Golazo brasileño de Rousseff

Casi terminando las Eliminatorias para el Mundial 2014, la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, convirtió un golazo tempranero con buenos presagios para su derruida popularidad tras las protestas ciudadanas en su país, al cancelar su visita a EE.UU. prevista para este próximo 23 de octubre.

Aunque sin sorpresa, la gambeta de Dilma - de cancelar su vista a la Casa Blanca en represalia por la falta de explicaciones sobre el espionaje de EE.UU. contra ciudadanos, empresas y contra ella misma - la muestra como una líder firme frente a su pueblo y ante la comunidad internacional.

El presidente estadounidense Barack Obama todavía no pudo dar explicaciones sobre el espionaje perpetrado por los servicios de inteligencia. Como anillo al dedo, mostrándose firme pero no enojada, Dilma sabe que está justificada moral y diplomáticamente para reclamar soberanía e incentivar el nacionalismo que le ayude en su carrera por aumentar una popularidad que ha perdido a raudales con las protestas sociales y a motivar el voto de cara a las nuevas elecciones.

La torpeza pero sobre todo la ilegalidad de Washington de enojar a países amigos no tiene muchos precedentes. Por ello, con el consenso nacional e internacional a cuestas, Dilma puede exigir explicaciones por “everything” sin temblarle la voz y desafiar al mismo Obama para que él se encargue de darlas.

No hay nada mejor para la popularidad de un líder, dentro y fuera del país, que desafiar a la máxima potencia. Y mucho mejor cuando se reclama por una causa de la que no hay dudas fue amoral e ilegal, y violatoria de toda norma internacional sobre soberanía y autodeterminación.

Las relaciones y la alianza entre los dos países a nivel comercial, educativo y migratorio persistirán sin mayores trances, pero Obama tendrá que hacer algunas concesiones especialmente para tratar de detener la ofensiva de Dilma, que va mucho más allá de la cancelación de esta visita, y que tiene que ver con el pedido de que EE.UU. deje de manejar hegemónicamente el tráfico de internet a nivel mundial.

Hasta ahora, EE.UU. y muchos de sus países aliados, fueron ganando la batalla en las discusiones dentro de Naciones Unidas para seguir manejando el internet a través de ICANN, y que la web mundial sea administrada por un cuerpo colegiado de países, entre los que destacan – y son los que más quieren - los más opresores del planeta.

Si EE.UU. no neutraliza a Dilma con buenas explicaciones, el problema podría ser que ella tuviera que seguir con su discurso desafiante. El riesgo es que se le plieguen otros países que, anteponiendo excusas sobre violación de sus soberanías, aprovechen a limitar y bloquear el internet a sus ciudadanos.

Una movida en falso de Dilma sin medir las consecuencias de alejarse de Washington, puede hacer que su primer golazo internacional se convierta en un desastroso gol en contra.

Politización de los derechos humanos

Venezuela se retiró esta semana del sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Nicolás Maduro excusó el retiro acusando a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser mafias injerencistas e instrumentos del “imperio”, para perseguir a “los gobiernos progresistas de la región”.

La excusa no es más que una vieja argucia del régimen, que disimula una creciente y sofisticada tendencia de varios gobiernos latinoamericanos por politizar los derechos humanos y así evadir sus responsabilidades de Estado. La decisión deja desamparados a los ciudadanos sin posibilidad de acudir a instancias internacionales con la esperanza de encontrar la justicia que se le niega en sus países. Un duro golpe para los venezolanos, si se considera que solo el 3% de las violaciones a los derechos humanos llegan a juicio en su país.

Esa politización incluye violencia y demandas judiciales contra activistas de los derechos humanos, restricciones a sus fuentes de financiación y un permanente ataque al sistema interamericano, desconociéndose sus fallos y decisiones. En el fondo, es una conveniencia de los gobiernos que así se blindan ante las críticas y denuncias y no permiten la supervisión de los derechos humanos en sus territorios.

De esa forma, el gobierno venezolano evita cumplir con 16 fallos condenatorias pendientes de la Corte interamericana y pagar unos 10 mil millones de dólares en indemnizaciones a casi 300 víctimas. Pero la decisión, aunque parezca económica, es política.

