enero 25, 2011

Visión discordante de HRW sobre Cuba


Human Rights Watch (HRW) acusó en su informe anual sobre derechos humanos  que en Cuba (además de Venezuela) la represión aumentó en 2010, lo que termina siendo una constatación efectiva de lo que viene denunciando la prensa internacional, política materializada en el recuerdo de las dos huelgas de hambre más renombradas. La que provocó la muerte del disidente Orlando Zapata Tamayo, en reclamo por mejores condiciones carcelarias y la del psicólogo y periodista independiente Guillermo Fariñas, que en memoria de Zapata, pidió por 135 días la libertad de los presos de conciencia.

Según HRW, en Cuba se asfixian todas las formas de disenso político y todas las libertades públicas, de reunión, movimiento y expresión. La represión es cada vez mayor a pesar de los cambios y el ablandamiento económico que Raúl Castro ha propuesto en el país. Las Damas de Blanco son un fiel reflejo del continuismo de la política de represión.

Lo que no entiendo muy bien es la diferente política que asume HRW en cuanto a EEUU y a la Unión Europea. A estos últimos les recomienda que aumente las medidas de presión (política, económica y social) para que en Cuba se reconozca a los movimientos independientes dentro de la isla y para que se permita a las organizaciones internacionales de derechos humanos entrar al país a constatar el sistema carcelario y otros espacios donde comúnmente se violan los derechos humanos. Y por otro lado condena el embargo impuesto por EEUU a Cuba porque no ha dado resultados y transforma en víctima al pueblo cubano.

En realidad, creo que EEUU es el único país que ha denunciado y actuado en forma práctica e histórica, en forma consecuente y consecuente, en contra de una de las dictaduras más férreas que el mundo haya conocido para que haya cambios democráticos. Si el pueblo cubano es víctima es sólo responsabilidad del gobierno cubano y su retrógrada manera de hacer política y de reprimir a sus propios ciudadanos.

enero 24, 2011

Mujica se arrepentirá por prohibir redes sociales


El presidente uruguayo, José Mujica, ha tomado una drástica medida en contra de los empleados públicos, quienes tendrán prohibido el uso de Facecebook, Twitter y MSN entre otras redes sociales, navegar por internet, descargar películas o programas de servicios telefónicos como Skype, como parte de una reforma del Estado en la que se trata de que los empleados públicos no pierdan el tiempo y sean más eficientes.
A simple vista pareciera ser que la medida ayudará a que la administración pública no baje el rendimiento. A corto plazo, el hecho de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ordenara la instalación de medidores de consumo de banda ancha para medir las descargas, pareciera ser adecuado. Sin embargo, a largo plazo, el gobierno está desconociendo la potencialidad de las redes sociales, el internet y todas las herramientas que se ofrecen para hacer más eficiente la labor, como por ejemplo el ahorro de costos que podría significar Skype en materia de ahorro en llamadas telefónicas.
Más que prohibir las redes sociales, las cuales están teniendo cada día mayor impacto, los gobiernos deberían incentivar su uso para el beneficio de la administración pública, la que puede ser utilizada para campañas de educación para los usuarios de la administración pública, para realizar trámites, para ofrecer información pública y mantener una relación más directa con el público, que percibe a la administración pública como lenta, burocrática y poco eficiente.
Las redes sociales y el internet pueden ser instrumentos invalorables para levantar el perfil y ayudar a la eficiencia de la administración pública. El desafío es ese, prohibirlas es fácil y retrógrado. La administración pública siempre fue ineficiente, no porque ahora haya abuso en el uso del internet. Mujica se arrepentirá muy pronto de esta medida.

enero 21, 2011

Vogue y las lamentables fotos de niñas



La edición francesa de la revista Vogue se equivocó al publicar un suplemento de 15 páginas mostrando como modelos a tres niñas de entre 5 y 7 años, en poses algo provocativas. El incidente generó dos cosas, la salida de su editora jefa, Carine Roitfeld y que la edición se agotara rápidamente.
Más allá de estas dos consecuencias, la primera esperada y la segunda escandalosa, la decisión de Vogue de buscar el éxito cuantitativo o la sorpresa de mercadotecnia, no es más que una grave transgresión de las normas éticas del periodismo, que indican límites y responsabilidades en el uso de fotografías de niños y menores.
Se trata de una mala decisión, de mal gusto, un abuso de privilegios en el arte de publicar, que debe ser condenada por el posible riesgo de incentivar conductas inhumanas y morbosas contra los menores que están más arraigadas de lo que creíamos en nuestra sociedad. De ahí que cada vez nos enteremos más, y que pareciera común, el desmantelamiento de bandas dedicadas a la pornografía infantil a través del internet y al comercio sexual infantil.
Por lo general, la decisión de publicar este tipo de materiales suele tomarse después de discusiones profundas y tras un proceso de reflexión, situación que parece no haber existido en Vogue. Y si lo hubo, no solo la editora jefa debería quedar en la calle.

