Obediencia y disciplina

Los tiempos cambian. Hace cuatro años, el presidente Barack Obama arengó orgulloso a los cadetes de la prestigiosa Academia Naval de Annapolis, sobre el honor y coraje necesarios para combatir al terrorismo internacional y en los frentes de batalla de Irak y Afganistán.

A fines de mayo, en una similar ceremonia de graduación en Annapolis, un Obama avergonzado prefirió dirigirse a los cadetes sobre una guerra más doméstica y deshonrosa que carcome la confianza en las Fuerzas Armadas, el abuso sexual, una lucha para la que todavía no se han encontrado las armas adecuadas.

Pese a una política de “tolerancia cero” pregonada en los últimos 20 años por los altos mandos militares, el abuso sexual es un fenómeno creciente, en parte porque no ha sido tratado como tema criminal, sino ético e interno; no existe una cultura de la denuncia por temor de las víctimas a arruinar sus carreras; y porque son los militares los que imparten justicia, bajo la excusa de que deben mantener la disciplina y la obediencia.

Políticas de castigo inapropiadas y educación ineficiente han disparado el fenómeno. El 7 de mayo, un informe del Pentágono ilustró que 26 mil miembros del servicio militar fueron agredidos sexualmente en 2012, frente a 19 mil en 2010. Solo 3.192 casos fueron denunciados el año pasado y de ellos un 10 por ciento fue procesado, mientras que uno de cada tres delincuentes sexuales condenado permaneció en el servicio. A todas luces, un alto grado de impunidad convertido en un ineficaz mecanismo de disuasión para los agresores.

Hasta ahora, las máximas autoridades militares del país se han mostrado defensivas a la hora de enfrentar el problema. Esta semana, en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Congreso, no informaron sobre políticas concretas contra los delitos sexuales, sino que defendieron su potestad para ser ellas mismas las que deben administrar justicia ante casos de abuso sexual en sus jurisdicciones, como es regla actual.

La defensa corporativa trata de neutralizar nuevos proyectos de ley – tardíos por cierto – con los que se busca reescribir el Código de Justicia Militar, estipulándose que la decisión sobre las acusaciones no quede en manos de los superiores de la víctima, sino de fiscales militares independientes; además de establecer otras reglas sobre cómo manejar denuncias de violaciones, acoso y delitos sexuales menos graves.

Previa a la de los altos mandos, otra audiencia en el Congreso de ex militares víctimas que relataron como fueron violadas y luego ignoradas cuando denunciaron los hechos ante sus superiores, motivó los proyectos de ley que contemplan castigos, degradación, la baja del servicio, así como sustituir el actual sistema de justicia militar para este tipo de faltas y crímenes.

En momentos que las mujeres fueron admitidas para poder estar en el frente de batalla - donde se comenten muchas de las agresiones sexuales - y desde que las personas homosexuales pueden ser admitidas sin restricciones, es importante que las políticas no sean simple retórica, sino elementos de acción y prevención determinados.

Hasta ahora la política “tolerancia cero”, que incluso incorporó Obama a su discurso, fue parte de una campaña de relaciones públicas para detener las críticas y encubrir estos delitos, casi la misma actitud de muchos obispos católicos y de otras denominaciones religiosas que también la utilizaron de la boca para afuera, pero con poca acción para detener la pederastia.

Lo importante del informe del Pentágono y de las audiencias en el Congreso, más allá de lo que pronto se determine en materia de justicia y conducta militar, es que se está creando una necesaria cultura de la denuncia. Sobre todo, se está incentivando una mayor transparencia, instaurando posibilidades para que haya reparaciones justas para las víctimas y creando nuevas armas para disuadir y expeler de las filas castrenses a agresores y criminales.

La disciplina y obediencia militar, valores que defienden los altos mandos militares, nunca deberían justificar el encubrimiento o a la falta de justicia. Todo este proceso de transparencia en EE.UU., tal vez sea útil para que en otros países se investigue al interior de las instituciones militares, donde posiblemente también se cometan delitos en completo sigilo.

Paz y humildad en Colombia

Es bueno que haya paz en Colombia y es tanto el deseo de todo colombiano como de cualquier latinoamericano. Pero se requiere en el proceso un alto grado de humildad. Las FARC, en cambio, siguen arrogantes y un poco confundidas sobre el papel que han tenido en los últimos 50 años como para plantear exigencias inverosímiles, como la propuesta de posponer las elecciones que se realizarán en mayo de 2014, como establece el calendario oficial electoral.

