Régimen desenmascarado

Que el periodista venezolano Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, no pueda salir del país porque está siendo procesado por los delitos de información falsa – el que también existe en Cuba – y por vilipendio o por faltarle el respeto al presidente Hugo Chávez, desenmascara una vez más al régimen chavista cómo uno de los más feroces de las Américas para cercenar el derecho de los ciudadanos a informar y estar informados.

Zuloaga fue detenido el jueves y liberado ese mismo día porque según las autoridades podría estar intentando escaparse a otro país para evadir la justicia. Pero lo inaudito del caso, es que Zuloaga no tenía ningún proceso judicial que le prohibiera salir del país – la semana anterior estuvo en Aruba en la reunión de la SIP y hubiera podido no regresar al país si su intención era fugarse – por lo que se trata de un régimen único que detiene a la gente bajo la presunción de que alguien pudiera cometer un delito.

No solo Zuloaga cayó la semana pasada en las garras de una justicia adicta al poder político, sino también Oswaldo Paz, político de oposición, quien criticó al gobierno por declaraciones que hizo en el programa televisivo Aló Ciudadano que trasmite Globovisión.

Estos casos evidencian que el régimen chavista suele apretar el torniquete contra periodistas, medios y opositores en años electorales.

Lo peor, es que Chávez hace gala de que se cumplan las leyes, lo que es verdad; aunque no es menos cierto que él mismo se encarga de sancionar legislación a su gusto y placer, como la reforma del Código Penal del 2005, mediante la cual agravó el delito de desacato o de vilipendio a la figura presidencial y de otros altos funcionarios, creándose un instrumento para escudarse ante las críticas y las malas opiniones en su contra.

El delito de desacato es un simple privilegio de los gobernantes que se privilegian por sobre los ciudadanos comunes de un país y que lamentablemente en Venezuela, lejos de desaparecer como en otros países latinoamericanos, se ha agravado aún más. El delito de desacato – o insulto – tiene su antecedente en las monarquías, cuando el rey, cual dios, centro de todo designio divino y humano, tenía las armas físicas y las legales para protegerse. Cualquiera semejanza con las intenciones de Chávez, no es mera casualidad.

Reciprocidad y desacato

Reciprocidad y desacato 19-08-09
A juzgar por cómo se conducen las relaciones diplomáticas, como es el caso entre Honduras y Argentina, nos está dejando a los ciudadanos con un sabor agridulce, teniendo en cuenta que no estamos obteniendo buenos ejemplos de conducta ciudadana de quienes deberían ofrecerlo, teniendo en cuenta que los gobernantes son quienes nos representan y tienen la obligación de administrar la cosa pública, incluyendo la gerencia de los bienes públicos así como las relaciones políticas entre los estados.
Lamentablemente, estamos en un momento muy ríspido en materia de relaciones, donde los gobernantes de turno utilizan la “diplomacia por micrófono” o viven haciendo declaraciones políticas, más que fomentando la verdadera diplomacia que debería servir para limar las asperezas ante cada situación que se presenta difícil.
La reciprocidad es un principio diplomático que suele emular la política bíblica del “ojo por ojo, diente por diente”, que a veces, para lo único que sirve, es para exacerbar los ánimos o para justificar la venganza. De todos modos, en diplomacia, como en los aspectos consulares, los países utilizan este principio siendo respetado por los actores de turno. Así, por ejemplo, Brasil y Chile cobran una cuota de 100 dólares de entrada a ciudadanos estadounidenses, porque ese es el valor que cuesta una visa para entrar a los Estados Unidos.
Este principio de reciprocidad también lo usan Ecuador y Colombia, quienes han expulsado los embajadores respectivos, después de la lectura que cada país hizo de la incursión militar colombiana contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en marzo de 2008. Lo mismo sucedió entre Bolivia y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Venezuela, aunque las relaciones ya se normalizaron y entre Venezuela y Colombia, donde Hugo Chávez decidió congelar las relaciones después de las acusaciones públicas que Alvaro Uribe hiciera a Venezuela por vender armas de fabricación sueca a las FARC.
A cada rato y cada vez con mayor frecuencia, los gobiernos llaman a sus embajadores para pedir explicaciones o aclaraciones sobre declaraciones o conductas inapropiadas que perjudican las relaciones diplomáticas. Pero, más allá de la reciprocidad, lo que sucede ahora es algo nuevo, se está utilizando la vía del desacato en la diplomacia, es decir desobedeciendo las órdenes de un gobierno, lo que podría desembocar en nuevos problemas, más que ayudar a solucionar los viejos.
Esta vez el turno fue para el canciller argentino Jorge Taiana. Declaró - después de que el gobierno de Roberto Micheletti invocara el principio de reciprocidad para echar a los diplomáticos argentinos de Honduras porque Argentina desconoció a la embajadora hondureña en Buenos Aires - que Argentina no retirará de territorio hondureño su misión diplomática porque no reconoce como legítimo al nuevo gobierno de facto, sino solo al que encabeza el depuesto presidente Manuel Zelaya.
Argentina adoptó así la figura del desacato que utilizó Venezuela al dejar a un diplomático venezolano encerrado en la sede de su país, algo que probablemente harán otros países, como Chile, como medida de presión (y a pedido de Zelaya) para que el gobierno de Micheletti se someta al acuerdo de San José que promueve el presidente costarricense Oscar Arias.
Más allá del intríngulis político y del reconocimiento o no que se haga del nuevo gobierno hondureño, lo que causa sorpresa y será interesante observar – además de que el principio de reciprocidad es aceptable dentro de los estándares de las leyes internacionales – cómo se moverá el derecho y la legalidad internacional ante el tema del desacato, un delito grave en el caso de que lo cometa un ciudadano, por ejemplo, puede ser deportado si no acepta las normas de migración o puede terminar en la cárcel si desacata una orden de un juez.