Canal de Panamá: más conflicto, mayor identidad nacional

Aprendí en estos días por Panamá, donde organicé un seminario de la SIP sobre Comercio y Periodismo, que el Canal es el sentimiento viviente y orgullo permanente que define la identidad nacional de los panameños.

Con los colegas periodistas de varias nacionalidades tuvimos el privilegio de visitar las obras de ampliación – ver video - que mantiene en vilo a toda la sociedad panameña y a la comunidad internacional. Es que hoy vence el plazo para resolver el conflicto entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) - liderado por la empresa española Sacyr, además de otras italiana, belga y panameña – distanciadas por un monto de 1.600 millones de dólares que el Grupo exige para continuar con las obras de ampliación de esta vía interoceánica, que están en un 65% ejecutadas.

El conflicto que se originó en diciembre y desde entonces ha hecho disminuir el ritmo de las obras, está originando una demora adicional de seis meses a un año, además de los atrasos que ya se habían considerado. La obra, que primero estaba prevista inaugurarse como parte de la celebración del 100 aniversario del Canal este año, había sido pospuesta para 2015 y, ahora, todo parece prever que de resolverse el conflicto, la ampliación del tercer juego de esclusas estará lista para el 2016.

Los plazos, aunque razonables para este tipo de obras, son contraproducentes para otros países que habían sincronizado ampliaciones de sus puertos, como sucede para EE.UU. y Centroamérica. La mayoría de los puertos del mundo se está preparando para el nuevo Canal, por el que podrán pasar buques Post Panamax, con casi el triple de carga de los que actualmente pasan por las esclusas de Miraflores en el Pacífico, a solo minutos del centro de la capital panameña y en un recorrido de 80 kilómetros entre el Oceáno Atlántico y el Pacífico.

Pese a los encontronazos entre la Autoridad y el Grupo hay optimismo para que hoy termine de consolidarse un plan de financiamiento del nuevo costo de las obras. Muchos acusan al Grupo de haber ganado la licitación habiéndose tirado muy por debajo de lo que otras empresas presentaron en su momento, todas por arriba de los 1.500 millones de dólares hoy solicitados y exigen que ahora cumpla con el contrato y absorba su pérdida. Otros consideran que los estudios geológicos de la Autoridad fueron deficientes por lo que los cálculos del Grupo se basaron en cálculos erróneos.

El Grupo ganó la licitación en 2009 ofertando $3.118 millones, por debajo de los pliegos de la Autoridad que estimaron la ampliación en $3.481 millones, muy por debajo de otras empresas cuyos costos oscilaban cerca de los $5.000 millones.

Más allá de las consideraciones de uno y otro bando, lo interesante de este viaje, ha sido comprobar como la mayoría de panameños tiene una fe ciega en la Autoridad del Canal - y de su actual director, Jorge Quijano - una entidad pública autónoma e independiente de los designios del Gobierno de Panamá, desde que el Canal pasó a su soberanía en 1999, tras 85 años bajo dominio del gobierno de EE.UU.

Debido justamente a esa autonomía ante el gobierno central, el Canal de Panamá se ha ido transformando en sentimiento de orgullo e identidad nacional de todos los panameños, lo que no ha podido ser mancillado ni por pujas ideológicas ni por malos gobiernos y oposiciones a los que no se les tiene permitido adueñarse de esas banderas.

Todos, incluido los políticos, saben que el Canal es patrimonio de todos sin exclusividad para nadie, de ahí la fortaleza de una identidad que ante cualquier conflicto, se robustece cada vez más.

No hubiese sido posible mi apreciación, tanto de las obras como sobre esos sentimientos, sin las ricas charlas que tuve con el apreciado Fernán Molinos, uno de los directores del diario La Prensa de Panamá y quien por diez años ejerció como una de de las máximas autoridades en la Junta de la Autoridad del Canal de Panamá.

Abuso sexual; problema local

Lejos del fuego y el azufre que consumieron a Sodoma y Gomorra, la sociedad actual aparenta parálisis frente a la epidemia incontrolable del abuso sexual.

Violaciones en la India, El Salvador y EE.UU.; incesto en comunidades de México;  turismo sexual infantil en Cuba; bullying sexista en escuelas de Argentina; estupro permitido en entidades religiosas; redes de pornografía en el ciberespacio y esclavitud de mujeres y niñas, forman parte de los turbadores titulares cotidianos.

