Guardianes del Sur

Dos documentales sobre Venezuela, “Los Guardianes de Chávez” de la televisión española y “Al Sur de la Frontera” producido por el afamado Oliver Stone, han puesto en evidencia cuán delgada es la línea entre la propaganda y la información, en especial cuando se busca retratar los logros o fracasos del chavismo.

El ex ministro de Comunicación venezolano, Andrés Izarra, invitado la semana en un programa de CNN en Español del que participó en teleconferencia, acusó a la televisora estadounidense de practicar un “periodismo pornográfico” al divulgar noche tras noche “Los Guardianes de Chávez”, un trabajo que critica al gobierno por entregar armas a paramilitares y milicias urbanas, tolerar a grupos guerrilleros y de ser ineficaz para reducir los índices de criminalidad.

Izarra, ahora presidente de Telesur, una cadena de noticias y propaganda que Hugo Chávez ideó en 2005 para neutralizar a televisoras “imperialistas” de EEUU y Europa, desacreditó a su entrevistador, se burló a carcajadas fingidas de otros interlocutores por los datos “exagerados” sobre violencia y la falta de balance sobre el gran logro estructural del gobierno: la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Pero como el debate estaba enfocado sobre el incremento progresivo de la violencia desde que Chávez asumió hace más de una década, Izarra, sin argumentos, apeló a su histrionismo habitual mofándose del “sesgo informativo” de una cadena “cada vez más decadente”.
Si bien en el programa se admitió que CNN puede ser sesgada en su criterio editorial, dista mucho de los estándares propagandísticos a los que sí está ligada Telesur. Una televisora gubernamental que ejerce un activismo político militante, en la que es usual observar a sus periodistas intimidar a quienes identifican como adversarios o halagar a quienes consideran partidarios.
Para muestra sirve la entrevista que Izarra y otros informadores hicieron el domingo pasado a Fidel Castro en La Habana. En una reverenciada puesta en escena, sin cuestionar nada, adularon al entrevistado que se despachó sobre el inminente holocausto nuclear que se cierne sobre Irán, criticó a Colombia y elogió a Wikileaks por revelar los secretos de EEUU en Afganistán. Si hubiese estado presente un periodista real en esa tertulia, al menos se le habría preguntado por aquellos periodistas, ahora en el destierro, que sufrieron siete años de cárcel por haber “revelado secretos de Estado” a potencias extranjeras: la catástrofe económica o la desigualdad entre cubanos y turistas.
Pero así como Izarra ve en la crítica informativa solo propaganda, su óptica cambia radicalmente cuando del otro lado se alaban los logros de la revolución, como es el caso de “Al Sur de la Frontera”, un documental en el que Stone defiende la transformación social que en Sudamérica encarna Chávez, y lideran en sus países Evo Morales, Lula da Silva, Cristina y Néstor Kirchner, Rafael Correa y Fernando Lugo, quienes solo buscan la independencia económica y política del imperio y desterrar décadas de consumismo y degradación moral.
Stone piensa que la “prensa domesticada” estadounidense, así como la política exterior de EEUU, está bajo “la dominación de los judíos”, y solo sirve para manipular al público, lo que encuadra perfectamente con la visión chavista. De ahí que se considera avergonzado de que su propio país vilipendie a Chávez, a quien considera que no es autoritario ni peligroso, sino víctima mediática.
Stone cree que en Venezuela hay libertad de prensa. Argumenta que todo el mundo es libre de gritar y patalear contra el régimen, pero olvida que quien lo hace sufre represalias. Que existen listas negras de personas que por hablar pierden el trabajo, que el poder judicial manipula la justicia, que el electoral las elecciones y que más de 50 medios fueron clausurados.
Como guardianes del sur, Izarra y Stone, tienen el derecho a considerar que toda información que critica a Chávez es propaganda y que todo dato que ellos generan tiene la misión de equilibrar el sesgo informativo mundial. Sin embargo, un pequeño detalle revela la incongruencia de su prédica. Mientras “Al Sur de la Frontera” pudo verse libremente en todas partes, “Los Guardianes de Chávez” sigue restringida, divulgándose solo por CNN en la limitada señal por cable que reciben algunos venezolanos.

Venezuela: ahora censura fotografías

Una vez más se comprobó la veracidad del dicho que reza que "una foto vale más que mil palabras", al menos para el gobierno venezolano, que a partir de hoy, dictó una de las medidas más fuertes y ridículas de censura a través de un tribunal, prohibiendo a los periódicos de ese país una medida que lo asemeja a un país talibán: "deben abstenerse de realizar publicaciones de imágenes violentas, sangrientas, grotescas, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral de los niños".

