Ni resignarse ni tirar la toalla ante la adversidad

Cuando la inseguridad pública, la inflación y la corrupción son desbordantes, y las crisis se repiten hasta el cansancio carcomiendo las esperanzas, la mayoría de la gente no atina a rebelarse, sino a resignarse y aceptar la realidad tal cual es.

A esa resignación moldeada por la frustración e impotencia por no poder cambiar las cosas, la psicología la denomina teoría de la indefensión aprendida. Es cuando la persona, al reconocerse incapaz para alterar el resultado, asume una conducta indiferente, pasiva y peligrosamente conformista.

Sucede en todas las sociedades. En las desarrolladas, como EE.UU., donde 11 millones de indocumentados vieron esta semana escabullir sus sueños por una reforma migratoria incumplida. En naciones estables, como Chile, donde los candidatos tratan de despabilar a votantes indiferentes que prometen gran abstención en las elecciones de este domingo. O en débiles democracias, como la nicaragüense, donde después de grandes berrinches, ya se aceptó que Daniel Ortega reforme la Constitución para eternizarse en el poder.

Muchas veces esa indefensión aprendida no es producto de la casualidad, sino inducida con intención. El caso típico es Venezuela. Es el país donde mejor se observa cómo los repetidos abusos de poder van desgastando las fuerzas de la gente que, abatida, hace suya la frase acostumbrada: “Nos merecemos el gobierno que tenemos”.

Ante esa desesperanza, el gobierno aprovecha para alimentar ese círculo vicioso de abusos y resignación. Como esta semana que, a imagen y semejanza de una Cuba económicamente discapacitada, Nicolás Maduro consiguió la ley que lo habilita a gobernar sin Congreso y decretar su “guerra económica”. Ya mandó detener la inflación por decreto e incentivó a las hordas para que desvalijen comercios de electrodomésticos, castigando así a comerciantes “imperialistas y especuladores”.

En el ánimo por controlar la economía y las voluntades, Maduro prohibió a los medios que hablen de “saqueos” so pena de cerrarlos o incautarlos, así como antes había prohibido informar sobre motines carcelarios y hechos de violencia. Un control que para los críticos se ejerce mediante amenazas e intimidación, mientras que a sus simpatizantes embarduna con clientelismo, a sabiendas de que los subsidios generan sumisión, mientras que el trabajo crea peligrosa libertad.

Pero el control puede ser solo un espejismo de bienestar, más aún cuando Cuba es el espejo. Es que la indefensión aprendida no siempre actúa como anestesia. En sus primeras etapas, esta genera resignación, indiferencia y conformismo, pero luego puede degenerar en estadios más peligrosos, como se vio con la “Primavera Árabe”, cuando las muchedumbres se desbordaron cansadas por la continua opresión.

Generalmente cuando se superan varias etapas y el sentimiento de derrota se transforma en fatalidad, trauma y enfermedad, las masas explotan apoyando cambios radicales y rupturas abruptas de sistema. De ahí que los golpes de Estado todavía no se hayan borrado del panorama mundial, como en Egipto, Paraguay y Honduras.

También ocurre que en procesos menos traumáticos, se termina por apoyar a líderes mesiánicos, “outsiders” e inexpertos de la política, desconocidos que se hacen populares con eslóganes anticorrupción y de “poner la casa en orden”, pero que al poco tiempo se desenmascaran más corruptos y abusadores que sus antecesores. La historia está llena de ellos y no distingue en ideologías de izquierda o derecha, pasando desde los hermanos Castro hasta Augusto Pinochet o desde Alberto Fujimori hasta Hugo Chávez.

Esa misma historia muestra que el sentimiento de indefensión, suele llevar a sociedades enteras a un estado de depresión y fracaso, en las que la gente no entiende por qué habiendo tantos recursos, las crisis son intermitentes y replicables de generación en generación.

Evitar esa indefensión aprendida no es una cuestión social, sino, ante todo, una responsabilidad individual. En democracia cada uno debe asumir una actitud proactiva, pese a los contratiempos. Participar de las elecciones, centros comunitarios y de cacerolazos; denunciar los malos servicios y las injusticas; alzar la voz en los medios y redes sociales, son formas de participar y hacer sociedad. No tirar la toalla, no rendirse, es el mejor antídoto contra la indefensión. 

Otro golpe de Estado en América Latina

Y otra vez sucedió en Venezuela, cuando la Asamblea Nacional, aprobó este jueves pasado otorgarle al presidente Nicolás Maduro, el título de legislador máximo o único, delegándole el derecho de que podrá legislar por decreto por 12 meses.

