Cansados de Chávez

Estoy en Bucaramanga, en el departamento de Santander en Colombia, y con varios amigos de Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con la localidad venezolana de San Antonio. El tema de conversación mientras descansamos durante un seminario con ejecutivos de diarios no es otro que el de Hugo Chávez y su diatriba contra Colombia, las relaciones diplomáticas estancadas y los problemas generados por los políticos, los que finalmente terminan afectando el comercio y las relaciones entre la gente.

Ayer, en el puente Simón Bolívar, el paso fronterizo por donde los colombianos envían a Venezuela carne avícola, otros productos alimenticios, automóviles, repuestos, artículos de cuero, y los venezolanos exportan gasolina, productos de aseo y otros enseres, los guardias se pusieron díscolos y por cuatro horas duraron las escaramuzas, interrumpiéndose el comercio pero también el traspaso de la gente que va y viene de la frontera.

En los últimos años, las discusiones entre los políticos de ambos países que no se realiza por los canales formales diplomáticos sino a través de los medios de comunicación, causa escozor y debilita las relaciones entre los vecinos de ambos país, mientras que por las necesidades – comerciales, inmigratorias, educativas, familiares – y la globalización se necesitan cada vez más. Un contrasentido.

El sentimiento generalizado de los pobladores de esta zona de Colombia es que ya están muy cansados de que Chávez arbitrariamente corte el paso fronterizo, amenace con enviar soldados a la zona, sabiendo, por otro lado que las FARC “exportan” mucho de sus drogas y mantienen relaciones con gente en Venezuela. Un doble discurso.

Colombia está siendo perjudicada más que Ecuador y Venezuela juntos con estos problemas entre los países, debido a que su balanza comercial está inclinada a su favor en miles de millones de dólares. Colombia exporta alrededor de 7.500 millones de dólares a ambos países, mientras que compra alrededor de 3.500 en conjunto.

Las relaciones se empeoraron con ambos países porque se reflotaron cuestiones y nacionalismos añejos, después de las declaraciones del gobierno de Alvaro Uribe contra el de Hugo Chávez porque Venezuela habría vendido armamento de origen sueco a las narco guerrillas FARC; mientras que las relaciones están rotas con Ecuador desde el 1 de marzo de 2008 cuando los militares colombianos ingresaron a territorio ecuatoriano y destruyeron un campamento de las FARC.

Ciencias exactas: objetivos para el crecimiento

Más que conmemorarse el cuadragésimo aniversario de la llegada a la Luna, en realidad lo que se celebró esta semana es la vocación humana por plantearse objetivos audaces, bizarros e inalcanzables, sin los cuales, la historia sería chata y desabrida.

Cuando Neil Amstrong pisó la Luna el 20 de julio de 1969 no fue casualidad, sino fruto de ese tipo de objetivos excéntricos, los mismos que esbozó Cristóbal Colón en 1492. Llegar a la Luna no fue posible solo por el conocimiento (ciencia y experiencia) y la voluntad (espíritu y trabajo), sino por cierto sentido de locura para alcanzar desafíos desproporcionados. De ahí la fascinación por dos epopeyas irrisorias y utópicas, que solo se materializaron cuando alguien las visualizó, les trazó una estrategia y contagió la idea a los demás.

El mérito más reconocido de John Kenendy fue haber planteado sueños y metas desmesuradas, a pesar que lo suyo, fue una lógica competencia con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Así quedó plasmado en el discurso del 25 de mayo de 1961 ante el Congreso, cuando no solo prometió llevar y traer un hombre desde la Luna, sino que justificó esa meta para “ganar la batalla que ahora se está desarrollando alrededor del mundo, entre la libertad y la tiranía”.

Su carrera por la supremacía, de todos modos, hizo que con esa libertad, individual y social, se sincronizara la investigación científica con la reevaluación de los currículos escolares haciendo de las ciencias exactas una materia obligatoria. Desde entonces, la creatividad, la invención y la innovación se fueron forjando como marca registrada de la cultura estadounidense.

Aquellos conceptos nunca pasaron desapercibidos. Esta semana, cuando el presidente Barack Obama honró a los famosos Amstrong, Aldrin y Collins, habló del aporte que las Ciencias y las Matemáticas representan para el espíritu nacional, elogiando a los astronautas porque “han inspirado a una generación entera de científicos e ingenieros que alentaron la innovación, el espíritu empresarial y la creatividad aquí en la Tierra”.