enero 20, 2011

Linchamiento digital de Wikileaks


Hasta ahora lo de Wikileaks pasó para muchos como uno de los grandes avances de la comunicación al revelar información secreta que cuestiona políticas públicas de varios gobiernos, especialmente al de EEUU, con la idea de que la transparencia de todos los actos – públicos, privados y secretos – son no solo necesarios para la gente sepa sino para que los gobiernos queden desenmascarados y, debido a esa exposición al escarmiento público, se sientan obligados a tomar acciones correctivas.

El precepto de que iluminar la realidad a través de la revelación de información y las denuncias sirve para que se eviten abusos futuros es, en definitiva, la razón de ser del periodismo, una existencia que se ampara en la misión de “watch dog” o de perro guardián, en el objetivo y trascendencia de la prensa como fiscalizadora del poder público.

Así las cosas parecieran muy simples. Sin embargo, dentro de esta misión enaltecedora para la sociedad, el periodismo tiene ciertas responsabilidades legales y éticas sobre las que debe responder. Entre ellas, no puede difamar, hacer apología del delito o poner en riesgo la seguridad nacional de su país, sin efectos ni consecuencias legales a las que debe someterse y atender como cualquier hijo de vecino; aunque, claro está, las leyes no tienen siempre la evidencia de la razón cuando hay información que debe conocerse por su interés público y social.

Tampoco un medio puede hacer uso de sus puntos de vista y sus verdades y su información para conseguir justicia por manos propias, de ahí que los tribunales muchas veces recurren a los periodistas para que aporten información en procesos judiciales.

Vale esto para establecer que lo de Wikileaks no es un proceso muy justo. Primero porque Julian Assange le gusta considerarse periodista y a Wikileaks un medio, pero no quiere estar regulado por las leyes ni la ética a la que sí están atados los demás medios. Segundo porque considera que su sitio carecería de impacto y razón de ser si debiera manejarse con criterios periodísticos en los que debería incluir el balance, contextualización, chequeo y contraste de fuentes; por ello busca el apoyo de los medios de comunicación tradicionales y de referencia que le pueden dar mayor realce y credibilidad a sus revelaciones, como The New York Times, El País, Le Monde, Der Spiegel y The Guardian.

Hasta aquí, Wikileaks pudiera ser considerado el Robin Hood moderno de la comunicación, un ladrón que roba (información) a los ricos principalmente (EEUU) en beneficio de la igualdad y el escarmiento para que el resto sepa sobre la manipulación a la que el rico somete a todos.  En este sentido, lo más relevante del trabajo de Wikileaks hasta ahora han sido las denuncias anteriores a la filtración de los 250 mil cables confidenciales de la diplomacia estadounidense, porque en las primeras denuncias sobre la guerra de Irak había implícito actos de corrupción; pero en esta última se trata de cuestiones que pueden asemejarse más a opiniones que hechos, chismes muchos de ellos, algo que la diplomacia del mundo entero hace, aunque solo se quiera endemoniar a la estadounidense.

La reacción del gobierno de EEUU - y de otros gobiernos que temen ser ensuciados por la forma de operar de Wikileaks - de buscar por todos los medios la forma de procesar a Jualian Assange es parte de la responsabilidad que tienen los funcionarios - aún si los mueve un sentido revanchista contra quienes muchos consideran un terrorista sin armas – para hacer cumplir la ley. De ahí a que consigan las evidencias hay mucho trecho y en el caso de EEUU no le será fácil procesar a Assange, cuando la Primera Enmienda, administrada por los altos tribunales, casi siempre ha hecho prevalecer la libertad de publicar temas de interés público contra la información que los gobiernos quieren mantener silenciada.

