Gobierno argentino reactivo, no proactivo

Los gobiernos son como las personas. No se pueden definir por sus extremos, buenos o malos, ya que tienen toda la gama de tonalidades entre esos dos puntos. Pero hay ciertas características particulares  que los identifican, de ahí que haya desarrollados o en vía de desarrollo, pobres o ricos, democráticos o autoritarios, estables o inestables, reactivos o proactivos.

El de Cristina Kirchner es un gobierno reactivo, demasiado ideológico, previsible, contestatario, poco transparente. Es quizás, como muchos de sus antecesores, un gobierno que para resolver la crisis – ciclotímica en la Argentina desde su concepción como país soberano – siempre se enredó o se benefició de los problemas del momento, con un constante apego a resolver situaciones a muy corto plazo, adicto a las fechas electorales, sin prevenir el futuro a largo plazo. Por eso, a Cristina no se le puede definir como estadista, como aquella persona visionaria y que lleva al país a pensarse más allá de las coyunturas actuales.

Los problemas económicos actuales son típicos, por lo que a los culpables no hay que buscarlos en las teorías conspirativas como la de Shell tal hizo el ministro de Economía, Axel Kiciloff, sino en la falta de previsión. Es cierto que el manejo económico es complicado debido a la interconexión global, pero desde hace años el gobierno escogió un camino rechazando al mercado, a su gente, pesificando desconfianza, como tantos ministros de Economía anteriores que escandalizaron con promesas que tuvieron resultados diametralmente opuestos. Así el gobierno escogió pelearse a muerte con los industriales, con los productores agropecuarios, motor de la economía, cuyo superávit en lugar de ser invertido en obras de infraestructura necesarias, se utilizaron para hacer propaganda y en clientelismo y así sostener un aparato de popularidad, la característica más espantosa y degradante que siempre definió al peronismo de todas las tonalidades ideológicas.

El gobierno se definió así mismo con grandes batallas, por cierto lícitas, pero demasiado ideológicas, dividiendo a los ciudadanos, polarizándolos, en lugar de encontrar objetivos de lucha común. Todas sus batallas fueron políticas a nivel interno como externo, como dando la impresión de que siempre jugó a ganar tiempo. 

Retrotrajo a la memoria la lucha por los derechos humanos de aquella infame del país, pero no se percató de los derechos actuales, de la pobreza, la falta de agua, el desempleo, etc… Contratacó con una Ley de Medios embarcándose en una batalla con Clarín y La Nación, que quiso fuera de todos los argentinos, pero que no aportó nada para el país, y a nivel externo se alineó con ideologías similares, no cumplió con acuerdos de Mercosur o en foros internacionales gastó sus energías en un reclamo legítimo por Las Malvinas y nacionalizó empresas que generaron desconfianza y ahuyentaron  inversores.

Más allá de la legitimidad que le dieron en forma directa los electores con el 54%, Cristina no revisó sus políticas y forma de gobernar cuando las urnas mostraron todo lo contrario, confiada que la propaganda la llevaría luego al mismo sitial de popularidad, lo que sucedió en dos o tres ocasiones – para su desgracia. En esa arrogancia del poder y con la idea de tener la sartén por el mango, el gobierno buscó apoderarse de la justicia y sus decisiones, dio la espalda a los opositores, ignoró el reclamo de los productores, castigó económicamente a gobernadores que no le dieron el voto, rechazó las críticas y la realidad demostrada por estadísticas sobre inflación y pobreza, usó el dinero de mayores impuestos en gastos de propaganda, al tiempo que cobijó y defendió a los señalados por corrupción.

Un gobierno que antepone la ideología a sus acciones, que confunde popularidad con mayorías, información con propaganda, que descuida los intereses de las minorías y que es oscuro, sin nada de transparencia, siempre se quedará pensando en sí mismo, no en la dimensión de Estado ni país. Un mal que en Argentina se viene sufriendo por décadas, cuando todo gobierno termina anteponiendo sus propios intereses, construyendo sobre la base de la destrucción de todo lo anterior.

La falta de capacidad eléctrica, el aumento de la inseguridad, el auge de la delincuencia y del crimen organizado, la incapacidad para atraer inversiones, la fuga de capitales y cerebros, la desvalorización de los salarios y la falta de producción manufacturera, de invención tecnológica, y las decadentes educación y salud públicas, forma parte de esa falta de previsión en el futuro a largo plazo que Cristina siguió incentivando.         

