Golpe a la democracia venezolana

De tanto hablar y hablar sobre los golpes de Estado en otros países, el golpista presidente venezolano Hugo Chávez, cometió nuevamente otro golpe de Estado a la poca democracia que les queda a los ciudadanos venezolanos.

La dio esta vez en contra de la maltrecha libertad de prensa que ya le viene quitando a su pueblo desde hace 10 años cuando asumió en 1999. Impresionante estrategia golpista que ha sido implacable contra periodistas y medios, generando en su contra violencia, prisión, cierre y leyes mordazas que dejan pocos espacios para que los venezolanos puedan acceder a información plural y diversa y así cumplir con el principio constitucional de acceder libre a las informaciones que deseen.

Ayer la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó ante el Congreso nacional un proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” que legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes, promueve la autocensura y revierte la tendencia actual en América Latina por despenalizar los delitos contra la prensa, ajustándose a los estándares interamericanos sobre la materia.

El “Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos” tiene 17 artículos, en los que se busca “prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación”, con penas que llegan hasta los cuatro años de cárcel, además de otras sanciones. Del artículo 5 al 12 de la iniciativa, se detallan los delitos y los castigos correspondientes: divulgación de noticias falsa, de dos a cuatro años; manipulación de noticias, de dos a cuatro años; negativa a revelar información, de seis meses a dos años; coacción mediática, de uno a tres años; omisión voluntaria de suministrar información, de dos a cuatro años; instigación, de dos a cuatro años y obstaculización de actividades de medios de comunicación, de uno a tres años.

Venezuela parece desconocer los principios de libertad de prensa elementales sobre que no existen delitos de prensa sino cometidos a través de la prensa, para lo cual ya están especificados en las leyes generales y tipificados en el Código Penal.

Si se aprueba este proyecto de ley, lo que no será difícil por el Congreso está sometido a Chávez, se contempla sancionar, como explica su artículo 4, “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.

La Sociedad Interamericana de Prensa que expresó su condena al resepcto, señaló una serie de actos que forman parte de la estrategia seguida por el presidente Chávez en sus 10 años de gobierno para maniatar a la prensa. Entre esos arrebatos, se destacan la reforma constitucional en 1999 donde se incluyó la responsabilidad de publicar información veraz e imparcial; sentencias judiciales como la “1013” de 2001 que niega el derecho de réplica o de rectificación a los periodistas; la promulgación de la “ley mordaza” o la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004; la sanción de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 2005 que aumentó las penas por los delitos de desacato y difamación; la aplicación de regulaciones que obliga a los medios a tener columnistas de todas las ideologías en una clara invasión de sus políticas editoriales; el cierre en mayo de 2007 de RCTV, el hostigamiento contra Globovisión y 240 radioemisoras que son amenazadas con su cierre definitivo; y la apertura de numerosos medios electrónicos y escritos y agencias de noticias estatales utilizadas para divulgar material propagandístico.

Uno se pregunta ante estos golpes a la democracia. Será que la OEA, en todo caso su secretario general Insulza, ¿dirá algo al respecto? Será que la OEA medirá con la misma vara todos los atropellos a la democracia y a las libertades? ¿O será que ganar elecciones – muchas veces fraudulentas – es un blindaje para todos los arrebatos a las demás libertades que obliga la democracia?