Cuidado! Chávez pierde popularidad

Lo que en cualquier situación pudiera ser un signo magnífico, de que un gobierno autoritario y populista pierda popularidad y aceptación en su país, en el caso de Hugo Chávez me temo que la experiencia indica que eso es contraproducente.

Los narcisistas siempre encuentran la fórmula para hacerse notar cada vez que todos bajamos la guardia ante un período de tranquilidad súbita. Chávez a quien solo le falta que sus grandes cartelones con sus fotos estén adornados con gigantescos monumentos de bronce, siempre suele aparecer estruendosamente para que todo el mundo hable de él después de períodos en que su popularidad va en baja.

Así sea por expropiaciones de compañías domésticas o internacionales en su territorio, por la persecución “judicial” contra un opositor o porque de repente reorganiza otra cumbre de países del Alba a destiempo o se reúne con los presidentes de Irán o Libia, o alerta sobre un intento de invasión estadounidense, o salta contra una supuesta conspiración para asesinarlo, o lo que fuera. Pero siempre sus grandes anuncios coinciden con épocas en que parece retroceder un paso para adelantarse 20, como cuando construyó su Constitución o emitió leyes a granel después de que en un referendo el pueblo le dijo que no a sus intentos de usurpar el poder para siempre.

Una encuesta reciente de la firma Hinterlaces demuestra que perdió 10 por ciento de aceptación desde enero de este año, debido a los problemas económicos y a la percepción de que el gobierno es demasiado caótico, burocrático e ineficiente. Según un cable de la AFP indica que si las elecciones presidenciales se celebraran esta semana, un 49 por ciento de los venezolanos no sabría por quién votar, un 35 por ciento votaría por Chávez y un 16 por ciento por otros candidatos sin especificar.
Claro está, es que Chávez tiene un poder increíble de reacción y termina siempre aprovechándose de campañas políticas – el año que viene habrá elecciones legislativas – para fundamentar su reelección y ganar el poco terreno que va perdiendo, sobre el cual sabe muy bien como echarle culpas a fuerzas extranjeras e internacionales, un discurso que sin oposición o débil oposición, termina por ser creíble.
El problema de Venezuela tampoco es que no haya oposición. Ello es parte de la verdad. El mayor problema es que Chávez se ha encargado de derribarla y pisotearla con argumentos populista poco transparentes y mentirosos, porque no puede ser que opositores que le hubieran podido hacer sombres estén detrás de las rejas, como Baduel, o en el exilio, como Rosales.
En la Venezuela de Chávez no se permite el disenso, ya que es considerado desestabilizador de la democracia.

¿No es que no eran presos políticos?

El régimen castrista cubano siempre negó que existieran presos políticos en la Isla y menos que lo fueran los 75 disidentes que fueron apresados durante la “primavera negra” de marzo de 2003, a quienes se les impuso condenas de hasta más de 30 años tras juicios sumarísimos. El mayor pecado que había cometido esta gente fue hablar y expresar su disenso con las políticas monolíticas del régimen.

La visita del canciller español, Miguel Angel Moratinos, a Cuba en los últimos dos días, desenmascaró al gobierno cubano en su impostura, al liberar a Nelson Aguiar y Lázaro Angulo, además de permitir la salida del país de la esposa del prisionero Oscar Elías Biscet, Elsa Morejón.
La liberación de estos presos mediante orden directa de Raúl Castro - como una forma de congraciarse con los españoles para que logren derogar algunas sanciones de la Comunidad Europea - demuestra cabalmente que se trata de presos de conciencia sobre los que el Poder Ejecutivo en La Habana dispone sin intervención alguna del Poder Judicial.
Y pensar que todavía hay organizaciones como la OEA que hacen la vista gorda a esta calamidad, desconociendo – como lo han hecho más de diez presidentes latinoamericanos que visitaron a los Castro desde principios de año para celebrar los 50 años de la revolución – a quienes se están pudriendo en las cárceles por el solo hecho de disentir.
Según una cuenta del periodista Wilfredo Cancio de El Nuevo Herald de Miami, ya están en libertad por motivos humanitarios 22 de los disidentes arrestados durante la “primavera negra”; 10 de ellos en Cuba y 11 están en el exilio en EE.UU., España y Suecia. Miguel Valdés Tamayo falleció en La Habana en enero del 2007.

