Venezuela y la prohibición democrática

La autocracia de Hugo Chávez sigue haciendo de las suyas, esta vez contra el ex candidato a presidente Manuel Rosales, actual alcalde de Maracaibo, a quien el gobierno nacional le sigue un proceso por presunta corrupción por “enriquecimiento ilícito” mientras era gobernador del estado de Zulia.
Ahora, la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió que su caso se ventile en tribunales de Caracas en lugar de hacerlo en Maracaibo según el proceso iniciado por la Fiscalía General en Maracaibo, debido a que Rosales se habría reunido con jueces de su estado.
Sin embargo, según los críticos, se trataría de una nueva medida ambientada por el gobierno nacional para “salirse con la suya” y terminar de encausar al alcalde, de tal forma de sacarlo del ruedo político y de cualquier eventualidad electoral futura en la que le pudiera hacer sobra a Chávez, que tiene el objetivo de eternizarse en el poder a toda costa.
Esta forma legal y jurídica es una forma bien orquestada que el gobierno viene utilizando para espantar a los políticos de oposición. Justamente ayer, el alcalde del municipio de el Chacao en Caracas, Leopoldo López, quien fue proscripto para cargos electorales por el gobierno de Chávez, tuvo una comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde denunció las repercusiones negativas que su caso tiene para el futuro de la democracia en Venezuela.
El único pecado del joven López en su carrera política – quien no ha cometido delito alguno aunque se lo acusa, sin proceso alguno, de corrupción – es haber subido en popularidad, lo que lo convierte en un potencial contrincante de Chávez en un escenario próximo futuro. Eso, en la Venezuela chavista, no se perdona, por lo que de inmediato los dependientes poderes Legislativo y Judicial actúan en consonancia con los deseos del Ejecutivo.
Es tan poca la democracia que hay en Venezuela, que López – proscripto por seis años de la actividad política - es sólo uno de los 270 políticos opositores que Chávez ha mandado proscribir.

La arrogancia incoherente de Correa

Como muchos otros presidentes latinoamericanos que se están durmiendo en la soberbia de la popularidad a base de propaganda, el primer mandatario ecuatoriano, Rafael Correa no se aguantó la crítica contra su gobierno que le hiciéramos desde la SIP, por lo que ahora de visita en el país guaraní tildó a la SIP de corrupta, mediocre y de haber estado emparentada a la CIA.
Como siempre lo hace, lleno de arrogancia e incoherencias, Correa apunta a desacreditar al mensajero, y tirar una cortina de humo sobre las críticas que se le hacen y de poner a la prensa en la verdad del frente como si se tratara de un interlocutor político al que, como contrincante, debe descalificar.
Correa, obviamente, no entiende el papel del periodismo, y más desmantelado queda con su argumentos al haber sido él mismo el que está utilizando a los medios públicos como si fueran propios, seguir propiciando la creación de medios que se utilizan como brazo de propaganda para beneficio propio en el proceso electoral y permitir el encarcelamiento de periodistas en su país.
Como parte de sus críticas en la conferencia de prensa que ofreció en Asunción junto a su homólogo paraguayo, Fernando Lugo, Correa dijo que en América Latina existe “una prensa corrupta, mediocre, que cumple
un rol político". Y así como otros mandatarios, trató de descalificar a la SIP diciendo que ni siquiera está integrada por periodistas sino por propietarios de medios, como si eso invalidara a una persona a ser periodista, agregando que lo único que le interesa a la SIP no es la libertad de prensa sino la “libertad de hacer negocios”.
Parece que Correa trata de hacer ver que no entiende que los medios son empresas privadas y como tal necesitan ganar dinero para subsistir y ser independientes del poder. El único lugar donde la empresa privada o hacer dinero es ilícito, ilegítimo y considerado un pecado es en la sociedad comunista. ¿Será que se está desenmascarando cada vez más? o ¿es que simplemente sigue con sus incoherencias arrogantes?

Militarización: respuesta adecuada

Más rápido de lo que se esperaba el gobierno de Barack Obama está decidido – después de escuchar las críticas de su contraparte mexicana – a enviar a la frontera Sur a la guardia nacional para que detenga no solo el crimen provocado por los narcos mexicanos en ciudades estadounidenses, sino también para detener el tráfico de armas desde el norte.

De la misma forma que Felipe Calderón, al gobierno estadounidense no le quedó otra opción que combatir el narcotráfico con sus mismas armas, ya que la policía y la DEA se ven sobrepasadas por la capacidad de fuego de los sicarios del narco.

De esta forma, Obama da un paso adelante en materia de seguridad interior, aunque no se entiende porque el Congreso estadounidense ha debilitado los fondos para el Plan Mérida, el proyecto multimillonario de ayuda a México para combatir al narco.

