Zelaya-Chávez: culpando al mensajero

Como es habitual, muchos presidentes latinoamericanos achacan a los medios de comunicación y a los periodistas los males que afectan a la sociedad y de esa forma esconden su inoperancia para lidiar con ellos.

Esta semana, el presidente hondureño Manuel Zelaya nuevamente se fue en contra de la prensa achacándole que son los periodistas y no el gobierno, los responsables de la violencia que sacude al país. En su tono desafiante contra los medios los acusó de orquestar una “campaña subterránea” cuyo objetivo sería dañar a su gobierno mediante la crítica al clima de inseguridad reinante, y así favorecer al candidato opositor Porfirio Lobo Sosa.

Este actitud de echarle la culpa al mensajero no es nueva, y se pone a la par de su colega Hugo Chávez que esta semana incluso fue un poco más lejos. Con la desfachatez que lo caracteriza, Chávez pidió a sus acólitos, gobernadores y alcaldes, organizar una especie de “mapa de medios” para identificar a todos aquellos que según él están en manos de la oligarquía y por ende en contra de su revolución.

En su Aló Presidente del domingo, Chávez dijo que si no fuera por esos medios a los que insiste calificar de “oposición” tendría una aprobación del 80% en vez del 60 ó 70% que posee – según él – actualmente, culpando a los mensajeros por los “ataques, mentiras, manipulación y la exageración de los errores del gobierno”.

De esta forma, cada día que pasa, Chávez da muestras de que se sigue alejando de la democracia y de continuar incentivando la polarización para crear división y así gobernar a sus anchas.

Límites nada Santos

Eran de esperar las reacciones fundadas de los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, a las declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, que defendió la actitud de su gobierno como “derecho a la legítima defensa” el hecho de incursionar en países extranjeros para capturar, perseguir o matar a los guerrilleros de las FARC.

En declaraciones coincidentes a publicaciones hechas por la prensa colombiana sobre que los cabecillas de las FARC se esconden en Venezuela y en Ecuador, nueve y dos respectivamente, y a un año de la incursión del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, el ministro Santos armó un revuelo que muchos adujeron se trató de una treta para levantar popularidad de caras a una posible nominación a la presidencia de su país.

De una u otra forma, si bien Colombia pudo asestar un duro golpe a la guerrilla en su incursión en Ecuador, no deja de ser un atropello a la soberanía ese tipo de intromisión, ajena a todo tratado internacional. A pesar de que pueda compartir las dudas que tiene el gobierno colombiano sobre la “protección” que los guerrilleros encuentran en suelo extranjero, siempre es bueno el viejo adagio de que el fin no justifica los medios.

Las declaraciones de Santos son un poco peor todavía, ya que el hecho de azuzar nuevamente el fuego y de haber provocado a los gobiernos vecinos parece una actitud ajena a toda ética que se suma a cualquier otra consideración legal internacional.

Educación, creatividad y crisis

Como toda crisis económica, muchos están viendo oportunidades donde existen los desafíos. Los educadores están pensando en que los estudiantes paguen menos pero adquieran los mismos conocimientos.
Comparto la idea cuando se trata de acortar la universidad, pero no cuando se trata de acortar la escuela secundaria o la primeria. Son dos cosas totalmente diferentes debido a su alcance social.
La educación universitaria en Estados Unidos o su equivalente a la licenciatura en los países latinoamericanos tiene una duración de cuatro años. La diferencia mayor, sin embargo, no es la cantidad de años sino el dinero que hay que aportar, que en promedio, solo de matrícula, sobrepasa los 20 mil dólares anuales.
Para reducir ese costo, la universidad Hartwich en Nueva York, decidió ofrecer licenciaturas en tres años, la reducción equivale a más de 40 mil dólares si se contempla el albergue, la comida, los libros, el transporte y los demás gastos de estudio. En realidad, bien subiendo la cantidad de créditos por año, cursar un año menos es fácil y de tremenda ventaja.
Acortar, sin embargo, es otro cantar cuando se habla de cuatro días de clases en lugar de cinco como están proponiendo en el condado de Broward, inmediatamente al norte de Miami, donde existe la propuesta para las escuelas primerias y secundarias.
En este caso, el problema es mayor. Primero, a nivel de secundaria, porque no será muy saludable dejar un día extra en la calle a los adolescentes, lo que terminará creando otros problemas para la comunidad en materia de seguridad y tiempo libre. Segundo, a nivel de primaria, porque un gran porcentaje de madres trabaja y las escuelas suelen ser los mejores lugares para el cuidado de los chicos, generándose un conflicto muy grande a nivel familiar y en contra de las ventajas que las mujeres han conseguido en materia de igualdad social.