Por más que la Ley Habilitante esté contemplada en la Constitución – algo de lo que todos se llenan la boca para darle visos de legalidad – no es buena, por cuanto al cerrar el Congreso, se están evitando los contrapesos y balances naturales y necesarios en una democracia. Así como cuatro veces ocurrió con Hugo Chávez, siempre se trató de una coartada para evitar los debates en el Congreso y gobernar a gusto y placer. Es decir, se trata del cierre del Congreso, lo que no puede denominarse de otra forma que autogolpe de Estado.

Además, la forma que se consiguió esa habilitación tuvo vicios de ilegalidad por más que Maduro justifique que debe tener las herramientas necesarias para “proteger al pueblo”. Diosdado Cabello consiguió los 99 votos oficialistas después que le retiró los fueros a una diputada de oposición acusándola de corrupta.

Habrá que ver ahora como actúa Maduro quien no hubiera necesitado combatir la corrupción y mejorar la economía mediante decretos. Seguramente, asesorado por el gobierno cubano, de la misma forma que lo hizo Chávez las veces anteriores (1999, 2000, 2007 y 2010) dictará decretos para reformar leyes y crear nuevas que le permitirá seguir profundizando el esquema socialista, algo que la mitad de los venezolanos rechazaron en las urnas meses atrás.

Esta Ley Habilitante no es otra cosa que un golpe de Estado y un abuso de poder contrario a la voluntad ya expresada por los venezolanos.

En la SIP: la libertad de prensa y la democracia -

En la SIP: la libertad de prensa y la democracia - Olga Connor - ElNuevoHerald.com

Disciplinando a los críticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre fue caja de resonancia de los abusos de poder y la falta de justicia en América Latina. Sin embargo, paradójicamente, quienes acuden a ella suelen transformarse en víctimas de sus propias denuncias.

Esta vez les tocó el turno a periodistas argentinos y ecuatorianos. Desde sus gobiernos les llovieron todo tipo de insultos después que denunciaron ante la CIDH que son perseguidos por sus críticas, opiniones y denuncias, como fue el caso de Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, quienes actuaron en representación de un grupo de colegas.

La embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, en vez de neutralizar las denuncias con la posición del gobierno, prefirió descalificarlos, acusándolos de “victimizarse”, de ser “voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos” y de orquestar campañas contra las políticas nacionalistas en Latinoamérica. Todo esto, después de que por años, la CIDH le negara una audiencia a los periodistas ante las presiones del gobierno.

Este arrebato en contra de quienes fueron a denunciar violaciones a los derechos humanos, se dio, paradójicamente, al mismo tiempo que el gobierno de Cristina Kirchner anunciaba con bombos y platillos, el descubrimiento de “listas negras” de la última dictadura. Y mientras se daban los nombres de los más de 300 artistas, intelectuales y periodistas que los militares consideraban blancos debido a sus denuncias y posición política, el gobierno tomaba represalias contra los denunciantes actuales, como el caso de Ruiz Guiñazú, a quien le cayeron inspectores de la AFIP, buscando pruebas por ingresos pasados.

El mensaje fue muy claro. Aunque no existe la burda censura directa, los insultos y los inspectores buscan intimidar para generar autocensura. Una forma de disciplinar a periodistas, críticos y díscolos; de la misma forma que se persigue económica, legal y judicialmente a muchos medios y empresas privadas por no plegarse a los designios del gobierno.

La misma actitud la asumió el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Arremetió contra un grupo de periodistas que lo denunció ante la CIDH por violaciones directas a los derechos humanos e intimidar con acciones judiciales e insultos públicos que suelen terminar en agresiones. Correa, más allá de que sus funcionarios no acudieron a la audiencia, la calificó de “payasada” y de “una más de los perdedores de las elecciones y la burocracia internacional”.

En ambos casos, se trata de un doble estándar de estos gobiernos. Sus democracias se construyeron, en parte, gracias a las denuncias que las víctimas de las dictaduras pudieron hacer ante organismos internacionales. Fue justamente una misión de la CIDH a Argentina en 1979, la que despertó la reacción internacional contra la dictadura militar, que por aquel entonces, estaba empecinada a mejorar su imagen externa con el eslogan de “Los argentinos somos derechos y humanos”, pretendiendo enmascarar las graves violaciones a los derechos humanos.

En el caso argentino es obvio que no se puede comparar la persecución en dictadura a las de este gobierno. Entre 1976 y 1983 desaparecieron 93 periodistas y cientos debieron exiliarse. Pero por menos grave que sean las violaciones ahora, no tiene por qué coartarse el derecho de quienes quieran denunciarlas o se consideren víctimas de opresión.