Pero en la actualidad, habiendo perdido EE.UU. el liderazgo en los resultados educativos de las ciencias exactas y enfocado en las urgencias del Plan de Estímulo para sostener la economía, el riesgo es - como lo aventuraron los veteranos astronautas – que se paralicen los objetivos audaces, como el de llevar misiones humanas a Marte.

Hasta ahora, el más osado de los presidentes después de Kennedy fue el impopular George W. Bush. El 14 de enero del 2004, dedicó gran parte de su discurso a los planes para volver a la Luna y empezar la travesía hacia Marte, con una estrategia a 20 años. Para convencer al Congreso que apruebe su presupuesto, Bush habló de los “beneficios tangibles” de la exploración espacial, “que han mejorado nuestras vidas de innumerables maneras”, con avances en medicina, comunicaciones, meteorología, industria aeronáutica y nuevas tecnologías.

Como lo hiciera Kennedy antes y Obama ahora, Bush también pidió un compromiso pedagógico especial, sabiendo que la investigación y la educación se retroalimentan a sí mismas. “La fascinación que genere la exploración futura inspirará a nuestros jóvenes a estudiar matemáticas, ciencias e ingeniería, y a crear una nueva generación de innovadores y pioneros”.

Estas arengas presidenciales a favor de la educación, demuestran la importancia que los países desarrollados le dan a las ciencias exactas como generadores de crecimiento. Las naciones asiáticas descubrieron la ecuación educación-desarrollo décadas atrás y hoy tienen una evolución superior a cualquier otro país, a pesar de que también sufren la pobreza, excusa que otros ponen como obstáculo insuperable. El gran desarrollo científico y tecnológico, además de los sueños audaces que se impusieron, les permitirá a muchos países, como China e India, llegar a la Luna en poco tiempo, con todo lo colateral que de ello se desprende: mejoras en la economía, la producción y el empleo.

Invertir en Ciencias y Matemáticas, y en instrucción general, nunca fue prioridad en América Latina, porque no otorga beneficios dentro de las políticas cortoplacistas a las que estamos acostumbrados. Sin embargo, por la experiencia de las naciones más ricas, queda demostrado que abrazar las ciencias exactas es el primer paso para poder diseñar objetivos audaces, tan atrevidos como el que soñó Kennedy.

Golpe a la democracia venezolana

De tanto hablar y hablar sobre los golpes de Estado en otros países, el golpista presidente venezolano Hugo Chávez, cometió nuevamente otro golpe de Estado a la poca democracia que les queda a los ciudadanos venezolanos.

La dio esta vez en contra de la maltrecha libertad de prensa que ya le viene quitando a su pueblo desde hace 10 años cuando asumió en 1999. Impresionante estrategia golpista que ha sido implacable contra periodistas y medios, generando en su contra violencia, prisión, cierre y leyes mordazas que dejan pocos espacios para que los venezolanos puedan acceder a información plural y diversa y así cumplir con el principio constitucional de acceder libre a las informaciones que deseen.

Ayer la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó ante el Congreso nacional un proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” que legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes, promueve la autocensura y revierte la tendencia actual en América Latina por despenalizar los delitos contra la prensa, ajustándose a los estándares interamericanos sobre la materia.

El “Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos” tiene 17 artículos, en los que se busca “prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación”, con penas que llegan hasta los cuatro años de cárcel, además de otras sanciones. Del artículo 5 al 12 de la iniciativa, se detallan los delitos y los castigos correspondientes: divulgación de noticias falsa, de dos a cuatro años; manipulación de noticias, de dos a cuatro años; negativa a revelar información, de seis meses a dos años; coacción mediática, de uno a tres años; omisión voluntaria de suministrar información, de dos a cuatro años; instigación, de dos a cuatro años y obstaculización de actividades de medios de comunicación, de uno a tres años.

Venezuela parece desconocer los principios de libertad de prensa elementales sobre que no existen delitos de prensa sino cometidos a través de la prensa, para lo cual ya están especificados en las leyes generales y tipificados en el Código Penal.

Si se aprueba este proyecto de ley, lo que no será difícil por el Congreso está sometido a Chávez, se contempla sancionar, como explica su artículo 4, “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.