El fallo judicial se produjo en reacción y represalia a una fotografía que publicó el viernes pasado el diario caraqueño El Nacional sobre cadáveres apilados en camillas en una morgue, con la cual se ilustró una nota sobre el deplorable estado de la inseguridad ciudadana. El tema ya venía levantando presión la semana pasada entre el gobierno y los medios, a raíz de la emisión del documental "Los Guardianes de Chávez" por parte de CNN en Español, referente al tema de la inseguridad.

Pero más allá de la polémica, lo que sucedió este martes fue pura censura política y una falta total de comprensión sobre el papel de los medios en una sociedad democrática. No solo están destinados a informar, educar, orientar, sino también a crear polémicas, debates, opinión y desafiar a la sociedad y al gobierno para que puedan establecerse los correctivos adecuados.

Pero las medidas ya se venían venir. El mismo viernes ya se amanazó a El Nacional con medidas judiciales, con las argucias no de fondo, sino de forma, de que la fotografía era trucada o tomada en 2006; lo que los directores del periódico explicaron que se trataba de una foto usada como ilustración sobre el estado de las morgues y de la inseguridad, y que había sido tomada en diciembre del año pasado.

La censura vino envasada en un fallo que plantea una "acción de protección" que tendrá "un lapso de un mes contado a partir de la presente decisión". Otra sentencia no general sino particular contra El Nacional le prohibe "la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos".

La acusación contra el periódico, que incluye una multa del dos por ciento de los ingresos brutos por violación a la ley de la minoridad, se originó en dos fiscales ante la solicitud del grupo oficialista Frente de Estudiantes Contra la Privatización de la Universidad Central de Venezuela, el que pidió la investigación tras la publicación de la fotografía. El grupo planteó que la foto "vulnera el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, así como a recibir información adecuada a su formación integral", según un comunicado de la Fiscalía sobre el que informa el diario El Nuevo Herald de Miami.

Lo particular de este episodio fue que en solidaridad y en señal de protesta - como sucedió con los periódicos de toda Escandinavia que publicaron las caricaruras del profeta Mahoma con un turbante con bombas después de la amenaza de musulmanes radicales contra el diario danés que publicó originalmente los dibujos - el diario Tal Cual, así como otros periódicos del interior del país, publicaron la fotografía y más información sobre los graves problemas de inseguridad.

Esto comprueba que el dicho "una imagen vale más que mil palabras" no siempre es cierto, a veces el no poder publicar una imagen equivale a que se multipliquen las palabras. Justo el efecto negativo que el gobierno quería evitar. La censura siempre terminada burlada.

El director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo que el diario no dejará de seguir informando lo que debe informar y que se trata obviamente de una medida política del gobierno en represalia por los informes críticos sobre la inseguridad ciudadana.

El muerto se asusta del degollado

La verdad que Fidel Castro deja mucho que desear cuando critica a la ONU por haber nombrado al ex presidente Alvaro Uribe como vicepresidente de la comisión que tendrá a cargo la investigación del ataque de Israel a la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza.
Fidel criticó que haberlo nombrado a Uribe en esa posición le da inmunidad – e impunidad - ante los crímenes de lesa humanidad que habría cometido en su país. Y lo dijo con total desparpajo, casi como desconociendo la historia, su propia historia.
Sin tratar de justificar las malas acciones que ha tenido Uribe como presidente, éstas ni siquiera se comparan en un uno por ciento de todas las atrocidades que ha cometido él durante los más de 50 años de dictadura y totalitarismo cubano.
La verdad que no es serio prestarle atención a los disparates de Fidel, un hombre que ha hecho de las libertades individuales y sociales puro mamarracho. Una vergüenza para la raza humana, como el resto de los dictadores, sin distingo de ideologías.

Corrupción: publicidad oficial

No hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios e comunicación y periodistas que lo critican o para premiar a aquellos que lo favorecen.
Este modelo de premiar o castigar a los medios es tan viejo como la prostitución y cada gobierno lo asume con la misma naturalidad que rechaza esta práctica cuando es oposición. Lo peor de todo, no es solo la mala práctica, sino que mucha gente disculpa al gobierno diciendo que tiene el derecho de usar la publicidad donde y como más le convenga.
Muchos no se dan cuenta que no se trata de publicidad, sino del manejo de recursos públicos y cuando estos son administrados ineficientemente, esto no tiene otra traducción que corrupción.
En Argentina, la oposición, liderada en este tema por la diputada Silvana Giudici, está presentando un proyecto de ley auspicioso que busca imponer al gobierno ciertas restricciones para que no pueda discriminar a los medios con la publicidad oficial y para que no pueda usarla como propaganda política o para su propio beneficio partidario.
Giudice, en una nota de opinión publicada por La Nación de Buenos Aires el 12 de agosto, denuncia que el gobierno de los Kirchner gasta 800 millones en publicidad oficial, 900 millones en la televisación del fútbol, además de los 1.000 millones en la creación de la televisión digital.
Lo importante es que esta sería la primera ley de esta naturaleza que podría ayudar para sentar un buen precedente para otros países latinoamericanos, cuyos pueblos también demandan que sus gobiernos sean transparente y usen los recursos públicos en forma transparente, sin negligencia o mala práctica.