El caso ecuatoriano es aún más grave. Correa, enojado por informes sobre derechos humanos desfavorables a su gobierno, no solo protesta, sino que lideró una campaña internacional contra la CIDH, acusándola de “brazo del imperialismo” y amenazando con la renuncia de su país a esa jurisdicción. Algo que concretó Nicolás Maduro, quien prefirió sacar a Venezuela del sistema interamericano, antes que responder por graves atentados a los derechos humanos cometidos en su período y en el de su antecesor.

Estos gobiernos, como el argentino y el ecuatoriano, que se autocalifican de campeones de los derechos humanos, en lugar de admitir errores o investigar las denuncias, prefieren perseguir y disciplinar a sus críticos con tal de que haya una sola verdad, la oficial. Siempre, con una actitud marcadamente defensiva, prefieren atacar a quienes hacen preguntas o denuncias, a tener que rendir cuentas como les exige su mandato.

Dilma Rousseff y el escupir hacia arriba

Error de cálculo o le salió el tiro por la culata son los modismos que se pudieran aplicar al incidente que tuvo que sortear la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, quien después de despotricar contra el gobierno estadounidense por sus actividades de espionaje, debió salir a dar explicaciones sobre las que realizó su país años atrás.

Después de que Edward Snowden denunció el programa masivo de espionaje del gobierno de EE.UU. contra presidentes y países aliados y enemigos, todos los gobiernos se rasgaron las vestiduras, aunque de a poco los diarios de cada país están ventilando las operaciones de inteligencia de sus propios gobiernos, las que por razones de seguridad, soberanía o contrainteligencia, siempre existieron.

Así tuvo que salir Rousseff después de que el diario Folha de S. Paulo denunciara que el gobierno brasileño, especialmente durante la presidencia de Lula da Silva, espió a diplomáticos y funcionarios estadounidenses, rusos, iraníes e iraquíes en dependencias diplomáticas de ese país en Brasilia.

Claro que Rousseff dijo que no se trataba de espionaje como tal, sino que calificó esas actividades con el eufemismo de actos de “contrainteligencia”, respaldados por la legislación vigente. Algo similar a lo que el gobierno de Barack Obama dijo: Actividades lícitas, destinadas a combatir el terrorismo y proteger a sus ciudadanos.

Rousseff quien ahora busca junto con Alemania que el internet sea regulado por una comisión de Naciones Unidas, en respuesta a cómo EE.UU. utilizó el internet en operaciones de espionaje, dijo que no se puede comparar lo que hace EE.UU. de lo que hizo Brasil.

Es probable que no se puedan comparar las acciones de espionaje de Brasil contra las demás potencias, debido principalmente a las facilidades que las altas tecnologías les permiten. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos, esta denuncia contra el gobierno de Brasil demuestra que el espionaje es una actividad de siempre y de todos, y que solo denunciarla contra otros y sin medir las palabras ni tampoco hacerse responsable, puede resultar en un escupitajo hacia arriba.

Ayer como hoy, Ortega sigue siendo el rey

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no tiene ni empacho ni vergüenza para tratar de consolidar su monarquía. De joven pasó su vida a punta de pistola para derrotar las mismas actitudes que tenía su colega de otrora, el dictador Anastasio Somoza, y él es ahora quien quiere consolidarse en el poder con una reforma constitucional sin obstáculos.

Ortega ha hecho posible su presidencia gracias a un fallo de 2011 de la acólita Corte Suprema que le permitió su tercera aventura política vedada por la Constitución. Ahora impedido por otra nueva reelección y acabados los permisos judiciales, su partido presentó una reforma constitucional que le permitirá, como lo logró Hugo Chávez en su época, gobernar a perpetuidad burlando varios contrapesos democráticos.

A fuerza de propaganda, clientelismo y alianzas con militares, curas y empresarios, y una oposición débil y en minoría en el Congreso, nadie tiene dudas que Ortega conseguirá reinar hasta que su salud se quebrante. A diferencia de los triunviratos de la época sandinista, Ortega ahora gobierna en solitario o bajo la sombra de su compañera sentimental y espiritual, su esposa Rosario Murillo quien comanda la comunicación de su régimen, que como estrategia de popularidad no solo mantiene las misiones sociales y de adoctrinamiento en los barrios, sino también fue artífice de las tácticas de propaganda de los últimos años para realzar el sentido nicaragüense de la nacionalidad, la unión y el patriotismo.

Esa estrategia propagandística de pan y circo, Ortega incluyó el negociado sorpresivo este año con un empresario chino para crear un segundo canal interoceánico en las Américas para una eventual competencia al Canal de Panamá, y unas relaciones borrascosas que creó con Costa Rica, Panamá, Honduras y Colombia, países a los que disputó ríos, mares e islas.

