Wikichávez cercioran conexión FARC – Correa

Tal como estaba previsto ayer 10 de mayo, el reconocido y reputado Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, dio a conocer su informe sobre el análisis de los archivos electrónicos y otra documentación que el gobierno colombiano incautó al guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, después de su asesinato en territorio ecuatoriano en un bombardeo en 2008.

El análisis de 240 páginas y denominado “Los Archivos de las FARC: Venezuela, Ecuador y el Archivo Secreto de Raúl Reyes”,  establece que los documentos no fueron alterados, según organismos autónomos como la Interpol, y evidenció lo que ya se había revelado a través de canales políticos y en medios de comunicación. Hugo Chávez tuvo una amplia compenetración con las FARC a la que consideraba una fuerza de choque útil para detener cualquier revuelta interna, como la de abril de 2002 que lo destronó por varios días, o para neutralizar alguna invasión por parte del “imperio”.

Lo nuevo, tal vez, es que los funcionarios chavistas habrían pedido a las FARC que entrenaran a milicianos del Partido Comunista Venezolano y a varias células radicales del barrio 23 de Enero en Caracas en tácticas de guerrilla urbana y rural y que asesinaran a opositores. A cambio, había una danza de 300 millones de dólares, para inducir diplomáticamente a gobiernos del mundo para que las FARC no sean consideradas como terroristas, sino una facción bélica dentro de un conflicto armado; y espacio en territorio venezolano como guarida y centros de descanso y entrenamiento. Todo esto con la ayuda, según los documentos, del actual jefe número dos de la DISIP venezolana, Ramón Rodríguez Chacín, y el ex alcalde del municipio Libertador de Caracas, Freddy Bernal.

Lo bueno de estos documentos que podrían catalogarse de los Wikichávez, es que también revelan que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien por estos días está alterado por los resultados de una consulta popular que no le ha resultado tan favorable como esperaba, recibió 400 mil dólares para su campaña electoral del 2006.

Las nuevas relaciones que el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha tejido con sus vecinos, advertían que Colombia daría vuelta la página y que no seguiría con la política de confrontación de su antecesor Alvaro Uribe. Hasta aquí se podría analizar si la actitud de Santos es buena, oportuna o conveniente, sabiendo que tiene la sartén por el mango; o si esta indiferencia al contenido revelado menoscabará su popularidad que ya empezó a decaer.

Lo cierto es que más allá de la responsabilidad de Colombia sobre las FARC, el acercamiento de las guerrillas a Venezuela y Ecuador implican que son los pueblos, los políticos, los congresos y la justicia de estos dos países que tendrán que investigar y juzgar estas relaciones macabras.

Pero sabiendo el autoritarismo con el que manejan sus países, fácilmente Chávez y Correa dejarán este episodio como parte de las anécdotas sobre corrupción de sus gobiernos. Pronto todo será sólo anécdotas.

Correa: perdió ganando

Al presidente ecuatoriano Rafael Correa le salió el tiro por la culata. Después de su euforia el sábado pasado cuando las encuestas de boca de urna lo daban como el ganador de la contienda en la consulta popular de ese día, con 20 puntos de diferencia entre el SI (por el que no se cansó de hacer propaganda) y el NO, los resultados oficiales están mostrando un panorama muy diferente y lo han llamado a guardar cautela.

De todos modos, su personalidad no le permitió contenerse y ayer lunes, con dos de las 10 preguntas de la consulta haciendo agua, acusó a la prensa y a la oposición por cualquier cosa y dijo que a pesar del menor margen, igualmente había ganado haciendo una analogía con el fútbol, respecto a que esperaba que hubiera ganado 5 a 0, pero que los resultados eran de 2 a 0, pero que igual confirmaban una victoria.

Pero no es verdad. Si uno mira muy bien los resultados de la consulta, y tiene en cuenta todo el aparato de propaganda que usó el gobierno para inclinar la balanza por el SI, y si se considera que las preguntas estaban formuladas para que la gente responda por el SI, en realidad Correa perdió la consulta, o lo que muchos consideran, un referendo sobre su forma de gobernar.

Las preguntas 4 y 9, referidas a la reforma de la justicia y a los contenidos de los medios de comunicación, obtuvieron hasta hoy, según el conteo oficial, más votos por el NO que por el SI y posiblemente la brecha se amplíe; lo que implica que los dos temas más importantes para el gobierno, que promovían la reforma de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo y que censurarían los contenidos de los medios de comunicación a través de un órgano estatal que supervisaría todo aquello que considerase pornográfico o violento, quedaron con respuestas insatisfactorias y un sabor amargo para Correa.