En el mundo entero, en general, el abuso sexual está alimentado por la impunidad de los agresores; la falta de visión política para reconocer las consecuencias sociales; la escasez de recursos destinados a prevención, sanidad pública y sistemas judiciales; y, en especial, a una cultura machista primitiva que deriva en casos aún peores: feminicidios en Centroamérica,  mutilación genital en África o tráfico de niñas en Asia.

En EE.UU. la cantidad de crímenes sexuales causa escalofrío. Sin embargo, a diferencia de otros países, la transparencia y reconocimiento sobre el fenómeno, ayuda a que se busquen remedios; aunque, no siempre eficientes o suficientes.

Las Fuerzas Armadas sirven de ejemplo. Se sabe sobre la cantidad pasmosa de denuncias por abusos sexuales, más de 20 mil en el último año según el Pentágono, pero que poco se hace para controlar el problema. La debilidad se debe a castigos insignificantes o mal aplicados, represalias contra quienes denuncian y a una justicia impartida por los propios militares. Así, la política de “tolerancia cero”, tan declamada, solo es fachada.

Pero la mayor vergüenza para el país la denunció Barack Obama esta semana, justo cuando desde el Congreso se advertía sobre el tráfico de mujeres y niñas en torno a grandes eventos deportivos, como el Super Bowl del fútbol americano que se jugará este domingo. Según datos oficiales, en la final del 2010, celebrada en Miami, 10 mil mujeres y niñas fueron explotadas en la ciudad por las redes de prostitución nacionales y extranjeras.

Para la denuncia contra el abuso sexual y lo poco que todavía se hace, Obama se valió de un estudio preparado por el Consejo de Mujeres y Niñas de la Casa Blanca, que reveló que 22 millones de personas han sido violadas en el país, una de cada cinco mujeres y uno de cada 71 hombres.

El informe titulado “Violación y Asalto Sexual”, establece que la mitad de las mujeres fueron violadas antes de los 18 años y un cuarto de los varones antes de los 10. Agrega que la mayoría de las víctimas conoce a sus abusadores y que un tercio de las niñas violadas, también fueron vejadas cuando adultas.

El dato más sombrío se dio en respuesta a denuncias de asociaciones estudiantiles universitarias. Se comprobó que la población más vulnerable y cuantiosa está en las universidades, donde el alcohol y las drogas incentivan crímenes en serie, mientras las autoridades poco hacen para procesar a los abusadores.

La Casa Blanca aborda el problema con preocupación. Confirma con estudios que muchas víctimas de abuso sufren depresión y desórdenes físicos de por vida y que tienen mayor predisposición al suicidio. Calcula entre 87 mil y 240 mil dólares el costo por cada víctima en concepto de servicios legales, médicos y psicológicos, y disminución de la productividad laboral.

Profundiza mucho más en la necesidad de mejorar el sistema judicial - tipificación de los delitos, investigaciones y colección de evidencia - y pone énfasis en erradicar prejuicios contra las mujeres y sus denuncias entre auxiliares de la justicia.

La Casa Blanca dice haber liderado avances en esta lucha pero hace un mea culpa y reconoce que debe hacer mucho más. Especialmente para cambiar la cultura y mejorar la educación sobre los prejuicios contra la mujer, como sentencio Obama: “Quiero que todos los jóvenes estadounidenses sepan que un verdadero hombre jamás hiere a una mujer”.

Seria erróneo creer que la perversión sexual solo existe en EE.UU. o que lo deben resolver los gobiernos nacionales. Estudios de este tipo en otros paises seguramente arrojarian resultados similares.

Aunque el abuso sexual es un fenómeno global, seria mas positivo admitir que es un problema local. De esa forma, todos - intendentes, gobernadores, lideres comunitarios, directores de escuelas y ciudadanos - deberían asumir la responsabilidad de buscar remedios para poder combatir en forma eficiente esta epidemia social, en vez de mirarlo como problema ajeno.  

Cachetada a la disidencia en Cuba

No debe haber peor bofetón, desaliento y frustración para un opositor cubano que ser ignorado por los jefes de Estado de toda Latinoamérica, el Caribe y los líderes de la ONU y la OEA, como estará sucediendo entre hoy y mañana en La Habana durante la cumbre de la CELAC.

