Seguridad vs. privacidad

Las últimas revelaciones de esta semana sobre el espionaje de llamadas telefónicas e internet que el gobierno de EE.UU. practica y que se mantenía en sigiloso secreto como parte de su programa anti terrorismo, ensombrecieron aún más la figura de Barack Obama que en las últimas semanas viene de escándalo tras escándalo, del mismo tipo que mantuvo en vilo a su antecesor el republicano George W. Bush.

La práctica de espionaje que el gobierno mantiene a través del programa PRISM pone nuevamente en entredicho a dos valores muy importantes de la sociedad estadounidense que tienen que ver con las libertades individuales y sociales de rango constitucional, como son la seguridad ciudadana, ante la amenaza constante de actos terroristas, y el derecho a la privacidad.

La discusión sobre privacidad y seguridad es una cuestión de contexto que ha ido variando con el tiempo, según la cercanía y distancia que se tenga del principal punto de inflexión para ambos derechos: Setiembre 11 de 2011. Muy cerca de aquella fecha, tanto los ciudadanos como los medios de comunicación favorecían una política más fuerte de seguridad y justificaban las necesarias limitaciones o controles sobre la privacidad. Ahora, a una docena de años del desgraciado episodio, las encuestas de opinión revelan que los ciudadanos – y también los medios, de acuerdo a sus editoriales – favorecen más la privacidad, prefiriendo mayores limitaciones para que el gobierno no pueda justificar la invasión de la privacidad como un normal desempeño de la lucha anti terrorista.

Puede que Obama salga bien librado de este nuevo escándalo y el público termine creyéndole cuando afirmó que el gobierno no actuó como “gran hermano” espiando a sus propios ciudadanos, sino simplemente que interceptó llamadas telefónicas y el uso de internet provenientes de extranjeros.

Sin embargo hay dos cosas que llaman la atención. Primero, que la discusión sobre todo este programa de escuchas y controles de internet a través de Verizon, Facebook, Apple, Facebook entre otras compañías telefónicas y de internet, se haya hecho después de que se han consumado los hechos y no con la debida antelación creándose un debate público sobre los dos valores en cuestión. El secreto de la Presidencia, de algunos miembros del Congreso y de las cortes minimiza el valor constitucional a la privacidad e intimidad, por más que el gobierno le haya dado todo el viso de legalidad a través de la comisión respectiva del Congreso y sus acciones puedan estar sometidas a la jurisdicción de las cortes.

Segundo, también importante, es que el gobierno de EE.UU. como en muchas otras disciplinas, no puede estar escribiendo con la mano lo que borra con el codo. El gobierno hace muy bien en despotricar, criticar y condenar el avance de muchos otros países en contra de los usuarios de internet; pero, para que su política sea más confiable y creíble, debe dar el ejemplo. Con este nuevo esquema de espionaje simplemente no lo está dando.

Hugo Chávez, el periodista

El régimen chavista se las ingenia todos los días para mantener la memoria de Hugo Chávez intacta y seguir con la agitación propagandística en torno al extinto  líder. Ahora, una fundación venezolana le acaba de otorgar a Chávez un galardón post morten, el Premio Nacional de Periodismo 2013.

El premio a Chávez por periodismo recuerda a la jugada de mal gusto que prestó en los últimos años la Universidad de la Plata en Argentina que otorgó distinciones similares tanto a él como al presidente ecuatoriano Rafael Correa, quienes no se destacan justamente por defender la libertad de prensa ni al periodismo independiente, sino todo lo contrario.

El premio a Chávez es una burla y un insulto a la profesión de periodistas. Tiene la misma intensidad que podría tener el premio Nobel de la Paz si se lo otorgaran al ex presidente estadounidense George Bush, el de la niñez feliz al ex cantante Michael Jackson o el del apoyo al desarrollo de las mujeres al ex director del FMI, Dominique Strauss-Kahn.  

