El muerto se asusta del degollado

La verdad que Fidel Castro deja mucho que desear cuando critica a la ONU por haber nombrado al ex presidente Alvaro Uribe como vicepresidente de la comisión que tendrá a cargo la investigación del ataque de Israel a la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza.
Fidel criticó que haberlo nombrado a Uribe en esa posición le da inmunidad – e impunidad - ante los crímenes de lesa humanidad que habría cometido en su país. Y lo dijo con total desparpajo, casi como desconociendo la historia, su propia historia.
Sin tratar de justificar las malas acciones que ha tenido Uribe como presidente, éstas ni siquiera se comparan en un uno por ciento de todas las atrocidades que ha cometido él durante los más de 50 años de dictadura y totalitarismo cubano.
La verdad que no es serio prestarle atención a los disparates de Fidel, un hombre que ha hecho de las libertades individuales y sociales puro mamarracho. Una vergüenza para la raza humana, como el resto de los dictadores, sin distingo de ideologías.

Corrupción: publicidad oficial

No hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios e comunicación y periodistas que lo critican o para premiar a aquellos que lo favorecen.
Este modelo de premiar o castigar a los medios es tan viejo como la prostitución y cada gobierno lo asume con la misma naturalidad que rechaza esta práctica cuando es oposición. Lo peor de todo, no es solo la mala práctica, sino que mucha gente disculpa al gobierno diciendo que tiene el derecho de usar la publicidad donde y como más le convenga.
Muchos no se dan cuenta que no se trata de publicidad, sino del manejo de recursos públicos y cuando estos son administrados ineficientemente, esto no tiene otra traducción que corrupción.
En Argentina, la oposición, liderada en este tema por la diputada Silvana Giudici, está presentando un proyecto de ley auspicioso que busca imponer al gobierno ciertas restricciones para que no pueda discriminar a los medios con la publicidad oficial y para que no pueda usarla como propaganda política o para su propio beneficio partidario.
Giudice, en una nota de opinión publicada por La Nación de Buenos Aires el 12 de agosto, denuncia que el gobierno de los Kirchner gasta 800 millones en publicidad oficial, 900 millones en la televisación del fútbol, además de los 1.000 millones en la creación de la televisión digital.
Lo importante es que esta sería la primera ley de esta naturaleza que podría ayudar para sentar un buen precedente para otros países latinoamericanos, cuyos pueblos también demandan que sus gobiernos sean transparente y usen los recursos públicos en forma transparente, sin negligencia o mala práctica.

Wikileaks, la verdad y la seguridad

Desde que hace un mes el sitio de internet Wikileaks, dedicado desde que abrió en 2006, a difundir documentos secretos, publicó unos 76 mil sobre EEUU y su involucramiento en la guerra de Afganistán, todo tipo de argumentos, a favor y en contra, sobre los derechos u obligaciones del sitio y sobre el papel de la prensa, respecto a temas tan complejos como la seguridad nacional, arreciaron en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales y en el internet.
Hasta ahora nunca había habido tanto debate, tal vez porque estamos en una época de mayor interactividad y todo el mundo - como antes – no solo que piensa, sino que ahora tiene más posibilidades de expresar sus pensamientos.
Hay varios componentes en este caso que tienen que ver no solo con cuestiones legales, sino con la ética, desde que previamente un análisis sobre estos documentos fue expresado días antes de su publicación por The New York Times, The Guardian y Der Spiegel.
El gobierno estadounidense poco pudo hacer y seguramente intentará, además de proferir amenazas como las que hizo esta semana el Pentágono para evitar que Wikileaks difunda 15 mil documentos adicionales, entablar algún tipo de demanda para detener el sitio a que siga “poniendo el riesgo de personas en Afganistán”, así sean soldados, civiles, contratistas y la seguridad nacional.
Para EEUU no es una situación saludable, no solo por los documentos que debe trabar, sino porque siendo el país que clama por la liberación de internet y ha estado siempre renuente en los foros internacionales a que el internet sea regulado por los gobiernos, pudiera ahora correr el riesgo de tener que ponerse en el bando de los “malos”, aquellos gobiernos que buscan cualquier estrategia para imponer controles.
Es cierto que el tema de seguridad nacional es uno de los dilemas éticos a los que se debe enfrentar el periodismo toda vez que tiene que sacar los trapitos al sol, pero es también necesario que muchas veces los medios deben desafiar al sistema y a las leyes cuando hay informaciones que tienen mayor “interés común y social” que el de los propios gobiernos, que por naturaleza siempre tratarán de ocultar información o al menos mantenerla clasificada.
Nos podríamos imaginar que pasaría en situaciones similares con otros gobiernos que pasarían por la misma situación que EEUU. Chávez ya estaría hablando de conspiraciones promovidas por el imperio, Fidel de que esto es parte del embargo, los chinos acusando a los rusos y los coreanos del norte a los del sur.
El balance es difícil: verdad, seguridad nacional, derecho a publicar y deberes de no publicar.
Seguramente en los próximos días este tema tendrá nueva aristas cuando Wikileaks decida publicar el resto de los 15 mil documentos. Alago que a su creador, Assange, ya le valió que lo contraten diarios suecos como columnista.