Los disidentes cubanos por décadas han sido agredidos, golpeados, encarcelados, reprimidos y restringidos, pero siempre pudieron soportar la opresión a cambio de la esperanza de que algún día, cuando la cultura democrática floreciera en todo el continente, fueran reconocidos como fuerza política mientras su gobierno sería arrastrado, inexorablemente, a ese sistema.

Pese a todas las agresiones, los disidentes cubanos, desde las integrantes de las Damas de Blanco, o los más conocidos como Biscet, Fariñas y Yoani, entre tantos otros desconocidos y anónimos, vivieron cada honor y premio en el exterior – o desde las cárceles – como un reconocimiento a su lucha personal; pero, más aún, como un voto de castigo al gobierno dictatorial y anacrónico de la familia Castro.

Se equivocaron y feo. La dictadura, siempre adicta a los subsidios extranjeros, desde Rusia a China pasando por Venezuela, se la ha ingeniado para sobrevivir económica y políticamente. Su mejor último aliado ideológico, el finado ex presidente Hugo Chávez, fue quien sostuvo al régimen con petróleo y quien en 2009 lo devolvió al seno de la OEA y creó esta CELAC en 2010, para que Cuba se crea políticamente libre para tratar de igual a igual al resto de gobiernos democráticos, pese a las condiciones remachadas en los tratados internacionales, como la Carta Democrática Interamericana.

El gobierno cubano reclama mayores libertades mediante acuerdos económicos que permiten que los cubanos puedan trabajar por cuenta propia, alquilar viviendas o comprar automóviles. Sin embargo, sigue restringiendo las más importantes, las políticas, que tienen que ver con el derecho al voto, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación y reunión. Es el único régimen de las Américas que se arroga en forma monopólica todas las potestades políticas de la nación.

Los disidentes pueden comprender este destino, pero lo que les resulta despreciable es que, por conveniencia política, todos los líderes presentes en La Habana los ignoren para no incomodar a los hermanos Raúl y Fidel Castro. Les duele que teniendo una oportunidad histórica en su propio suelo, la CELAC termine hablando sobre la importancia de las plantaciones de quinua, la soberanía de los estados y de que se declare zona de paz a Latinoamérica, pero calle sobre la paz y la libertad que a ellos y a todos los cubanos se les niega en su propio país.

Los disidentes sienten la cachetada fuerte y tal vez esta sea la más hipócrita que han tenido que soportar, porque ha sido en su propia casa. Están en su sano juicio si consideran que la cumbre es una burla a la democracia y a sus aspiraciones.        

Telenovelas y papel o la censura a la venezolana

La censura tiene mil caras y todas muy audaces. La más desfachatada en estos días fue la esgrimida por el gobierno venezolano, culpando a las telenovelas por los altos índices de inseguridad pública en el país.

No es la primera vez que sin evidencia ni estudios en mano, el presidente Nicolás Maduro, obsesionado por crear cortinas de humo, se las ingenia para encontrar chivos expiatorios. Acusó a las telenovelas de servir de culto a la muerte, la droga y la proliferación de armas.

Puede que la TV y los videojuegos tengan mala influencia en los niños, pero responsabilizarlos por la violencia general es, al menos, exagerado. Si así fuera, EE.UU., bajo el dominio de Hollywood y sus antivalores, tendría que ser el país más inseguro y peligroso del mundo, aunque en realidad dista mucho de los 79 homicidios cada cien mil habitantes que se cometen en Venezuela y que Caracas sea la segunda ciudad más violenta de las Américas, después de la hondureña San Pedro Sula.

El argumento de Maduro, aunque parece simple, no es inofensivo. Desenmascara una estrategia. Años atrás, su antecesor Hugo Chávez, también anteponiendo principios morales sobre contenido de los medios, utilizó la defensa de los niños para crear una ley, que terminó sirviéndole para cerrar cientos de televisoras, radios y periódicos, no por su contenido sobre violencia, sino por su posición crítica hacia el gobierno.