Wikileaks, la verdad y la seguridad

Desde que hace un mes el sitio de internet Wikileaks, dedicado desde que abrió en 2006, a difundir documentos secretos, publicó unos 76 mil sobre EEUU y su involucramiento en la guerra de Afganistán, todo tipo de argumentos, a favor y en contra, sobre los derechos u obligaciones del sitio y sobre el papel de la prensa, respecto a temas tan complejos como la seguridad nacional, arreciaron en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales y en el internet.
Hasta ahora nunca había habido tanto debate, tal vez porque estamos en una época de mayor interactividad y todo el mundo - como antes – no solo que piensa, sino que ahora tiene más posibilidades de expresar sus pensamientos.
Hay varios componentes en este caso que tienen que ver no solo con cuestiones legales, sino con la ética, desde que previamente un análisis sobre estos documentos fue expresado días antes de su publicación por The New York Times, The Guardian y Der Spiegel.
El gobierno estadounidense poco pudo hacer y seguramente intentará, además de proferir amenazas como las que hizo esta semana el Pentágono para evitar que Wikileaks difunda 15 mil documentos adicionales, entablar algún tipo de demanda para detener el sitio a que siga “poniendo el riesgo de personas en Afganistán”, así sean soldados, civiles, contratistas y la seguridad nacional.
Para EEUU no es una situación saludable, no solo por los documentos que debe trabar, sino porque siendo el país que clama por la liberación de internet y ha estado siempre renuente en los foros internacionales a que el internet sea regulado por los gobiernos, pudiera ahora correr el riesgo de tener que ponerse en el bando de los “malos”, aquellos gobiernos que buscan cualquier estrategia para imponer controles.
Es cierto que el tema de seguridad nacional es uno de los dilemas éticos a los que se debe enfrentar el periodismo toda vez que tiene que sacar los trapitos al sol, pero es también necesario que muchas veces los medios deben desafiar al sistema y a las leyes cuando hay informaciones que tienen mayor “interés común y social” que el de los propios gobiernos, que por naturaleza siempre tratarán de ocultar información o al menos mantenerla clasificada.
Nos podríamos imaginar que pasaría en situaciones similares con otros gobiernos que pasarían por la misma situación que EEUU. Chávez ya estaría hablando de conspiraciones promovidas por el imperio, Fidel de que esto es parte del embargo, los chinos acusando a los rusos y los coreanos del norte a los del sur.
El balance es difícil: verdad, seguridad nacional, derecho a publicar y deberes de no publicar.
Seguramente en los próximos días este tema tendrá nueva aristas cuando Wikileaks decida publicar el resto de los 15 mil documentos. Alago que a su creador, Assange, ya le valió que lo contraten diarios suecos como columnista.

