El autogolpe que Hugo Chávez pegó a la democracia en diciembre pasado cuando decidió que la anterior Asamblea Legislativa le regalara una Ley Habilitante que le permite gobernar por decreto, le ha servido ahora para asestar un más duro golpe a las arcas de la nación en detrimento de todo el pueblo venezolano.
Parapetado tras los festejos de Semana Santa, el presidente venezolano utilizó la Ley Habilitante para hacer una reforma legal que obliga a PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) a entregar un mayor porcentaje de los excedentes de las exportaciones de petróleo al Fondo de Desarrollo Nacional, el que es administrado por él mismo sin tener que rendir cuentas de ninguna naturaleza.
Esta falta de transparencia permitirá que Chávez use esos fondos para lo que le desvela actualmente: la reelección de caras a las presidenciales del 2012.
Se estima que con el nuevo precio del barril del crudo a más de 100 dólares estadounidenses el Fondo de Chávez aumentaría a 11.000 (once mil millones) lo que le permitirá hacer obras públicas - poco hizo durante su reinado desde 1999 - y seguir apoyando su ambicioso proyecto político de la revolución socialista en otros países del continente.
Según una nota de hoy de El Nuevo Herald de Miami, el Fondo de Chávez que tenía previsto recibir 7 mil millones este año, recibirá los 11 mil millones, si el promedio del barril se mantiene en los 94 dólares o más aún si se sitúa en 108 dólares, precio que alcanzó la semana pasada.
“La mencionada reforma a la Ley de Contribución Especial sobre los Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos – según El Nuevo Herald - requiere que PDVSA le entregue al fondo el 80 por ciento de los ingresos adicionales generados cuando los precios del crudo se ubican en un rango de entre $70 y $90 el barril. Si el barril se ubica entre los $90 y $100, entonces el aporte a FONDEN sube a 90 por cierto, tasa que luego pasaría a 95 por ciento si el precio supera los $100”.
Dicho de otra forma. Más allá de que la medida es corrupta en sí misma por atribuirse un presidente de un estado democrático fondos para su propia conveniencia – así sea para hacer el bien o hacer el mal – lo más corrupto de este decreto es que le permite a Chávez usar dineros públicos de gran magnitud, como si se tratara de un magnate petrolero o un árabe monárquico, sin la menor obligación de tener que se transparente y rendir cuentas.
Al no haber una ley de acceso a la información pública que obligue al Estado a ser transparente, la Asamblea Nacional actual está pecando de omisión al no formalizar una metodología de contraloría.
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