Las FARC - un grupo ilícito armado que ha devastado a Colombia primero como grupo guerrillero subvencionado por el castrismo cubano y otros regímenes despóticos para después seguir con la industria de la matanza, el secuestro, la extorsión y los atentados contra los intereses nacionales y con las subvenciones del narcotráfico – no tienen ningún tipo de autoridad para plantear cuestiones políticas fuera de la agenda de discusión acordada, que tienen que ver con la desmovilización y la inmersión en la política, las reparaciones a las víctimas y los desplazados, los problemas agrarios y otros aspectos de índole social.

Un proceso de paz demanda a las partes un grado muy alto de humildad, arrepentimiento y asumir sus responsabilidades, en especial cuando se trata de un grupo desestabilizador del orden democrático como son y siempre fueron las FARC. Hasta ahora, las FARC no parece que hayan asumido ninguno de esos tres valores.

Pronto, en aras de la paz, mucho de los líderes actuales de las narco guerrillas entrarán en la política y se sentarán al lado de personas que nunca han reclamado nada por las armas, lo que de por sí ya será un gran acto de humildad de parte de todos los colombianos. Se trata de una actitud humilde que las FARC deben reconocer de antemano e imitar.

Seguridad vs. privacidad

Las últimas revelaciones de esta semana sobre el espionaje de llamadas telefónicas e internet que el gobierno de EE.UU. practica y que se mantenía en sigiloso secreto como parte de su programa anti terrorismo, ensombrecieron aún más la figura de Barack Obama que en las últimas semanas viene de escándalo tras escándalo, del mismo tipo que mantuvo en vilo a su antecesor el republicano George W. Bush.

La práctica de espionaje que el gobierno mantiene a través del programa PRISM pone nuevamente en entredicho a dos valores muy importantes de la sociedad estadounidense que tienen que ver con las libertades individuales y sociales de rango constitucional, como son la seguridad ciudadana, ante la amenaza constante de actos terroristas, y el derecho a la privacidad.

La discusión sobre privacidad y seguridad es una cuestión de contexto que ha ido variando con el tiempo, según la cercanía y distancia que se tenga del principal punto de inflexión para ambos derechos: Setiembre 11 de 2011. Muy cerca de aquella fecha, tanto los ciudadanos como los medios de comunicación favorecían una política más fuerte de seguridad y justificaban las necesarias limitaciones o controles sobre la privacidad. Ahora, a una docena de años del desgraciado episodio, las encuestas de opinión revelan que los ciudadanos – y también los medios, de acuerdo a sus editoriales – favorecen más la privacidad, prefiriendo mayores limitaciones para que el gobierno no pueda justificar la invasión de la privacidad como un normal desempeño de la lucha anti terrorista.

Puede que Obama salga bien librado de este nuevo escándalo y el público termine creyéndole cuando afirmó que el gobierno no actuó como “gran hermano” espiando a sus propios ciudadanos, sino simplemente que interceptó llamadas telefónicas y el uso de internet provenientes de extranjeros.

Sin embargo hay dos cosas que llaman la atención. Primero, que la discusión sobre todo este programa de escuchas y controles de internet a través de Verizon, Facebook, Apple, Facebook entre otras compañías telefónicas y de internet, se haya hecho después de que se han consumado los hechos y no con la debida antelación creándose un debate público sobre los dos valores en cuestión. El secreto de la Presidencia, de algunos miembros del Congreso y de las cortes minimiza el valor constitucional a la privacidad e intimidad, por más que el gobierno le haya dado todo el viso de legalidad a través de la comisión respectiva del Congreso y sus acciones puedan estar sometidas a la jurisdicción de las cortes.

Segundo, también importante, es que el gobierno de EE.UU. como en muchas otras disciplinas, no puede estar escribiendo con la mano lo que borra con el codo. El gobierno hace muy bien en despotricar, criticar y condenar el avance de muchos otros países en contra de los usuarios de internet; pero, para que su política sea más confiable y creíble, debe dar el ejemplo. Con este nuevo esquema de espionaje simplemente no lo está dando.