Ortega: la reelección que faltaba

Ya se veía venir. Daniel Ortega haría cualquier cosa con tal de poder ser reelegido. Los sandinistas no pudieron cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial, reducir el número de jueces de la Corte Suprema, es decir eliminando a los liberales, y finalmente el gran favor se lo hicieron los jueces sandinistas de la Corte Constitucional.

Si este fallo permanece, Ortega no tendrá problemas para reelegirse en el 2011 y considerando el fraude cometido en noviembre del 2008 en las elecciones municipales, no hay dudas que seguirá siendo el presidente de Nicaragua.

Ortega logró lo que Manuel Zelaya no pudo. Es obvio que los países nucleados en el ALBA salieran hoy a relucir y felicitar al “pueblo nicaragüense” por lo que consiguió, como si realmente se tratara del pueblo. Increíble.

De esta forma, los países del Alba van cerrando el círculo. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa ya tienen la reelección, algo que no pudo conseguir Zelaya y que se verá que decidirá la Corte Suprema de Nicaragua sobre el tema.

Defienden a Correa

La reunión que mantuvimos entre una delegación de la SIP y funcionarios del gobierno del presidente Rafael Correa el pasado viernes en el Palacio de Corondolet en Quito fue cordial. Ambos grupos no dejamos de mostrar nuestras diferencias sobre libertad de prensa y sobre la nueva ley de Comunicación que el gobierno está impulsando.
Pero en medio del diálogo, siempre respetuoso, el secretario privado del Presidente, Galo Mora, con tono medido espetó que Gonzalo Marroquin de nuestra delegación había calificado acciones de Correa como “torpezas” y que yo me había referido en alguna oportunidad al Presidente como que tenía “un historial tétrico en materia de ética”.
Puede ser. En realidad no son epítetos tan fuertes ni tan sarcásticos como los que Correa todos los sábados insulta a los periodistas en su programa encadenado, que tiene un espacio especial para criticar a la prensa. En ese segmento, en tono burlón la llegó a calificar de “incompetente”,” calumniadora”, “mentirosa”,” corrupta”, “mediocre”, “mafiosa”, “pornografía periodística”, ”miseria humana”, “bestias salvajes” y “brutos que publican porquerías”; además de “racistas”, “discriminadores” y “excluyentes”. Por cierto, epítetos todos más elevados de tono que “torpeza” e “historial tétrico en materia de ética”.
Mora también – en su defensa del Presidente - nos dijo que la SIP no tenía autoridad moral para criticar a nadie después de que el edificio sede en Miami de la organización lleva el nombre de Jules Dubois, un periodista estadounidense al que calificó de agente de la CIA; algo que Correa también recalcó este sábado como parte de su campaña de desprestigio contra la prensa, agregando que la SIP fue fundada por (Dubois) un agente de la CIA confeso. De esta forma, utilizó la misma treta de desprestigio y descrédito.
Ese mismo día, con su estilo sarcástico dijo que el proyecto de ley de Comunicación es el “proyecto estrella del gobierno”, objetando que esté siendo cuestionado por la mezquindad de la prensa que “quieren leyes para todos menos para ellos ¿Ley de Comunicación? Uuuuy! Qué pecado!”.
Una lástima que Correa no pueda dialogar y crear un debate decente en materia de libertad de prensa e información. En su descrédito continuo disfraza su intención verdadera de restringir a los medios de comunicación. La ley propuesta no es más que eso, una forma legal de control.