La Sociedad Interamericana de Prensa que expresó su condena al resepcto, señaló una serie de actos que forman parte de la estrategia seguida por el presidente Chávez en sus 10 años de gobierno para maniatar a la prensa. Entre esos arrebatos, se destacan la reforma constitucional en 1999 donde se incluyó la responsabilidad de publicar información veraz e imparcial; sentencias judiciales como la “1013” de 2001 que niega el derecho de réplica o de rectificación a los periodistas; la promulgación de la “ley mordaza” o la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004; la sanción de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 2005 que aumentó las penas por los delitos de desacato y difamación; la aplicación de regulaciones que obliga a los medios a tener columnistas de todas las ideologías en una clara invasión de sus políticas editoriales; el cierre en mayo de 2007 de RCTV, el hostigamiento contra Globovisión y 240 radioemisoras que son amenazadas con su cierre definitivo; y la apertura de numerosos medios electrónicos y escritos y agencias de noticias estatales utilizadas para divulgar material propagandístico.

Uno se pregunta ante estos golpes a la democracia. Será que la OEA, en todo caso su secretario general Insulza, ¿dirá algo al respecto? Será que la OEA medirá con la misma vara todos los atropellos a la democracia y a las libertades? ¿O será que ganar elecciones – muchas veces fraudulentas – es un blindaje para todos los arrebatos a las demás libertades que obliga la democracia?

Honduras: más muñequeo en la mediación

Pareciera que el proceso de mediación en Honduras necesitaría otros ingredientes nuevos a la luz del resultado de la Cumbre de Tuxtla celebrada en Costa Rica. Como era de esperar, en la Declaración de Guanacaste se condenó el golpe de Estado que instauró en la Presidencia a Roberto Micheletti y pidió mayor apoyo a la segunda propuesta del presidente Oscar Arias, la que incluye la restitución al poder de Manuel Zelaya que todavía el Congreso hondureño estaría analizando, además de la prohibición de una reforma constitucional, una amnistía, un gobierno de reconciliación y unidad, y adelantar las elecciones para fines de octubre.

Sin embargo, Arias fue haciendo declaraciones en estos días que lejos de asemejarse a las que debería tener un mediador, se parecieron más a la de un árbitro. Pide la restitución de Zelaya anteponiendo la condición del “ostracismo” en la que estaría cayendo Honduras de no aceptar sus condiciones. Lo que puede ser real, claro, pero no estoy seguro que debiera ser él, en su calidad de gestor que se asuma como juez y parte públicamente. Suficientemente ese punto ya lo exponen Estados Unidos y la comunidad internacional entera. Con su posición, Arias pudiera estar perdiendo confianza de los sectores hondureños – no tan solo del gobierno - que no respaldan la restitución de Zelaya.

La propuesta tal como está, deja con poca maniobrabilidad al gobierno de Micheletti (que de alguna forma tendrá que negociar) para calmar a amplios sectores de la sociedad hondureña – además de los poderes públicos – como gran parte de la clase media, miembros de cuatro partidos políticos, representantes de los sectores productivos, de las denominaciones religiosas, que respaldaron la destitución de Zelaya por entender que estaba conduciendo al país hacia una autocracia chavista, para lo cual no lo habían votado.

No solo Micheletti ni los poderes Judicial y Legislativo no quieren a Zelaya de regreso, sino también ese gran sector de hondureños que sigue temiendo que a pesar de cualquier prohibición que se le imponga, Zelaya es tan testarudo que se saldrá con la suya (es que además lo expresó en una entrevista con el diario O Estado de S. Paulo, sobre que intentaría hacer la encuesta si el pueblo se lo pide) como también lo ha hecho Hugo Chávez, quien después de jurar y jurar que dejaría la presidencia ya lleva 10 años en el poder porque dice “que el pueblo es el que lo reclama”, mediante elecciones muchas de ellas no muy limpias.

Es verdad que Zelaya de presidente y con tan poco tiempo estaría muy condicionado por la comunidad internacional como para que se largue a aventuras chavistas. Sin embargo, la experiencia indica que Zelaya tiene ya mucha experiencia y que las organizaciones intergubernamentales solo terminan protestando pero no tienen elementos prácticos para limitar los presidencialismos u otros abusos de poder.
Debido a este temor sobre su regreso, el plan de Arias necesitaría de repente un mayor blindaje en contra de algunas nuevas torpezas que pudieran suceder, como la encuesta por la cuarta urna, lo que le daría a quienes apoyan a Micheletti mayores garantías de que el mandato de Zelaya se extinguirá en enero, como estaba previsto antes del golpe el 28 de junio pasado.