Hugo Chávez, el periodista

El régimen chavista se las ingenia todos los días para mantener la memoria de Hugo Chávez intacta y seguir con la agitación propagandística en torno al extinto  líder. Ahora, una fundación venezolana le acaba de otorgar a Chávez un galardón post morten, el Premio Nacional de Periodismo 2013.

El premio a Chávez por periodismo recuerda a la jugada de mal gusto que prestó en los últimos años la Universidad de la Plata en Argentina que otorgó distinciones similares tanto a él como al presidente ecuatoriano Rafael Correa, quienes no se destacan justamente por defender la libertad de prensa ni al periodismo independiente, sino todo lo contrario.

El premio a Chávez es una burla y un insulto a la profesión de periodistas. Tiene la misma intensidad que podría tener el premio Nobel de la Paz si se lo otorgaran al ex presidente estadounidense George Bush, el de la niñez feliz al ex cantante Michael Jackson o el del apoyo al desarrollo de las mujeres al ex director del FMI, Dominique Strauss-Kahn.  

El galardón a Chávez le fue otorgado por su lucha en contra de “la mentira y la manipulación mediática”, información que él consideraba estaba siempre obedeciendo a las directivas del imperio, lo que le permitía siempre insultar y agredir a periodistas, así como cerrar medios de comunicación.

También se argumenta que Chávez devolvió la palabra y el protagonismo al pueblo venezolano, hizo suya la causa de los oprimidos del mundo, de Latinoamérica y el Caribe, a través de los medios públicos que creó en su país. Pero eso no puede estar más ajeno a la realidad. Chávez no creo medios públicos, sino estatales, diseñados para el mensaje gubernamental y para excluir a cualquier otro sector de la sociedad.

Aún peor, Chávez, y muy especialmente ahora Maduro, tienen una política “muy argentina y ecuatoriana” de lidiar con el tema de los medios, ya que en lugar de cerrarlos directamente para evitar la crítica internacional, los amenazan y extorsionan hasta ahogarlos financieramente para que sus propietarios estén dispuestos a vender como única y última alternativa.

De esa forma, Globovisión, la única televisora crítica e independiente, acaba de ser vendida a allegados al chavismo que ya cambiaron por una política editorial más azucarada para el régimen de Nicolás Maduro, así como la cadena Capriles que publica el tabloide de mayor circulación, últimas Noticias y los diarios especializados El Mundo y Líder, dedicados a los negocios y deportes, respectivamente.

Si de algo ni siquiera Chávez se lo hubiera podido creer, es haber recibido este premio nacional de periodismo. Lisa y llanamente es una burla.

Maduro, Cristina y los medios

El cambio de política editorial de la televisora venezolana Globovisión y la amenaza del presidente Nicolás Maduro de exigir el retiro de la señal de CNN en Venezuela, así como las nuevas leyes en la ciudad de Buenas Aires y en Córdoba que prohíben al gobierno de Cristina Kirchner abusar de la libertad de prensa, demuestran el papel relevante de los medios privados comerciales en una democracia.

Así como en Ecuador y Nicaragua, los gobiernos de Argentina y Venezuela no han tenido vergüenza para atacar a los medios y periodistas críticos, aduciendo su carácter mercantilista, corrupto y desestabilizador. Leyes que violan preceptos constitucionales de no legislar en contra de la libertad de prensa, persecución judicial y el acoso económico para debilitar a los medios y quedarse con su propiedad, ha sido norma constante.

Más allá de los abusos, el problema es que estos gobiernos han tenido éxito para confundir al público sobre el rol del periodismo independiente en la sociedad, destruyendo una incipiente cultura sobre libertad de prensa que comenzó a gestarse con las nuevas democracias. Que existan medios y periodistas malos como en cualquier otra disciplina es normal, pero de ahí a justificar ataques contra la crítica, el disenso y la opinión, no es más que una contradicción al mandato gubernamental.

Ante la confusión, valga recordar por qué son necesarios los medios privados en un ambiente en que los políticos, en general, los consideran imprescindibles para la democracia cuando son oposición y una amenaza cuando están en el gobierno. El caso del prócer estadounidense Thomas Jefferson, sirve de ejemplo. Cuando resistía el poder colonial del rey Jorge III de Inglaterra, dijo preferir periódicos a gobiernos, hasta que fue presidente y, harto de las críticas, condenó reiteradamente a la prensa.

