Caricaturas y sátiras

Barack Obama, el profeta Mahoma y el cafetero Juan Valdez no tienen nada en común, excepto que han sido igualmente satirizados en caricaturas políticas y dibujos cómicos que, a menudo, despiertan polémicas más allá de la intención del autor.
La burla y la ironía son las armas predilectas de la caricatura política, nunca limitada por las restricciones éticas de los demás géneros del periodismo en cuanto a objetividad, equidad y balance informativo. Esto la convierte en el estilo periodístico de mayor impacto, estimulando discusiones, a veces dolorosas.
Pero su mayor libertad no exime a la caricatura de las responsabilidades sobre los efectos que puede generar, en especial si revuelve valores sociales como la raza, la religión o la orientación sexual.
El New York Post, ante la amenaza de boicot, se disculpó por una alusión racista al presidente Obama. La controversia la desató una caricatura en la que un chimpancé yace baleado por un policía, al que otro le susurra: "tendrán que encontrar a alguien más para que escriba la próxima ley de estímulo económico". Un día antes, Obama había firmado esa legislación por lo que fue explícito el paralelo con un mono. El diario presentó descargos no muy convincentes hasta que su dueño, Rupert Murdoch, autocriticó la falta de sensibilidad sobre el racismo, concluyendo la disputa.
En realidad, la caricatura no cometió un pecado en sí misma, ya que otros mandatarios como George Bush y Jimmy Carter también fueron personificados como chimpancés. Su debilidad fue desconocer el contexto racista, ya que hasta hace poco los afroamericanos fueron discriminados considerándoseles inferiores y burlándoseles como monos, percepción que no se ha desvanecido del todo.
El desafío para los caricaturistas es mayor, por cuanto deben retratar al primer presidente negro a sabiendas de que cualquier exageración del dibujo, labios u orejas grandes, puede desencadenar alusiones raciales. Ninguna otra connotación sobre Obama tendría tanta relevancia, como se demostró con una caricatura anterior, en la que él y su mujer fueron satirizados como guerrilleros musulmanes en la tapa de la revista New Yorker, un tema político más tolerado y menos ofensivo.
El poder de las caricaturas es tal, que en esa confrontación de principios entre la libertad de expresión y el racismo o la religión, se pueden generar efectos impensados. Así ocurrió con el fundador del Islam, Mahoma, quien hace algún tiempo fue caricaturizado con un turbante en forma de bomba en una docena de dibujos del diario danés Jyllands-Postem. Las imágenes, que pretendían provocar el debate sobre la autocensura en materia religiosa, incitaron la ira de países musulmanes, conflictos diplomáticos, protestas violentas con docenas de muertos y amenazas contra periodistas.
Más allá de la violencia, esas caricaturas reabrieron la división entre Occidente y Oriente, dos culturas con interpretaciones diferentes sobre la religión. Los países occidentales tienen una concepción más laica y más abierta sobre la expresión, mientras que los musulmanes consideran a la religión la disciplina a la que se supeditan las demás, de ahí que la blasfemia contra Mahoma es un crimen grave.
Hay otras controversias no tan violentas, pero si polémicas. A fines de 2008, los cafeteros colombianos amenazaron con demandar a Mike Peters, autor de la tira cómica Mother Goose & Grimm, reproducida en cientos de periódicos estadounidenses, porque degradaba la marca y el prestigio del café. En la tira, un personaje le dice a otro que “cuando hay un poco de Juan Valdez en cada lata de café no están bromeando”, ironizando sobre la cantidad de asesinatos que produce el conflicto armado en ese país. La queja patriótica de los cafeteros se disipó luego de que los medios colombianos la calificaron de ridícula.
En estos tres casos, Obama, Mahoma y Juan Valdez, queda demostrado que la ética no es una cuestión de blanco o negro, sino llena de matices. Algunos periódicos optaron por no publicar o reproducir las imágenes para minimizar el daño que podrían crear, otros decidieron hacerlo convencidos de ofrecer contexto para que el público forme su opinión.
A la luz de la ética periodística, ambas decisiones editoriales son apropiadas. El único error que se cometería en contra de una caricatura es censurarla antes de su publicación, evitando que estimule el debate sobre temas sensibles e importantes.