Deviene de aquella retórica propagandística del ex presidente Hugo Chávez que calificaba de mafia, golpista y fascista a quienquiera que se opusiera a su voluntad. Sin embargo, pese a la dialéctica, Venezuela, por ser parte de la OEA, no puede excusarse de todas sus responsabilidades. De ejemplo valen EE.UU. y Canadá, que aunque no están bajo jurisdicción de la Corte al no haber ratificado la Convención Americana, igualmente fueron responsables ante informes de fondo que denunciaban violaciones en casos de migración, violencia doméstica, pena de muerte y por la cárcel de Guatánamo.

Maduro, así como otros presidentes progresistas como Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, suelen engañar con una retórica que busca desnaturalizar el sistema interamericano, definido como el “último intento de defensa para los habitantes que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte de un Estado”. A menudo amenazan con renunciar a la Convención, a la OEA, ignoran los fallos y proponen reformas que buscan quitar independencia a la Comisión y hasta crear tribunales supranacionales en otros organismos más amigables, como UNASUR y el ALBA.

En ese ejercicio propagandístico, politizan todas las causas de violaciones en sus países para poder oponerse a ellas. Y cuando hablan de derechos humanos solo respaldan aquellas causas en el exterior contra dictaduras militares o de derecha como las de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero se hacen los distraídos por reclamos en sus propios países o los que ocurren en tiranías de izquierda como la cubana.

Al politizar las denuncias en su contra y establecerse como víctimas, desvían la atención sobre denuncias y fallos de la CIDH que son parejas para todos los países, sin distinción de ideologías. En años recientes, Brasil, Colombia y México fueron los países que más condenas recibieron debido a la violencia consumada por la fuerza pública y grupos paraestatales; pero también fue donde mayor cantidad de denuncias se registraron debido a una mejor cultura sobre la protección de los derechos humanos.

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos está lejos de ser perfecto; es lento, burocrático y necesita mayor eficiencia y más apoyo material por parte de los estados. Además, la Convención Americana debería ser ratificada por los 35 miembros de la OEA, y no solo estarlo por 25.

Pese a sus limitaciones y detractores, se debe reconocer que el sistema ha contribuido a crear una mejor cultura a favor de los derechos de indígenas, mujeres, niños, presos políticos, migrantes y en contra de la discriminación y el racismo, luchas todas que han enriquecido a América Latina y que no deberían ser mezquinamente politizadas.

Acuerdo histórico por Siria

Después de tantos amagues entre vientos de guerra y diplomacia de última hora sobre la acción a tomar contra Siria por el uso de armas químicas, los gobiernos de Barack Obama y de Vladimir Putin llegaron, por suerte, a firmar un acuerdo histórico. EE.UU. renuncia a utilizar la fuerza militar como represalia y Rusia a permitir que el Consejo de Seguridad disponga atacar al régimen de Bashar el Asad si no cumple con el mandato.

El acuerdo es duro para Bashar el Asad y termina con todo tipo de especulaciones sobre si tiene o no y si emplea o no armas químicas, lo que una delegación internacional de expertos de la ONU definió como pruebas “abrumadoras” de que fueron usadas el 21 de agosto en un barrio de Damasco donde murieron 1.429 personas por intoxicación con gas sarín.

Asad deberá identificar todos los depósitos de armamento bacteriológicos en el territorio nacional y entregar en un plazo breve todo el arsenal a Rusia y EE.UU. que procederán a destruirlo de inmediato. El acuerdo elimina toda intención de Obama de seguir buscando consenso para atacar y al mismo tiempo blanquea una situación, ya que Putin venía negando que el gobierno sirio estuviera usando armas químicas.

Aunque el tratado no lo plantea, se abre un compás de esperanza para que los dos países sigan buscando soluciones para detener la guerra civil, la más sanguinaria de las últimas décadas debido a los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por el gobierno como por los rebeldes; un escenario que excluiría a Asad del mapa político.

Lo más trascendente es que este acuerdo revela que cuando existe voluntad política, hasta los problemas que aparentan ser más difíciles y truculentos, también pueden ser superados.

El celibato y la esperanza de la reforma

El papa Francisco sigue haciendo cambios importantes y una vez más es evidente que hay indicios de que la reforma de la Iglesia va en serio, tanto en cuestiones de conducción administrativa como de costumbres arraigadas, como es el caso del celibato obligatorio.

A todas las reformas que ha venido implementando, desde crear una cultura más austera hasta modificar los asuntos económicos y financieros que maneja el banco del Vaticano, tal vez la más audaz es haber retirado al cuestionado cardenal Tarcisio Bertone y nombrar a Pietro Parolin, como secretario de Estado.