Maduro no es muy innovador. Hace meses los presidentes José Mujica de Uruguay y Porfirio Lobo de Honduras, también justificaron legislaciones para controlar el contenido ofensivo de los medios, creyendo que con eso se rebajarían los índices de inseguridad. Si bien esas leyes no prosperaron, sí tomó fuerza en Ecuador, donde bajo el mismo argumento, Rafael Correa, promulgó la Ley de Comunicación que en estos días sirvió para procesar a un caricaturista que dibujó alusiones a la corrupción en el gobierno, bajo el pretexto de que tergiversó la verdad, apoya la agitación social y a quien el Presidente calificó de “sicario de tinta”.

El gobierno venezolano es muy creativo a la hora de censurar. Con sus leyes impone multas millonarias a los periódicos, prohibiéndoles publicar fotografías con sangre o de cadáveres apilados en las morgues, sanciones que se aplican contra diarios críticos, como El Nacional, pero no contra periódicos oficialistas y gubernamentales.

En estos meses, la censura cobró una dimensión más sutil. El gobierno no autoriza la entrega de divisas para que los diarios puedan importar papel. El resultado, como lo perseguía en su época Juan Domingo Perón, es simple y lapidario. Diez diarios dejaron de publicarse, 21 están en riesgo de no poder hacerlo y decenas han reducido su cantidad de páginas, quedando el público a expensas de información de medios amigos y subyugados por el poder, a los que no se aplican esas restricciones.

El informe de esta semana de Human Rights Watch habla del clima de terror y el irrespeto por la libertad de expresión. Concluye que el gobierno socavó la autoridad de los jueces para juzgar imparcialmente y las denuncias de periodistas y activistas de derechos humanos, que prefieren autocensurarse para evitar represalias. Conclusión válida también para Freedom House que esta semana ubicó a Venezuela entre los países menos libres del continente.

En estos años de chavismo, la censura justificada siempre fue el discurso oficial para la protección de la moralidad, las buenas costumbres y exorcizar la violencia ciudadana. Sin embargo, como sucede hoy en China con la censura masiva del internet y las redes sociales, esas argucias siempre sirvieron para tapar los escándalos oficiales de corrupción y, así, aplicar el bozal a medios independientes y críticos.

Aunque Maduro trate de comprar tiempo buscando responsables en el contenido de las telenovelas y los diarios, la evidencia es que la inseguridad es culpa de la inacción de su gobierno, la crisis económica, el clientelismo, la politización del Poder Judicial y, especialmente, por haber armado a un grupo de autodefensa, fuera del marco de las fuerzas de seguridad, que terminará sin control y generando más violencia de la que proyectaba prevenir, como está sucediendo con los grupos civiles que armó el gobierno mexicano en Michoacán. 

Gobierno argentino reactivo, no proactivo

Los gobiernos son como las personas. No se pueden definir por sus extremos, buenos o malos, ya que tienen toda la gama de tonalidades entre esos dos puntos. Pero hay ciertas características particulares  que los identifican, de ahí que haya desarrollados o en vía de desarrollo, pobres o ricos, democráticos o autoritarios, estables o inestables, reactivos o proactivos.

El de Cristina Kirchner es un gobierno reactivo, demasiado ideológico, previsible, contestatario, poco transparente. Es quizás, como muchos de sus antecesores, un gobierno que para resolver la crisis – ciclotímica en la Argentina desde su concepción como país soberano – siempre se enredó o se benefició de los problemas del momento, con un constante apego a resolver situaciones a muy corto plazo, adicto a las fechas electorales, sin prevenir el futuro a largo plazo. Por eso, a Cristina no se le puede definir como estadista, como aquella persona visionaria y que lleva al país a pensarse más allá de las coyunturas actuales.

Los problemas económicos actuales son típicos, por lo que a los culpables no hay que buscarlos en las teorías conspirativas como la de Shell tal hizo el ministro de Economía, Axel Kiciloff, sino en la falta de previsión. Es cierto que el manejo económico es complicado debido a la interconexión global, pero desde hace años el gobierno escogió un camino rechazando al mercado, a su gente, pesificando desconfianza, como tantos ministros de Economía anteriores que escandalizaron con promesas que tuvieron resultados diametralmente opuestos. Así el gobierno escogió pelearse a muerte con los industriales, con los productores agropecuarios, motor de la economía, cuyo superávit en lugar de ser invertido en obras de infraestructura necesarias, se utilizaron para hacer propaganda y en clientelismo y así sostener un aparato de popularidad, la característica más espantosa y degradante que siempre definió al peronismo de todas las tonalidades ideológicas.

