Niños con mala niñez; no hacían falta más evidencias

Son variaos los factores que siempre condicionaron a los niños a vivir una buena niñez. Tal vez el más extendido ha sido el de la explotación laboral, como se ha denunciado continuamente en países latinoamericanos, tales como Brasil, y en naciones menos desarrollados en el mundo entero.

Las formas más violentas de manipulación siempre se vivieron en Colombia como es el caso de los niños soldados, aquellos que en gran porcentaje usan las narco guerrillas de las FARC.

Y tal vez el crimen más atroz en contra de los niños tiene que ver con su explotación sexual, desde las calles de La Habana a manos de turistas sexuales provenientes del mundo entero, principalmente de la Unión Europea y de EE.UU. Este aprovechamiento está más remarcado en esta época debido a la explotación pornográfica de la niñez cuyas consecuencias son más devastadoras que nunca debido al internet y al deep internet, algo que nos sacude todas las semanas cuando se producen redadas contra bandas de pornográficos, así sean de Canadá, EE.UU y Brasil como ocurrió en estos días, que muestran que los explotadores son de cualquier condición, edad y profesión, desde curas a pastores, médicos a enfermeras, obreros a terapeutas.

La forma más lamentable, quizás, es ver a niños drogadictos y a otros que empuñan las armas manipulados por el consumo y usados por las bandas del narcomenudeo.

Todas estas son quizás algunas de las formas criminales más usuales en contra de los niños, pero hay otras que los privan de tener una mejor niñez debido a los malos hábitos que como padres hemos venido ayudando a crear. La más elemental tiene que ver con la epidemia de la obesidad que afecta más a los niños que a los adultos y está ligada a la permisividad con que se permite e incentiva la comida chatarra.

Pero tal vez la peor, es el sedentarismo, un hábito que viene de la mano no solo por la invasión de las nuevas tecnologías en el hogar, como es la TV, el internet, los videojuegos y las computadoras, sino también por el menos tiempo que los padres usan con sus hijos para hacer actividades y ejercicios físicos. Ahora es más fácil dejar al chico frente al TV o con un videojuego en el asiento trasero del auto, que pegar unas pataditas o incentivarlo a que haga algún tipo de deportes.

Y en esto del ejercicio físico mucho también tienen que ver las escuelas, de las cuales muchas han dejado de lado este tipo de clases, ya sea por cuestiones presupuestarias o simplemente por falta de conciencia sobre los beneficios de las actividades físicas.

No hacían falta las evidencias, pero es bueno observar los resultados de un estudio de la Asociación Estadounidense del Corazón, que hizo sobre millones de niños que demuestra que la condición física de los niños, en el mundo entero, ha disminuido, comparándola con la que existía cuando nosotros éramos niños, varias décadas atrás.

Según un cable de AP, la Asociación encontró que los niños de ahora “no corren tan rápido ni tan lejos como sus padres cuando eran jóvenes. En promedio, a los niños les toma 90 segundos más correr kilómetro y medio (una milla) de lo que sus padres lo hicieron hace 30 años. La aptitud cardiovascular ha disminuido 5 por ciento por década desde 1975 para los niños de nueve a 17 años”.

El estudio se hizo sobre una base de 25 millones de niños de entre 9 y 17 años, de 28 países de 1964 al 2010, estableciéndose que los chicos de ahora tienen 15 por ciento menos condición física que sus padres.

El tema de los delitos es una cuestión que podremos seguir achacándosela a una sociedad permisiva y su responsabilidad a las autoridades. Sin embargo, el de crear las condiciones necesarias para que haya una niñez más saludable y activa tiene que ver con una responsabilidad de todos. 

Ni resignarse ni tirar la toalla ante la adversidad

Cuando la inseguridad pública, la inflación y la corrupción son desbordantes, y las crisis se repiten hasta el cansancio carcomiendo las esperanzas, la mayoría de la gente no atina a rebelarse, sino a resignarse y aceptar la realidad tal cual es.

A esa resignación moldeada por la frustración e impotencia por no poder cambiar las cosas, la psicología la denomina teoría de la indefensión aprendida. Es cuando la persona, al reconocerse incapaz para alterar el resultado, asume una conducta indiferente, pasiva y peligrosamente conformista.

Sucede en todas las sociedades. En las desarrolladas, como EE.UU., donde 11 millones de indocumentados vieron esta semana escabullir sus sueños por una reforma migratoria incumplida. En naciones estables, como Chile, donde los candidatos tratan de despabilar a votantes indiferentes que prometen gran abstención en las elecciones de este domingo. O en débiles democracias, como la nicaragüense, donde después de grandes berrinches, ya se aceptó que Daniel Ortega reforme la Constitución para eternizarse en el poder.