La transparencia de Obama

A pesar de que la crisis le está pasando una mala jugada, que la bolsa lo patea en contra a diario y fuerte, lo que le ha provocado que las canas le ganen las sienes, es necesario sacarse el sombrero ante un Barack Obama que, antes de cumplir 50 días de gobierno, ya ha hecho de la transparencia su estilo.

Algunas medidas concretas ameritan el gesto. El gobierno, desde el primer día, y más ahora con la aprobación del paquete de estímulo, ha puesto a disposición abierta por internet en varios sitios todos los récords de cómo los dineros se están adjudicando y gastando.

En otra medida sin precedente, esta semana la Casa Blanca difundió nueve memorandos del gobierno anterior de George Bush donde se conculcaron libertades garantizadas por la Constitución. El Departamento de Justicia mostró así que apenas después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de Bush determinó que ciertos derechos constitucionales serían ignorados posteriormente. Dos semanas después del atentado, los asesores legales del gobierno ya estaban probando mecanismos para grabar conversaciones telefónicas en Estados Unidos sin mediar órdenes judiciales, además de vuelos secretos por el espacio de varios países y la aprobación de la cárcel de Guatánamo y los métodos de tortura.

A principios de esta semana, el secretario de Defensa, Robert Gates, en otra medida ejemplar, anunció la eliminación de la prohibición a los medios de comunicación de reportar la llegada de los cuerpos de soldados caídos o, en realidad, la publicación de fotografías de ataúdes con las banderas estadounidenses al llegar a la Base Aérea Dover en Delaware. La decisión final sobre la conveniencia de la reproducción fotográfica será, de ahora en más, una decisión en manos de los familiares de las víctimas.

También vale destacar, el anuncio de este 21 de enero de nuevas políticas de acceso a la información pública. Las nuevas medidas revisan los controles existentes en la Ley de Acceso a la Información y a la Ley de Archivos de la presidencia, estableciendo que, ante una disputa sobre la secrecía o no de un documento, siempre debe prevalecer la presunción de la desclasificación, es decir que ante la duda, prevalece la apertura. Esta medida sienta un precedente inigualable de acceso y transparencia de los documentos públicos.

Zelaya-Chávez: culpando al mensajero

Como es habitual, muchos presidentes latinoamericanos achacan a los medios de comunicación y a los periodistas los males que afectan a la sociedad y de esa forma esconden su inoperancia para lidiar con ellos.

Esta semana, el presidente hondureño Manuel Zelaya nuevamente se fue en contra de la prensa achacándole que son los periodistas y no el gobierno, los responsables de la violencia que sacude al país. En su tono desafiante contra los medios los acusó de orquestar una “campaña subterránea” cuyo objetivo sería dañar a su gobierno mediante la crítica al clima de inseguridad reinante, y así favorecer al candidato opositor Porfirio Lobo Sosa.

Este actitud de echarle la culpa al mensajero no es nueva, y se pone a la par de su colega Hugo Chávez que esta semana incluso fue un poco más lejos. Con la desfachatez que lo caracteriza, Chávez pidió a sus acólitos, gobernadores y alcaldes, organizar una especie de “mapa de medios” para identificar a todos aquellos que según él están en manos de la oligarquía y por ende en contra de su revolución.

En su Aló Presidente del domingo, Chávez dijo que si no fuera por esos medios a los que insiste calificar de “oposición” tendría una aprobación del 80% en vez del 60 ó 70% que posee – según él – actualmente, culpando a los mensajeros por los “ataques, mentiras, manipulación y la exageración de los errores del gobierno”.

De esta forma, cada día que pasa, Chávez da muestras de que se sigue alejando de la democracia y de continuar incentivando la polarización para crear división y así gobernar a sus anchas.

