¿Para censurar legalmente? La trampa constitucional de Venezuela

Mientras en la OEA el chavismo mostraba hoy lo enemigo que es de la libertad de expresión y de prensa, al silenciar de nuevo a la oposición de su país y a los medios de comunicación, bloqueando la entrada a una reunión que finalmente fue de carácter privada, en Caracas el régimen autoritario anunciaba medidas adicionales a favor de instalar la censura completa de los medios tradicionales.

Nuevamente la censura adicional fue anunciada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en franca complicidad con el oficialismo, sin vergüenza, y de tal forma como lo hizo en 2009 cuando advirtió sobre una ley para penalizar los “delitos mediáticos”. Ortega dijo esta vez que era necesaria una legislación para que los medios y los periodistas dejen de decir mentiras. Claro que no se refería a los medios oficiales, sino solo a los críticos e independientes.

Pidió de nuevo que debe haber una ley, “en sintonía con el Ministerio Público” (es decir que admitió el carácter de censor que tiene y la quiere imprimir a esa entidad) para impulsar regulaciones que obliguen a los medios de comunicación a informar solo con la verdad, en forma imparcial y objetiva.

Lo que a la fiscal le faltó decir es cómo y quien define la verdad, ya que para el régimen, todo lo que se desprende de investigaciones periodísticas, denuncias sobre corrupción o fotografías que muestran cadáveres apilados en las morgues o gente con carteles en protestas callejeras o caricaturas humorísticas u opiniones o convocatorias a través de Twitter – en casi todo los casos informaciones imparciales y objetivas – son calificadas de tendenciosas, manipulativas, desestabilizadoras y golpistas.

Lamentablemente, el régimen de Hugo Chávez fue muy inteligente en su primera reforma constitucional apenas despuntaba el gobierno. En forma tramposa logró incluir la cláusula de información veraz en el texto magno, permitiéndose luego fabricar leyes y decretos en contra de los medios y periodistas, invocando aquella cláusula (la trampa) que le obligaba a tener que hacerla cumplir porque “es ley suprema” de la Constitución.

A ese argumento, Chávez, Maduro, Cabello y muchos otros lo usaron a destajo. Y ahora de nuevo lo utilizó la fiscal. Por eso dijo lo habitual, invocando aquel principio constitucional con el que todo justifica y el cual obliga, según ella, darles un escarmiento a los medios y periodistas mentirosas: “La Constitución señala que hay libertad de expresión, pero eso tiene un límite como todo derecho. La información tiene que ser veraz, tiene que ser cierta. Toda la Constitución tiene que ser desarrollada por leyes y tiene que haber una ley que desarrolle ese artículo, que regule la información de los medios de comunicación y que esta sea imparcial, objetiva. Que la propia persona saque sus conclusiones”.

Es probable que como en 2009, la propuesta mordaza de la fiscal quede en la nada. La gravedad del anuncio, sin embargo, es la utilización de la amenaza permanente como herramienta de intimidación, con la intención de crear un clima favorable para la zozobra y la autocensura.

Chavismo desfachatado

A un mes de cumplido el arresto de Leopoldo López, diputados oficialistas se reunieron en una Asamblea Legislativa inoperante – ya que el oficialismo delegó su poder al Ejecutivo tras una nueva Ley Habilitante, esa que el chavismo ya concedió en cinco oportunidades a favor de su líder – y enseguida se dirigieron a la Fiscalía General – también coludida con el Ejecutivo – con una sarta de delitos en contra de la diputada María Corina Machado, con la intención de que se le quite la inmunidad parlamentaria y así se le haga juicio político y termine en la cárcel por instigación y traición a la patria.

La desfachatez ofensiva del régimen autoritario aprovecha esa cualidad para superar cualquier otra noticia y poner a todo el mundo a la defensiva, creando conversación y agenda pública en todos los flancos, con un efecto sorpresa típico de la propaganda totalitaria. Ante ese arraso ofensivo, agresivo y verborrágico nadie atina a defenderse bien, ante tantos frentes de ataque.