Secuestros y prensa

El secuestro de periodistas que trabajan para medios importantes en la Ciudad de México ha puesto en evidencia la existencia de dos clases de prensa, como ocurre en toda Latinoamérica, una del interior, en las provincias; y la otra, la de las capitales o grandes urbes. El contraste es abismal.
No se trata solo de diferencias salariales, de acceso a preparación profesional, de vulnerabilidad o exposición al peligro, sino también de niveles de solidaridad profesional y de protección y atención gubernamental.
La reacción y la presión de la prensa nacional, así como la repercusión internacional y la rapidez policial para liberar a los periodistas, dos de ellos de medios prominentes, la televisora Televisa y el periódico Milenio, contrastan con la poca atención del Gobierno y la escasa solidaridad del gremio periodístico sobre la violencia y el incremento de asesinatos (70) y desapariciones (19) de informadores que se vienen registrando con total impunidad en el último lustro en el interior del país.
México no es la excepción. En Argentina Brasil y Colombia, la prensa nacional e internacional y los gobiernos reaccionaron ante los asesinatos de periodistas de medios importantes como José Luis Cabezas en Buenos Aires o Tim Lopes en Río de Janeiro, o ante el ataque de los narcotraficantes a la sede se El Espectador en Bogotá.
La prensa nacional mexicana, ahora atacada, tendrá la solidaridad con marchas y muestras de afecto, como programas televisivos que fueron dejados en blanco y ríos de tinta en señal de protesta, e instituciones y políticos locales y foráneos que ostentan su oportuna presencia. La del interior, siempre vulnerada y hasta ahora casi ignorada, seguirá esperando la solidaridad gremial y política, que sus secuestrados aparezcan y los asesinatos sean resueltos, y que el Congreso y el Poder Ejecutivo nacionales reaccionen tras un reclamo de años por mejores leyes, más amparo y protección.
Muchos, con razón, dicen que la gravedad de los secuestros de esta vez no estaba solo dada por el plagio, sino porque el crimen organizado extorsionó a los medios para que trasmitan videos so pena de asesinar a los periodistas. Pero en el interior, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa o Durango, la prensa desde hace años reclama estar secuestrada y sus líneas editoriales vulneradas. Ante la inacción gubernamental, directores y periodistas admiten que se ven obligados a autocensurarse como medida de protección o, lo que es peor, a dejar que los narcos dicten la pauta noticiosa, comprando silencio o titulares.
El periodismo estadounidense también es responsable indirecto de la existencia de estas dos prensas. El retiro masivo de corresponsales de suelo mexicano ha creado un vacío informativo y minimizado la presión sobre los gobiernos. Un solo párrafo de un solo día en una tapa del New York Times o el Wall Street Journal tiene mil veces mayor influencia y presión económica sobre un gobierno que el machaqueo continuo y de años que puede hacer un diario local.
Pero no es tiempo para rasgarse las vestiduras. Este caso de secuestros pudiera ser el punto de inflexión que la prensa mexicana – toda – necesitaba. El gobierno está con la guardia baja y anuente a conceder lo que se le reclama, como lo viene haciendo la SIP desde hace más de una década: federalización de crímenes contra periodistas, no prescripción de esos delitos, aumento de penas contra quienes los cometan e instituciones que velen por todo esto, con recursos y presupuesto.
Este jueves el presidente Felipe Calderón reunió a medios capitalinos. ¿El resultado?: Muy malo. Los medios tienen la culpa de la crisis violenta; hacen apología; son responsables; deben autorregularse. El gobierno salió indemne.
Pero no todo depende del gobierno, ni las marchas entre periodistas son suficientes; son las manifestaciones del pueblo a las que los políticos temen y quieren agradar.
Si la prensa mexicana quiere salir fortalecida de esta experiencia debe hacer mucha autocrítica y desbordar unidad, solidaridad e igualdad. Debe lograr que sus secuestrados y muertos, como en las experiencias foráneas de Cabezas, Lopes o El Espectador, sirvan para que la opinión pública general entienda que cuando cae un periodista o un medio es atacado, sin diferencias, así sea en una capital o en un pueblito, todos pierden.

¿Legalizar las drogas?

El presidente mexicano Felipe Calderón encendió el debate sobre la legalización de las drogas en México como formato eficiente para derrotar la violencia generada por el narcotráfico, aunque advirtió que no cree en los argumentos a favor.

El ex presidente Vicente Fox, así como muchos otros ex presidentes que intentan salir del anonimato, ni lerdo ni perezoso, argumentó que legalizar las drogas es la única forma de blanquear el negocio sucio de los narcos, crear una nueva clase de empresarios que se inscriba como tal y pague impuestos.

El argumento no es nuevo, ya otros ex presidentes, el brasileño Fernando Enrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Felipe Zedillo, lo plantearon hace casi dos años, sorprendentemente un planteamiento que nunca hicieron cuando ejercían el liderazgo.