El gobierno se definió así mismo con grandes batallas, por cierto lícitas, pero demasiado ideológicas, dividiendo a los ciudadanos, polarizándolos, en lugar de encontrar objetivos de lucha común. Todas sus batallas fueron políticas a nivel interno como externo, como dando la impresión de que siempre jugó a ganar tiempo. 

Retrotrajo a la memoria la lucha por los derechos humanos de aquella infame del país, pero no se percató de los derechos actuales, de la pobreza, la falta de agua, el desempleo, etc… Contratacó con una Ley de Medios embarcándose en una batalla con Clarín y La Nación, que quiso fuera de todos los argentinos, pero que no aportó nada para el país, y a nivel externo se alineó con ideologías similares, no cumplió con acuerdos de Mercosur o en foros internacionales gastó sus energías en un reclamo legítimo por Las Malvinas y nacionalizó empresas que generaron desconfianza y ahuyentaron  inversores.

Más allá de la legitimidad que le dieron en forma directa los electores con el 54%, Cristina no revisó sus políticas y forma de gobernar cuando las urnas mostraron todo lo contrario, confiada que la propaganda la llevaría luego al mismo sitial de popularidad, lo que sucedió en dos o tres ocasiones – para su desgracia. En esa arrogancia del poder y con la idea de tener la sartén por el mango, el gobierno buscó apoderarse de la justicia y sus decisiones, dio la espalda a los opositores, ignoró el reclamo de los productores, castigó económicamente a gobernadores que no le dieron el voto, rechazó las críticas y la realidad demostrada por estadísticas sobre inflación y pobreza, usó el dinero de mayores impuestos en gastos de propaganda, al tiempo que cobijó y defendió a los señalados por corrupción.

Un gobierno que antepone la ideología a sus acciones, que confunde popularidad con mayorías, información con propaganda, que descuida los intereses de las minorías y que es oscuro, sin nada de transparencia, siempre se quedará pensando en sí mismo, no en la dimensión de Estado ni país. Un mal que en Argentina se viene sufriendo por décadas, cuando todo gobierno termina anteponiendo sus propios intereses, construyendo sobre la base de la destrucción de todo lo anterior.

La falta de capacidad eléctrica, el aumento de la inseguridad, el auge de la delincuencia y del crimen organizado, la incapacidad para atraer inversiones, la fuga de capitales y cerebros, la desvalorización de los salarios y la falta de producción manufacturera, de invención tecnológica, y las decadentes educación y salud públicas, forma parte de esa falta de previsión en el futuro a largo plazo que Cristina siguió incentivando.         

Argentina sigue a los porrazos. Solo podrá levantarse cuando algún gobierno piense el país a largo plazo, cuando los ajustes incluso se hagan en postrimerías de alguna elección, cuando el gobierno esté dispuesto a perder y cuando la oposición asuma para construir sobre lo construido. Cuando el gobierno construya plantas hidroeléctricas en vez de subsidiar el pago de las boletas de luz, cuando incentive la innovación y cree fábricas en lugar de aumentar los impuestos a la exportación de materias primas, cuando garantice seguridad jurídica para atraer inversiones, en lugar de maniatar a jueces para que no sentencien la corrupción.

Con Edgar Tamayo, todos somos asesinos

Finalmente, una decisión política del gobernador texano, Rick Perry, se llevó puesta la vida del mexicano Edgar Tamayo, pese a las esperanzas de todo México, las peticiones del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Barack Obama, las miles de firmas recopiladas por Amnistía Internacional, las plegarias de vecinos y familiares y la expectativa indescriptible en las redes sociales donde se clamaba que la sentencia de muerte fuera suspendida.

Nada importó, ni siquiera los tratados internacionales argumentados por México sobre que Tamayo debería haber tenido asistencia consular ni que Perry y Peña Nieto hayan estado cara a cara en Davos. El gobernador republicano era el único que podía haber detenido esta ejecución, pero tampoco hay que cargarle todas las culpas, ya que no es él el hacedor de la pena de muerte ni quien la administra.

El mayor responsable de esta política de “ojo por ojo, diente por diente” sigue siendo toda una sociedad que tolera o, al menos, que solo despierta a los avatares de la pena de muerte cada vez que impacta la noticia de una ejecución en particular; no de todas.

