o viven haciendo declaraciones políticas, más que fomentando la verdadera diplomacia que debería servir para limar las asperezas ante cada situación que se presenta difícil.
La reciprocidad es un principio diplomático que suele emular la política bíblica del “ojo por ojo, diente por diente”, que a veces, para lo único que sirve, es para exacerbar los ánimos o para justificar la venganza. De todos modos, en diplomacia, como en los aspectos consulares, los países utilizan este principio siendo respetado por los actores de turno. Así, por ejemplo, Brasil y Chile cobran una cuota de 100 dólares de entrada a ciudadanos estadounidenses, porque ese es el valor que cuesta una visa para entrar a los Estados Unidos.
Este principio de reciprocidad también lo usan Ecuador y Colombia, quienes han expulsado los embajadores respectivos, después de la lectura que cada país hizo de la incursión militar colombiana contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en marzo de 2008. Lo mismo sucedió entre Bolivia y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Venezuela, aunque las relaciones ya se normalizaron y entre Venezuela y Colombia, donde Hugo Chávez decidió congelar las relaciones después de las acusaciones públicas que Alvaro Uribe hiciera a Venezuela por vender armas de fabricación sueca a las FARC.
A cada rato y cada vez con mayor frecuencia, los gobiernos llaman a sus embajadores para pedir explicaciones o aclaraciones sobre declaraciones o conductas inapropiadas que perjudican las relaciones diplomáticas. Pero, más allá de la reciprocidad, lo que sucede ahora es algo nuevo, se está utilizando la vía del desacato en la diplomacia, es decir desobedeciendo las órdenes de un gobierno, lo que podría desembocar en nuevos problemas, más que ayudar a solucionar los viejos.
Esta vez el turno fue para el canciller argentino Jorge Taiana. Declaró - después de que el gobierno de Roberto Micheletti invocara el principio de reciprocidad para echar a los diplomáticos argentinos de Honduras porque Argentina desconoció a la embajadora hondureña en Buenos Aires - que Argentina no retirará de territorio hondureño su misión diplomática porque no reconoce como legítimo al nuevo gobierno de facto, sino solo al que encabeza el depuesto presidente Manuel Zelaya.
Argentina adoptó así la figura del desacato que utilizó Venezuela al dejar a un diplomático venezolano encerrado en la sede de su país, algo que probablemente harán otros países, como Chile, como medida de presión (y a pedido de Zelaya) para que el gobierno de Micheletti se someta al acuerdo de San José que promueve el presidente costarricense Oscar Arias.
Más allá del intríngulis político y del reconocimiento o no que se haga del nuevo gobierno hondureño, lo que causa sorpresa y será interesante observar – además de que el principio de reciprocidad es aceptable dentro de los estándares de las leyes internacionales – cómo se moverá el derecho y la legalidad internacional ante el tema del desacato, un delito grave en el caso de que lo cometa un ciudadano, por ejemplo, puede ser deportado si no acepta las normas de migración o puede terminar en la cárcel si desacata una orden de un juez.

Zelaya, Chávez y los militares

Manuel Zelaya y Hugo Chávez siguen tan aliados como antes del golpe de Estado que dejó al mandatario venezolano con su deseo truncado de tener otra Bolivia en Centroamérica. Como poco pueden hacer para continuar creando su satélite centroamericano y agrandar así su espacio más allá de Nicaragua, Chávez y Zelaya están arremetiendo a más no poder contra el “imperio” estadounidense.

Como se cansaron de que Barack Obama los ignorara y los tratara de hipócritas por pedir que EUA interfiera en los asuntos internos de Honduras, este fin de semana, ambos mandatarios se dispararon, acusando a Obama de torpe e ingenuo por haber permitido que los militares “pitiyanquis” sean los responsables del golpe de Estado.

Los militares estadounidenses desmintieron que su base Soto Cano haya sido utilizada por los militares hondureños cuando derrocaron a Zelaya y lo llevaron hacia Costa Rica. Muchos, de todos modos, se preguntan por qué estas denuncias aparecen ahora o por qué Zelaya recién cayó en cuenta que el avión que lo trasladaba se detuvo en esa base a cargar combustible, cuando debiera haber sido su primera denuncia apenas llegó a Costa Rica.

Con esta denuncia, y con la excusa de que los militares estadounidenses están entrometiéndose en Colombia para desestabilizar a la región por su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, Chávez sigue construyendo una cortina de humo para esconder los arreglos armamentistas con los gobiernos de Rusia e Irán.

Micheletti y los prejuicios por la CIDH

Los prejuicios del gobierno de Roberto Micheletti salieron a la luz durante la visita que empezó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que si bien es parte de la OEA, tiene un carácter autónomo lo que la hace independiente de la política o de las influencias que pudiera tener de parte del secretario general de la institución, el chileno José Miguel Insulza.