Tanto Fox como sus colegas siempre ponen de ejemplo el tema de la “ley seca” en Estados Unidos y como la prohibición del alcohol en las primeras décadas del siglo pasado atrajo violencia, contrabando y muchos delitos anexos, los que – según ellos - fueron superados una vez que se legalizó el alcohol.

No es cierto. Lo que logró Estados Unidos fue primero desarticular a las bandas y luego liberalizar el alcohol. Además no se puede comparar el efecto negativo y el potencial destructivo de las drogas con el alcohol. En este caso, uno se preguntaría: para reducir los niveles de los homicidios ¿no sería apropiado legalizar los asesinatos? O si para reducir los robos ¿será que los ladrones se deberían inscribir en un sindicato y deberían pagar sus impuestos a las ganancias?

Lo que Calderón debe hacer es insistir ante los estamentos judiciales de su país, y buscar las reformas apropiadas para combatir la impunidad, como lo está haciendo a través de sus foros sobre estrategias anti crimen y seguridad. Como bien él reclamó, no puede ser que solo el 15 por ciento de las personas detenidas por delitos relacionadas al narcotráfico y a las drogas termina condenada. O ¿por qué hay tanta corrupción en las cárceles desde donde los narcotraficantes siguen ordenando sus negocios o sus carceleros les permiten salir para cometer crímenes?

El problema en México no se solucionará con la legalización de las drogas, sino con una justicia más eficiente.

Chávez y sus guardianes

Hace varias noches que miro en CNN en Español el programa del presentador Carlos Montero, quien está mostrando y haciendo debates sobre el documental de la televisión española Los Guardianes de Chávez, que describe el clima de violencia tolerado por el gobierno venezolano.

Esta noche CNN y Montero fueron acusados de hacer un “periodismo pornográfico” por mostrar un documental que el chavismo considera sesgado ya que, como dijo el presidente de la cadena televisiva Telesur, y ex ministro de Comunicación de Chávez, César Izarra, “no muestra los cambios estructurales” que el gobierno está logrando, en especial la reducción de la pobreza.

Pero como el programa no era sobre los índices de pobreza sino sobre la inacción del gobierno para detener los graves niveles de violencia – siendo considerada Caracas una de las ciudades más peligrosas del planeta – Izarra quedó sin argumentos. Por eso hizo lo que sabe hacer mejor. Desacreditó el trabajo periodístico, se rió a carcajadas frente a las cámaras de los otros dos interlocutores, un sociólogo y el jefe de Policía del estado de Miranda, desacreditó absolutamente todo y dijo que su hilaridad se debía al periodismo pornográfico y decadente en que había caído la cadena CNN. Pero no pudo defender o argumentar sobre el descontrol oficial sobre la pobreza, ni defender a su gobierno por no ofrecer cifras oficiales sobre el tema desde el 2005. Sí las da sobre la pobreza, reducción que en el programa de CNN se alabó.

Una lástima que alguien que se define como periodista como Izarra haya actuado de esa manera, porque lo único que logró ante las cámaras es desacreditar a su gobierno y prácticamente burlarse del problema de inseguridad que hasta las propias autoridades venezolanas admiten.

Realmente mostró su capacidad de perro guardián del régimen, rabioso, histriónico, burlón. Son de este tipo de gente que en cualquier momento no le importará morder la mano de su amo. Son guardianes peligrosos.

Acuerdo necesario, idílico, pero ingenuo

El acuerdo para reiniciar relaciones diplomáticas entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez es bueno y era necesario. Los pueblos no tienen que pagar los platos rotos ni las peleas de micrófono entre gobiernos. Las relaciones no tenían por qué estar rotas.
El acuerdo es bueno, tiene puntos específicos y un compromiso de Hugo Chávez de no permitir actividades de grupos ilícitos del lado de su frontera. Es un pacto conveniente, para Santos y más donde todo lo que haga en estos primeros cien días se lo verá dentro de su espacio de maniobra hasta que el tiempo y el cargo pesen.
Pero así de necesario como idílico, el pacto también es ingenuo, sobre todo teniendo en frente a alguien que no mantiene su palabra muy fácilmente. Que no reconoce acuerdos internacionales firmados por administraciones anteriores ni permite a organismos de derechos humanos o veedores o comisiones internacionales entrar a su territorio.
Chávez en cualquier momento rompe o congela relaciones, después de que algo no le guste, como ya ocurrió en cuatro oportunidades… o moviliza soldados a la frontera para hacer la del tero (pajarito de las pampas argentinas que pía en lugares lejanos a su nido en el suelo para despistar a los intrusos o agresores).
Ahora, Chávez, salió de nuevo con la suya del entuerto de tener que permitir o hacer investigaciones para comprobar lo que el ex gobierno de Uribe denunció y lo que también mostró el documental de la televisión española, Los Guardianes de Chávez, que en Venezuela anidan guerrillas de las FARC.
Santos hizo lo que tenía que hacer, no le quedaba otra, y tampoco es tan ingenuo para tragarse cualquier ostra. Uribe seguramente siga buscando a Chávez a través de la Corte Penal Internacional y hasta Santos tendrá que mediar para que no siga la pelea.
Veremos cuánto dura la calma de Chávez, que siempre se aprovecha, con sus bravuconadas, de la situación.