Ortega no tiene esa vocación externa de dividir territorios con vecinos, cuando se trata de cuestiones internas. Sus familiares están cada vez más empotrados en el poder y en las empresas, mientras tanto sus hijos, como príncipes herederos, se están quedando con los medios de comunicación y todo aquel proyecto que sirva para blindar políticamente al régimen. 

Más que de un fallo, se trató de una falla judicial

No porque una ley se apegue a la Constitución tiene que ser buena. El gobierno interpreta que la ley de medios es la panacea democrática porque la Corte Suprema la avaló. En algunos países la pena de muerte y el aborto son principios constitucionales, pero no por ello son buenos.

Es loable regular los espacios para que nadie concentre ni medios ni opiniones, para que la crítica y el disenso sean plurales y diversos. Pero no es bueno que se restrinjan espacios independientes y que, en cambio, el gobierno pueda entrometerse en los contenidos de los medios privados, sin límites de tiempo, para cadenas nacionales de “trascendencia institucional” o espacios de “interés relevante” que seguirá usando para hacer propaganda.

No es bueno que la misma ley permita al Estado concentrar medios, así sean públicos o comunitarios, a sabiendas que no existen públicos (de todos), sino gubernamentales (para el beneficio del oficialismo) y que los comunitarios terminarán en manos de aquellos que se alineen con el gobierno.

Que los funcionarios digan que existe plena libertad de prensa, no es verdad. Los medios sí pueden criticar, pero sufren consecuencias y represalias. La ley de medios nació selectiva, tiene en su ADN el método de la revancha política, y aunque ahora el blanco es Grupo Clarín, podrá luego activarse contra cualquier otro medio considerado opositor. Un calificativo que reciben quienes critican al gobierno, así sean consultoras privadas que intentan medir la inflación real o fiscales que investigan la corrupción en altas esferas del poder.

La ley no es tan mala, pero por su ADN, existe desconfianza en cómo se aplicará. El fallo supremo de 392 páginas es prolífico en señalar el irrespeto del gobierno en materia de medios, por lo que no ofrece garantías de que habrá equidad en su aplicación. La sentencia infiere que hay medios públicos que no son tales, que el gobierno concentra medios y usa fondos públicos para comprar medios y voluntades, condena que la publicidad oficial se utilice para discriminar a los críticos y favorecer a los acólitos, y reclama que no existen normas para obligar al gobierno a dar acceso a la información pública, mientras pone en dudas que garantice la libertad de expresión, principio constitucional.

Esta ley vino acompañada de la ofensa y el desprestigio. La presidente, su predecesor y sus funcionarios enjuiciaron en Plaza de Mayo a periodistas y medios críticos mientras que su eslogan de “Clarín miente” sirvió de fondo en canchas de fútbol y en zoquetes de beneficencia para niños africanos. El escarnio público, con el fin de generar miedo y autocensura, siempre fue intención del kirchnerismo, como de otros ismos que le antecedieron.

El gobierno supo identificar a su enemigo y polarizar. Muchos distraídos creen que Clarín es monopolio, que el éxito o sustentabilidad económica es degradante e ilícita o que La Nación y Perfil son cómplices y antidemocráticos por haber expandido sus negocios y las críticas. Los más cautos entienden que defender a Clarín, no es defender sus pecados, sino a otros medios que en el futuro pueden ser víctimas de una aplicación política y no técnica de la ley.

Es que cuando los gobiernos se ensañan contra los medios privados e independientes, es síntoma de que ya lo han hecho o harán con otras estructuras de poder. Venezuela es ejemplo. El ex presidente Hugo Chávez se ensañó por años contra los “cuatro jinetes del Apocalipsis” en referencia a las cadenas televisivas Globovisión, Venevisión, RCTV y Televén. Tras la sanción en 2004, la ley de medios, destinada para crear “espacios democráticos”, sirvió para cerrar RCTV, neutralizar Globovisión mediante su compra por allegados al chavismo, y para domesticar los informativos de Venevisión y Televén.

Aunque tras la derrota electoral algunos vaticinen que el kirchnerismo ya está en retirada y que Clarín podrá seguir defendiéndose en los tribunales, la sentencia del máximo tribunal no fue buena. Por no ser concluyente y permitir interpretaciones varias, se trató de un gesto político, perdiéndose otra oportunidad para crear jurisprudencia en favor de la libertad de prensa.

Se trató de un aval de constitucionalidad, pero sin la debida interpretación del espíritu, contexto y manejo político de la ley.