Maradona: líder irresponsable

Me gustaría que Maradona - a quien siempre defendí por lo que representó como jugador, no por sus monerías como persona – fuera castigado, incluso por más partidos que los cinco que le daría de suspensión la FIFA por haber insultado a periodistas apenas terminó el partido contra Uruguay y en la conferencia de prensa.
Sus insultos - de por sí demasiados más groseros que el “hijo de puta” en contra del gobernador de Puerto Rico y la camiseta en contra de Uribe por las bases militares en los premios MTV que prodigaron los cantantes de Calle 13 esa misma noche - son parte de esa pantomima maradoniana que ha deshecho a los periodistas con verbos y demandas tan irrisorias como “chupámela...” “mamámela …” “y la tenés bien adentro”. Groserías verbales comparables a las acciones contrarias a los periodistas como aquellos balines que les disparó con un rifle de aire comprimido.
Lo de Maradona es grave. Muy grave. Los insultos pudieran ser graciosos si no fueran que provienen de una persona de fama mundial. Esa notoriedad y popularidad hacen que esos insultos sean doblemente perjudiciales; un agravante que tendría en cuenta un juez en un proceso por difamación entre la víctima y el agresor.
Justamente esa popularidad es la que hace más fuerte la necesidad de que Maradona sea sancionado. Los argentinos nos damos cuenta de esa notoriedad cuando en cualquier parte del mundo, por más recóndito lugar que sea, cada vez que expresamos que somos de Argentina, una imagen frecuente e inseparable se nos presenta frente a nosotros. El interlocutor, con sonrisa ampliamente desplegada, contesta: “ah Maradona”. Fue parte de eso que Digo haya sido elegido el “mejor jugador de la historia” en una encuesta de la FIFA de hace dos años, no porque haya sido mejor que Pelé, sino simplemente porque ha tenido la suerte de ser parte de una época en que sus goles se vieron en vivo y en directo por televisión, y repetidos incluso miles de veces más que los más de 1.000 que metió Pelé.
Maradona - a quien muchos detestan por sus problemas de drogadicción, por sus tatuajes del Che, por y por sus visitas y simpatías con Castro, Morales, Cristina de Kirchner y Chávez – ha regalado a los argentinos y al mundo, muchas de las páginas más gloriosas como jugador, y por ello, muchos (me incluyo) le hemos justificado, como lo hizo ahora el presidente de la AFA, Grondona, esos exabruptos y conductas no muy santas, excusándolo de que nadie puede tirar la primera piedra ya que tenemos todos algo de lo que avergonzarnos o arrepentirnos.
Lamentablemente, la experiencia nos está dictado que todos hemos tenido la culpa de haber justificado, aceptado y excusado esas malas acciones, lo que ha generado que este tipo siga haciendo de las suyas y sus declaraciones hasta sean tomadas con humor.
Su trabajo como técnico es malo. Deplorable. Pero tuvo suerte y de repente tendrá tiempo para recuperar - y bien asesorado - el equipo pudiera tener chances de pasar la primera fase en el próximo mundial. Sin embargo, esa no debería ser la vara para medir a Maradona, una persona que no respeta la crítica y que considera que todo lo que se diga en contra de su trabajo y de lo malo que jugó hasta ahora la selección, es una crítica a su persona, creyéndose como un dios en el centro del universo. Como sucede con todos los dictadores, terminan siempre derruidos por su sobrevaloración como personas, por su egoísmo sin fin.
El insulto contra un par de periodistas fue un insulto contra todos los periodistas y contra todas las personas que ven, leen y escuchan (consientan o disientan) a través del periodismo. Es necesario por eso, para el bien del fútbol y del propio Maradona, que la amonestación no solamente venga de la FIFA sino también de la propia AFA que hasta ahora ha evadido su responsabilidad mirando hacia otro lado.
Para mi gusto. Maradona ya hace rato que debiera haber dejado el puesto como entrenador de la selección. Antes lo pensaba solo por cuestiones técnicas, ahora también por cuestiones de liderazgo. Un líder no puede ser un matón de barrio, ni una selección nacional puede ser el balcón para insultar a todo el mundo, ni la marca popular y notoria de Maradona puede ser utilizada para desprestigiar a todo un país. Maradona debe ser más responsable con su apellido.