Muchas veces esa indefensión aprendida no es producto de la casualidad, sino inducida con intención. El caso típico es Venezuela. Es el país donde mejor se observa cómo los repetidos abusos de poder van desgastando las fuerzas de la gente que, abatida, hace suya la frase acostumbrada: “Nos merecemos el gobierno que tenemos”.

Ante esa desesperanza, el gobierno aprovecha para alimentar ese círculo vicioso de abusos y resignación. Como esta semana que, a imagen y semejanza de una Cuba económicamente discapacitada, Nicolás Maduro consiguió la ley que lo habilita a gobernar sin Congreso y decretar su “guerra económica”. Ya mandó detener la inflación por decreto e incentivó a las hordas para que desvalijen comercios de electrodomésticos, castigando así a comerciantes “imperialistas y especuladores”.

En el ánimo por controlar la economía y las voluntades, Maduro prohibió a los medios que hablen de “saqueos” so pena de cerrarlos o incautarlos, así como antes había prohibido informar sobre motines carcelarios y hechos de violencia. Un control que para los críticos se ejerce mediante amenazas e intimidación, mientras que a sus simpatizantes embarduna con clientelismo, a sabiendas de que los subsidios generan sumisión, mientras que el trabajo crea peligrosa libertad.

Pero el control puede ser solo un espejismo de bienestar, más aún cuando Cuba es el espejo. Es que la indefensión aprendida no siempre actúa como anestesia. En sus primeras etapas, esta genera resignación, indiferencia y conformismo, pero luego puede degenerar en estadios más peligrosos, como se vio con la “Primavera Árabe”, cuando las muchedumbres se desbordaron cansadas por la continua opresión.

Generalmente cuando se superan varias etapas y el sentimiento de derrota se transforma en fatalidad, trauma y enfermedad, las masas explotan apoyando cambios radicales y rupturas abruptas de sistema. De ahí que los golpes de Estado todavía no se hayan borrado del panorama mundial, como en Egipto, Paraguay y Honduras.

También ocurre que en procesos menos traumáticos, se termina por apoyar a líderes mesiánicos, “outsiders” e inexpertos de la política, desconocidos que se hacen populares con eslóganes anticorrupción y de “poner la casa en orden”, pero que al poco tiempo se desenmascaran más corruptos y abusadores que sus antecesores. La historia está llena de ellos y no distingue en ideologías de izquierda o derecha, pasando desde los hermanos Castro hasta Augusto Pinochet o desde Alberto Fujimori hasta Hugo Chávez.

Esa misma historia muestra que el sentimiento de indefensión, suele llevar a sociedades enteras a un estado de depresión y fracaso, en las que la gente no entiende por qué habiendo tantos recursos, las crisis son intermitentes y replicables de generación en generación.

Evitar esa indefensión aprendida no es una cuestión social, sino, ante todo, una responsabilidad individual. En democracia cada uno debe asumir una actitud proactiva, pese a los contratiempos. Participar de las elecciones, centros comunitarios y de cacerolazos; denunciar los malos servicios y las injusticas; alzar la voz en los medios y redes sociales, son formas de participar y hacer sociedad. No tirar la toalla, no rendirse, es el mejor antídoto contra la indefensión. 

Otro golpe de Estado en América Latina

Y otra vez sucedió en Venezuela, cuando la Asamblea Nacional, aprobó este jueves pasado otorgarle al presidente Nicolás Maduro, el título de legislador máximo o único, delegándole el derecho de que podrá legislar por decreto por 12 meses.

Por más que la Ley Habilitante esté contemplada en la Constitución – algo de lo que todos se llenan la boca para darle visos de legalidad – no es buena, por cuanto al cerrar el Congreso, se están evitando los contrapesos y balances naturales y necesarios en una democracia. Así como cuatro veces ocurrió con Hugo Chávez, siempre se trató de una coartada para evitar los debates en el Congreso y gobernar a gusto y placer. Es decir, se trata del cierre del Congreso, lo que no puede denominarse de otra forma que autogolpe de Estado.

Además, la forma que se consiguió esa habilitación tuvo vicios de ilegalidad por más que Maduro justifique que debe tener las herramientas necesarias para “proteger al pueblo”. Diosdado Cabello consiguió los 99 votos oficialistas después que le retiró los fueros a una diputada de oposición acusándola de corrupta.