Pornografía, marihuana y crisis

La crisis económica parece que afecta a muchos, especialmente a las mentes de varios políticos estadounidenses que quieren legalizar actividades ilícitas como el consumo de marihuana y penalizar actividades lícitas como la pornografía.
En varios estados, como en Washington, Texas y Nueva York, reaparecieron algunos legisladores con la intención de recaudar dinero mediante la penalización impositiva a la pornografía, tanto de revistas que se venden en kioscos como la que se venda o propaga por internet.

Ya en otros estados como California, Kansas y Tennessee hay impuestos especiales a la pornografía, a la prostitución encubierta. Si bien no estoy de acuerdo con la propagación de la pornografía, y mucho menos si es ilegal, considero que es un atropello a la libertad de expresión tener que “penalizar” una actividad lícita. Mejor, deberían los políticos, sin consideran indeseable esta disciplina, directamente declararla ilegal. No porque una actividad sea desagradable para algunos debe tener que ser discriminada por el Estado con impuestos especiales, como sucede con el cigarrillo.

Por otro lado, los creativos de los políticos californianos, decidieron ahora que tratarán de legalizar la marihuana a nivel recreativo – ya es legal por cuestiones medicinales - como un método de recaudar dinero para solventar el déficit económico que tiene el estado.

Parece mentira que los problemas económicos quieran ahora resolverse creando otros mayores como los que desencadenaría legalizar una droga.
El proyecto de ley pondría a la marihuana al mismo nivel que el alcohol ya que estaría prohibida su compra para menores de 21 años. Según un estudio, el estado podría recaudar alrededor de mil millones en caso de que se aplicaran impuestos de 50 dólares por cada onza de droga que se venda, estimándose que su valor en el mercado caería en el 50%.

Sin embargo, otro estudio marca lo peligroso que sería convertir a la marihuana en legal, ya que subiría automáticamente en un 40% su consumo. Lo que el legislador no contempló, es que legalizar la marihuana es una cuestión de moral, por cuanto se estaría admitiendo que una droga no es mala.

Crisis a la mexicana

La crisis en México es profunda. Al factor económico actual - el peso se devaluó abruptamente saltando de 10 a 15 pesos por dólar en los últimos tres meses – al que se ha precipitado en el último lustro como es la inseguridad debido al avance del crimen organizado, hay que sumarle el factor más legendario de todos: la corrupción generalizada.

Durante mi breve estada en México en estos días pude recabar que la polémica ya no es como en meses anteriores sobre si los mexicanos están o no frente a un estado fallido, que no ofrece las protecciones y garantías a sus ciudadanos según los derechos constitucionales. Ese problema de un Estado que falla o no sabe dar respuestas a sus ciudadanos ya ha sido admitido, está incorporado en el vocabulario actual y a la cultura. Así como la gente ya aprendió a vivir con la corrupción, ahora el problema es que la inseguridad está siendo institucionalizada y el gobierno se encuentra de manos atadas.

Como en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, la inseguridad en México, particularmente en los estados fronterizos con Estados Unidos, es un problema desbordante. El presidente Felipe Calderón tiene un discurso y una postura enérgica contra el narcotráfico, queriendo, creo yo, asumir los mismos criterios de mano dura que adoptó Alvaro Uribe en Colombia y que le sirvieron para ofrecer mayor seguridad y ganar popularidad.

La discusión en México “ahorita” (como dirían ellos) que se ha profundizado, es si las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, que han sido puestos al frente de la lucha del narcotráfico, no sería motivo suficiente para replantearse la estrategia. Calderón dijo que no y que prefiere que haya riegos de violaciones a los derechos humanos pero que se debe ganar la batalla contra el crimen.

El problema no es fácil de resolver, porque si los militares no lo hacen, los policías, así sean federales o locales, están corruptos y aquellas que no se dejan tentar tienen dos caminos, ser asesinados o tienen que renunciar como hicieron varios jefes en estas últimas semanas en los estados fronterizos más peligrosos, tal el caso de Chihuahua, Sinaloa y Michoacán.