Y lo mejor de estos días, es que Parolin, entrevistado por el caraqueño El Universal después de ejercer en Venezuela como Nuncio, abrió de repente las puertas para una discusión postergada en la Iglesia, el tema del celibato, al que bien definió como una cuestión que no es dogma de fe, sino una tradición que data del año 390 de nuestra era.

La admisión del tema ya es en sí un golpe duro para los conservadores de la Iglesia y es tal vez la forma en que Francisco, quien no se ha mostrado públicamente a muy a favor del celibato voluntario, quiere empezar la discusión.

Aunque el tema pareciera superficial ante otros grandes cambios que necesita la Iglesia – incluyendo la ordenación de las mujeres - es muy significativo, ya que abriría las puertas a las vocaciones frustradas, la de aquellas personas que no entienden por qué no se puede servir a Dios y a una propia familia al mismo tiempo.

Lo importante de Parolin y de Francisco es que ya han dicho que todas las reformas que se implementen en la Iglesia deberán estar imbuidas de un “espíritu democrático”, esto es, no solo de que se buscarán decisiones más colegiadas con la participación de todos los obispos o la jerarquía eclesiástica, sino también – y es lo más trascendente – que se escuchará a los fieles.

Parolin dijo que el celibato no obligatorio es un desafío para el Papa, pero confía en que habrá discusión. Seguramente de alcanzarse, será una reforma histórica, otra de las tantas que permitirán a Francisco crear un legado permanente.

Maduro y la propaganda obligatoria

El “Noticiero de la Verdad” es la última invención del régimen de Nicolás Maduro con el que parece reinventar la maquinaria propagandística de las tiranías más acérrimas que asolaron el planeta.

El presidente venezolano aseguró este martes que el “Noticiero de la Verdad”, una producción de noticias del gobierno, será de trasmisión obligatoria para todas las televisoras y radios del país – por supuesto, incluidas especialmente las de propiedad privada – y que deberá hacerse en los horarios de mayor audiencia y sintonía.

La excusa de Maduro es que el gobierno no recibe buena cobertura, habiéndose justificado en un “apagón informativo”. En realidad se trata de una argucia retórica y acostumbrada, con la que el gobierno justifica los atropellos a la libertad del público para informarse por los medios de su elección.

Es mentira que haya un apagón informativo, todo lo contrario, lo que abunda en Venezuela es la información oficial y la propaganda. El gobierno ha consolidado una amplia red de medios gubernamentales – que mal insiste en llamar públicos. Esa inmensa red de medios está compuesta por los nuevos medios y agencias de noticias que ha creado, por los privados que ha comprado luego de asfixiarlos económicamente; y por un espacio que ha generado gracias a su táctica de cerrar medios y de amenazar a otros con hacerlo, incentivando un clima general de autocensura para detener la crítica y las denuncias contra el gobierno.   

Esa mentira sobre el apagón informativo tampoco coincide como lo que reportó este mes la organización Monitoreo Ciudadano. Indicó que entre abril y setiembre, sus primeros meses de gobierno, Maduro habló por 93 horas en cadena nacional obligatoria, es decir 39 minutos por día. Aún peor fue su prédica propagandística por la radio del Estado Venezolana de Televisión, habiendo hablado por 160 horas entre el 3 de junio y el 7 de septiembre, a un promedio de una hora y 40 minutos por día.

En esta “nueva modalidad de comunicación”, Maduro llama “información de la verdad” a la propaganda gubernamental. Una reinvención de aquella metodología que busca convencer y persuadir a favor de una ideología. Pero lo que convierte a esta estrategia en un riesgo para la libertad de expresión de los venezolanos, no es tanto la propaganda en sí misma, sino que sea de carácter obligatoria.

El salvavidas ruso (para Obama)

Barack Obama no pudo haber dado la mejor bienvenida al plan diplomático que presentó Vladimir Putin de pedir a Bashar El Asad que entregue las armas químicas para su destrucción.

El plan ruso se convirtió de golpe y porrazo en la tabla de salvación que Obama tuvo para detener sus planes de ejecutar una represalia militar contra Siria que no contaba ni con el apoyo de la opinión pública ni del Congreso, incluidos varios diputados y senadores del Partido Demócrata que habían declarado que no acompañarían a su líder.