Esa propaganda es la que impulsa a Nicolás Maduro a sancionar a los acreedores, como las aerolíneas internacionales que se alejan de Venezuela por falta de pago, condena a los comerciantes que venden a precios para surtir anaqueles, restringe divisas a los medios para que puedan comprar insumos para poder operar, persigue a opositores y a estudiantes, festeja el respaldo de la UNASUR, o convoca a la inoperante Asamblea Legislativa, para que cree la “Comisión de la Verdad” para encontrar a los responsables de las 29 muertes, consecuencia de las protestas que se iniciaron el 12 de febrero.

En todo ese conjunto de temas, acciones y restricciones sin vergüenza, la cantaleta de gobiernos amigos inducidos por los petrodólares y los menos amigos a los que se acusa de instigar un golpe de Estado, el gobierno de Maduro y la falange chavista encuentran tierra fértil para seguir gobernando en forma autoritaria. Como nunca antes, el chavismo se desenmascara como un movimiento totalitario, fascista y desfachatado.    

Necesaria cultura de libertad de expresión

Corría 1994. La Sociedad Interamericana de Prensa creaba la Declaración de Chapultepec para defender y promover la libertad de prensa como esencia de la democracia, mientras la ciclotímica América Latina se sacudía crisis y buscaba consolidar procesos democráticos.

Hace 20 años los temas eran diferentes, pero los problemas similares. Corrupción, inseguridad, inflación, debilidad institucional, censura de prensa, pobreza, desigualdad y autoritarismo reaparecían sin evolución ni aprendizajes. Desde el Vaticano, Juan Pablo II reaccionaba a Latinoamérica prohibiendo a sacerdotes militancia política y sindical. En México no se hablaba de narcotráfico, sino del nuevo movimiento zapatista. En Venezuela, asumía Rafael Caldera, indultando semanas después a Hugo Chávez, preso desde su intento de golpe de Estado en 1992. En Argentina morían 84 personas en el atentado contra la AMIA, se reformaba la Constitución y Maradona era expulsado por dopaje del Mundial de EE.UU.

Hace 20 años el internet era incipiente y desconocido. Los mensajes más vanguardistas eran por fax. En Colombia se inauguraba la telefonía móvil y los medios tradicionales no tenían idea que al final de la década tendrían que emigrar a espacios digitales para sobrevivir y mantener audiencias. Edward Snowden y Julian Assange, si acaso, eran ciencia ficción.

En 1994, mientras Nelson Mandela ganaba las elecciones en Sudáfrica poniendo fin al apartheid, en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, un grupo de visionarios, entre ex presidentes democráticos, líderes mundiales, premios Nobel y periodistas, redactaban una escueta declaración de principios que serviría para crear cultura sobre libertad de expresión.

El clima actual de libertad de prensa no es mejor que hace 20 años; hasta se retrocedió. Lo prueban el cierre de medios y persecución de periodistas en Venezuela; la censura legalizada en Ecuador; la propaganda gubernamental en Argentina; la matanza de periodistas en México, Brasil y Honduras; la continua falta de libertad en Cuba y la invasión del gobierno de EE.UU. en la privacidad de la gente.

Pese a ello, el público, tal vez sin saber por qué, tiene mayor conciencia sobre que para vivir en democracia, es indispensable que se reconozca con acciones concretas el derecho a la información, en lugar de figurar en lindas frases constitucionales y tratados internacionales. Esa mayor conciencia fue fraguada por debates públicos, participación en las redes sociales y más acceso a decisiones de los gobiernos, que se vieron presionados a rendir cuentas.

La Declaración de Chapultepec contribuyó a esa saludable cultura de mayor apertura gubernamental. Sirvió para medir sistemáticamente el nivel de libertad de prensa en una sociedad y, también, para impulsar medidas concretas que favorecieron la práctica del Periodismo ante gobiernos intolerantes y para crear más garantías y respeto a los derechos del público a la información y expresión.

El logro mayor en estas dos décadas de la Declaración fue haber impulsado la tendencia de leyes de acceso a la información pública, que empezó con México en 2001 y prosiguió hace días con la Ley de Transparencia en Colombia, después de insertarse en más de una docena de países latinoamericanos. Si bien estas leyes – todavía inexistentes en Venezuela, Paraguay, Costa Rica y Argentina, entre otros países -  no derrotaron el secretismo de Estado existente, ayudaron a crear cultura sobre la necesidad de contar con gobiernos más abiertos y trasparentes.