Ahora bien, distinto puede ser el caso cuando lo que se busca a través de Wikileaks es suplantar la justicia nacional o internacional, cuando el sitio se puede convertir en el equivalente de lo que algunos ciudadanos de varios países hacen cuando se siente frustrados por la impunidad: linchamiento.

Wikileaks corre el riesgo de convertirse en un sitio para el linchamiento digital, lo que ha quedado en evidencia con la denuncia que en forma pomposa se hiciera esta semana en Londres, en la que Rudolf Elmer, quien trabajó para el banco Julius Baer, en Suiza, entregó en una conferencia de prensa en Londres a Assange unos cd conteniendo los nombres de unos 2.000 famosos, entre ellos 40 políticos, que serían evasores de impuestos.

Que los bancos suizos y del Caribe están llenos de cuentas de políticos corruptos desde las del dictador Duvalier hasta de Menem, o sirven para evadir la responsabilidad impositiva, no hay dudas. Pero la pregunta es si se debe escoger un medio para ventilar ese tema o debiera ser la justicia.

Buscar un medio para la denuncia y el escándalo público pareciera ser más una cuestión de linchamiento (digital, en este caso) que la búsqueda de la justicia. Los discos podrían tener mejor destino si su contenido fuera depositado en las cortes penales de los países a los que pertenecen esos evasores.

Habrá que ver también si Elmer es responsable, como busca ahora la justicia suiza y lo está procesando, de robar información confidencial a sus empleadores. No creo que estemos en capacidad simple de decir que la justicia suiza está violentando la libertad de expresión de Elmer. Distinto sería si se le hubiese impedido a Elmer reunirse con Assange para entregar los discos, pero investigarlo después es su deber, por lo que a primera vista no hay violación a la libertad de expresión.

enero 19, 2011

Las culpas de Tucson


Al discurso incendiario que se ha apoderado del debate público en EEUU, se le atribuyó casi por unanimidad la matanza perpetrada contra un mitin político en Arizona en la que resultó herida de gravedad la congresista demócrata Gabrielle Gifford, y fueron asesinadas a sangre fría otras seis personas.
Para los demócratas, la tragedia de Tucson, fue consecuencia de los altos decibeles de la retórica del ala más conservadora del Partido Republicano, nucleada en el Tea Party que lidera la ex gobernadora Sarah Palin. Para los republicanos, se trata del ventajoso aprovechamiento de los demócratas en la búsqueda de rédito político para contrarrestar la pérdida de las elecciones legislativas de noviembre. Según otros, la culpa recae en los medios de comunicación, por su sensacionalismo en la cobertura política y de otros hechos noticiosos.
Es cierto que la diatriba puede inflamar los ánimos y derivar hacia la apología del delito. Sin embargo, si la sicología de las matanzas estuviese determinada por el discurso encendido, uno se debería preguntar por qué no se dan en sociedades polarizadas como en la Venezuela de Hugo Chávez, el Ecuador de Rafael Correa o la Argentina de Cristina de Kirchner, donde estos presidentes, opositores y periodistas se enfrascan a diario en furibundas batallas dialécticas.
Las palabras y los insultos han causado siempre grandes conflictos en la historia, pero lo de Tucson está más atado a la perturbación mental de un joven de 22 años, Jared Loughner, quien aparentemente actuó solo, sin estímulo político, y apoyado por una enmienda constitucional que permite a cualquiera comprar armas de fuego sin restricciones, un tema que se discute cada vez que ocurre una masacre, como la de Colombine o Port Hood, pero que se diluye ante opiniones tan diametralmente opuestas como irreconciliables.
El sheriff demócrata que atiende la causa, Clarence Dupnick, fue quien encendió la mecha el día después de la tragedia al culpar a los republicanos por el nivel retórico de confrontación, olvidándose que su papel era investigar, no opinar sin pruebas. Hasta cinco días después todo pareció sosegarse cuando el presidente Barack Obama, en el homenaje a las víctimas, se sirvió también de las palabras, pero usadas esta vez magistralmente, para llamar a la reflexión, bajar el tono de la discusión partidista y terminar con las culpas.
El mensaje de Obama ayudó a calmar los ánimos. Pero la baja de decibeles fue posible al conocerse información más concreta sobre el hecho, lo que sirvió para neutralizar las opiniones especulativas de los primeros días, como las del sheriff, la de políticos que creyeron ver a un agresor motivado por órdenes del Tea Party o la de periodistas que comunicaron inexactitudes y se sumaron a la riña política.
La ex candidata a vicepresidente Palin saldrá mal parada de este entuerto, porque es proclive a lanzar dardos por fuera de los períodos electorales. Pero mal haría que se autocensure o la censuren, porque su posición sirve para que muchos encuentren el centro entre los extremos de políticas progresistas del gobierno y conservadoras de la oposición. Además, tiene razón sobre que las culpas de los actos monstruosos deben buscarse en ellos mismos y que el debate en EEUU siempre fue acalorado.
Tan apasionado, que el histórico respeto por la democracia y el debate de las ideas en el país, no está exento de violencia política, de locos y mesiánicos. La prueba son las decenas de dirigentes y congresistas que fueron asesinados, así como cuatro presidentes mientras ejercían la Casa Blanca: Abraham Lincoln (1865), James Garfield (1881), William McKinley (1901) y John Kennedy (1963); y Ronald Reagan, que se salvó milagrosamente tras un atentado en 1981.
Tampoco se puede eliminar por completo la responsabilidad de las palabras. El año pasado, los ánimos caldeados – no solo de los políticos - por la reforma de salud y la ley anti inmigrante de Arizona, derivaron en una polarización absurda y en actos vandálicos contra oficinas públicas y de congresistas.
Es bueno el encargo a recuperar el civismo como pidió Obama, pero la lección de vida que se desprende de la masacre de Tucson, debería servir para canalizar un debate profundo y terminar con la hipocresía de glorificar las armas y demonizar las palabras.