Límites nada Santos

Eran de esperar las reacciones fundadas de los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, a las declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, que defendió la actitud de su gobierno como “derecho a la legítima defensa” el hecho de incursionar en países extranjeros para capturar, perseguir o matar a los guerrilleros de las FARC.

En declaraciones coincidentes a publicaciones hechas por la prensa colombiana sobre que los cabecillas de las FARC se esconden en Venezuela y en Ecuador, nueve y dos respectivamente, y a un año de la incursión del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, el ministro Santos armó un revuelo que muchos adujeron se trató de una treta para levantar popularidad de caras a una posible nominación a la presidencia de su país.

De una u otra forma, si bien Colombia pudo asestar un duro golpe a la guerrilla en su incursión en Ecuador, no deja de ser un atropello a la soberanía ese tipo de intromisión, ajena a todo tratado internacional. A pesar de que pueda compartir las dudas que tiene el gobierno colombiano sobre la “protección” que los guerrilleros encuentran en suelo extranjero, siempre es bueno el viejo adagio de que el fin no justifica los medios.

Las declaraciones de Santos son un poco peor todavía, ya que el hecho de azuzar nuevamente el fuego y de haber provocado a los gobiernos vecinos parece una actitud ajena a toda ética que se suma a cualquier otra consideración legal internacional.

Educación, creatividad y crisis

Como toda crisis económica, muchos están viendo oportunidades donde existen los desafíos. Los educadores están pensando en que los estudiantes paguen menos pero adquieran los mismos conocimientos.
Comparto la idea cuando se trata de acortar la universidad, pero no cuando se trata de acortar la escuela secundaria o la primeria. Son dos cosas totalmente diferentes debido a su alcance social.
La educación universitaria en Estados Unidos o su equivalente a la licenciatura en los países latinoamericanos tiene una duración de cuatro años. La diferencia mayor, sin embargo, no es la cantidad de años sino el dinero que hay que aportar, que en promedio, solo de matrícula, sobrepasa los 20 mil dólares anuales.
Para reducir ese costo, la universidad Hartwich en Nueva York, decidió ofrecer licenciaturas en tres años, la reducción equivale a más de 40 mil dólares si se contempla el albergue, la comida, los libros, el transporte y los demás gastos de estudio. En realidad, bien subiendo la cantidad de créditos por año, cursar un año menos es fácil y de tremenda ventaja.
Acortar, sin embargo, es otro cantar cuando se habla de cuatro días de clases en lugar de cinco como están proponiendo en el condado de Broward, inmediatamente al norte de Miami, donde existe la propuesta para las escuelas primerias y secundarias.
En este caso, el problema es mayor. Primero, a nivel de secundaria, porque no será muy saludable dejar un día extra en la calle a los adolescentes, lo que terminará creando otros problemas para la comunidad en materia de seguridad y tiempo libre. Segundo, a nivel de primaria, porque un gran porcentaje de madres trabaja y las escuelas suelen ser los mejores lugares para el cuidado de los chicos, generándose un conflicto muy grande a nivel familiar y en contra de las ventajas que las mujeres han conseguido en materia de igualdad social.

Pornografía, marihuana y crisis

La crisis económica parece que afecta a muchos, especialmente a las mentes de varios políticos estadounidenses que quieren legalizar actividades ilícitas como el consumo de marihuana y penalizar actividades lícitas como la pornografía.
En varios estados, como en Washington, Texas y Nueva York, reaparecieron algunos legisladores con la intención de recaudar dinero mediante la penalización impositiva a la pornografía, tanto de revistas que se venden en kioscos como la que se venda o propaga por internet.