Sillones presidenciales

Las condenas por corrupción dictadas esta semana contra los ex presidentes Rafael Angel Calderón de Costa Rica y Alberto Fujimori de Perú, así como el nuevo proceso al argentino Carlos Menem, profundizan el desprestigio al que se ha sometido al sillón presidencial.
El enjuiciamiento de los ex mandatarios forma parte de la tragicomedia de las instituciones latinoamericanas. Hay que armarse de sentido del humor para no dejarse impresionar por la gama de delitos tan colorida como el arcoíris, así como por la suerte de sus responsables: pocos tras las rejas, algunos aprisionados en sus domicilios, muchos exiliados, todos degradados.
En este melodrama se encuentran dictadores despiadados castigados por robar bebés como el argentino Rafael Videla, procesados por cuentas bancarias secretas y pasaportes falsos como el chileno Augusto Pinochet, en cuyo país se atrapó al tres veces presidente peruano Alberto Fujimori, quien renunció por fax desde Japón, después de que su Congreso lo declarara “incapacitado moral” para gobernar. Así emuló al mexicano Carlos Salinas de Gortari que escapó a Irlanda tras cargos de corrupción, los mismos por las que el brasileño Collor de Melo renunció antes de que lo impugnara su Congreso y por las que el ecuatoriano Abdalá Bucaram fue destituido por el suyo, aduciéndose “incapacidad mental para gobernar”.
La justicia, inhibida de accionar contra los presidentes en ejercicio porque gozan de inmunidad constitucional, debe esperar el término de mandato para procesar los abusos. Así, la exención ante el delito se convierte en impunidad por lo que muchos pueden seguir gobernando, sin mayores problemas, a pesar de valijas llenas de dólares enviadas por otros gobiernos o transferencias bancarias de grupos guerrilleros y narcotraficantes para fondos de campañas electorales.
Esta semana los italianos resolvieron este intríngulis entre la inmunidad y la impunidad. El Tribunal Constitucional determinó que todos son iguales ante la ley como reza la Constitución, incluso para los cuatro cargos más altos del gobierno, entre ellos el del primer ministro Silvio Berlusconi, quien en lo sucesivo podrá ser enjuiciado como cualquier hijo de vecino por casos de corrupción.
La decisión italiana plantea la pregunta de si será conveniente que exista la inmunidad para que los dirigentes puedan gobernar sin distracciones o si es mejor que la justicia pueda actuar en cualquier momento, disuadiendo a quienes cometen abusos con desparpajo.