enero 18, 2011

La hipocresía sobre las armas de fuego

La matanza de Tucson, Arizona, en la que murieron a sangre fría seis personas, 14 resultaron heridas, entre ellas la congresista demócrata, Gabrielle Giffords, no azuzó el debate sobre las armas de fuego como se suponía, sino más bien reactivó un montón de proyectos de ley en varios estados del país que pretenden menos restricciones para su compra y su portación.
Se trata de una actitud bastante hipócrita, de espalda a lo sucedido, aunque quienes creen en las armas, muchos legisladores republicanos y la Asociación Nacional del Rifle, consideran que la libertad sobre ellas, garantizada por la Segunda Enmienda constitucional, ha evitado que se produzcan muchas otras masacres.
Según un cable de la AP, en los últimos se aprobaron muchas leyes en Arizona para que permiten la compra y portación de armas en “casi cualquier lugar y en cualquier momento”, y que incluso días después de la matanza perpetrada por Jared Loughner el 8 de enero, se presentaron nuevos proyectos de ley que propenden aún a menores restricciones.
Los republicanos en Arizona aducen que nada les disuadirá para seguir con su agenda a favor de las armas, como una nueva regulación que, de aprobarse, permitirá a los profesores universitarios a portar armas ocultas en los recintos académicos. Según la AP, solo Utah permite la presencia de armas en universidades y 24 estado las prohíben.
Por otra parte, en el Congreso de la Florida se han propuesto tres proyectos de ley que restringen a los gobiernos locales regular sobre armas de fuego, “prohibir a los médicos que pregunten a sus pacientes si tienen armas y permitir que la gente las porte de manera abierta, sin ocultarlas, incluso en los recintos universitarios”, según reportó el domingo pasado el The Miami Herald.
A decir de este diario, Estados Unidos tiene índices de asesinato mayores que el resto de los países industrializados. Dos terceras partes de los homicidios en la Florida y el país se cometen con un arma de fuego, según estadísticas del FBI y de la Florida. La NRA afirma que habría más asesinatos sin derecho a tener armas.
Es obvio que a partir de estos datos objetivos, existe una clara hipocresía en EEUU cuando se habla sobre el derecho a portar armas de fuego, algo que parece estar más de acuerdo a las necesidades económicas e intereses de la industria que a la realidad del país.
Uno pensaría que ahora que hay con Barack Obama un desarme oficial y formal en materia de armas nucleares entre EEUU y Rusia, habría una mejor actitud y cultura para discutir sobre el desarme interno. Pero no es así.  

Tensión entre la verdad y la libertad

Desde mis inicios en el periodismo hasta mi actual exploración en la ficción, la relación entre verdad y libertad siempre me ha fascinado. S...