Argentina sigue a los porrazos. Solo podrá levantarse cuando algún gobierno piense el país a largo plazo, cuando los ajustes incluso se hagan en postrimerías de alguna elección, cuando el gobierno esté dispuesto a perder y cuando la oposición asuma para construir sobre lo construido. Cuando el gobierno construya plantas hidroeléctricas en vez de subsidiar el pago de las boletas de luz, cuando incentive la innovación y cree fábricas en lugar de aumentar los impuestos a la exportación de materias primas, cuando garantice seguridad jurídica para atraer inversiones, en lugar de maniatar a jueces para que no sentencien la corrupción.

Con Edgar Tamayo, todos somos asesinos

Finalmente, una decisión política del gobernador texano, Rick Perry, se llevó puesta la vida del mexicano Edgar Tamayo, pese a las esperanzas de todo México, las peticiones del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Barack Obama, las miles de firmas recopiladas por Amnistía Internacional, las plegarias de vecinos y familiares y la expectativa indescriptible en las redes sociales donde se clamaba que la sentencia de muerte fuera suspendida.

Nada importó, ni siquiera los tratados internacionales argumentados por México sobre que Tamayo debería haber tenido asistencia consular ni que Perry y Peña Nieto hayan estado cara a cara en Davos. El gobernador republicano era el único que podía haber detenido esta ejecución, pero tampoco hay que cargarle todas las culpas, ya que no es él el hacedor de la pena de muerte ni quien la administra.

El mayor responsable de esta política de “ojo por ojo, diente por diente” sigue siendo toda una sociedad que tolera o, al menos, que solo despierta a los avatares de la pena de muerte cada vez que impacta la noticia de una ejecución en particular; no de todas.

A esta altura del desarrollo social y cuando hay conciencia extrema sobre los derechos humanos - y hasta por los derechos de los animales y la ecología -  parece una gran contradicción que una sociedad civilizada, consciente, pueda ponerse en el papel de ejecutor para arrebatarle la vida a una persona.

Es verdad que Tamayo cometió un crimen, mató a un policía, y que otros criminales cometen delitos aún más atroces y hasta indescriptibles, y que por eso existe la reacción intestina de desearle a alguien la muerte. Sin embargo, pasar de esa reacción primaria, a establecer leyes que nos justifiquen matar a una persona, nos convierte a todos en criminales.

Un asesinato legal, como el que ampara la pena de muerte, nos iguala a todos en lo más bajo de lo humano. Y uno se pregunta ¿Por qué entonces sorprenderse con aquellos gobiernos y culturas que condenan a sus reos a latigazos o a morir a pedradas? ¿Por qué sorprenderse por los crímenes de Estado cometidos por gobiernos dictatoriales cuando también se amparaban en leyes, decretos o en necesidades oscuras de conveniencia sobre seguridad nacional? ¿Por qué culpar a ciudadanos que hacen justicia por manos propias después que el Estado permite a los malhechores seguir con sus crímenes y permanecer en la impunidad?

Lamentablemente,  la discusión moral y ética sobre la pena de muerte termina siendo disgregada por otro debate que a muchos parece divertir, pero que es aún más repulsivo: ¿Cuál es la forma más digna de morir? ¿Cómo mejorar las dosis de drogas para que la inyección letal tenga efectos más rápidos o cuál será el voltaje más apropiado para matar pero no quemar o fulminar y así guardar las apariencias de una muerte noble?

Estos ruidos sobre el cómo matar a una persona, no nos debieran apartar de la esencia misma de una discusión silenciada: ¿Por qué matar legalmente? ¿Por qué permitir que un gobierno mate? ¿Por qué arrogarnos el destino y juagar a ser Dios?

En su última carta y despedida a sus familiares, Tamayo les imploró que “nunca, nunca se olviden de mí”. Ojala que su pena de muerte no sea en vano y sirva para capitalizar una profunda discusión.

Celac cambia democracia por paz en Cuba

No puedo estar más de acuerdo con el periodista Andrés Oppenheimer que en su reciente columna del The Miami Herald/ El Nuevo Herald de Miami criticó la realización de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en Cuba la próxima semana, pero aún más que los líderes latinoamericanos que ahí se reúnan no intentarán siquiera acercarse a la cumbre paralela no oficial que está organizando la disidencia.

Varios líderes se excusaron sobre que simplemente estarán ahí en visita oficial y que, por tal motivo, cumplirán con la agenda oficial, es decir que no tienen previsto ningún acercamiento con los disidentes y periodistas independientes ni mucho menos se les antojaría tratar de visitar a presos políticos. Todo esto para no ofender a los hermanos Castro.