Ya en otros estados como California, Kansas y Tennessee hay impuestos especiales a la pornografía, a la prostitución encubierta. Si bien no estoy de acuerdo con la propagación de la pornografía, y mucho menos si es ilegal, considero que es un atropello a la libertad de expresión tener que “penalizar” una actividad lícita. Mejor, deberían los políticos, sin consideran indeseable esta disciplina, directamente declararla ilegal. No porque una actividad sea desagradable para algunos debe tener que ser discriminada por el Estado con impuestos especiales, como sucede con el cigarrillo.

Por otro lado, los creativos de los políticos californianos, decidieron ahora que tratarán de legalizar la marihuana a nivel recreativo – ya es legal por cuestiones medicinales - como un método de recaudar dinero para solventar el déficit económico que tiene el estado.

Parece mentira que los problemas económicos quieran ahora resolverse creando otros mayores como los que desencadenaría legalizar una droga.
El proyecto de ley pondría a la marihuana al mismo nivel que el alcohol ya que estaría prohibida su compra para menores de 21 años. Según un estudio, el estado podría recaudar alrededor de mil millones en caso de que se aplicaran impuestos de 50 dólares por cada onza de droga que se venda, estimándose que su valor en el mercado caería en el 50%.

Sin embargo, otro estudio marca lo peligroso que sería convertir a la marihuana en legal, ya que subiría automáticamente en un 40% su consumo. Lo que el legislador no contempló, es que legalizar la marihuana es una cuestión de moral, por cuanto se estaría admitiendo que una droga no es mala.

Crisis a la mexicana

La crisis en México es profunda. Al factor económico actual - el peso se devaluó abruptamente saltando de 10 a 15 pesos por dólar en los últimos tres meses – al que se ha precipitado en el último lustro como es la inseguridad debido al avance del crimen organizado, hay que sumarle el factor más legendario de todos: la corrupción generalizada.

Durante mi breve estada en México en estos días pude recabar que la polémica ya no es como en meses anteriores sobre si los mexicanos están o no frente a un estado fallido, que no ofrece las protecciones y garantías a sus ciudadanos según los derechos constitucionales. Ese problema de un Estado que falla o no sabe dar respuestas a sus ciudadanos ya ha sido admitido, está incorporado en el vocabulario actual y a la cultura. Así como la gente ya aprendió a vivir con la corrupción, ahora el problema es que la inseguridad está siendo institucionalizada y el gobierno se encuentra de manos atadas.

Como en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, la inseguridad en México, particularmente en los estados fronterizos con Estados Unidos, es un problema desbordante. El presidente Felipe Calderón tiene un discurso y una postura enérgica contra el narcotráfico, queriendo, creo yo, asumir los mismos criterios de mano dura que adoptó Alvaro Uribe en Colombia y que le sirvieron para ofrecer mayor seguridad y ganar popularidad.

La discusión en México “ahorita” (como dirían ellos) que se ha profundizado, es si las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, que han sido puestos al frente de la lucha del narcotráfico, no sería motivo suficiente para replantearse la estrategia. Calderón dijo que no y que prefiere que haya riegos de violaciones a los derechos humanos pero que se debe ganar la batalla contra el crimen.

El problema no es fácil de resolver, porque si los militares no lo hacen, los policías, así sean federales o locales, están corruptos y aquellas que no se dejan tentar tienen dos caminos, ser asesinados o tienen que renunciar como hicieron varios jefes en estas últimas semanas en los estados fronterizos más peligrosos, tal el caso de Chihuahua, Sinaloa y Michoacán.

Estados Unidos alzó controversia en estos días después de su informe del Departamento de Estado en el que se culpa mucho a las autoridades mexicanas, pero es cierto también que en este problema Estados Unidos debe asumir que el 90% de las armas largas que usan los narcotraficantes provienen de estados cercanos a la frontera, como Texas, Nuevo México, Arizona y California.

El problema es grande. Estados Unidos está poniendo recursos en México a través del Plan Mérida, pero no está pudiendo dominar el consumo puertas adentro. Mientras el consumo genere más de 50 mil millones de dólares y se les provea a los narcotraficantes las armas necesarias para el crimen, esta es una lucha desigual.