En las demás preguntas, el SI lleva ventajas, pero son tan leves que Correa ha quedado en ridículo habiendo cantado el sábado gloria antes de victoria. Lo importante será ahora ver el comportamiento que tendrá el gobierno para acatar los resultados de la consulta popular; y velar para que no suceda lo que ocurrió con el referendo de Hugo Chávez de 2007 que perdió, pero que a los pocos meses hizo como si no hubiera sucedido nada e implementó todas las políticas de espaldas a lo que el pueblo había manifestado en las urnas.

Lo importante, además, es que Correa no podrá seguir impulsando la Ley de Comunicación con un órgano estatal para censurar y limitar a los medios de comunicación, proyecto sobre que el Congreso nunca se puso de acuerdo y sobre el que el presidente ecuatoriano había maniobrado a través de esta consulta popular para legitimar su intención de controlar a la prensa.

Correa, por más que diga que ganó, y los resultados lo muestren levemente así, perdió. Le salió el tiro por la culata y es tal vez la mejor lección que el pueblo le ha dado a alguien cuya arrogante personalidad (y su popularidad) no le deja ver las diferencias ni apreciar la tolerancia, la pluralidad y la diversidad que una acción democrática de gobierno demanda.

Propaganda avasalladora en Argentina

Tras unos días de descanso y de mirar a la Argentina en forma más objetiva a la distancia – después de regresar el viernes pasado con una misión de la SIP para analizar la situación de la libertad de prensa – me perturba pensar cuán avasallador es el aparato de propaganda oficial, que a todos por fuera de él, deja frustrados e impotentes.

El sistema de propaganda de quienes detentan el poder siempre fue grande, pero el que está demostrando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es superlativo. Y esto parece agravarse a medida que se acercan las elecciones de presidenciales de octubre próximo. Tras hablar con muchos políticos, legisladores, periodistas y líderes de opinión, es fácil advertir y sentir que existe un sentimiento de impotencia frente a un aparato que diluye todo gesto político opositor o cualquier investigación periodística que denuncia corrupción.

El aparato de propaganda está sustentado por un presupuesto enorme que le sirve para comprar espacios en medios de comunicación, regalar fútbol y comprar conciencias; y hacer mucha contra propaganda, usando medios amigos, aliados, oficialistas y públicos (que en Argentina jamás se usaron con criterios estatales sino sólo a beneficio de quien ostenta el poder) para denigrar a opositores, insultar a cualquiera que piense o diga diferente o desmentir todo lo que pueda afectar la imagen y las acciones de gobierno. Peor aún, es que todo este aparato gigantesco ya ha entrado en una vorágine infernal en que se retroalimenta a sí mismo, ya que al generar más oposición, también utiliza mayor presupuesto para contrarrestarla.

Lo que muy pocos piensan, como siempre sucedió en el país, es que ese aparato es sustentado por dineros del público que el gobierno gasta a su placer, como si fueran propios; lo que no es otra cosa que malversar fondos públicos o corrupción.

Gobierno mentiroso; Abal Medina a la cabeza

La reunión con el secretario de Medios de Argentina, Juan Manual Abal Medina, fue amable, distendida y en la cual nos dio, a una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa, una excelente bienvenida, destacando un informe que otra misión de la SIP ofreció sobre el país en 1978, en el que se resaltó la violación a los derechos humanos por parte del gobierno militar y la complicidad por omisión de muchos medios de comunicación y periodistas.

La obvia mención de aquella misión de la SIP que había encabezado Edward Seaton e Ignacio Lozano, tuvo la intención de desacreditar otras posteriores, especialmente dos que se hicieron durante la presidencia de Néstor Kirchner en la que se denunció las malas prácticas de su gobierno en contra de la libertad de prensa.

Durante la reunión de este pasado miércoles, Abal Medina, flanqueado por varios funcionarios de su Secretaría que actuaban de apuntadores, incurrió en varias mentiras que luego fuimos constatando durante otras reuniones con políticos, legisladores, jueces y actores de organizaciones intermedias.

Abal Medina dijo que había libertad de prensa irrestricta en el país. Puede ser que se pueda decir lo que quiera, pero es evidente que se toman represalias contra los medios y periodistas independientes y críticos.

Resaltó que Canal 9, propiedad de un extranjero, González, había sido ya vendido, obedeciendo lo establecido por la ley en contra de la propiedad parcial de los extranjeros. Pronto miembros de Canal 9 desmintieron al funcionario diciendo que no había cambiado la propiedad del canal.

