Protección para la libertad de prensa

En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, las legislaturas aprobaron leyes para impedir que el gobierno nacional pueda seguir avanzando en contra de la libertad de prensa y de expresión, en particular contra los medios de comunicación privados.

Existen dudas sobre la constitucionalidad de estas leyes, especialmente porque son redundantes con lo establecido por la Constitución nacional sobre la protección explícita de esas libertades.

No soy partidario de que existan leyes de prensa porque siempre están estipuladas para crear restricciones más que para “democratizar” a los medios, como muchos gobiernos actuales argumentan, justificando de esa manera una forma sutil de silenciar las críticas independientes.

Puede ser que Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, hayan actuado no solo a favor de la libertad de prensa, sino con la idea de beneficiar su posicionamiento político para futuras elecciones presidenciales, al tiempo de sistematizar su prédica opositora.

De todos modos, pese a que no deberían ser necesarias más normas de las que ya existen constitucionalmente, es necesario que la libertad de prensa y de expresión tenga la protección necesaria – incluso en exceso – para que su contribución sea palpable y concreta en la democracia. Así como se necesitan leyes especiales para que haya acceso a la información oficial, para proteger el secreto profesional y reserva de las fuentes, cualquier tipo de ley que reglamente y refuerce el derecho constitucional a gozar de libertad de expresión y de prensa es positivo.

Muchos políticos creen que la Constitución tiene el único propósito de ordenar el poder dentro del Estado, sin embargo es mucho más que eso, se trata de un documento que busca limitar y restringir los abusos que pudiera cometer un gobierno en contra de las libertades y garantías que tienen los ciudadanos.

Las leyes en Córdoba y Buenos Aires prohíben que el gobierno no avasalle a los medios de comunicación. Fueron establecidas como salvavidas a la propiedad privada. Puede que sean medidas redundantes – y políticas - pero en momentos que la justicia no es tan independiente como debiera, este tipo de leyes obliga a quienquiera que tenga una actitud autoritaria, a ser más cauteloso en sus acciones.

Los acosos económico, legal y político del gobierno de Cristina Kirchner contra muchos medios de comunicación privados, son los antecedentes que han originado estas medidas extraordinarias de protección. 

Obama: apariencias que engañan

A juzgar por la intensa actividad en su cuenta de Twitter con 32 millones de seguidores y por las veces que autoproclamó a su gobierno como el más transparente de la historia, Barack Obama aparenta ser un paladín de la libertad de prensa y de políticas favorables a la divulgación de información oficial.

Pero en la práctica, Obama está lejos de su prédica. Durante su Presidencia se ha dispuesto la clasificación indiscriminada de documentos oficiales y se ha perseguido judicialmente a delatores del gobierno y a más de 50 periodistas para que divulguen sus fuentes de información, bajo el argumento de la seguridad nacional, el mismo que se usa en países autoritarios para restringir las libertades.

La pobre performance del gobierno se puso de nuevo en evidencia en estas semanas. El Departamento de Justicia, en forma secreta, obtuvo los registros telefónicos de 20 periodistas y editores de la agencia de noticias AP, en una aparente investigación sobre fuentes gubernamentales que delataron un plan terrorista fallido, que habría comprometido la seguridad nacional y de ciudadanos según el gobierno.

Al mismo tiempo, el FBI calificó de conspirador al periodista James Rosen, de la cadena Fox News, luego de acceder a su correo electrónico y verificar las fuentes oficiales confidenciales que usó en 2009 para informar sobre ensayos nucleares de Corea del Norte.

No son hechos fortuitos, sino una conducta común de este gobierno, que tiene el récord de haber procesado a seis de los nueve informantes que fueron acusados mediante la Ley de Espionaje que data de 1917.

Las pesquisas contra la AP y Rosen representan un abuso de poder, una forma de enviar un fuerte mensaje a los delatores para disuadirlos a ofrecer información que el gobierno trata celosamente de ocultar. En todo caso, si el gobierno pretendía saber sobre las fuentes, podría solicitarlas abiertamente, y de esa forma los medios hubieran tenido la posibilidad de colaborar o de negarse anteponiendo recursos judiciales.