Habrá que ver ahora como actúa Maduro quien no hubiera necesitado combatir la corrupción y mejorar la economía mediante decretos. Seguramente, asesorado por el gobierno cubano, de la misma forma que lo hizo Chávez las veces anteriores (1999, 2000, 2007 y 2010) dictará decretos para reformar leyes y crear nuevas que le permitirá seguir profundizando el esquema socialista, algo que la mitad de los venezolanos rechazaron en las urnas meses atrás.

Esta Ley Habilitante no es otra cosa que un golpe de Estado y un abuso de poder contrario a la voluntad ya expresada por los venezolanos.

En la SIP: la libertad de prensa y la democracia -

En la SIP: la libertad de prensa y la democracia - Olga Connor - ElNuevoHerald.com

Disciplinando a los críticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre fue caja de resonancia de los abusos de poder y la falta de justicia en América Latina. Sin embargo, paradójicamente, quienes acuden a ella suelen transformarse en víctimas de sus propias denuncias.

Esta vez les tocó el turno a periodistas argentinos y ecuatorianos. Desde sus gobiernos les llovieron todo tipo de insultos después que denunciaron ante la CIDH que son perseguidos por sus críticas, opiniones y denuncias, como fue el caso de Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, quienes actuaron en representación de un grupo de colegas.

La embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, en vez de neutralizar las denuncias con la posición del gobierno, prefirió descalificarlos, acusándolos de “victimizarse”, de ser “voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos” y de orquestar campañas contra las políticas nacionalistas en Latinoamérica. Todo esto, después de que por años, la CIDH le negara una audiencia a los periodistas ante las presiones del gobierno.

Este arrebato en contra de quienes fueron a denunciar violaciones a los derechos humanos, se dio, paradójicamente, al mismo tiempo que el gobierno de Cristina Kirchner anunciaba con bombos y platillos, el descubrimiento de “listas negras” de la última dictadura. Y mientras se daban los nombres de los más de 300 artistas, intelectuales y periodistas que los militares consideraban blancos debido a sus denuncias y posición política, el gobierno tomaba represalias contra los denunciantes actuales, como el caso de Ruiz Guiñazú, a quien le cayeron inspectores de la AFIP, buscando pruebas por ingresos pasados.

El mensaje fue muy claro. Aunque no existe la burda censura directa, los insultos y los inspectores buscan intimidar para generar autocensura. Una forma de disciplinar a periodistas, críticos y díscolos; de la misma forma que se persigue económica, legal y judicialmente a muchos medios y empresas privadas por no plegarse a los designios del gobierno.

La misma actitud la asumió el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Arremetió contra un grupo de periodistas que lo denunció ante la CIDH por violaciones directas a los derechos humanos e intimidar con acciones judiciales e insultos públicos que suelen terminar en agresiones. Correa, más allá de que sus funcionarios no acudieron a la audiencia, la calificó de “payasada” y de “una más de los perdedores de las elecciones y la burocracia internacional”.

En ambos casos, se trata de un doble estándar de estos gobiernos. Sus democracias se construyeron, en parte, gracias a las denuncias que las víctimas de las dictaduras pudieron hacer ante organismos internacionales. Fue justamente una misión de la CIDH a Argentina en 1979, la que despertó la reacción internacional contra la dictadura militar, que por aquel entonces, estaba empecinada a mejorar su imagen externa con el eslogan de “Los argentinos somos derechos y humanos”, pretendiendo enmascarar las graves violaciones a los derechos humanos.

En el caso argentino es obvio que no se puede comparar la persecución en dictadura a las de este gobierno. Entre 1976 y 1983 desaparecieron 93 periodistas y cientos debieron exiliarse. Pero por menos grave que sean las violaciones ahora, no tiene por qué coartarse el derecho de quienes quieran denunciarlas o se consideren víctimas de opresión.

El caso ecuatoriano es aún más grave. Correa, enojado por informes sobre derechos humanos desfavorables a su gobierno, no solo protesta, sino que lideró una campaña internacional contra la CIDH, acusándola de “brazo del imperialismo” y amenazando con la renuncia de su país a esa jurisdicción. Algo que concretó Nicolás Maduro, quien prefirió sacar a Venezuela del sistema interamericano, antes que responder por graves atentados a los derechos humanos cometidos en su período y en el de su antecesor.