Estados Unidos alzó controversia en estos días después de su informe del Departamento de Estado en el que se culpa mucho a las autoridades mexicanas, pero es cierto también que en este problema Estados Unidos debe asumir que el 90% de las armas largas que usan los narcotraficantes provienen de estados cercanos a la frontera, como Texas, Nuevo México, Arizona y California.

El problema es grande. Estados Unidos está poniendo recursos en México a través del Plan Mérida, pero no está pudiendo dominar el consumo puertas adentro. Mientras el consumo genere más de 50 mil millones de dólares y se les provea a los narcotraficantes las armas necesarias para el crimen, esta es una lucha desigual.

Chávez y sus logros insuficientes

Hugo Chávez se considera un hombre exitoso; hace 10 años que gobierna un país rico en petróleo y acaba de ganar un referendo que le permitiría mandar indefinidamente. Sin embargo, a juzgar por la inseguridad, la corrupción, la polarización y la débil economía, no pareciera que está contagiando al país su éxito personal ni que tenga talento para administrar bien su riqueza.
Con el precio del petróleo depreciado, es como si Venezuela hubiera perdido el tiempo despilfarrando tanta fortuna. Los buenos gobiernos trascienden por la eficaz administración de los recursos humanos y económicos, por los cambios culturales que inspiran, la infraestructura que construyen y la educación que dejan a futuras generaciones.
Lejos de aquellos valores, los logros de la revolución chavista reclamados hasta ahora – acceso a la salud, a la educación y disminución de la pobreza - le son insuficientes, quedando incluso neutralizados por el derroche en la compra de armas, por el sostenimiento del burocrático aparato político y por la exportación de subsidios y de una ideología que no es venezolana.
Es obvia la pregunta: ¿Cómo un país tan inmensamente rico, que flota en petróleo, y que debería ser potencia en América Latina, puede tener una infraestructura mediocre y una actitud tan pobre ante la riqueza?
Buscando una respuesta, uno termina por comparar a Venezuela con países que tienen similar fuente de ingresos. A diferencia de Chávez, los emiratos en el Golfo Pérsico, ante la expectativa de que las reservas petroleras no son eternas, han comenzado a diversificar su patrimonio bajo una simple ecuación: importar cultura, educación, turismo; a cambio de exportar crudo.
Desde hace años, los jeques de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están convirtiendo el lucro de la venta petrolera en una productiva industria de la construcción. En una estrategia concertada, están edificando sucursales de museos de prestigio mundial y abriendo filiales de renombradas universidades, transformando al desierto en un gran oasis cultural.
Emulando a la ciudad de Bilbao, cuyo Museo de Guggenheim la situó como centro turístico internacional con más de 10 millones de visitantes en los últimos años, los jeques de Abu Dhabi encargaron también a Frank Ghery el diseño del Guggenheim Abu Dhabi. Abrirá en el 2012 en la isla de Saadiyat, donde ahí mismo se están levantando las filiales del Louvre y de otros cinco museos. Mientras tanto, Dubai y Qatar, están montando docenas de centros y distritos culturales para no quedar rezagados.
Como resultado, Abu Dhabi, el más grande de los siete emiratos, pronostica pronto duplicar el turismo, de 1.7 a tres millones; mientras que Dubai espera atraer a 15 millones de extranjeros para el 2015 y así poseer otro manantial de ingresos.
El dineral se invierte más allá de los museos. La educación de alto nivel es otra propuesta a futuro. Mientras el presidente Sarkozy colocaba la piedra fundacional de la rama de La Sorbona en Abu Dhabi, en Doha, capital de Qatar, los jóvenes ya estaban estudiando medicina en la delegación de la universidad de Cornell, relaciones internacionales en Georgetown o periodismo en Northwestern.
A juzgar por su mentalidad, Chávez seguramente se sumaría a los detractores de estas experiencias en el Golfo Périso, denunciando una actitud occidental neocolonialista e imperialista. Sin embargo, lo importante de estas prácticas pérsicas es que demuestran una forma eficaz de administrar la riqueza y la visión de construir naciones con el beneficio de la globalización.
Los objetivos de Chávez de tener una patria donde se nivelen los patrones de educación, salud y bienestar, no son malos; pero sí insuficientes. La riqueza de Venezuela, así como lo demanda la administración bíblica de los talentos, debe obligar al gobierno a proyectar un país más grandioso alejado de estándares subdesarrollados. Aún depreciado, el capital petrolero bien gobernado podría sobrar, por ejemplo, para fortalecer la visión chavista creando universidades y hospitales de primer nivel, que sirvan como polos de atracción internacional, desarrollo económico y orgullo venezolano.
Chávez no puede seguir perdiendo tiempo. La historia lo terminará juzgando no por su revolución ideológica, sino por la eficaz administración de la riqueza y de los talentos, dos recursos que abundan en Venezuela y que parecieran estar totalmente desaprovechados.