Tal vez la falta de confianza en la propuesta tal como está, considerando que pudiera perfeccionarse, y en el desgaste que ha sufrido el mediador en el proceso y por sus propias declaraciones, pudiera pensarse que deberían sumarse otros actores y de esa forma conseguir el empujoncito que esta crisis necesita y de esa forma todos pudieran volver a concentrarse en los problemas importantes del país y la región, como la pobreza, la salud, la seguridad, la educación y la producción.

A mayor conflicto ¿menor diplomacia?

Diera la sensación que en este circo latinoamericano vamos para atrás más que para adelante. Se supondría que la diplomacia se habría instaurado en las leyes internacionales como el arte de resolver conflictos. Sin embargo, la experiencia actual latinoamericana nos dice lo contrario, ya que los países en conflicto prefieren retirar sus embajadores y cortar relaciones exteriores como una forma de expresar su rechazo a las prácticas del otro país, a la espera de que el tiempo cicatrice las heridas y por alguna circunstancia mediadora o comercial de a poco se instalen misiones comerciales y se inicie el diálogo.

Hugo Chávez “congeló” relaciones con Colombia y ordenó la salida de su embajador por las denuncias de Colombia sobre el pedido de explicaciones de la posible venta de armas suecas en poder de Venezuela a las FARC. Seguramente la medida será recíproca, como la que se reciprocaron anteriormente Ecuador y Colombia por la incursión colombiana en territorio ecuatoriano para aniquilar un campamente guerrillero y las medidas similares entre Bolivia - EUA y Venezuela – EUA ante denuncias de injerencia de la DEA y la CIA en esos países.

Generalmente este corte de relaciones va seguido con grandes campañas propagandísticas con discursos que exaltan el nacionalismo, exacerbándose así las pasiones y las diferencias. De esta forma, los ciudadanos quedamos cada vez más atrapados en una tela araña polarizadora creada por los políticos de la que no es muy fácil escapar. Hasta que reaparecen luego dos políticos o dos presidentes – los mismos que antes se pelearon – se dan dos palmadas, firman un acuerdo nuevo de entendimiento, hablan de las bondades de la democracia, del entendimiento político y de un montón de cosas más bonitas para lo que piden que aplaudamos.

Mientras aplaudimos – medio inseguros pero obligados por la situación – no entendemos ese mal sabor que nos queda; si es fruto de sentir que hemos sido utilizados y manipulados o si la democracia es esto, que nos induzcan las broncas y nos roben los aplausos.

Sería saludable que en vez de que se manipularan las voluntades de los ciudadanos para acompañar procesos conflictivos, los gobiernos pudieran dedicarse a resolver conflictos con mayor diplomacia y a no quitarse esa responsabilidad de arriba.

Las FARC están en todos lados

En Honduras pareciera que las FARC tampoco estarían ausentes, si es verdad el descubrimiento por parte de la policía hondureña de una libreta en la que se da cuenta sobre dineros entregados a partidarios de Manuel Zelaya.

No es descabellado pensar que las narco guerrillas colombianas FARC estén dando su apoyo en este conflicto. Las FARC que se juzgan como un estado pero que hacen todo a las escondidas como una guerrilla para no perjudicar a los países que la apoyan, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, debería dar muchas explicaciones sobre su actitud de desestabilización.

Rafael Correa vive desacreditando al gobierno de Alvaro Uribe, pero es sobre él a quien los dirigentes de las FARC se refieren en un video sobre que le dieron dinero para su campaña electoral. Hugo Chávez dice que su gobierno no respalda a las FARC, pero los lanzacohetes suecos decomisados a los guerrilleros después de un ataque en la selva coinciden – según el número de serie otorgado por el gobierno sueco – con los que Suecia vendió a Venezuela. Dentro de todo, el más honesto es Daniel Ortega, quien siempre ha ponderado públicamente a las FARC.