El galardón a Chávez le fue otorgado por su lucha en contra de “la mentira y la manipulación mediática”, información que él consideraba estaba siempre obedeciendo a las directivas del imperio, lo que le permitía siempre insultar y agredir a periodistas, así como cerrar medios de comunicación.

También se argumenta que Chávez devolvió la palabra y el protagonismo al pueblo venezolano, hizo suya la causa de los oprimidos del mundo, de Latinoamérica y el Caribe, a través de los medios públicos que creó en su país. Pero eso no puede estar más ajeno a la realidad. Chávez no creo medios públicos, sino estatales, diseñados para el mensaje gubernamental y para excluir a cualquier otro sector de la sociedad.

Aún peor, Chávez, y muy especialmente ahora Maduro, tienen una política “muy argentina y ecuatoriana” de lidiar con el tema de los medios, ya que en lugar de cerrarlos directamente para evitar la crítica internacional, los amenazan y extorsionan hasta ahogarlos financieramente para que sus propietarios estén dispuestos a vender como única y última alternativa.

De esa forma, Globovisión, la única televisora crítica e independiente, acaba de ser vendida a allegados al chavismo que ya cambiaron por una política editorial más azucarada para el régimen de Nicolás Maduro, así como la cadena Capriles que publica el tabloide de mayor circulación, últimas Noticias y los diarios especializados El Mundo y Líder, dedicados a los negocios y deportes, respectivamente.

Si de algo ni siquiera Chávez se lo hubiera podido creer, es haber recibido este premio nacional de periodismo. Lisa y llanamente es una burla.

Maduro, Cristina y los medios

El cambio de política editorial de la televisora venezolana Globovisión y la amenaza del presidente Nicolás Maduro de exigir el retiro de la señal de CNN en Venezuela, así como las nuevas leyes en la ciudad de Buenas Aires y en Córdoba que prohíben al gobierno de Cristina Kirchner abusar de la libertad de prensa, demuestran el papel relevante de los medios privados comerciales en una democracia.

Así como en Ecuador y Nicaragua, los gobiernos de Argentina y Venezuela no han tenido vergüenza para atacar a los medios y periodistas críticos, aduciendo su carácter mercantilista, corrupto y desestabilizador. Leyes que violan preceptos constitucionales de no legislar en contra de la libertad de prensa, persecución judicial y el acoso económico para debilitar a los medios y quedarse con su propiedad, ha sido norma constante.

Más allá de los abusos, el problema es que estos gobiernos han tenido éxito para confundir al público sobre el rol del periodismo independiente en la sociedad, destruyendo una incipiente cultura sobre libertad de prensa que comenzó a gestarse con las nuevas democracias. Que existan medios y periodistas malos como en cualquier otra disciplina es normal, pero de ahí a justificar ataques contra la crítica, el disenso y la opinión, no es más que una contradicción al mandato gubernamental.

Ante la confusión, valga recordar por qué son necesarios los medios privados en un ambiente en que los políticos, en general, los consideran imprescindibles para la democracia cuando son oposición y una amenaza cuando están en el gobierno. El caso del prócer estadounidense Thomas Jefferson, sirve de ejemplo. Cuando resistía el poder colonial del rey Jorge III de Inglaterra, dijo preferir periódicos a gobiernos, hasta que fue presidente y, harto de las críticas, condenó reiteradamente a la prensa.

Aquel estilo “jeffersionano” de tensión entre medios y gobiernos, fue natural en la evolución de la prensa en las Américas, desde que era subsidiada y servía como vocera de partidos políticos, hasta que se benefició con la irrupción de las tecnologías de la comunicación que antecedieron al internet, como el telégrafo, las imprentas para periódicos, la radio y la televisión, haciendo más barata y rápida la confección y distribución de noticias.

Aquella masificación informativa y el desarrollo tecnológico introdujeron la publicidad y las suscripciones, lo que permitió a los medios tener rentabilidad y ganar independencia despegándose de subsidios y favores gubernamentales. Ello permitió mantener la operación compleja y cara de producir noticias, aumentar la profesionalización y, por contrato social, convertirse en un “cuarto poder” para fiscalizar a los tres poderes públicos, exigiéndoles rendición de cuentas frente a los ciudadanos, los verdaderos dueños del Estado.