Abal Medina dijo que el gobierno nacional ya había empezado a entregar publicidad a la editorial Perfil, como lo estableció un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Jorge Fontevecchia, presidente de esa editorial, nos dijo que eso era mentira y que el gobierno no había entregado nada, excepto una pequeña publicidad sarcástica en contra del propio periódico Perfil.

Lo más extraño, fue que Abal Medina dijo todo esto como si nuestra misión no pudiera verificarlo en las próximas horas.

Transparencia; hay que exigirla

El mayor mal de América Latina es la corrupción. ¿La causa? Una cultura tolerante con la deshonestidad, incentivada por leyes poco rigurosas, justicia apática y favores políticos. ¿La consecuencia? La región nunca logra alcanzar todo su potencial económico, pese a épocas cíclicas de bonanza como la actual.

A diario en cada país se revelan actos de corrupción. Ilusiona que la justicia costarricense haya condenado esta semana al ex presidente Miguel ángel Rodríguez, por aceptar sobornos de una multinacional francesa, pero pocos casos como este son sentenciados, por lo que el ciudadano pierde credibilidad en el sistema.

El problema no son los actos corruptos, sino que la corrupción se ha incorporado como estilo de vida. En Brasil, por ejemplo, se tolera que 11 de 27 gobernadores electos en octubre último estén manchados por compra de votos. En México, que muchos diputados ocupen bancas gracias a dineros del narcotráfico. Y en Argentina, que la Sindicatura General, el ente que vela por la transparencia del Estado, se niegue a informar sobre anomalías detectadas en organismos de gobierno.

No rendir cuentas parece la norma en la región. La administración pública es una maquinaria perversa que engulle todo a su paso; los que entran decentes son transformados. En ese ambiente enfermizo, la deshonestidad se custodia con autoritarismo. Así, los de más arriba reforman constituciones para perpetuarse en el poder y mantener su inmunidad, o manipulan leyes para gobernar de espaldas  al pueblo, sin contrapesos ni fiscalización.

El presidente Hugo Chávez es claro ejemplo. Acaba de reformar por decreto a Petróleos de Venezuela, obligándola a que entregue un porcentaje mayor de los excedentes del crudo a su Fondo de Desarrollo Nacional. Una partida de fondos que maneja a discreción y sin rendir cuentas. A más de 100 dólares el barril, se estima que este año tendrá unos 11.000 millones a disposición, por lo que pronto recomenzará la exportación de revolución bolivariana, encapsulada en valijas llenas de efectivo.

¿Se puede detener esa cultura de la corrupción? ¡Seguro que sí! Pero se necesita voluntad política; crear leyes rigurosas y severas; emancipar a la justicia. No basta con aquellas leyes que protegen los asuntos públicos, como las de lavado de dinero; se necesita también de las que combaten la corrupción interna, y obligan a gobernar en forma abierta.

En México, Perú, República Dominicana, Ecuador, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, se crearon en los últimos años leyes de acceso a la información pública, pero a juzgar por los resultados, fueron más producto de la demagogia que de la vocación por crear una cultura de la transparencia. Funcionario que retacea información no es castigado, y los gobiernos no educan al ciudadano sobre su derecho a conocer la forma en que se administran los recursos públicos.

En Argentina, Bolivia, Costa Rica y Paraguay, los políticos hablan de ser transparentes, pero proyectos de ley sobre el tema hace más de un lustro que duermen engavetados en los congresos.

Crear una cultura de trasparencia es trabajo arduo y constante. En EEUU, una ley de 1966 ayudó a construir un gobierno abierto, pero todavía se reclama por la tendencia al secreto. Una encuesta reciente de la Fundación Knight halló que 13 de 90 organismos estatales no tienen el hábito de rendir cuentas, a pesar de que el presidente Barack Obama instruyó desde el primer día de su gobierno abrazar una política de apertura.

Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día que no debe pertenecer a periodistas ni medios, sino para reivindicar el derecho del público a saber. Es buena oportunidad para que los gobiernos adopten leyes para que empiecen a transformar la cultura de la corrupción en una de honestidad. Un buen gesto en ese sentido lo dará la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien se espera que ese día sancione una ley de acceso informativo y transparencia.

Ser corruptos o transparentes depende en gran medida de las reglas. El desafío de los gobernados es exigirlas, para que los gobernantes estén obligados a custodiar los bienes ajenos como propios.