La militarización de la frontera, o lo que significa tratar de detener el tráfico de armas hacia el Sur, es la medida más directa que adoptará el gobierno de Obama, una señal alentadora para su visita a México que realizará el 16 de abril y para Hillary Clinton que irá a México esta semana, así como el secretario de Justicia, Eric Holder, y la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.

Lo que habrá que monitorear en los próximos meses es cuán efectivo podrán ser los militares, y a pesar de que haya siempre una preocupación por la violación de los derechos humanos, es tan letal el avance del narco que ésta parece ser la respuesta adecuada.

La necesidad de depurar la policía

Cuando todavía usaba pantalones cortos en mi San Francisco argentino, mi mamá me rogaba que al pasar frente al destacamento policial lo hiciera por la otra acera. “Nunca se sabe con esos tipos”, me decía, denotando la desconfianza que en aquella época recaía sobre los uniformados.
Cincuenta años después, la percepción sobre el descrédito de los policías, lejos de mejorar, se profundizó en cada ciudad latinoamericana. El clima de inseguridad, reflejado en el simple hecho de tener miedo de salir a la calle o tomar un taxi por temor a ser víctima de atraco o secuestro, se ha desmejorado aún más, ya que quienes deben velar por el orden público y prevenir el delito, se han convertido en cómplices de los delincuentes.
La apreciación es general. Un sondeo reciente en 330 localidades guatemaltecas reflejó que el 82% de la gente desconfía de los agentes de la policía. Ese desengaño alcanza al 83% en Buenos Aires, mientras que otra encuesta en Uruguay, reveló que el 56% de los comerciantes víctimas de hurto, jamás denunció el delito porque la policía simplemente no resolvería.
La inseguridad y la desconfianza policial han engendrado problemas sociales mayores, como la justicia por mano propia. En Venezuela se registraron 15 casos de linchamiento y 60 intentos durante el 2008, situación similar que afectó a Guatemala y Bolivia. En otros países, como Brasil y Nicaragua, es aún peor. Se han formado grupos parapoliciales que producen más delitos de los que tuvieron como objetivo controlar.
Debido a estos factores, en varias localidades como Villa Hermosa en México, la gente, cansada del narcotráfico y los secuestros expresos, está pidiendo a gritos que el Ejército reemplace a la ineficiente y corrupta policía. La experiencia, de todos modos, indica que los militares no traen soluciones a largo plazo, ya que suelen generar violaciones a los derechos humanos.
También es verdad que no es fácil ser policía. En la mexicana Ciudad Juárez, 80 agentes fueron asesinados en 2008, mientras que el jefe de la Policía, para evitar que se cumpla la amenaza del narcotráfico de que matarían a un uniformado cada 48 horas, debió renunciar. La fuerza de seguridad de esa ciudad sigue disminuyendo. El nuevo alcalde depuró a la mitad de una plantilla de 1.400 agentes por complicidad con el narcotráfico y a pesar de que paga los mejores sueldos del país, ofrece vivienda y seguro de vida, ni remotamente podrá reclutar a los 4.000 hombres indispensables para mantener el orden.
Cuando la corrupción es notoria e inmanejable, los gobiernos suelen responder con depuración, pero a pesar de que la limpieza se viene aplicando por décadas, como en República Dominicana donde depuraron a 27 policías por nexos con el narcotráfico, pareciera que los reclutas toman los vicios corruptos de los despedidos al poco tiempo de ingresar.
La encrucijada es grande. Hay países como Costa Rica donde el presupuesto para la seguridad pública es del 0.5% del PBI, mientras se trata del mayor reclamo social. En otros países, los policías ganan salarios por debajo de la línea de la pobreza, lo que incentiva dejarse tentar por el crimen organizado.
El clamor por más seguridad ya es protesta pública en varias ciudades. Pero lamentablemente se barajan muchos parches, sin fórmulas que combinen la prevención y la represión, la creación de una mejor cultura ciudadana sumada a mejores salarios, selección y control de los policías; mayor presencia en las calles; alianzas vecinales para combatir el crimen; endurecimiento de penas; reducción de la edad de procesamiento de menores; reducción de tiempo de los procesos judiciales; aumento del número de juzgados.
Hasta ahora hay dos caminos a imitar que dieron resultados: el que profesó el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien enfrentó los problemas de seguridad con más policías, cámaras de video, vigilancia y represión; y el que siguió el ex alcalde de Bogotá, el filósofo Mockus, quien combatió el crimen incentivando la cultura ciudadana con programas de socialización y conducta que permitieron bajar y prevenir los conflictos.
Tal vez la fórmula del éxito para combatir la inseguridad y generar credibilidad en la policía sea una combinación de ambas filosofías. Mientras tanto, la desconfianza ciudadana es una ventaja para los delincuentes.