De por sí, que la reunión se realice en La Habana y de que el dictador Raúl Castro sea su presidente, ya es síntoma de la grave hipocresía que reina en América Latina, cuando uno considera que la CELAC tiene como objetivo la promoción de la democracia. Justamente por  faltarle a ese país la democracia y no poder hacer gala de ninguno de sus atributos, el gobierno dictatorial, con su desvergonzado uso de la propaganda, impulsa una agenda abstracta traída de los pelos: Que América Latina sea declarada zona de paz.

Se trata de una cortina de humo que busca comprar tranquilidad para el régimen, tratando de neutralizar cualquier eventual declaración incómoda y sorpresiva sobre la promoción de la democracia.

Obviamente una sinrazón para las Damas de Blanco que están buscando, y sin éxito, una entrevista con el secretario General de la OEA, José Miguel Inzulza y para Elizardo Sánchez, director de la local Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que ya advirtió que agentes de la seguridad del Estado están rondando los domicilios de los disidentes y advirtiéndoles sobre represalias en caso de que quieran acercarse a los mandatarios extranjeros.

Una vez más, la CELAC servirá para legitimar y comprar más tiempo a la dictadura familiar más larga de América Latina. Una desacertada cumbre que será una de las desvergüenzas más increíbles que contendrán los libros de historia en el futuro próximo.

El mayor reto de Francisco

Desde que fue elegido al trono de Pedro, el papa Francisco no dejó nada al azar, ni siquiera los problemas más complejos por los que renunció Benedicto XVI.

Con firmeza comenzó a limpiar las finanzas del banco del Vaticano, destituyendo a cardenales corruptos; con misericordia redefinió el pecado con aquella frase “¿Quién soy yo para jugarles?”, amparando a homosexuales, divorciados y mujeres empujadas al aborto; y con determinación renovó la misión católica con obispos de a pie, recreando una Iglesia humilde y misionera, tal el legado de Cristo y sus apóstoles.

Por esa mezcla de seguridad y jovialidad, donde convergen los espíritus de la Madre Teresa y Juan Pablo II, la prestigiosa revista Time lo valoró como la persona del año en 2013, argumentando que le bastaron menos de nueve meses para posicionarse como líder mundial y que la Iglesia recobre la confianza de fieles y no católicos.

A pesar de sus logros y confianza acumulada, Francisco tiene un gran reto por delante, que nada tiene que ver con temas doctrinarios y morales como el celibato, la ordenación de la mujer o la manipulación de las células madres, sino con cuestiones más carnales y de índole criminal, como el abuso de menores.

El jueves, por primera vez en la historia, el Vaticano debió sentarse en Ginebra en el banquillo de los acusados ante la Comisión de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Debió responder por decenas de miles de casos de abusos infantiles, a manos de curas pedófilos, cuyos crímenes, perpetrados en parroquias, escuelas y orfanatos, quedaron en la impunidad encubiertos por la jerarquía eclesial.

Los crímenes de este tipo no son nuevos en la Iglesia, lo único nuevo es la decisión para combatirlos. El papa emérito, Joseph Ratzinger, fue el primero en tomar al toro por los cuernos. Declaró tolerancia cero contra esos delitos, convocó un simposio, publicó una guía interna anti abusos y pidió a los obispos que denuncien a los pederastas ante la justicia ordinaria.

Francisco le siguió determinado. En julio de 2013, creo un reglamento jurídico del Vaticano endureciendo las penas para casos de abusos y en diciembre anunció la creación de una comisión para luchar contra la pederastia, con el objetivo de que la Iglesia jamás vuelva a mirar hacia otro lado.

Sean O’Malley, cardenal de Boston, y miembro del grupo de ocho cardenales asesores directos de Francisco, explicó que los próximos sacerdotes y religiosos que trabajarán con niños deberán tener antecedentes legales y psiquiátricos intachables. Este cardenal, que tuvo la misión de limpiar de pederastas a tres diócesis estadounidenses, vendiendo edificios para pagar indemnizaciones a las víctimas, sentenció que se tratará a los pederastas como lo que son, criminales, poniéndolos a disposición de la justicia ordinaria y no en manos de sus autoridades.

Hasta ahí la Iglesia parece transitar el camino correcto. Sin embargo, lo que miles de víctimas reclamaron este jueves en Ginebra es que el Vaticano deje de hablar y comience a hacer, que resuelva el pasado y que no permita que sus autoridades continúen protegiendo a criminales como si se tratara de simples pecadores.