!Cuidado, nos están escuchando!

Cada vez que hablo por teléfono con periodistas de cualquier país latinoamericano sobre temas sensibles siempre sale a relucir jocosamente el mismo tema: “Cuidado que no están escuchando”. Más allá de los chistes, la mayoría de los periodistas tienen razones para suponer que los escuchan en forma clandestina, o porque los escuchan de verdad y tienen las pruebas, o porque sospechan que si hay servicios de inteligencia escuchando a muchos ellos no pueden ser la excepción o porque cada tanto aparece una denuncia de un ex espía que denuncia un escándalo y da nombres de periodistas que son realmente espiados.

Descubrir o sospechar que uno es escuchado en forma clandestina es prácticamente el mismo siente como cuando uno llega a su casa para darse cuenta que ha sido desvalijado. Uno siente una sensación de impotencia, de que ha sido violentada su intimidad y de perder automáticamente la confianza en el sistema. Como la violencia de la escucha se comete a dos personas al mismo tiempo, crea además un sentimiento de desconfianza entre los interlocutores, que terminan echándose la culpa entre ambos. En el caso de las escuchas contra el periodismo, esto crea un doble problema, por cuanto genera desconfianza entre la fuente y el periodista afectándose irremediablemente la libertad de expresión.

En coincidencia con un escándalo de proporciones mayúsculo en Colombia donde el servicio de inteligencia del gobierno escuchaba en forma clandestina conversaciones telefónicas de políticos, jueces y periodistas, en Argentina la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley que autorizaba las intervenciones telefónicas y por internet, obligando a las empresas a que mantuvieran por 10 años esas comunicaciones en sus archivos.

En Colombia la crisis desatada por una denuncia hecha ante la revista Semana derivó en la renuncia del sub jefe del Departamento Administrativo de Seguridad y otros funcionarios, obligó al ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, a decir que se necesitaría reestructurar el servicio de inteligencia y, peor aún, a que Inglaterra y Estados Unidos dejen de brindar asistencia a Colombia ya que fueron los países que ofrecieron la tecnología para que se usara en contra del crimen organizado y el narcotráfico.

Las escuchas telefónicas clandestinas, espiar sin orden de un juez sin más ni menos, es un tema recurrente en la política internacional. Muchos países, como El Salvador y Guatemala están luchando por una legislación de este tipo para que le ayude a detectar e infiltrarse en bandas criminales, mientras que en España acaba de saltar un escándalo grandioso en las esferas del poder, siendo políticos interviniendo teléfonos de políticos. En Estados Unidos, a través de la Ley Patriótica, el ex presidente George Bush se salió con la suya al estar permitido a escuchar conversaciones a nivel nacional y en el extranjero sin la necesidad de que haya una orden de juez autorizándolo, convirtiéndose en un caso de violación a los derechos humanos.

En Perú, el año pasado, a raíz del chuponeo, como se le denomina al tema de las infiltraciones telefónicas, y su posterior denuncia sobre el tráfico de influencias y corrupción entre una compañía multinacional de petróleo y entidades estatales, el presidente Alan García tuvo que renovar prácticamente todo su gabinete.

La Corte argentina puso un toque a este tema al declarar inconstitucional la “ley espía” que fue sancionada en 2003 y suspendida por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005, aunque no fue derogada. La Corte argumentó creando doctrina en un caso de un abogado, Ernesto Halab, en donde se consideró que violaba su derecho a la privacidad y a la confidencialidad. El año pasado en Argentina, como ahora sucede en Colombia, salió a debate el tema después de que se denunció que varios políticos y periodistas fueron infiltrados por la inteligencia no solo en el tema de teléfonos sino también en sus mensajes de e-mails, sin embargo, después de tanta denuncia, nada pasó. Por lo menos, ahora esta nueva jurisprudencia hará que cualquier intento sea ilegal y por lo tanto punible.