Obama insistió en el discurso de anoche de que había sido elegido para terminar guerras y no para empezarlas, que EE.UU. tiene, como líder mundial por los últimos 70 años, la “obligación moral” de “no mirar hacia otro lado” cuando los tiranos cometen atrocidades, recordó el rechazo de la comunidad internacional a las armas químicas y puso en compás de espera una “acción militar limitada” contra Siria – sin soldados estadounidenses en el territorio sirio - si la diplomacia rusa fracasa en su cometido.

Lo interesante de este plan ruso que el lunes fue tibiamente sugerido por el canciller estadounidense John Kerry, es que blanqueó varias situaciones. Asad ya no suena tan convincente de que su ejército jamás tuvo que ver con las armas biológicas que el 21 de agosto mataron a 1.429 connacionales y además, por el solo hecho de asentir que entregaría las armas a Rusia para evitar la represalia militar, acabó con su negación de que las poseía.

Por otro lado, Rusia se erigió en líder de una situación como lo acostumbraba a asumir en la época de la Guerra Fría lo que es una buena señal, ya que el liderazgo exige y conlleva responsabilidades. Putin se ha erigido como el garante de Siria y será ahora responsable de su futuro a tal punto que si Asad no entrega las armas químicas, Rusia tendrá que asentir las represalias que se quieran tomar.

Lo más importante, quizás, es que Francia, Gran Bretaña y EE.UU. estarán presionando a Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que el plan se formalice y luego Putin, de no cumplirlo a cabalidad, no podrá tener el derecho (incluido el moral) a vetar una resolución que incluya la posibilidad de la represalia militar.

Así que si bien el plan ruso se convirtió en el salvavidas de Obama, también se transformó en una carga y responsabilidad para Putin. Una buena noticia para ambos.

Maduro contra los derechos humanos

Los ciudadanos venezolanos ya no tendrán donde acudir cuando se agoten los recursos judiciales internos de administración de justicia y sus derechos humanos sean violados.

Nicolás Maduro, fiel a la retórica del ex presidente Hugo Chávez que el 9 de setiembre de 2012 solicitó a su canciller renunciar a la Convención Americana de los Derechos Humanos y por ende a la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), continuó con el proceso y a partir de hoy Venezuela ya asumió no tener responsabilidad internacional en estas materias.

La estrategia solo confirma que el gobierno venezolano, bajo la excusa siempre del intervencionismo extranjero, deja de asumir su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos y a conveniencia deja los estándares de algunas organizaciones (CIDH/OEA) para estar bajo la tutela de otras que domina y donde no puede ser cuestionado (UNASUR).

Ayer, Maduro volvió a repetir y a reiterar los numerosos dichos de Chávez: “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”, y con ello dejó por sentado que Venezuela se une a Trinidad y Tobago y al Perú de Alberto Fujimori como los países que se retiraron de la Convención después de estar suscriptas y haber ratificado el Pacto de San José.

Aunque Chávez y Maduro se hayan esforzado en criticar y desconocer cada opinión y fallo de la Comisión y la Corte, al considerar que ambas instituciones están secuestradas por el poder político del imperio estadounidense, en realidad lo que están haciendo es dejar desprotegidos a todos los ciudadanos venezolanos que antes acudían a la jurisdicción internacional en busca de justicia, reparaciones y desahogo cuando se les negaban sus derechos en el país.

Nunca Chávez y menos Maduro aceptaron esa jurisdicción y con ello el Estado (no el gobierno) jamás reconoció los derechos violados de sus ciudadanos, desconociendo pagar indemnizaciones por reparación moral o excarcelar a presos políticos o reabrir causas judiciales.

El retiro de Venezuela (el mismo día que Henrique Capriles introduce ante la CIDH una denuncia para desconocer los resultados de las elecciones que perdió por estrecho margen ante Maduro) es congruente con la política de aislamiento en materia de derechos humanos que hace dos años busca también el presidente ecuatoriano Rafael Correa que ha llamado a desmantelar el sistema y, al menos, que la CIDH no tenga sede en EE.UU. un país que junto a Canadá no ha ratificado la Convención.

Este retiro deja por el aire varios temas incumplidos por Venezuela, entre ellas 16 sentencias condenatorias e indemnizaciones por 9.700 millones de dólares en reparación para unas 300 víctimas, según datos que se desprenden de fallos de la Corte Interamericana.