La eliminación del delito de desacato - que las autoridades permitan la crítica sin represalias - fue otro paso positivo en pos de gobiernos menos autoritarios. La excepción son Ecuador y Venezuela, donde por una ley y una reforma al Código Penal, respectivamente, se activaron mayores protecciones para los gobernantes, como si fueran monarquías del Siglo 14.

En materia de libertad de información los desafíos son muchos y constantes, especialmente por esa característica latinoamericana a la ciclotimia, de volver a los errores de siempre. Por eso es válida la celebración de la Declaración de Chapultepec que, aunque un poco imperceptible a la vista del ciudadano común, ha sido en estos 20 años, una usina importante para generar energía y cultura a favor de las libertades de prensa y expresión.

20 años de Chapultepec y la libertad de prensa

Hoy se cumplen 20 años desde que fuera redactada la Declaración de Chapultepec, por iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un documento breve pero enérgico, que ha servido para construir cultura sobre libertad de prensa y de expresión en las Américas.

Comparto el comunicado de hoy de la SIP - La Declaración de Chapultepec cumple hoy 20 años, pero “sigue tan vigente como siempre - con el que se recuerda a los visionarios de aquella época, que tuvieron en mente un documento que a la par de ayudar al periodismo y a los medios de comunicación a hacer mejor su labor, obliga a los gobiernos a respetar el derecho del público a la información y a abrir más espacios y procesos democráticos.

Miami (11 de marzo de 2014).- Después de 20 años la Declaración de Chapultepec “sigue tan vigente como siempre”, según las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reclaman su relevancia en un continente todavía afectado por las violaciones a las libertades de prensa y expresión.

Al cumplirse hoy un nuevo aniversario desde que fue creada el 11 de marzo de 1994 en el Castillo de Chapultepec, en México, la SIP anunció que abre a partir de ahora una serie de actividades en su conmemoración.

La primera de ellas se efectuará en Barbados del 4 al 7 de abril próximo, donde se discutirá sobre su relevancia como documento para preservar, promover y defender la libertad de prensa. Otros actos están previstos durante la asamblea general que la organización realizará en Santiago, Chile, en octubre, además de encuentros regionales y webinarios en los que se abordará la aplicación de sus principios, esenciales para el derecho del público a la información y el robustecimiento de las democracias.

En su preámbulo, la Declaración, redactada entre ex presidentes democráticos, premios Nobel, líderes y periodistas, destaca que: “Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad”.

Tras recordar “a aquellos visionarios que hicieron posible este documento y su utilidad”, la presidente de la SIP, Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Colorado, dijo que “la relevancia de la Declaración radica en que nos compromete como periodistas, pero especialmente como ciudadanos, a defender y promover las libertades de prensa y de expresión como prioridades para alcanzar el bien común”.

La Declaración de Chapultepec (http://www.sipiapa.org/chapultepec3/acerca-de-la-declaracion) contiene 10 principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en una democracia. Fue aprobada durante la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión del 11 de marzo de 1994 en Ciudad de México y desde entonces adoptada por jefes de Estado, líderes, académicos, estudiantes y ciudadanos de las Américas.

El presidente de la Comisión de Chapultepec de la SIP, José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica de El Salvador, agregó que “la Declaración no solo nos compromete a buscar permanentemente la verdad, a exigir libertad y tolerancia, sino también nos compromete a respetar normas y criterios éticos en la comunicación”.

En tanto el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, Búsqueda, Uruguay, subrayó que “la Declaración se ha transformado en una vara esencial para medir los niveles de libertad y democracia del que gozan los países, ayudando a crear jurisprudencia para garantizar los derechos y libertades individuales”.

En ese sentido, Paolillo y Dutriz, recordaron que en 2001 la Declaración de Chapultepec sirvió de base para la redacción de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Programa de Chapultepec de la SIP cuenta con el apoyo económico actual del Fondo James McClatchy de La Fundación San Francisco, California. Desde sus orígenes en 1994 y por más de una década, ese Programa contó con el respaldo económico de la Fundación Robert R. McCormick, de Illinois, EE.UU.