Engañar sobre que los medios privados no deben ser rentables como predican Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales, o que comunicar la verdad es solo posible a través de los medios estatales, es solo un justificativo para agrandar sus aparatos de propaganda y beneficios electorales.

En el caso de Venezuela el acoso económico contra Globovisión mediante multas, presión contra anunciantes privados y amenazas de no renovación de la licencia de operación, es un ejemplo más de un modelo malversado y reiterado que busca imponer dueños allegados al gobierno para silenciar la crítica y neutralizar la independencia.

En Argentina, las nuevas leyes de protección a la libertad de prensa impulsadas en Buenos Aires y Córdoba, prohíben al gobierno nacional que en esas jurisdicciones continúe con su política de destrucción de medios privados. Pese a la polémica, se trata de medidas extraordinarias para que se cumpla con la Constitución, un documento que aunque acomodan y reforman los políticos a su gusto, no tiene otro propósito que imponer límites y controles al gobierno para que no pueda cometer abusos contra las libertades individuales y sociales, incluidas las de prensa y expresión.

Aunque todos los gobiernos se digan respetuosos de la libertad de prensa, solo existe plenamente en aquellos países donde, desde el poder, se incentiva la abundancia de medios privados comerciales y se respeta que puedan operar con libertad e independencia, dentro de un modelo de rentabilidad razonable. 

Protección para la libertad de prensa

En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, las legislaturas aprobaron leyes para impedir que el gobierno nacional pueda seguir avanzando en contra de la libertad de prensa y de expresión, en particular contra los medios de comunicación privados.

Existen dudas sobre la constitucionalidad de estas leyes, especialmente porque son redundantes con lo establecido por la Constitución nacional sobre la protección explícita de esas libertades.

No soy partidario de que existan leyes de prensa porque siempre están estipuladas para crear restricciones más que para “democratizar” a los medios, como muchos gobiernos actuales argumentan, justificando de esa manera una forma sutil de silenciar las críticas independientes.

Puede ser que Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, hayan actuado no solo a favor de la libertad de prensa, sino con la idea de beneficiar su posicionamiento político para futuras elecciones presidenciales, al tiempo de sistematizar su prédica opositora.

De todos modos, pese a que no deberían ser necesarias más normas de las que ya existen constitucionalmente, es necesario que la libertad de prensa y de expresión tenga la protección necesaria – incluso en exceso – para que su contribución sea palpable y concreta en la democracia. Así como se necesitan leyes especiales para que haya acceso a la información oficial, para proteger el secreto profesional y reserva de las fuentes, cualquier tipo de ley que reglamente y refuerce el derecho constitucional a gozar de libertad de expresión y de prensa es positivo.

Muchos políticos creen que la Constitución tiene el único propósito de ordenar el poder dentro del Estado, sin embargo es mucho más que eso, se trata de un documento que busca limitar y restringir los abusos que pudiera cometer un gobierno en contra de las libertades y garantías que tienen los ciudadanos.

Las leyes en Córdoba y Buenos Aires prohíben que el gobierno no avasalle a los medios de comunicación. Fueron establecidas como salvavidas a la propiedad privada. Puede que sean medidas redundantes – y políticas - pero en momentos que la justicia no es tan independiente como debiera, este tipo de leyes obliga a quienquiera que tenga una actitud autoritaria, a ser más cauteloso en sus acciones.

Los acosos económico, legal y político del gobierno de Cristina Kirchner contra muchos medios de comunicación privados, son los antecedentes que han originado estas medidas extraordinarias de protección. 

Obama: apariencias que engañan

A juzgar por la intensa actividad en su cuenta de Twitter con 32 millones de seguidores y por las veces que autoproclamó a su gobierno como el más transparente de la historia, Barack Obama aparenta ser un paladín de la libertad de prensa y de políticas favorables a la divulgación de información oficial.