Aquel estilo “jeffersionano” de tensión entre medios y gobiernos, fue natural en la evolución de la prensa en las Américas, desde que era subsidiada y servía como vocera de partidos políticos, hasta que se benefició con la irrupción de las tecnologías de la comunicación que antecedieron al internet, como el telégrafo, las imprentas para periódicos, la radio y la televisión, haciendo más barata y rápida la confección y distribución de noticias.

Aquella masificación informativa y el desarrollo tecnológico introdujeron la publicidad y las suscripciones, lo que permitió a los medios tener rentabilidad y ganar independencia despegándose de subsidios y favores gubernamentales. Ello permitió mantener la operación compleja y cara de producir noticias, aumentar la profesionalización y, por contrato social, convertirse en un “cuarto poder” para fiscalizar a los tres poderes públicos, exigiéndoles rendición de cuentas frente a los ciudadanos, los verdaderos dueños del Estado.

Engañar sobre que los medios privados no deben ser rentables como predican Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales, o que comunicar la verdad es solo posible a través de los medios estatales, es solo un justificativo para agrandar sus aparatos de propaganda y beneficios electorales.

En el caso de Venezuela el acoso económico contra Globovisión mediante multas, presión contra anunciantes privados y amenazas de no renovación de la licencia de operación, es un ejemplo más de un modelo malversado y reiterado que busca imponer dueños allegados al gobierno para silenciar la crítica y neutralizar la independencia.

En Argentina, las nuevas leyes de protección a la libertad de prensa impulsadas en Buenos Aires y Córdoba, prohíben al gobierno nacional que en esas jurisdicciones continúe con su política de destrucción de medios privados. Pese a la polémica, se trata de medidas extraordinarias para que se cumpla con la Constitución, un documento que aunque acomodan y reforman los políticos a su gusto, no tiene otro propósito que imponer límites y controles al gobierno para que no pueda cometer abusos contra las libertades individuales y sociales, incluidas las de prensa y expresión.

Aunque todos los gobiernos se digan respetuosos de la libertad de prensa, solo existe plenamente en aquellos países donde, desde el poder, se incentiva la abundancia de medios privados comerciales y se respeta que puedan operar con libertad e independencia, dentro de un modelo de rentabilidad razonable. 

Protección para la libertad de prensa

En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, las legislaturas aprobaron leyes para impedir que el gobierno nacional pueda seguir avanzando en contra de la libertad de prensa y de expresión, en particular contra los medios de comunicación privados.

Existen dudas sobre la constitucionalidad de estas leyes, especialmente porque son redundantes con lo establecido por la Constitución nacional sobre la protección explícita de esas libertades.

No soy partidario de que existan leyes de prensa porque siempre están estipuladas para crear restricciones más que para “democratizar” a los medios, como muchos gobiernos actuales argumentan, justificando de esa manera una forma sutil de silenciar las críticas independientes.

Puede ser que Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, hayan actuado no solo a favor de la libertad de prensa, sino con la idea de beneficiar su posicionamiento político para futuras elecciones presidenciales, al tiempo de sistematizar su prédica opositora.

De todos modos, pese a que no deberían ser necesarias más normas de las que ya existen constitucionalmente, es necesario que la libertad de prensa y de expresión tenga la protección necesaria – incluso en exceso – para que su contribución sea palpable y concreta en la democracia. Así como se necesitan leyes especiales para que haya acceso a la información oficial, para proteger el secreto profesional y reserva de las fuentes, cualquier tipo de ley que reglamente y refuerce el derecho constitucional a gozar de libertad de expresión y de prensa es positivo.

Muchos políticos creen que la Constitución tiene el único propósito de ordenar el poder dentro del Estado, sin embargo es mucho más que eso, se trata de un documento que busca limitar y restringir los abusos que pudiera cometer un gobierno en contra de las libertades y garantías que tienen los ciudadanos.

Las leyes en Córdoba y Buenos Aires prohíben que el gobierno no avasalle a los medios de comunicación. Fueron establecidas como salvavidas a la propiedad privada. Puede que sean medidas redundantes – y políticas - pero en momentos que la justicia no es tan independiente como debiera, este tipo de leyes obliga a quienquiera que tenga una actitud autoritaria, a ser más cauteloso en sus acciones.