Esta política de acoso secreto a fuentes y periodistas es contradictoria con dos disposiciones de las que Obama se vanaglorió en su Presidencia. Una es la Ley para Mejorar la Protección de los Denunciantes que sancionó en noviembre de 2012, con intención de proteger a los empleados federales que informan sobre corrupción o acciones ilegales dentro del gobierno.

La otra, un decreto que firmó al inicio de su primer período presidencial, expresando que “temores abstractos o especulativos” no son razones suficientes para justificar la confidencialidad y clasificación excesivas de información, algo a lo que no fue fiel, según demostró el New York Times al denunciar que su gobierno clasificó 77 millones de documentos en 2010, 40% más que en 2009.

Aunque Obama siga discursando sobre el fin de la cárcel de Guantánamo, lo cierto es que a los medios y periodistas no se les permitió acceder a testimonios de presos que denunciaban maltratos. Y mientras a los periodistas se los requisa y procesa por no revelar sus fuentes o dar información que el gobierno califica de confidencial, el gobierno no hizo nada contra agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que destruyeron 92 videos de interrogatorios a prisioneros de Guantánamo.

Es seguro que Obama no está enterado de los detalles, pero es igual responsable por políticas fallidas, tanto por las veces que se discriminó informativamente a la cadena Fox News, como por los escrutinios impositivos más exigentes que la oficina nacional de recaudación de impuestos (IRS) impuso a organizaciones políticas afines al Tea Party, según denuncias de estos días.

Lo importante, de todos modos, es que el gobierno deje de confundir a espías con periodistas, como señaló el Washington Post, ya que estos deben divulgar información de interés público, a veces recurriendo a delatores, cuando las fuentes oficiales permanecen herméticas.

Para que las apariencias se concreten en hechos, sería recomendable que en vez de perseguir a periodistas, Obama resguarde la libertad de prensa impulsando a nivel federal la promulgación de la Ley de Libre Flujo de Información que protege el secreto periodístico sobre las fuentes. Una ley que demoran tanto demócratas como republicanos, pese a que en 2007 obtuvo media sanción del Congreso.

Kirchner y Maduro sin vergüenza

Los gobiernos de Argentina y Venezuela coinciden en que no tienen vergüenza cuando se trata de aplicar represalias contra medios y periodistas o quieren censurar a sus críticos.

En la cadena venezolana Globovisión - la única que estaba dándole espacio a la oposición ante las puertas cerradas de las televisoras estatales – ya se borraron los espacios para las críticas, algunos periodistas fueron despedidos y la nueva directiva acordó con el gobierno no trasmitir programación política, el equivalente a censurar cualquier tipo de crítica contra Maduro y el chavismo.

Era evidente que esto sucedería cuando su anterior accionista mayoritario Guillermo Zuluoaga anunció, antes de las elecciones del 14 de abril, que el modelo de la televisora era insostenible. Argumentó que la venta se debía a las multas millonarias, a la baja de publicidad ante la presión del gobierno a los anunciantes y a la amenaza patente de que no se le renovaría la concesión para el 2015.

Lo de Globovisión estaba anunciado y prometido, de la misma forma que el régimen cerró a la cadena radiotelevisiva RCTV y a otras 32 emisoras y cientos de páginas de internet y periódicos, además de abrir, crear, fundar y refundar medios propios o ponerlos en manos de testaferros.

Y en Argentina, emulando a Nicolás Maduro, la presidenta Cristina de Kirchner no tiene empacho en hacer todo lo posible para cerrar la puerta a los medios y periodistas críticos, desde perseguirlos judicialmente, acorralarlos legalmente o hasta imponer los partidos de River y Boca, y a sus eventuales equipos contrarios, en el mismo horario nocturno de los domingos en que se trasmite el programa del periodista Jorge Lanata, quien en sus últimas semanas viene denunciando todo tipo de irregularidades y corrupción de personajes en la órbita del círculo íntimo de Cristina y su ex marido Néstor Kirchner.