Estos episodios ponen en duda que Colombia esté fácilmente ganando su batalla contra las FARC. El apoyo externo que las FARC están recibiendo, la retroalimentación que hacen de sus narco dólares y el aumento de los cultivos para la producción de drogas, hacen prever que las fuerzas públicas de Colombia tendrán que hacer esfuerzos superlativos para derrotar a las narco guerrillas.

Palabras irresponsables

¿Tiene un presidente los mismos derechos que un ciudadano para expresar sus opiniones y argumentos? Claro que sí. ¿Y para decir lo que se le antoja, burlarse o insultar a otros? Por supuesto que no.
En materia de libertad de expresión, por su envergadura pública y debido a las consecuencias que sus pronunciamientos pueden acarrear, un presidente tiene más restricciones y responsabilidades que una persona normal y corriente. Así como sus acciones están limitadas – no puede declarar la guerra o irse de viaje al extranjero sin la aprobación del Congreso – también lo están sus palabras.
Pero no lo sienten así muchos presidentes latinoamericanos, demostrándolo con sus constantes dichos sarcásticos, desafiantes y burlones. Estas actitudes provocan en algunos cierta autocensura, en otros una retórica vengativa, a la vez que pueden estimular violencia.
Uno de esos presidentes es Rafael Correa, quien en su última alocución semanal, y tras ser criticado por burlarse de los medios de comunicación y desacreditar a los periodistas en su espacio sabatino, “La libertad de expresión ya es de todos”, retó a los ecuatorianos a que le escriban a info@elciudadano.gov.ec, para saber si “tiene algo de malo” emitir su informe semanal a la ciudadanía.
Correa desvirtuó la pregunta y cometió dos errores. Primero, la crítica no era sobre el espacio y el hecho de informar, sino sobre sus adjetivados insultos contra quienes dan noticias y opiniones que no le favorecen. Segundo, un mandatario no tiene la potestad de elegir si dar o no información, sino la obligación legal y moral de hacerlo.
Hablar u opinar no es necesariamente informar. Correa, Hugo Chávez, Cristina de Kirchner, Evo Morales y, entre otros, Daniel Ortega, quienes prefieren hablar en cadenas nacionales, espacios propios de medios privados y estatales, mítines políticos y actos públicos o través de spots y publicidades, lo que generan no es información, sino comunicación de una sola vía. Pura propaganda.
El acto de informar dentro de la administración gubernamental democrática, tiene otros ingredientes esenciales, como la transparencia que garantiza y obliga una ley de acceso a la información pública, la argumentación que se fragua en el debate de las ideas con la oposición y el cuestionamiento que se alcanza en conferencias de prensa y entrevistas periodísticas. Aspectos éstos, muy ausentes en los gobiernos mencionados.
Evidenciado por sus prédicas contra quienes los critican, muchos presidentes no admiten que como funcionarios renuncian a privilegios de privacidad, asumen restricciones y deben estar más expuestos a la crítica y a la fiscalización pública. Da la impresión que manejan la función pública como patrones de estancia, creyendo que se les dio un país en usufructo, cuando lo único que legitiman las elecciones es la gerencia temporal de los bienes del Estado, actividad que infiere tres valores: eficiencia, honestidad y transparencia.
El presidente Chávez inauguró hace 10 años este estilo discursivo de gobernar, en el que usa como arma a la retórica para atacar y degradar a cualquier tipo de adversario. Esa arenga, además de conseguir titulares, tiene dos riesgos, desalienta el debate por la autocensura que genera en el desacreditado, mientras que instiga a los partidarios a la violencia. Sus declaraciones recientes sobre Honduras, infiriendo insurrección, guerra civil y militarización, prueban que sus palabras tienen la intención de profundizar, más que de solucionar la crisis.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias disputas entre periodistas y el estado venezolano, falló que los funcionarios públicos tienen mayores responsabilidades en cuanto a sus pronunciamientos, ya que los dichos hostiles pueden exacerbar la intolerancia y animadversión, y “constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión”. La Corte señaló que las restricciones a los dichos de los funcionarios, deben ser mayores en situaciones de conflictividad social, ante el peligro de que los riesgos puedan potenciarse.
Lamentablemente, estos fallos no fueron acatados ni aprendidos. La polarización extrema que hoy se vive en Latinoamérica, no se debe tanto a la diferencia entre modelos políticos, sino al antagonismo de las palabras, dichas por presidentes irresponsables que no se comportan a la altura de su investidura, sino más bien, como agitadores de barricada.