A esta altura del desarrollo social y cuando hay conciencia extrema sobre los derechos humanos - y hasta por los derechos de los animales y la ecología -  parece una gran contradicción que una sociedad civilizada, consciente, pueda ponerse en el papel de ejecutor para arrebatarle la vida a una persona.

Es verdad que Tamayo cometió un crimen, mató a un policía, y que otros criminales cometen delitos aún más atroces y hasta indescriptibles, y que por eso existe la reacción intestina de desearle a alguien la muerte. Sin embargo, pasar de esa reacción primaria, a establecer leyes que nos justifiquen matar a una persona, nos convierte a todos en criminales.

Un asesinato legal, como el que ampara la pena de muerte, nos iguala a todos en lo más bajo de lo humano. Y uno se pregunta ¿Por qué entonces sorprenderse con aquellos gobiernos y culturas que condenan a sus reos a latigazos o a morir a pedradas? ¿Por qué sorprenderse por los crímenes de Estado cometidos por gobiernos dictatoriales cuando también se amparaban en leyes, decretos o en necesidades oscuras de conveniencia sobre seguridad nacional? ¿Por qué culpar a ciudadanos que hacen justicia por manos propias después que el Estado permite a los malhechores seguir con sus crímenes y permanecer en la impunidad?

Lamentablemente,  la discusión moral y ética sobre la pena de muerte termina siendo disgregada por otro debate que a muchos parece divertir, pero que es aún más repulsivo: ¿Cuál es la forma más digna de morir? ¿Cómo mejorar las dosis de drogas para que la inyección letal tenga efectos más rápidos o cuál será el voltaje más apropiado para matar pero no quemar o fulminar y así guardar las apariencias de una muerte noble?

Estos ruidos sobre el cómo matar a una persona, no nos debieran apartar de la esencia misma de una discusión silenciada: ¿Por qué matar legalmente? ¿Por qué permitir que un gobierno mate? ¿Por qué arrogarnos el destino y juagar a ser Dios?

En su última carta y despedida a sus familiares, Tamayo les imploró que “nunca, nunca se olviden de mí”. Ojala que su pena de muerte no sea en vano y sirva para capitalizar una profunda discusión.

Celac cambia democracia por paz en Cuba

No puedo estar más de acuerdo con el periodista Andrés Oppenheimer que en su reciente columna del The Miami Herald/ El Nuevo Herald de Miami criticó la realización de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en Cuba la próxima semana, pero aún más que los líderes latinoamericanos que ahí se reúnan no intentarán siquiera acercarse a la cumbre paralela no oficial que está organizando la disidencia.

Varios líderes se excusaron sobre que simplemente estarán ahí en visita oficial y que, por tal motivo, cumplirán con la agenda oficial, es decir que no tienen previsto ningún acercamiento con los disidentes y periodistas independientes ni mucho menos se les antojaría tratar de visitar a presos políticos. Todo esto para no ofender a los hermanos Castro.

De por sí, que la reunión se realice en La Habana y de que el dictador Raúl Castro sea su presidente, ya es síntoma de la grave hipocresía que reina en América Latina, cuando uno considera que la CELAC tiene como objetivo la promoción de la democracia. Justamente por  faltarle a ese país la democracia y no poder hacer gala de ninguno de sus atributos, el gobierno dictatorial, con su desvergonzado uso de la propaganda, impulsa una agenda abstracta traída de los pelos: Que América Latina sea declarada zona de paz.

Se trata de una cortina de humo que busca comprar tranquilidad para el régimen, tratando de neutralizar cualquier eventual declaración incómoda y sorpresiva sobre la promoción de la democracia.

Obviamente una sinrazón para las Damas de Blanco que están buscando, y sin éxito, una entrevista con el secretario General de la OEA, José Miguel Inzulza y para Elizardo Sánchez, director de la local Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que ya advirtió que agentes de la seguridad del Estado están rondando los domicilios de los disidentes y advirtiéndoles sobre represalias en caso de que quieran acercarse a los mandatarios extranjeros.

Una vez más, la CELAC servirá para legitimar y comprar más tiempo a la dictadura familiar más larga de América Latina. Una desacertada cumbre que será una de las desvergüenzas más increíbles que contendrán los libros de historia en el futuro próximo.