De haber existido la fórmula italiana, tal vez se hubieran limitado aquellos que robaron sin vergüenza como el nicaragüense Arnoldo Alemán, el haitiano Jean Claude Duvalier y el panameño Manuel Noriega; o quizás el venezolano Carlos Andrés Pérez y los paraguayos Luis Angel Macchi y Carlos Wasmosy no hubieran malversado fondos; o el argentino Fernando de la Rúa hubiese evitado sobornos, igual que el costarricense Miguel Angel Rodríguez, quien debió renunciar a su flamante cargo de secretario de la OEA.
La lista de delitos y ex presidentes delincuentes es prominente y hay dos hechos que la alargan y fomentan. Por un lado, un sistema de exilio político permisivo como el que potenció el ex presidente panameño Martín Torrijos al dejar la presidencia en junio, otorgándoles "asilo diplomático permanente" al haitiano Raúl Cedras, al guatemalteco Jorge Serrano Elías y a Bucaram. Y por otro lado, unas reformas constitucionales que mediante la reelección presidencial dotan a sus portadores de inmunidad e impunidad a perpetuidad, como los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Algo que intentará el paraguayo Fernando Lugo, quien para lograrlo, deberá levantar la prohibición de reelección que data de la reforma de 1992, que tuvo la intención de evitar, justamente, cualquier asomo autoritario, en respuesta a la dictadura de Alfredo Stroesner.
La corrupción parece traspasar las ideologías y los sistemas. Fue popular en las dictaduras, en los procesos neoliberales y socialdemócratas y sigue siéndolo en los presentes neopopulismos. No es difícil imaginar la suerte que tendrán muchos de los presidentes actuales, sospechados de abusos e irregularidades.
El ex mandatario colombiano Alfonso López Michelsen solía decir que los ex presidentes se parecían a los “muebles viejos”, porque nadie sabía qué hacer con ellos. Sin embargo, por la conducta corrupta, penal y auto degradante de sus titulares, pareciera que los sillones presidenciales están solo destinados a servir de leña para la hoguera de la historia.

Pobres ecuatorianos: embaucados

Después de dos agotadoras jornadas en Quito donde vine con la SIP como parte de una misión sobre libertad de prensa, la cabeza me sigue doliendo y me retumba. No. No se trata de la altura, lo que obviamente me afecta siempre, sino de haber escuchado por dos días a legisladores oficialistas y funcionarios de gobierno que están decididos a dictar una Ley de Comunicación que será un desastre para los ecuatorianos.
El gobierno – con quienes nos reunimos estos dos días – sostiene que debe legislar sobre los medios para salvaguardar el derecho del público a recibir información veraz, rectificada y contrastada como “manda” la Constitución que él mismo creó a imagen y semejanza para controlar a los medios.
La justificación es demagógica y bien elaborada. El gobierno sostiene que la información es un bien público y para lo cual debe salvaguardar el derecho de los ecuatorianos a recibir información responsable, es decir que no esté manipulada, que no sea mentirosa, acusando en el ínterin a los medios y periodistas de cometer excesos y ser amarillistas.
Para ello, los tres abominables proyectos de ley que estudia el Congreso, harán obligatoria la ética periodística, exigiendo que los medios tengan códigos de ética y que en las redacciones se instale un ombudsman; actividades éstas que serán vigiladas por un defensor del público o una veeduría que podrá sancionar a los medios con ciertas tipificaciones hasta poder disponer su cierre. De esta forma, este nuevo organismo – un Consejo de Comunicación – suplantará a los tribunales de justicia creándose un “tribunal” especial de prensa.
Hasta ahí, el discurso gubernamental es convincente. Alimenta las mentes de todas aquellas – y muchas – personas que se sienten desairadas por los medios y estimula la idea de que los medios conforman un poder que debe ser detenido y controlado.
Pero en realidad esto es lo que sucederá, premonición que hago sobre la base de la experiencia ecuatoriana y de muchos otros gobiernos neo populistas del momento en América Latina que se han mostrado desesperados por controlar a los medios para diversificar su línea propagandística, como el caso de Venezuela, Bolivia y este país del Ecuador, donde el gobierno ya controla el 70% de la televisión.
Una vez sancionada la ley, el gobierno tratará de hegemonizar un código de ética que se aplique a todos por igual ya que la ley no podrá lidiar con códigos en cada uno de los medios. Y así como utiliza a sus secuaces pagándoles dinero para que participen en marchas políticas, utilizará a esa misma gente para levantar denuncias contra los medios y tratar, mediante ellas, a los medios más críticos al gobierno.
Con la ley en la mano, el gobierno tendrá un arma formidable para controlar a la prensa. Y cuando eso ocurra, lo que realmente sucederá es que el público perderá canales de información plurales y diversos como la norma trata de establecer. Pobres ecuatorianos, su gobierno los está embaucando.