Secuestros y prensa

El secuestro de periodistas que trabajan para medios importantes en la Ciudad de México ha puesto en evidencia la existencia de dos clases de prensa, como ocurre en toda Latinoamérica, una del interior, en las provincias; y la otra, la de las capitales o grandes urbes. El contraste es abismal.
No se trata solo de diferencias salariales, de acceso a preparación profesional, de vulnerabilidad o exposición al peligro, sino también de niveles de solidaridad profesional y de protección y atención gubernamental.
La reacción y la presión de la prensa nacional, así como la repercusión internacional y la rapidez policial para liberar a los periodistas, dos de ellos de medios prominentes, la televisora Televisa y el periódico Milenio, contrastan con la poca atención del Gobierno y la escasa solidaridad del gremio periodístico sobre la violencia y el incremento de asesinatos (70) y desapariciones (19) de informadores que se vienen registrando con total impunidad en el último lustro en el interior del país.
México no es la excepción. En Argentina Brasil y Colombia, la prensa nacional e internacional y los gobiernos reaccionaron ante los asesinatos de periodistas de medios importantes como José Luis Cabezas en Buenos Aires o Tim Lopes en Río de Janeiro, o ante el ataque de los narcotraficantes a la sede se El Espectador en Bogotá.
La prensa nacional mexicana, ahora atacada, tendrá la solidaridad con marchas y muestras de afecto, como programas televisivos que fueron dejados en blanco y ríos de tinta en señal de protesta, e instituciones y políticos locales y foráneos que ostentan su oportuna presencia. La del interior, siempre vulnerada y hasta ahora casi ignorada, seguirá esperando la solidaridad gremial y política, que sus secuestrados aparezcan y los asesinatos sean resueltos, y que el Congreso y el Poder Ejecutivo nacionales reaccionen tras un reclamo de años por mejores leyes, más amparo y protección.
Muchos, con razón, dicen que la gravedad de los secuestros de esta vez no estaba solo dada por el plagio, sino porque el crimen organizado extorsionó a los medios para que trasmitan videos so pena de asesinar a los periodistas. Pero en el interior, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa o Durango, la prensa desde hace años reclama estar secuestrada y sus líneas editoriales vulneradas. Ante la inacción gubernamental, directores y periodistas admiten que se ven obligados a autocensurarse como medida de protección o, lo que es peor, a dejar que los narcos dicten la pauta noticiosa, comprando silencio o titulares.
El periodismo estadounidense también es responsable indirecto de la existencia de estas dos prensas. El retiro masivo de corresponsales de suelo mexicano ha creado un vacío informativo y minimizado la presión sobre los gobiernos. Un solo párrafo de un solo día en una tapa del New York Times o el Wall Street Journal tiene mil veces mayor influencia y presión económica sobre un gobierno que el machaqueo continuo y de años que puede hacer un diario local.
Pero no es tiempo para rasgarse las vestiduras. Este caso de secuestros pudiera ser el punto de inflexión que la prensa mexicana – toda – necesitaba. El gobierno está con la guardia baja y anuente a conceder lo que se le reclama, como lo viene haciendo la SIP desde hace más de una década: federalización de crímenes contra periodistas, no prescripción de esos delitos, aumento de penas contra quienes los cometan e instituciones que velen por todo esto, con recursos y presupuesto.
Este jueves el presidente Felipe Calderón reunió a medios capitalinos. ¿El resultado?: Muy malo. Los medios tienen la culpa de la crisis violenta; hacen apología; son responsables; deben autorregularse. El gobierno salió indemne.
Pero no todo depende del gobierno, ni las marchas entre periodistas son suficientes; son las manifestaciones del pueblo a las que los políticos temen y quieren agradar.
Si la prensa mexicana quiere salir fortalecida de esta experiencia debe hacer mucha autocrítica y desbordar unidad, solidaridad e igualdad. Debe lograr que sus secuestrados y muertos, como en las experiencias foráneas de Cabezas, Lopes o El Espectador, sirvan para que la opinión pública general entienda que cuando cae un periodista o un medio es atacado, sin diferencias, así sea en una capital o en un pueblito, todos pierden.

¿Legalizar las drogas?

El presidente mexicano Felipe Calderón encendió el debate sobre la legalización de las drogas en México como formato eficiente para derrotar la violencia generada por el narcotráfico, aunque advirtió que no cree en los argumentos a favor.

El ex presidente Vicente Fox, así como muchos otros ex presidentes que intentan salir del anonimato, ni lerdo ni perezoso, argumentó que legalizar las drogas es la única forma de blanquear el negocio sucio de los narcos, crear una nueva clase de empresarios que se inscriba como tal y pague impuestos.

El argumento no es nuevo, ya otros ex presidentes, el brasileño Fernando Enrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Felipe Zedillo, lo plantearon hace casi dos años, sorprendentemente un planteamiento que nunca hicieron cuando ejercían el liderazgo.

Tanto Fox como sus colegas siempre ponen de ejemplo el tema de la “ley seca” en Estados Unidos y como la prohibición del alcohol en las primeras décadas del siglo pasado atrajo violencia, contrabando y muchos delitos anexos, los que – según ellos - fueron superados una vez que se legalizó el alcohol.

No es cierto. Lo que logró Estados Unidos fue primero desarticular a las bandas y luego liberalizar el alcohol. Además no se puede comparar el efecto negativo y el potencial destructivo de las drogas con el alcohol. En este caso, uno se preguntaría: para reducir los niveles de los homicidios ¿no sería apropiado legalizar los asesinatos? O si para reducir los robos ¿será que los ladrones se deberían inscribir en un sindicato y deberían pagar sus impuestos a las ganancias?

Lo que Calderón debe hacer es insistir ante los estamentos judiciales de su país, y buscar las reformas apropiadas para combatir la impunidad, como lo está haciendo a través de sus foros sobre estrategias anti crimen y seguridad. Como bien él reclamó, no puede ser que solo el 15 por ciento de las personas detenidas por delitos relacionadas al narcotráfico y a las drogas termina condenada. O ¿por qué hay tanta corrupción en las cárceles desde donde los narcotraficantes siguen ordenando sus negocios o sus carceleros les permiten salir para cometer crímenes?

El problema en México no se solucionará con la legalización de las drogas, sino con una justicia más eficiente.