Aunque se ponderó la actitud comprometida de la Iglesia de participar de la reunión, víctimas y organizaciones de derechos humanos denostaron que los obispos representantes, Silvano Tomasi y Charles Scilcluna, respondieran con evasivas. Que no dieran cifras sobre abusos denunciados, que no hagan responsable al Vaticano por el encubrimiento y que opten por la consabida respuesta de que Roma no es responsable por sacerdotes y obispos, quienes, como cualquier ciudadano, deben responder por sus acciones ante la justicia de sus respectivos países.

Puede que la respuesta sea correcta, política y legal, pero ni es adecuada ni coherente con la misericordia manifestada por Francisco, a quien en este terreno fangoso, se le pide justicia y castigos concretos. Existe sed de justica por los delitos anteriores y Francisco debe buscar la forma de apagarla.

Como en cualquier disciplina, la Iglesia nunca estará exenta de delincuentes y corruptos, pero no puede omitir su responsabilidad, debe actuar. La percepción de impunidad, ya sea judicial o eclesiástica, es la peor enemiga de Francisco y su mayor reto.

Obama, Snowden y el olvido por Assange

En el discurso de ayer sobre la reforma al sistema de espionaje, Barack Obama nombró por primera vez, en forma oficial, varias veces a Edward Snowden, quien se atribuyó la tarea de denunciar al mundo las prácticas poco saludables de la Agencia Nacional de Seguridad en materia de vigilancia y recopilación de datos de ciudadanos y líderes mundiales a través del internet y de escuchas telefónicas clandestinas.

Antes de las denuncias de Snowden, las otras denuncias que habían impactado al mundo, habían sido las de Julian Assange, que publicó en su sitio de Wikileaks filtraciones obtenidas del soldado Bradley Manning. Se trataba de documentos clasificados que denunciaban estrategias poco convencionales en las guerras de Irak y Afganistán, torturas, cárceles clandestinas de la CIA, apoyo de aliados y una tonelada de datos embarazosos para la diplomacia estadounidense, advirtiéndose su propensión a los chismes sobre líderes extranjeros.

En aquella época, Assange se mostró como un adalid de la verdad, una especie de Robin Hood de las informaciones, robándosela a los ricos en beneficio de los pobres. Pero en realidad, aquella información solo sirvió para conocer que debajo de las piedras también corre el agua, algo que siempre se sospechaba, pero no para que un gobierno tan poderoso como el de EE.UU. tuviera que cambiar de rumbo.

El gobierno solo sintió vergüenza pero no se amilanó para lograr que Assange quede encerrado en la embajada ecuatoriana de Londres, aislado, sin dinero ni poder. Tampoco parece que el gobierno británico escuchará a Rafael Correa por su petición para un salvoconducto que le permita a Assange llegar a Quito como héroe mundial. Assange fue olvidado.

En realidad, comparable a las denuncias de Snowden, lo de Assange fue información de tercera. Le guste o no al gobierno estadounidense, así trate de sacar a Snowden de Rusia o atraparlo en su próximo destino para juzgarlo como al soldado Manning, sus denuncias lograron que Obama recapitule y busque con reformas aplacar las críticas y las vergüenzas que recopiló en el mundo entero.

Si bien Obama dijo que EE.UU. no recapitulará a su derecho de seguir espiando para evitar que se dañen los intereses de sus ciudadanos frente a posibles ataques terroristas, anunció una serie de medidas más balanceadas para que la vigilancia no desvirtúe el principio constitucional del derecho a la privacidad.

Entre esas medidas, se necesitará más supervisión del Congreso, más legislación, más permisos judiciales, menos espionaje automático a datos de los ciudadanos en internet y nada de investigar mediante escuchas telefónicas clandestinas a líderes aliados, como Angela Merkel o Dilma Rousseff.

Más allá de que la reforma no es la más apropiada o efectiva, las denuncias de Snowden han ayudado a poner las cosas en perspectiva. A diferencia de las denuncias de Assange, las de Snowden se ven como importantes, ya que han logrado cambios considerables que de ninguna forma se hubieran logrado sin ellas.

De todos modos, vale hacerse la pregunta con la intención de no minimizar el aporte de Assange: ¿Hubiera Snowden tenido el coraje de denunciar a sus antiguos empleadores de no haber sido por la iniciativa de Wikileaks?