Internet, protestas populares e hipocresías gubernamentales

Venezuela confirma lo que ya nos había enseñado la Primavera Árabe, el Movimiento 15-M español, el Occupy Wall Street, los universitarios chilenos pro educación gratuita y los jóvenes brasileños anti mundialistas. Los ciudadanos de a pie, auto convocados a través de las redes sociales y teléfonos móviles, se convirtieron en el quinto poder.

Estas protestas espontáneas trajeron grandes desafíos a los gobiernos. Antes les bastaba con dominar partidos y sindicatos, fuente de las manifestaciones. Ahora, las tecnologías de la comunicación hicieron el blanco más esquivo. De ahí que opten por tres caminos para neutralizar el derecho de reunión: Alientan más regulaciones de orden público como en Argentina o restringen el internet y reprimen con brutalidad como en Venezuela.

El camino está plagado de ironías e hipocresías. EE.UU., el país más despreciado desde América Latina, es usado de ejemplo. Días pasados, la presidente Cristina de Kirchner propuso un anteproyecto para imponer orden al derecho de reunión, justificando lo que observó en Nueva York: Protestas ordenadas y autorizadas.

Su llamado a la “convivencia popular” tiene sentido común – que el derecho de protesta de unos no conculque los derechos de otros – pero tal vez sea, más bien, sentido de oportunidad con la intención de censurar el disenso. Ironía. Hasta hace poco, al kirchnerismo no le importaba cortar rutas y calles para amedrentar a opositores y críticos. 

Lo que Cristina no dijo es que en EE.UU. ni la policía ni las fiscalías están sometidas al poder político, por lo que el gobierno no puede ordenar represión ni conculcar el derecho de reunión a conveniencia. Son jueces autónomos los que deciden neutralizar desbordes y vandalismos, si los hay.

Esa politización de la represión es más notable en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, arropado de todos los poderes del Estado, es quien la dispone sin mediación. Manda a las tropas de la Guardia Nacional y a grupos paramilitares reprimir con balas, mientras ordena a fiscales y a la Justicia dictar cargos criminales que él mismo dispone a placer.

Así se lo criminalizó a Leopoldo López, a otros opositores y a estudiantes que por protestar contra la inseguridad, la inflación y el autoritarismo de Estado, terminaron presos por terrorismo, delincuencia organizada, traición y otros delitos que se castigan con decenas de años de cárcel.

Maduro justifica que la represión sirve para proteger los derechos a la paz y a la vida. La hipocresía pasaría por alto, si la estrategia de control no fuera evidente. Pero Maduro censura a la radio y la televisión con leyes que permiten cerrarlas si trasmiten imágenes sobre las protestas, y a los diarios, más chúcaros, les impide importar papel para publicar. Neutralizados los medios tradicionales, la última escalada de censura abarcó a Twitter, Whatsapp y Zello, herramientas esenciales de los manifestantes.

Al contrario de su llamado irónico a la paz y al diálogo, Maduro está decidido a seguir reprimiendo. Esta semana, en el aniversario de muerte de su predecesor, ordenó socarronamente a la Guardia Nacional que “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”.

Tampoco no todo es rosa en los movimientos creados por las redes sociales. Como son parte del contexto, algunos que en ellas actúan, también lo hacen con intención de distorsionar, manipular o generar anarquía, desórdenes y violencia. Y si a ello se le suma que los gobiernos tienen ejércitos de ciber militantes con el objetivo de desacreditar e intimidar a opositores, mentir y neutralizar protestas, es fácil advertir que las redes sociales pueden convertirse en campo de batalla y acarrear más problemas que soluciones. Además, si los usuarios no logran cambiar las cosas, se corre el riesgo de que pueda generarse mayor frustración e ira de la que se estaba intentando aplacar.

Es difícil predecir lo que sucederá en Venezuela. Pero es evidente que las redes sociales están jugando un papel significativo respecto a los derechos humanos de reunión y de expresión. La capacidad de auto convocatoria y de denuncia de abusos, divulgando fotos y videos que están vedadas a los medios tradicionales, se impone como un nuevo poder capaz de contrarrestar a aquellos gobiernos que pretenden controlarlo todo.