Pero no le fue muy bien al gobierno el último domingo, ya que Lanata obtuvo más rating que el partido de fútbol programado para ese inusual horario de domingo por la noche.

Ni Maduro ni Cristina tienen vergüenza a la hora de censurar descaradamente a la prensa y a sus críticos.

¿Maduro es o se hace?

En momentos que en Venezuela debe primar la razonabilidad y la paz - especialmente después de que se dio a conocer el audio del conductor de la Hojilla con un supuesto militar cubano y que ha hecho hervir a la oposición y su pedido de una investigación profunda para determinar los aires desestabilizadores dentro del propio chavismo – el presidente venezolano Nicolás Maduro salió al paso con una nueva irresponsabilidad, pidiendo que los militares armen a la clase trabajadora en defensa de la soberanía nacional y de la revolución bolivariana.

Maduro dijo este jueves que “seremos más respetados si las milicias obreras tienen 300.000, 500.000, un millón, dos millones de obreros y obreras uniformados, armados, preparados para la defensa de la soberanía de la patria, de la estabilidad de la Revolución Bolivariana”.

Uno se pregunta si armar a la gente permitirá combatir la inseguridad ciudadana que está carcomiendo la confianza de la gente y a la propia revolución o calmar los ánimos.

Maduro en lugar de pavonearse con este tipo de irresponsabilidad, de acusar al imperio y a la burguesía, debería centrarse en la implosión, en investigar si realmente Diosdado Cabello y otros funcionarios acólitos tienen ideas desestabilizadoras. El audio de Mario Silva solo reveló un secreto a voces, ya que siempre se supo que Cabello era más nacionalista y Maduro más castrista y que ambos como el aceite y el agua, no se mezclan.

Lo que también suena a irresponsabilidad es que la oposición haya dicho que tiene más partes del audio que las dará a conocer en próximas entregas, como si se tratara de la saga de una telenovela.

Poco favor le hace al país la oposición si teniendo algunas verdades las entrega en forma parcializada. No se puede dejar de ver entonces que la oposición especula con espacios políticos en detrimento de la verdad. La oposición no puede estar amenazando en entregar más información porque da la apariencia que está tratando de negociar algo. No puede estar jugando con las expectativas de la gente ni manipulando la información.

Como oposición, no se puede comportar como el gobierno. 

Católicos y evangélicos

La Iglesia Católica intenta recuperar terreno en el mercado religioso y en la competencia por más fieles con su mejor carta, el papa Francisco, después de que el Concilio Vaticano II, la Teología de la Liberación y el Movimiento de Renovación Carismática no lograron detener el éxodo hacia otras religiones.

Las señales del papa Francisco en sus primeros meses de pontificado son prometedoras. Ya dispuso medidas para que la Iglesia tenga un gobierno más colegiado y menos jerárquico, abrazó el ecumenismo acercándose a líderes de otras religiones, firmó acuerdos con el FBI estadounidense para bloquear el lavado de dinero en el banco del Vaticano y ordenó mayor presión contra la pedofilia interna y sus encubridores.

Aunque importantes, no fueron las medidas más populares. La de mayor efecto fue la canonización de dos religiosas latinoamericanas. Fiel a su mensaje y prédica a favor de los más vulnerables, escogió elevar a santas a la colombiana Laura Montoya Upegui y a la mexicana María Guadalupe García Zavala, por sus vidas consagradas entre pobres e indígenas.

Tampoco pasó desapercibido que haya desbloqueado el proceso de canonización del arzobispo salvadoreño Oscar Romero, asesinado en 1980, uno de los referentes de la Teología de la Liberación. De esa forma, con la opción por los pobres, el papa Francisco marcó diferencias con las modalidades pastorales de sus antecesores. Es que el proceso de Romero había quedado empantanado durante los papados conservadores de Juan Pablo II y Benedicto XVI, más inclinados al Opus Dei y tolerantes con las depravaciones del cura mexicano Marcial Maciel, fundador de la orden Legión de Cristo.

