Y otra vez sucedió en Venezuela, cuando la Asamblea Nacional, aprobó
este jueves pasado otorgarle al presidente Nicolás Maduro, el título de
legislador máximo o único, delegándole el derecho de que podrá legislar por
decreto por 12 meses.
Por más que la Ley Habilitante esté contemplada en la Constitución –
algo de lo que todos se llenan la boca para darle visos de legalidad – no es
buena, por cuanto al cerrar el Congreso, se están evitando los contrapesos y
balances naturales y necesarios en una democracia. Así como cuatro veces
ocurrió con Hugo Chávez, siempre se trató de una coartada para evitar los
debates en el Congreso y gobernar a gusto y placer. Es decir, se trata del
cierre del Congreso, lo que no puede denominarse de otra forma que autogolpe de
Estado.
Además, la forma que se consiguió esa habilitación tuvo vicios de
ilegalidad por más que Maduro justifique que debe tener las herramientas
necesarias para “proteger al pueblo”. Diosdado Cabello consiguió los 99 votos oficialistas
después que le retiró los fueros a una diputada de oposición acusándola de
corrupta.
Habrá que ver ahora como actúa Maduro quien no hubiera necesitado
combatir la corrupción y mejorar la economía mediante decretos. Seguramente,
asesorado por el gobierno cubano, de la misma forma que lo hizo Chávez las
veces anteriores (1999, 2000, 2007 y 2010) dictará decretos para reformar leyes
y crear nuevas que le permitirá seguir profundizando el esquema socialista,
algo que la mitad de los venezolanos rechazaron en las urnas meses atrás.
Esta Ley Habilitante no es otra cosa que un golpe de Estado y un abuso
de poder contrario a la voluntad ya expresada por los venezolanos.