Maduro y las telenovelas como chivo expiatorio

El presidente venezolano Nicolás Maduro, como varios de sus colegas latinoamericanos en los últimos años, no ha encontrado mejor excusa o chivo expiatorio para el grave problema de la inseguridad, que acusar a los medios de comunicación, en particular a la TV y sus telenovelas, por fomentar la violencia y los antivalores en la sociedad.

La ocurrencia de Maduro sería anecdótica y para no tener en cuenta si se trataría solo de una excusa para justificar la falta de acción y planificación de su gobierno en materia de seguridad. Pero el riesgo es que durante el gobierno chavista, tras la acusación del oficialismo contra los medios en el mismo sentido, se han creado leyes y decretos para imponer sanciones y censurar a los medios. Justamente, la ley de Responsabilidad Social sancionada por Hugo Chávez en 2004, bajo las mismas argumentaciones actuales de Maduro – crear un sistema de protección de la niñez ante la promoción de la violencia provocada por la radio y televisión – sirvió para cerrar televisoras, como RCTV y decenas de cables, así como cientos de radios, no para proteger a los niños sino blindar al gobierno de las críticas.

Existen estudios para uno y otro sentido sobre la mala influencia en la conducta de los niños por parte de la televisión y los videojuegos, pero de ahí hacerlos responsables de la inseguridad ciudadana hay un trecho muy largo. Si así fuera, EE.UU. debiera ser el país más inseguro y peligroso del mundo debido a la mala influencia de Hollywood con cientos de nuevas películas que hacen escuela diaria sobre violencia, escándalos, conspiraciones y terrorismo.

El peligro del argumento de Maduro es que ya ha dado instrucciones a la ministra de Comunicación y al Consejo Nacional de Telecomunicaciones para que revise la programación de las televisoras, acusándolas de antemano de crear inseguridad y generar violencia por la trasmisión de telenovelas, acusándolas de fomentar “antivalores de la muerte, culto a la droga, culto a las armas, culto a la violencia”.

De esta forma Maduro trata de expiar los pecados de su propio gobierno y de su predecesor que poco pudieron hacer en materia de seguridad, convirtiendo a Venezuela en uno de los países más violentos de la región con 79 asesinatos cada cien mil personas. Según la ONG, Observatorio Venezolano de Violencia, 25.000 asesinatos se produjeron en el país durante el 2013.

Es que si bien Maduro puso énfasis en la pacificación en su discurso este miércoles ante el Congreso, su atención sobre el tema de la inseguridad no ocurrió hasta el asesinato de la actriz y ex miss Universo, Mónica Spears y su esposo, crimen que levantó indignado a muchos sectores de la sociedad venezolana.

Como siempre y por todo concepto, tanto Maduro como el chavismo, son muy astutos en echarle la culpa a los demás de las deficiencias, ineficacia, omisiones y manipulaciones de su gobierno. Así es el imperio, el capitalismo, los burgueses, la oligarquía, los diplomáticos estadounidenses, los comerciantes inescrupulosos, quienes tienen la culpa de los males de Venezuela.

En realidad, más allá de la ineficiencia de su gobierno para controlar la seguridad, el orden en las cárceles o de dotar a la justicia y las fuerzas de seguridad con recursos humanos y técnicos, Maduro es responsable directo en materia de inseguridad por varios motivos. Ha armado a un grupo nacional de autodefensa que en cualquier momento puede desviarse como está sucediendo con los grupos paraestatales mexicanos de Michoacán; ha incentivado y justificado a las turbas a saquear comercios y supermercados como castigo por el alza de precios y mantiene un discurso irracional y polarizante contra la oposición y cualquier individuo que no simpatice con su gobierno.

Maduro, en lugar de echar culpas a los demás, debería estar mirando muy de cerca lo que pasa fuera de las ventanas del Palacio de Miraflores y actuar en consecuencia. Es que Caracas se ha convertido en la segunda ciudad más violenta del mundo, después de la hondureña San Pedro Sula, de acuerdo el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Esta ONG mexicana informó que Caracas está segunda en una clasificación de las 50 ciudades más violentas del mundo, con 134 asesinatos en 2013 por cada cien mil habitantes. San Pedro Sula tiene una tasa de 187 homicidios y Acapulco es tercero con 117. En el informe, que incluye a 50 ciudades con al menos 300 mil habitantes, se encuentras 43 ciudades de América Latina, además de tres de Sudáfrica y cuatro de EE.UU., entre ellas 16 de Brasil, nueve de México, seis de Colombia, cinco de Venezuela, dos de Honduras y una de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Haití y Puerto Rico.