Las declaraciones de la vicecanciller hondureña, Martha Lorena Alvarado, de que la misión pudiera traer una “visión parcializada” por ser parte de la OEA, son tan infelices como la del otrora primer canciller de Micheletti, Enrique Ortez Colindres, cuando calificó a Barack Obama como aquel “negrito” ignorante que “no sabe ni dónde está Tegucigalpa”; lo que a la postre le costó su puesto de trabajo.

Más que “atajarse” y tratar de descalificar a la CIDH, mejor sería que el gobierno de Micheletti prestara toda su colaboración a la comisión y que luego rechace o acepte su informe, que seguramente terminará por contener cosas a favor y en contra del gobierno; pero descalificar a la CIDH en forma previa es bastante infeliz y crear una cultura defensiva que no hace bien al nuevo gobierno.
En definitiva, en todos lados, los gobiernos, por más honestos o corruptos, conservadores o liberales, buenos o malos, no pueden controlar todas las situaciones generadas por las propias instituciones del Estado o paraestatales o ilícitas y al margen de la ley, por lo que siempre se debe estar atento a las violaciones a los derechos humanos. La vicecanciller debe aprender que una investigación no deslegitimiza a ningún gobierno, pero prestar la mayor cooperación, todo lo contrario.

Lo que no puede la canciller es partir de la base de que su gobierno es bueno y el anterior era malo. No creo que la CIDH vaya a tratar de establecer – y no es su misión - si en Honduras hubo golpe de Estado o una transición constitucional el 28 de junio pasado, sino más bien observará qué tipo de violaciones a los derechos humanos se están cometiendo, provengan de donde provinieren, sin distinciones de ideología o de grupos.

La CIDH es una institución con riguroso profesionalismo y es una garantía a nivel internacional para proteger nuestros derechos humanos cuando los sistemas estatales y judiciales a nivel local fallan. Siempre le quedará al gobierno de Micheletti desaprobar el informe si considera que su resultado no refleja la realidad, pero prejuzgar antes, es crear animosidad injustificable.

El Heraldo paga los platos rotos

Como siempre sucede, los mensajeros terminan pagando los platos rotos. En este caso, le tocó al diario El Heraldo de Tegucigalpa ser víctima de varios bombazos con molotov que por suerte no causaron más daños que algunos problemas en las instalaciones. Por suerte no se tuvo que lamentar víctimas, pero no se sabe cuál era el propósito de los malhechores, si producir daños, víctimas o solo causar temor para que los periodistas y directivos del diario se autocensuren.

Justo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzará una visita para ver la situación de los derechos humanos, entre ellos los de la libertad de prensa y expresión, un grupo de mafiosos desconocidos se dio a la tarea de atacar a El Heraldo, seguramente por pensar que se trata de un diario “oligarca” y “pitiyanqui”, según se agitan las masas en Honduras, con dineros que posiblemente provengan de las FARC, como se denunció oportunamente, y del propio Hugo Chávez quien, además, ha estado alimentando la campaña propagandística y el periplo internacional del propio presidente depuesto, Manuel Zelaya, con dineros del pueblo venezolano al que jamás le rinde cuentas.

Así como en este post hemos responsabilizado al gobierno de Roberto Micheletti por agredir o censurar a periodistas y medios de prensa que eran antes utilizados como parta de la propaganda gubernamental, toca ahora señalar y condenar estos hechos de violencia contra El Heraldo y La Tribuna, diario al que le incendiado un camión de distribución.

Los inadaptados – así como los presidentes Chávez, Rafael Correa, Daniel Ortega, Evo Morales, Cristina de Kirchner y, en su momento, Zelaya – confunden la línea editorial de un medio con una postura política, para lo cual hacen responsables al medio por sus opiniones, descalificándolo y acusándolo de tomar partido, estableciendo que los medios no deberían opinar, solo publicar noticias neutras y abstractas.

Gran confusión, claro, sobre lo que significa la libertad de expresión, que no es otra cosa que respetar y tolerar la diversidad y pluralidad de ideas. Pero estos gobernantes no solo instigan a las masas para que se agreda a los medios que no piensan u opinan a favor de ellos, sino que además crean medios – con dineros públicos – para utilizarlos como parte de su aparato propagandístico. Corrupción total.