Pero en la práctica, Obama está lejos de su prédica. Durante su Presidencia se ha dispuesto la clasificación indiscriminada de documentos oficiales y se ha perseguido judicialmente a delatores del gobierno y a más de 50 periodistas para que divulguen sus fuentes de información, bajo el argumento de la seguridad nacional, el mismo que se usa en países autoritarios para restringir las libertades.

La pobre performance del gobierno se puso de nuevo en evidencia en estas semanas. El Departamento de Justicia, en forma secreta, obtuvo los registros telefónicos de 20 periodistas y editores de la agencia de noticias AP, en una aparente investigación sobre fuentes gubernamentales que delataron un plan terrorista fallido, que habría comprometido la seguridad nacional y de ciudadanos según el gobierno.

Al mismo tiempo, el FBI calificó de conspirador al periodista James Rosen, de la cadena Fox News, luego de acceder a su correo electrónico y verificar las fuentes oficiales confidenciales que usó en 2009 para informar sobre ensayos nucleares de Corea del Norte.

No son hechos fortuitos, sino una conducta común de este gobierno, que tiene el récord de haber procesado a seis de los nueve informantes que fueron acusados mediante la Ley de Espionaje que data de 1917.

Las pesquisas contra la AP y Rosen representan un abuso de poder, una forma de enviar un fuerte mensaje a los delatores para disuadirlos a ofrecer información que el gobierno trata celosamente de ocultar. En todo caso, si el gobierno pretendía saber sobre las fuentes, podría solicitarlas abiertamente, y de esa forma los medios hubieran tenido la posibilidad de colaborar o de negarse anteponiendo recursos judiciales.

Esta política de acoso secreto a fuentes y periodistas es contradictoria con dos disposiciones de las que Obama se vanaglorió en su Presidencia. Una es la Ley para Mejorar la Protección de los Denunciantes que sancionó en noviembre de 2012, con intención de proteger a los empleados federales que informan sobre corrupción o acciones ilegales dentro del gobierno.

La otra, un decreto que firmó al inicio de su primer período presidencial, expresando que “temores abstractos o especulativos” no son razones suficientes para justificar la confidencialidad y clasificación excesivas de información, algo a lo que no fue fiel, según demostró el New York Times al denunciar que su gobierno clasificó 77 millones de documentos en 2010, 40% más que en 2009.

Aunque Obama siga discursando sobre el fin de la cárcel de Guantánamo, lo cierto es que a los medios y periodistas no se les permitió acceder a testimonios de presos que denunciaban maltratos. Y mientras a los periodistas se los requisa y procesa por no revelar sus fuentes o dar información que el gobierno califica de confidencial, el gobierno no hizo nada contra agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que destruyeron 92 videos de interrogatorios a prisioneros de Guantánamo.

Es seguro que Obama no está enterado de los detalles, pero es igual responsable por políticas fallidas, tanto por las veces que se discriminó informativamente a la cadena Fox News, como por los escrutinios impositivos más exigentes que la oficina nacional de recaudación de impuestos (IRS) impuso a organizaciones políticas afines al Tea Party, según denuncias de estos días.

Lo importante, de todos modos, es que el gobierno deje de confundir a espías con periodistas, como señaló el Washington Post, ya que estos deben divulgar información de interés público, a veces recurriendo a delatores, cuando las fuentes oficiales permanecen herméticas.

Para que las apariencias se concreten en hechos, sería recomendable que en vez de perseguir a periodistas, Obama resguarde la libertad de prensa impulsando a nivel federal la promulgación de la Ley de Libre Flujo de Información que protege el secreto periodístico sobre las fuentes. Una ley que demoran tanto demócratas como republicanos, pese a que en 2007 obtuvo media sanción del Congreso.

Kirchner y Maduro sin vergüenza

Los gobiernos de Argentina y Venezuela coinciden en que no tienen vergüenza cuando se trata de aplicar represalias contra medios y periodistas o quieren censurar a sus críticos.