Entre las críticas que la ONG hace a los gobiernos por la manipulación de datos en materia de seguridad, sobre el de Maduro es bien concreto: “Ha demostrado que no le interesa la transparencia y la rendición de cuentas, sino el ocultamiento o la propaganda, muchas veces basada en mentiras”.

Según esta ONG, en 2013, el gobierno anunció una reducción del 17% de los asesinatos comparado al año anterior, pero demostró que “en las morgues siguió aumentando el número de ingreso de cadáveres”.

Hay que instruir a los políticos

Muchas veces la política tiene poco de arte y mucho de artimaña, pese a que es definida como el arte del poder público en busca de un fin social trascendente o el oficio de la negociación en procura del bien común. Sobran ejemplos de servidores públicos que aprovechan la plataforma para conseguir favores personales, en detrimento de beneficios colectivos.

El fin noble de la política no solo es desvirtuado por los engaños, la corrupción y las pujas de poder. También por mentiras, revanchas y mezquindades, producto de la ineptitud de aquellos que entran a la arena sin preparación alguna o mínima.

Varios casos ocurridos esta semana ejemplifican ese tipo de actitudes. Solo después del asesinato de la ex Miss Universo venezolana, Mónica Spear, y de su esposo frente a su hijita de 5 años, el presidente Nicolás Maduro, convocó por primera vez a todos los gobernadores del país para consensuar un plan nacional de seguridad ante el crimen creciente que, hasta ahora, ocultaba o no admitía.

La actitud de Maduro fue por conveniencia. Esperó al asesinato de una celebridad para salir de su modo defensivo. Más allá de los problemas estructurales, la violencia en el país es incentivada por una verborragia oficial que ampara a ladrones y criminales, y por el empoderamiento de milicias urbanas – grupos de autodefensa armados – que crean mayor violencia y quitan la autoridad a fuerzas legales de seguridad, como ocurrió con grupos paramilitares en Guatemala y Colombia, y con los escuadrones de la muerte en Brasil.

Puede que el crimen de Spear (siete delincuentes ya fueron detenidos) sea el punto de inflexión para promover más seguridad, aunque la actitud de Maduro demuestra que los casos de celebridades tienen más privilegios que los ciudadanos comunes, afectados por un 92% de impunidad.

En EE.UU. el escándalo de la semana perteneció al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien hasta hoy sonaba como la figura más fulgurante de los republicanos para recuperar la Presidencia en las elecciones de 2016. Según correos electrónicos y mensajes de texto, se descubrió que desde la oficina de Christie se ordenó tomar represalias contra un alcalde demócrata del estado de  Nueva York, porque no le dio su respaldo en la anterior elección. La táctica fue un embotellamiento de tránsito provocado intencionalmente en un puente que une a los dos estados. En este caso, la actitud podría tener consecuencias graves más allá de lo político, ya que el caso se investiga como delito por abuso de autoridad y negligencia criminal, por haber puesto en riesgo a los ciudadanos.

En todos lados se cuecen habas. No se puede esperar que todas las decisiones políticas sean correctas o aceptadas socialmente, ya que a veces se requieren decisiones impopulares pero convenientes. La diferencia estriba cuando estas se toman con fines electorales, desde la inauguración oportuna de obras antes de una elección – atentado a la inteligencia de los ciudadanos – hasta la que fue denunciada por el exministro de Defensa estadounidense, Robert Gates, que puso a la Casa Blanca patas arriba. En su libro de memorias, Gates acusó a Barack Obama de anteponer sus intereses políticos y electorales sobre los nacionales, criticando el manejo políticamente conveniente que hizo de la guerra en Afganistán.

La política es una de las pocas profesiones u oficios que no requiere de preparación o instrucción para poder ejercerla. Si bien no debería existir una carrera profesional de político porque privaría el principio democrático de participación e inclusión sin distinción de niveles sociales ni privilegios, tendrían que existir requisitos mínimos, más allá de la exigencia de la declaración jurada de bienes.

Negociación como habilidad; ética y conducta moral; capacitación en liderazgo, presupuesto, gerencia y legislación e historia política comparadas, podrían ser disciplinas importantes para los jóvenes que tengan vocación y capacidad de servir. Esto, sumado a procesos de selección y filtros más rigurosos promovidos por los partidos, podrían incentivar el ingreso a la política de personas más capaces y honradas.

Hacer de la política una artimaña menos personal y pasional, y una profesión más preparada, responsable y fiscalizada, ayudaría a que los ciudadanos comiencen a recuperar la confianza perdida.