Libertad: el mayor desprecio de Chávez

No queda mucho de democracia en Venezuela. Todos los poderes públicos viven sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo, así como están debilitados la oposición, los sindicatos, las iglesias, el movimiento estudiantil, las ongs y la propiedad privada.
La libertad, con sus derechos individuales y privados, de asociación y reunión, de prensa y expresión, es el valor que más desprecia el gobierno de Hugo Chávez. Su erosión es producida por decretos ejecutivos a voluntad, por leyes a medida que fabrica un congreso sin oposición y por la legitimización de procesos electorales y persecución de opositores que justifica una justicia politizada.
Dado el debilitamiento de la sociedad civil, y la escasa presión de gobiernos y organizaciones para revertir los golpes que a diario reciben las instituciones, la prensa libre se ha convertido en el último bastión para defender la democracia. Es una resistencia de todos los días. Desgastante y frustrante. Cuando ni las “leyes mordaza” ni las ejecuciones judiciales, o las trabas impositivas y comerciales pueden doblegar a la prensa, reaparecen los violentos cuerpos de choque y las amenazas públicas para intimidar a los periodistas.
La televisora RCTV vivió este proceso por años hasta que fue clausurada en mayo de 2007. La misma táctica se utiliza ahora contra Globovisión por su periodismo “contrarrevolucionario”, cuya cabeza tal vez termine como las cuatro decenas de radios y televisoras guillotinadas en los últimos días. No es novedad que la prensa sea imperfecta, pero es desmedido atacarla por “enemiga”, “golpista” y “terrorista”, cuando busca cumplir con su obligación de ser independiente, fiscal y mordaz.
Estos valores periodísticos son los que Chávez ha detestado desde que asumió el poder hace 10 años. Reniega de la prensa chúcara porque sabe que donde las instituciones fallan, ésta sirve de balance y chequeo, y para fiscalizar la corrupción. Sin embargo, no es reacio a la comunicación, siendo consciente de la importancia de mantener una prensa sumisa, obediente y utilitaria que le permita concentrar poder con impunidad, mercadear su ideología y expandir su influencia.
Esta lucha por asfixiar la información y estimular la propaganda, queda bien ejemplificada en la nueva ofensiva para desaparecer a más de 240 emisoras de radio y TV privadas (así como para no conceder licencias radiofónicas a la oposición), a contrapelo de la constante creación de medios oficiales. En unos pocos años, Chávez ha logrado un récord mundial, instaurando uno de los más grandes e influyentes imperios mediáticos gubernamentales, compuesto por cuatro televisoras nacionales, una internacional y 35 de UHF comunitarias; dos cadenas de radio y 231 radios comunitarias FM; 23 periódicos comunitarios, una agencia de noticias y 110 sitios web.
Este proceso de alta creatividad deviene de otro tremendamente destructivo basado en una manipuladora estrategia legal. El proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” presentado ante el Congreso días pasados forma parte de ella, aunque es, en realidad, un reordenamiento de los “delitos de prensa” que ya fueron incluidos en la Constitución, en leyes especiales y en el Código Penal. Su única novedad, quizás, es que terminarían presos los periodistas que no publiquen hechos que el gobierno considere interesantes.
El sabotaje legal contra la prensa empezó durante la reforma constitucional de 1999 con la inofensiva cláusula de “información veraz”, la que moldeó la aberrante Ley de Responsabilidad Social del 2004 que permite controlar la producción y contenido de los medios, y la reforma del Código Penal de 2005, que agravó las penas para escudar al presidente y a otros funcionarios cuando se sintieren ofendidos.
A pesar de que por ahora el congreso desistió de tratar una nueva ley sobre delitos de prensa, la experiencia indica que la estrategia legal y violenta no se detendrá. Chávez tiene la certeza y el tiempo para buscar el control de los medios en su ideal por un régimen propagandístico y hegemónico al estilo cubano; a la vez que seguirá exportando sus métodos mordaza que ya se aplican con éxito en Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
La única forma de frenar el atropello contra la prensa libre, el último bastión de la democracia venezolana, es la presión que puedan ejercer otros gobiernos y organizaciones intergubernamentales, los que hasta ahora han mirado irresponsablemente hacia otro lado.

Más aprietes en Venezuela

La columna que titulé “El último bastión” publicada esta semana - y que pondré en este post mañana – hace referencia a que en Venezuela lo único que queda en pie es la prensa libre para defender lo que queda de democracia.

Ayer, como para que sigan empeorando las cosas, doce periodistas fueron brutalmente atacados en la calle cuando se manifestaban en contra de la nueva y aprobada Ley de Educación, la cual estipula la crítica a los medios de comunicación privados como parte de la currícula escolar y así “tratar” de “minimizar” su influencia en la sociedad. La nueva ley “domesticará” a los niños y jóvenes venezolanos, los ideologizará, acercándolos a los postulados de la revolución chavista. La violencia contra la prensa, por más que el Estado busque deslindar responsabilidades, obedece directamente a la instigación a la violencia que se origina en lo más alto del gobierno, con discursos encendidos y violentos contra los periodistas.

Lo que me resultó increíble en estos días, es que el aparato de inteligencia de Estados Unidos haya dado a conocer un informe en estos días, como lo publicó Juan Tamayo en The Miami Herald, donde hasta con asombro se habla de la reacción violenta del presidente Hugo Chávez contra los medios privados y los periodistas en los últimos tiempos, especialmente haciendo referencia a ataques contra Globovisión y el proyecto de ley sobre “delitos mediáticos”.

Sorprende que aparezca este informe ahora, cuando la relación descarada y violenta de Chávez contra los medios es de larga data, desde que asumió la presidencia en 1999, cuando empezó con la reforma constitucional incluyendo el tema de la “información veraz” y luego la “ley de contenidos” que sirvió para amordazar a los medios.