Los acosos económico, legal y político del gobierno de Cristina Kirchner contra muchos medios de comunicación privados, son los antecedentes que han originado estas medidas extraordinarias de protección. 

Obama: apariencias que engañan

A juzgar por la intensa actividad en su cuenta de Twitter con 32 millones de seguidores y por las veces que autoproclamó a su gobierno como el más transparente de la historia, Barack Obama aparenta ser un paladín de la libertad de prensa y de políticas favorables a la divulgación de información oficial.

Pero en la práctica, Obama está lejos de su prédica. Durante su Presidencia se ha dispuesto la clasificación indiscriminada de documentos oficiales y se ha perseguido judicialmente a delatores del gobierno y a más de 50 periodistas para que divulguen sus fuentes de información, bajo el argumento de la seguridad nacional, el mismo que se usa en países autoritarios para restringir las libertades.

La pobre performance del gobierno se puso de nuevo en evidencia en estas semanas. El Departamento de Justicia, en forma secreta, obtuvo los registros telefónicos de 20 periodistas y editores de la agencia de noticias AP, en una aparente investigación sobre fuentes gubernamentales que delataron un plan terrorista fallido, que habría comprometido la seguridad nacional y de ciudadanos según el gobierno.

Al mismo tiempo, el FBI calificó de conspirador al periodista James Rosen, de la cadena Fox News, luego de acceder a su correo electrónico y verificar las fuentes oficiales confidenciales que usó en 2009 para informar sobre ensayos nucleares de Corea del Norte.

No son hechos fortuitos, sino una conducta común de este gobierno, que tiene el récord de haber procesado a seis de los nueve informantes que fueron acusados mediante la Ley de Espionaje que data de 1917.

Las pesquisas contra la AP y Rosen representan un abuso de poder, una forma de enviar un fuerte mensaje a los delatores para disuadirlos a ofrecer información que el gobierno trata celosamente de ocultar. En todo caso, si el gobierno pretendía saber sobre las fuentes, podría solicitarlas abiertamente, y de esa forma los medios hubieran tenido la posibilidad de colaborar o de negarse anteponiendo recursos judiciales.

Esta política de acoso secreto a fuentes y periodistas es contradictoria con dos disposiciones de las que Obama se vanaglorió en su Presidencia. Una es la Ley para Mejorar la Protección de los Denunciantes que sancionó en noviembre de 2012, con intención de proteger a los empleados federales que informan sobre corrupción o acciones ilegales dentro del gobierno.

La otra, un decreto que firmó al inicio de su primer período presidencial, expresando que “temores abstractos o especulativos” no son razones suficientes para justificar la confidencialidad y clasificación excesivas de información, algo a lo que no fue fiel, según demostró el New York Times al denunciar que su gobierno clasificó 77 millones de documentos en 2010, 40% más que en 2009.

Aunque Obama siga discursando sobre el fin de la cárcel de Guantánamo, lo cierto es que a los medios y periodistas no se les permitió acceder a testimonios de presos que denunciaban maltratos. Y mientras a los periodistas se los requisa y procesa por no revelar sus fuentes o dar información que el gobierno califica de confidencial, el gobierno no hizo nada contra agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que destruyeron 92 videos de interrogatorios a prisioneros de Guantánamo.

Es seguro que Obama no está enterado de los detalles, pero es igual responsable por políticas fallidas, tanto por las veces que se discriminó informativamente a la cadena Fox News, como por los escrutinios impositivos más exigentes que la oficina nacional de recaudación de impuestos (IRS) impuso a organizaciones políticas afines al Tea Party, según denuncias de estos días.

Lo importante, de todos modos, es que el gobierno deje de confundir a espías con periodistas, como señaló el Washington Post, ya que estos deben divulgar información de interés público, a veces recurriendo a delatores, cuando las fuentes oficiales permanecen herméticas.

Para que las apariencias se concreten en hechos, sería recomendable que en vez de perseguir a periodistas, Obama resguarde la libertad de prensa impulsando a nivel federal la promulgación de la Ley de Libre Flujo de Información que protege el secreto periodístico sobre las fuentes. Una ley que demoran tanto demócratas como republicanos, pese a que en 2007 obtuvo media sanción del Congreso.