Estos gobiernos, como el argentino y el ecuatoriano, que se autocalifican de campeones de los derechos humanos, en lugar de admitir errores o investigar las denuncias, prefieren perseguir y disciplinar a sus críticos con tal de que haya una sola verdad, la oficial. Siempre, con una actitud marcadamente defensiva, prefieren atacar a quienes hacen preguntas o denuncias, a tener que rendir cuentas como les exige su mandato.

Dilma Rousseff y el escupir hacia arriba

Error de cálculo o le salió el tiro por la culata son los modismos que se pudieran aplicar al incidente que tuvo que sortear la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, quien después de despotricar contra el gobierno estadounidense por sus actividades de espionaje, debió salir a dar explicaciones sobre las que realizó su país años atrás.

Después de que Edward Snowden denunció el programa masivo de espionaje del gobierno de EE.UU. contra presidentes y países aliados y enemigos, todos los gobiernos se rasgaron las vestiduras, aunque de a poco los diarios de cada país están ventilando las operaciones de inteligencia de sus propios gobiernos, las que por razones de seguridad, soberanía o contrainteligencia, siempre existieron.

Así tuvo que salir Rousseff después de que el diario Folha de S. Paulo denunciara que el gobierno brasileño, especialmente durante la presidencia de Lula da Silva, espió a diplomáticos y funcionarios estadounidenses, rusos, iraníes e iraquíes en dependencias diplomáticas de ese país en Brasilia.

Claro que Rousseff dijo que no se trataba de espionaje como tal, sino que calificó esas actividades con el eufemismo de actos de “contrainteligencia”, respaldados por la legislación vigente. Algo similar a lo que el gobierno de Barack Obama dijo: Actividades lícitas, destinadas a combatir el terrorismo y proteger a sus ciudadanos.

Rousseff quien ahora busca junto con Alemania que el internet sea regulado por una comisión de Naciones Unidas, en respuesta a cómo EE.UU. utilizó el internet en operaciones de espionaje, dijo que no se puede comparar lo que hace EE.UU. de lo que hizo Brasil.

Es probable que no se puedan comparar las acciones de espionaje de Brasil contra las demás potencias, debido principalmente a las facilidades que las altas tecnologías les permiten. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos, esta denuncia contra el gobierno de Brasil demuestra que el espionaje es una actividad de siempre y de todos, y que solo denunciarla contra otros y sin medir las palabras ni tampoco hacerse responsable, puede resultar en un escupitajo hacia arriba.

Ayer como hoy, Ortega sigue siendo el rey

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no tiene ni empacho ni vergüenza para tratar de consolidar su monarquía. De joven pasó su vida a punta de pistola para derrotar las mismas actitudes que tenía su colega de otrora, el dictador Anastasio Somoza, y él es ahora quien quiere consolidarse en el poder con una reforma constitucional sin obstáculos.

Ortega ha hecho posible su presidencia gracias a un fallo de 2011 de la acólita Corte Suprema que le permitió su tercera aventura política vedada por la Constitución. Ahora impedido por otra nueva reelección y acabados los permisos judiciales, su partido presentó una reforma constitucional que le permitirá, como lo logró Hugo Chávez en su época, gobernar a perpetuidad burlando varios contrapesos democráticos.

A fuerza de propaganda, clientelismo y alianzas con militares, curas y empresarios, y una oposición débil y en minoría en el Congreso, nadie tiene dudas que Ortega conseguirá reinar hasta que su salud se quebrante. A diferencia de los triunviratos de la época sandinista, Ortega ahora gobierna en solitario o bajo la sombra de su compañera sentimental y espiritual, su esposa Rosario Murillo quien comanda la comunicación de su régimen, que como estrategia de popularidad no solo mantiene las misiones sociales y de adoctrinamiento en los barrios, sino también fue artífice de las tácticas de propaganda de los últimos años para realzar el sentido nicaragüense de la nacionalidad, la unión y el patriotismo.

Esa estrategia propagandística de pan y circo, Ortega incluyó el negociado sorpresivo este año con un empresario chino para crear un segundo canal interoceánico en las Américas para una eventual competencia al Canal de Panamá, y unas relaciones borrascosas que creó con Costa Rica, Panamá, Honduras y Colombia, países a los que disputó ríos, mares e islas.

Ortega no tiene esa vocación externa de dividir territorios con vecinos, cuando se trata de cuestiones internas. Sus familiares están cada vez más empotrados en el poder y en las empresas, mientras tanto sus hijos, como príncipes herederos, se están quedando con los medios de comunicación y todo aquel proyecto que sirva para blindar políticamente al régimen.