Con estas beatificaciones de referentes de la cultura popular del continente más católico de la Tierra, el papa Francisco trata de poner un torniquete a la hemorragia provocada por el éxodo de fieles a otras religiones. En 1996, según Latinobarómetro, los países latinoamericanos tenían 81% de católicos y 4% de protestantes; mientras que para 2010, los evangélicos conformaban el 22% y los católicos habían caído al 70%, un fiel reflejo de lo que sucedió en Brasil y Chile.

Aunque México y Brasil continúan siendo los países más católicos del mundo, los evangélicos siguen creciendo a pasos agigantados y se han convertido en la religión predominante en algunas zonas de Centroamérica. En EE.UU. donde hay más de 40 mil templos según la Conferencia Nacional Hispana Cristiana, 35% de los hispanos se considera protestante y la tendencia va en aumento.

El panorama no es nada fácil para Francisco. Sabe que a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene un culto más sacramental y vertical, las iglesias evangélicas, ganan más seguidores y mayor asistencia a los ritos gracias a su pragmatismo y espíritu carismático. Muchos fieles prefieren un culto en el que puedan tener una experiencia directa con Dios y donde pueden resolver sus problemas familiares y personales en sesiones de sanación, con milagros o hablando en lenguas.

Lo más sorprendente para la jerarquía católica es que los evangélicos, a diferencia de sus propios fieles y no obstante la menor tradición teológica, se oponen con mayor energía a temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, métodos anticonceptivos y manipulación de embriones.

Debido a esa indiferencia a participar en misa, cumplir con los sacramentos o el liberalismo ante temas doctrinarios, Francisco viene reclamando tanto a los fieles católicos como a los consagrados, mayor compromiso y mejor actitud con las enseñanzas de la Iglesia. El Papa entiende que tener más miembros, participativos y comprometidos, no solo es cuestión de fe, sino de ganar mayor poder e influencia ante los gobiernos, ya sea para no perder beneficios, continuar con subsidios a la educación católica o contrarrestar con mayor fuerza aquellas leyes contrarias a la doctrina eclesiástica.

En un mundo cada vez más secular y ante un estado cada vez más laico, la Iglesia Católica está lejos de tener el poder político de antaño. Por ello, la metodología pragmática de las iglesias evangélicas para cultivar y retener fieles, y el reclamo de sectores de la Iglesia por una mayor inclusión de la mujer y por la abolición del celibato, son factores de competencia que no pueden soslayarse. 

Primera Enmienda en Buenos Aires

En una decisión política que profundizará las diferencias con el gobierno nacional de Cristina de Kirchner, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en un arrebato por hacer prevalecer el federalismo, sancionó un decreto para proteger la libertad de prensa, una medida que evita que Cristina pueda disponer mayores ataques a periodistas y medios de comunicación en la capital del país.

El decreto de “necesidad y urgencia para la protección de la libertad de prensa” es una especie de Primera Enmienda o de escudo protector para evitar que los medios y periodistas puedan ser sometidos a intervenciones autoritarias del gobierno; todo esto en el contexto de fuertes rumores de intervención federal sobre la propiedad mediática del Grupo Clarín y de allanamientos que se han hecho a casas de periodistas críticos del gobierno.

El decreto no puede frenar ningún tipo de metodología federal contra los medios, pero dispone que por 30 días esos conflictos deban dirimirse ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad.

Macri, al momento del anuncio del decreto, hizo referencias a los artículos de la Constitución (14 y 32) y de la carta de la ciudad (47) sobre la necesidad de garantizar la libertad de prensa, además de criticar a la Presidenta por su falta de vocación a favor de la libertad de prensa, denunciando que el gobierno federal también insiste en discriminar a los medios a través de la publicidad oficial.

Para que el decreto siga teniendo vigencia después de los 30 días, deberá ser sancionado por la Legislatura porteña.

Petrodiplomacia y legitimidad

La petrodiplomacia es característica principal del chavismo. Pero a diferencia de Hugo Chávez, que la utilizaba a la ofensiva para crear alianzas, abrir mercados y vender ideas, el presidente Nicolás Maduro la usa en defensa propia, para comprar legitimidad y protección.