¿Cómo gobernará Mauricio Funes?

Con Mauricio Funes al ganar la Presidencia en El Salvador se sumó un nuevo gobierno de izquierda y se espera que mantenga una línea moderada en el futuro, como prometió en su campaña, distanciándose de los neopopulismos que azotan a la región.
Muy difícilmente podrá evitar la presión de su propio FMLN que quiere enterrar los 20 años de ARENA. Sin embargo, tendrá que recordar que estará gobernando por un voto mayoritario pero no absoluto, por lo que deberá tener en mente a todos los salvadoreños y no dejarse arrastrar por esos vientos de polarización que todos los gobernantes latinoamericanos han soplado en sus países.
Su triunfo en votos, de solo unos pocos puntos porcentuales, lo puede transformar al estilo mexicano o al venezolano, de él dependerá. Felipe Calderón le ganó por casi igual margen a Manuel López Obrador y decidió gobernar sin estridencias y para todos los mexicanos. En cambio Hugo Chávez, que ganó el referendo por similar margen, optó por gobernar solo para quienes votaron por él.
Funes deberá decidir cómo quiere gobernar, si por El Salvador, o para el FMLN.

No quieren mirar la realidad

Varios gobiernos siguen despotricando y reaccionando en contra de nuestra reunión de la SIP en Paraguay. En estas últimas horas, a los que mencioné en el post anterior, se sumó el gobierno de Bolivia acusando a la organización de no representar a nadie porque se trata una institución formada por propietarios y dueños de medios y que no representa al periodismo.
El único gobierno que admitió el informe (aún siendo negativo) fue el del Paraguay, en que se dice que no hay claridad en las políticas oficiales en torno a la información pública y al manejo de los medios estatales.
La mayoría de los gobiernos no quieren mirar la realidad ni escuchar las críticas, por ello, tratan de descalificar a los medios elevándolos a una condición política como si se tratara de otro poder del estado o como un partido político de la oposición. Es tanta la falta de democracia en los países que no hay una visión clara de qué tiene que hacer cada sector. Los gobiernos se creen omnipotentes.
Este es el texto de las Conclusiones
La libertad de prensa empeoró en el hemisferio estos últimos seis meses, por cuanto los violentos enemigos de siempre de la libertad de expresión cobraron nuevas víctimas entre los periodistas, mientras que los gobiernos populistas que siguen los dictados del presidente venezolano Hugo Chávez intensificaron sus campañas de abuso y ridiculización de las empresas mediáticas y sus reporteros. Levantándose imponente ante estos desarrollos ha surgido una crisis en la industria periodística de los Estados Unidos que amenaza con debilitar su papel crucial como guardián vigilante de los casos de corrupción tanto en el gobierno como en el sector privado.

Seis periodistas fueron asesinados en las Américas aparentemente por cumplir con su labor periodística en estos seis últimos meses desde que la Sociedad Interamericana de Prensa se reuniera en Madrid. Un periodista fue asesinado en Venezuela y otro en Paraguay.

Sin embargo, México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para los periodistas, ya que cuatro de ellos fueron asesinados y hubo otros ocho ataques contra periodistas o sus centros de trabajo. Hasta los camiones de reparto de diarios han sido blanco de organizaciones criminales en su intento por silenciar a la prensa. Lamentablemente, su accionar está dando frutos: la auto censura es una realidad en la prensa mexicana. Una iniciativa planteada por la SIP para hacer que los crímenes contra la libre expresión constituyan un delito federal se fue a pique a principios de marzo en la Cámara de Diputados de la nación. Mientras tanto, crímenes que permanecen impunes, como el perpetrado hace cuatro años contra Alfredo Jiménez Mota, periodista del diario El Imparcial, de Sonora, son un testimonio de dicha impunidad. En su reunión de medio año, la SIP presentó el caso de Jiménez Mota ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo éste el 24° caso que ha presentado ante dicho organismo.

Una nota positiva entre tantas noticias lúgubres de violencia, es que Colombia, país que en su momento fue uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, sigue sin registrar un solo caso de asesinato de periodistas.

Son más los gobiernos que ahora no solamente están abusando de la prensa, sino que están avivando activamente las llamas del odio. En Venezuela, el Presidente Chávez ha seguido con su indesmayable tarea de humillar oficialmente a la prensa. Su retórica tiene consecuencias reales, tal como se ha podido ver en los violentos ataques a reporteros de Globovisión el pasado mes de octubre y el lanzamiento de gases lacrimógenos a las oficinas del diario El Nuevo País, ambas acciones perpetradas por el grupo La Piedrita, avalado por el gobierno. Chávez o sus simpatizantes han calificado temerariamente a dos editores de diarios como conspiradores de asesinatos y hasta de “objetivos militares”.