En la cadena venezolana Globovisión - la única que estaba dándole espacio a la oposición ante las puertas cerradas de las televisoras estatales – ya se borraron los espacios para las críticas, algunos periodistas fueron despedidos y la nueva directiva acordó con el gobierno no trasmitir programación política, el equivalente a censurar cualquier tipo de crítica contra Maduro y el chavismo.

Era evidente que esto sucedería cuando su anterior accionista mayoritario Guillermo Zuluoaga anunció, antes de las elecciones del 14 de abril, que el modelo de la televisora era insostenible. Argumentó que la venta se debía a las multas millonarias, a la baja de publicidad ante la presión del gobierno a los anunciantes y a la amenaza patente de que no se le renovaría la concesión para el 2015.

Lo de Globovisión estaba anunciado y prometido, de la misma forma que el régimen cerró a la cadena radiotelevisiva RCTV y a otras 32 emisoras y cientos de páginas de internet y periódicos, además de abrir, crear, fundar y refundar medios propios o ponerlos en manos de testaferros.

Y en Argentina, emulando a Nicolás Maduro, la presidenta Cristina de Kirchner no tiene empacho en hacer todo lo posible para cerrar la puerta a los medios y periodistas críticos, desde perseguirlos judicialmente, acorralarlos legalmente o hasta imponer los partidos de River y Boca, y a sus eventuales equipos contrarios, en el mismo horario nocturno de los domingos en que se trasmite el programa del periodista Jorge Lanata, quien en sus últimas semanas viene denunciando todo tipo de irregularidades y corrupción de personajes en la órbita del círculo íntimo de Cristina y su ex marido Néstor Kirchner.

Pero no le fue muy bien al gobierno el último domingo, ya que Lanata obtuvo más rating que el partido de fútbol programado para ese inusual horario de domingo por la noche.

Ni Maduro ni Cristina tienen vergüenza a la hora de censurar descaradamente a la prensa y a sus críticos.

¿Maduro es o se hace?

En momentos que en Venezuela debe primar la razonabilidad y la paz - especialmente después de que se dio a conocer el audio del conductor de la Hojilla con un supuesto militar cubano y que ha hecho hervir a la oposición y su pedido de una investigación profunda para determinar los aires desestabilizadores dentro del propio chavismo – el presidente venezolano Nicolás Maduro salió al paso con una nueva irresponsabilidad, pidiendo que los militares armen a la clase trabajadora en defensa de la soberanía nacional y de la revolución bolivariana.

Maduro dijo este jueves que “seremos más respetados si las milicias obreras tienen 300.000, 500.000, un millón, dos millones de obreros y obreras uniformados, armados, preparados para la defensa de la soberanía de la patria, de la estabilidad de la Revolución Bolivariana”.

Uno se pregunta si armar a la gente permitirá combatir la inseguridad ciudadana que está carcomiendo la confianza de la gente y a la propia revolución o calmar los ánimos.

Maduro en lugar de pavonearse con este tipo de irresponsabilidad, de acusar al imperio y a la burguesía, debería centrarse en la implosión, en investigar si realmente Diosdado Cabello y otros funcionarios acólitos tienen ideas desestabilizadoras. El audio de Mario Silva solo reveló un secreto a voces, ya que siempre se supo que Cabello era más nacionalista y Maduro más castrista y que ambos como el aceite y el agua, no se mezclan.

Lo que también suena a irresponsabilidad es que la oposición haya dicho que tiene más partes del audio que las dará a conocer en próximas entregas, como si se tratara de la saga de una telenovela.

Poco favor le hace al país la oposición si teniendo algunas verdades las entrega en forma parcializada. No se puede dejar de ver entonces que la oposición especula con espacios políticos en detrimento de la verdad. La oposición no puede estar amenazando en entregar más información porque da la apariencia que está tratando de negociar algo. No puede estar jugando con las expectativas de la gente ni manipulando la información.

Como oposición, no se puede comportar como el gobierno.