Ante fuertes sospechas de que el 14 de abril ganó mediante fraude electoral, Maduro recorrió esta semana Brasilia, Buenos Aires y Montevideo. El viaje no tuvo intención económica sino política. Como fachada ofreció acuerdos para trocar petróleo por alimentos, pero el objetivo fue bloquear posibles consensos para que desde el Mercosur, la UNASUR o la OEA, se intente sugerir la revisión de las elecciones o activar la Carta Democrática Interamericana.

Venezuela también usó esta semana la diplomacia preventiva a través de Petrocaribe. Incorporó a Honduras y Guatemala, aumentando su póliza de seguro con países que si bien se benefician ahora con petróleo a precios reducidos y diferidos y bajas tasas de interés, endeudan a sus gobiernos del futuro.

La defensiva de Maduro es lógica. Busca contrarrestar la ofensiva de miembros y legisladores de la oposición que, evidencias en mano, se pasearon por varios países latinoamericanos a denunciar el fraude. Cuentan con más de cuatro mil denuncias de empleados públicos despedidos por no votar por la revolución, un par de presos políticos y sus propias cicatrices y moretones, desde que fueron brutalmente golpeados en la Asamblea Nacional, mientras el titular del recinto, Diosdado Cabello, ordenaba cerrar las puertas y les prohibía hablar o cobrar sueldos por no reconocer a Maduro presidente.

En el Cono Sur no debe haber sido fácil escuchar a Maduro. Fue a validar métodos similares que estos gobernantes sufrieron en manos del autoritarismo cuando estaban en la oposición o proscriptos. Pero ironías del destino, en Argentina,  donde más juicios se hicieron por las violaciones a los derechos humanos del pasado, Maduro tuvo pan y circo en estadio de fútbol, donde se lo vitoreó por decir que vio a Chávez “en cada esquina de Buenos Aires”.

En su primer periplo, Maduro no consiguió simpatías como despertaba Chávez, pero tampoco creó enemigos. Habló del manido tema del imperio, pero limitó su perorata sobre denuncias de sabotaje. Ni siquiera mencionó al ex presidente colombiano Álvaro Uribe como a su nuevo “asesino”, ni hostigó a gobiernos de Perú y España, que se ofrecieron como intermediarios, pidiendo mayor tolerancia y diálogo para superar la crisis.

En lo político, Maduro dio un paso positivo para neutralizar a sus aliados. Pero en la calle no se lo tomó en serio, todavía se lo reconoce como interlocutor de pajaritos y pese a que trata de ganar adeptos mezclando a Artigas y Bolívar, con Chávez y Perón, se interpretó que fue a “comprar” legitimidad. Todos saben que Venezuela está comprometida, que una caída de los precios del petróleo reduciría la beneficencia diplomática y, con ello, se desmoronaría la revolución.

Por otro lado, Herique Capriles, cree que habría ganado por 400 mil votos en lugar de perder por 224 mil de no haber sido por el fraude. Convencido, no cesa de denunciar el fraude y exige anulación de los comicios ante el Superior Tribunal Electoral. Aun reconociendo que la justicia responde al gobierno, sabe que su prédica es la única herramienta para desafiar al poder y para obligar a las instituciones a responder y ser transparentes.

Lo gran duda es si fue buena su decisión y de la oposición no acudir al proceso de auditoría que el Consejo Nacional Electoral empezó esta semana. El hecho de que no se quiere validar otra irregularidad, porque el conteo es incompleto y no se revisarán los padrones electorales donde se confirmarían evidencias de miles de votos dobles y de fallecidos, demuestra la impotencia de la oposición ante un poder que lo puede todo y que no tiene vergüenza de nada.

Hubiera sido mejor seguir vigilando el proceso de auditoría de cerca y deslegitimarlo sobre la marcha si era necesario. Es que la oposición ya tuvo una pésima experiencia cuando se retiró de la Asamblea General y de las elecciones parlamentarias en 2005. En lugar de dejar sentado un principio, le extendió un cheque en blanco al oficialismo y, de esa forma, legitimó e incentivó los abusos que buscaba frenar.