Esta táctica ha sido adoptada entusiastamente por otros jefes de estado del hemisferio, como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel Zelaya en Honduras, Álvaro Uribe en Colombia, Oscar Arias en Costa Rica, Álvaro Colom en Guatemala, Lula da Silva en Brasil y el gobierno de los Kirchner en Argentina. Quizás el ejemplo extremo es el gobierno de Uruguay, el cual se ha referido públicamente a los periodistas como “gusanos”, “payasos” e “hijos de puta”. Durante la reunión de medio año celebrada en Asunción, los delegados de la SIP describieron en varias ocasiones un clima periodístico de “hostilidad” y “tensión”, como resultado de implacables campañas de abuso verbal y mofa. Lo más decepcionante ha sido ver la complicidad de ciertas organizaciones mediáticas en los ataques contra la prensa independiente de sus países. La SIP hace notar que las empresas de radio y televisión que Ángel González opera ahora en nueve países latinoamericanos han sido grandes infractores que se han puesto de lado del gobierno de turno independientemente de su orientación política y han aplaudido sus campañas contra las organizaciones periodísticas independientes.

Son demasiados los gobiernos que siguen recurriendo a la publicidad oficial como una manera de castigar a los medios independientes y a la vez recompensarlos cuando publican notas editoriales a su favor.

Las esperanzas de que el cambio de régimen de Fidel Castro a su hermano Raúl podría relajar la represión de la libertad de expresión que ha existido durante medio siglo en Cuba, se vieron truncadas en varias ocasiones durante estos últimos seis meses. Unos 26 periodistas independientes, varios de ellos en un precario estado de salud, permanecen tras las barras, cumpliendo sentencias de hasta 28 años de prisión. Es más, los 86 incidentes de violencia registrados contra periodistas durante este período representan un recrudecimiento del grado de abuso existente.

Hay un mayor número de países que están adoptando leyes a favor de la libertad de información o cambios a sus leyes sobre difamación, pero lo que podría ser una tendencia alentadora, ha generado más bien cierto desaliento ya que hay gobiernos, como los de Panamá y Costa Rica, que han hecho muy poco por abrazar el espíritu o la práctica de la transparencia. En los Estados Unidos, el Presidente Barack Obama fijó un nuevo tono de transparencia el primer día de su mandato, cuando declaró que los organismos del gobierno deberían atender todas las solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información, a menos que existan claras evidencias de que la revelación de dicha información atente contra los intereses nacionales.


Mientras la SIP apoya fuertemente un clima diverso y de muchas voces para los medios de comunicación, también observa con alarma la creciente práctica de los gobiernos de crear o manipular centros de transmisiones y publicaciones para convertirlos en brazos de propaganda.

La crisis económica y los cambios tecnológicos en la industria periodística de los Estados Unidos han provocado que miles de periodistas pierdan sus trabajos y que varios diarios importantes cierren definitivamente o se declaren
en quiebra. La SIP teme que el debilitado estado de los diarios podría afectar seriamente su histórico rol como vigilantes del gobierno y la sociedad.

La nota triste de Paraguay

Regresé muy contento de Asunción donde mantuvimos una nueva reunión de la SIP en la que se denunciaron las mayores violaciones a la libertad de prensa en el continente americano. Las críticas fueron duras y las contra críticas de los gobiernos no se hizo esperar. Reaccionaron aquellos habituales como los de Cuba, Venezuela, Ecuador con el habitual sarcasmo de descalificar e insultar tratando, sin argumentos objetivos, de desacreditar las críticas.

La nota que me puso triste es ver también la otra cara de los periodistas paraguayos - más allá de la violencia de la que son víctima - aquella que es muy similar a la que se observa en muchos países. Los dirigentes del Sindicato de Periodistas del Paraguay me entregaron una carta en la que denuncian hechos lamentables.

El 90% de los periodistas encuestados el año pasado por el SPP y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, una central de trabajadores estadounidenses, manifestó no contar con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). El 30%, de los consultados, afirmó recibir menos del ya de por sí escaso salario mínimo, actualmente de 1.341.000 guaraníes mensuales (unos 259 dólares, al cambio actual).

A este problema de bajos salarios se le suma la persistente inacción del vice Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que no procede a inspeccionar debidamente a las empresas de comunicación que infringen las leyes laborales - existen unas 500 empresas periodísticas en Paraguay según el sindicato – permitiendo que la evasión fiscal deje postergadas las jubilaciones.

En condiciones semejantes, es muy difícil que el periodismo tenga altos estándares de calidad.