Los venezolanos más solos que nunca

No puedo cambiar nada de los que dije en el post anterior sobre el papel de la OEA y la fortaleza del gobierno de Venezuela dentro de la organización – mayoritaria e imperialista si uno se guiara por lo que define siempre Nicolás Maduro acusando a EE.UU. – para lograr este viernes una declaración por 29 votos contra tres (Panamá, Canadá y EE.UU.) que simplemente no hace más que respaldar todo lo dispuesto por Maduro para reprimir las protestas desde su origen el 12 de febrero.

La OEA, mejor dicho los gobiernos que en ella debatieron, le dieron la espalda al reclamo popular, para solo reparar en la violencia proveniente desde todos los sectores, olvidándose que en épocas no tan lejanas, muchos de los 29 gobiernos lucharon en contra de la violencia de Estado, esa misma que usurpó sus democracias con botas y fusiles.

Maduro obtuvo “la victoria”, muy particular porque antes denostaba a la OEA por ser brazo del imperialismo y hoy se siente triunfante porque considera que su revolución fue legitimada por la comunidad internacional. Más triunfante aún es su propaganda, que ha hecho que los países debatan y aprueben una resolución como si los estudiantes universitarios estarían intentando dar un golpe de Estado o si los opositores nucleados detrás de “la salida” la estarían buscando mediante intrigas y armas. Todo lo contrario.

La declaración de la OEA, a placer de Maduro, no reconoce que es su propio gobierno el que está achicando los espacios democráticos mediante represión al derecho de reunión, la férrea censura a los medios tradicionales y al internet, y por la criminalización de todo aquel que el gobierno considere opositor, es decir de todos los que no se pliegan al gobierno o que lo adulan por conveniencia o por temor.

Los ciudadanos venezolanos están solos, pero solo ante los gobiernos nucleados en la OEA. Hay un movimiento de ciudadanos internacional – además de la ONU, la Unión Europea -  que los siguen, apoyan y protegen.

OEA dividida x Venezuela y DDHH olvidados

Era evidente que la reunión de la OEA terminara en la nada, con la determinación de los votos del gobierno venezolano, acompañado por los del Alba y del Caricom, cuya intención certera era neutralizar cualquier declaración de censura contra Venezuela o envío de misión para investigar lo sucedido.

Los votos, por ahora, valieron más para Nicolás Maduro que dos días atrás, y después de romper relaciones diplomáticas con Panamá, había advertido que la OEA debería quedarse donde está y que deje de lado sus sueños intervencionistas aupados por EE.UU.

Esto aumenta los sentimientos de muchos que siguen creyendo que la OEA no sirve para nada, justamente el mismo pensamiento que empezó a vender el fallecido Hugo Chávez y con el que justificó otras asociaciones como Unasur, y Celac, que a diferencia de la OEA, que reúne a todos los países americanos, son ideológicamente excluyentes.

Esa exclusión y las diferencias ideológicas fueron las que justamente terminaron de inclinar la votación de ayer a favor de Venezuela. Aunque es lamentable que en el seno de la OEA se haya desconocido lo que manda la Carta Democrática Interamericana en materia de derechos humanos y libertades individuales, conculcados intencionalmente por el gobierno venezolano, hay que entender que se trata de una época política y no de la OEA. Esta, como tal, sobrevivirá más allá de los gobiernos que antes y ahora la manipulen.

En eso, al menos en eso, el secretario general José Miguel Insulza tiene razón. La OEA, como organización política, es destinataria y está manipulada por la misma polarización que está enquistada en la mayoría de los países.

Más allá de los vericuetos políticos existentes, lo más lamentable es que no se le haya siquiera tapado la boca a Maduro con su siempre diatriba a favor de la soberanía y la no injerencia; una excusa con la que siempre trata de manipular la universalidad de los derechos humanos que los gobiernos del mundo reconocieron después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente esa universalidad, es la que permite que el mundo entero tenga derecho a entrometerse en una nación cuando se sospecha de la violación a los derechos humanos.