Como era de esperar el gobierno de Hugo Chávez rechazó las 38 recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destinadas a fortalecer los derechos humanos en Venezuela, bajo la consideración de que se trató de una estrategia injerencista en los asuntos internos venezolanos de parte de los países imperialistas como son EE.UU y los de la Comunidad Europea, según dijo el viceministro de Asuntos Exteriores venezolano, Temir Porras.
Se esperaba tanto el rechazo de Venezuela como las recomendaciones que se harían, ya que desde hace una década que el gobierno de Chávez sigue violando muchas de las normas establecidas en los tratados internacionales, entre ellas la necesidad de que el Poder Judicial sea independiente, que se permita la supervisión de organismos de derechos humanos y que no se penalice ni castigue a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación por ejercer la libertad de expresión y de prensa.
Entre los puntos más importantes, se pidió a Venezuela que cumpla con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones de la Comisión homónima, teniendo en cuenta que Caracas suele incumplirlas, como fue la última decisión de la Corte que falló en contra de la inhabilitación al político de oposición, Leopoldo López.
Las recomendaciones también pedían que se revisara la ley de Partidos Políticos, Reunión Públicas y Manifestaciones, que se despenalizaran los delitos de difamación para la tarea periodística y para que se eliminen los delitos de desacato y vilipendio de los códigos Penal y Militar, además de que se eviten los abusos de autoridad de parte de las fuerzas de seguridad.
En materia judicial, según las recomendaciones presentadas durante la reunión del EPU en Ginebra por Inglaterra, pedían “garantizar procedimientos abiertos y transparentes basados en el mérito” para elegir a jueces y fiscales, y la de Israel de dejar “utilizar el sistema judicial para silenciar a los críticos con el Gobierno”, de acuerdo a un cable de la agencia Efe.
En materia de derechos humanos, Israel instó a “terminar con la cultura de la impunidad que rodean a casos de represalias contra disidentes y ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas”. Francia pidió que se genere “un entorno que permita trabajar con libertad” a los activistas de derechos humanos y de “luchar contra la impunidad” de quienes les acosan y agreden. Y Canadá solicitó que “se permita el acceso a la financiación internacional, de manera que los defensores de los derechos humanos puedan seguir llevando a cabo su trabajo legítimo”.
Quiero contarles sobre los procesos creativos de esta nueva historia sobre la verdad, la libertad y el miedo al futuro. Es mi nueva novela y espero publicarla cuando se sincronicen los planetas (las editoriales) o cuando se me acabe la paciencia y decida autopublicar -- Los contenidos de mi blog Prensa y Expresión están en el archivo. Blog por Ricardo Trotti
octubre 12, 2011
octubre 11, 2011
Atentado frustrado; ¿qué interrogantes deja?
El frustrado atentado supuestamente organizado por allegados al gobierno iraní para asesinar al embajador de Arabia Saudita y a las embajadas de su país y de Israel, tanto en Washington como en Buenos Aires, como denunció hoy el ministro de Justicia de EE.UU, Eric Holder, deja algunos interrogantes en América Latina.
El principal, es si el gobierno de Hugo Chávez puede ser respetado después de respaldar al régimen iraní, teniendo en cuenta además que el Poder Judicial y el Ejecutivo de Argentina han responsabilizado a los iraníes, principalmente al ministro actual de Defensa, por los atentados sufridos contra la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires años atrás.
El segundo tema que deja como interrogante es que Los Zetas, narcos mexicanos, no solo vienen incurriendo en materia de crimen organizado, sino también en cuestiones de terrorismo internacional, según se desprende de lo que se ha informado, respecto a que los iraníes, Manssor Arbabsiar y Gholam Shakuri, estaban complotando con integrantes de Los Zetas para que cometieran los atentados a cambio de cifras millonarias. Esto trae a colación, aquellas viejas ideas de ex presidentes latinoamericanos, y de varios líderes, que creen que la mejor respuesta contra el narcotráfico es la legalización de las drogas o, al menos, la de la marihuana.
El atentado que irían a cometer dos iraníes cercanos al Gobierno de ese país, fue frustrado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) , según el gobierno federal. Incluís el asesinato del embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, además de su embajada y la de Israel en Washington, así como en Buenos Aires.
Robert Muller dijo hoy en una conferencia de prensa que Arbabsiar, estadounidense, confeso integrante de la Guardia Revolucionaria Iraní, fue detenido el pasado 29 de septiembre en Nueva York; mientras que Shakuri sigue en libertad de Irán, su país de origen.
Obviamente las quejas del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, no se hicieron esperar. “Es un invento de Estados Unidos”. Por su parte, desde la Casa Blanca se supo que Brack Obama fue informado sobre este tema en junio pasado y que dio luz verde para que se hagan las labores de inteligencia.
El principal, es si el gobierno de Hugo Chávez puede ser respetado después de respaldar al régimen iraní, teniendo en cuenta además que el Poder Judicial y el Ejecutivo de Argentina han responsabilizado a los iraníes, principalmente al ministro actual de Defensa, por los atentados sufridos contra la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires años atrás.
El segundo tema que deja como interrogante es que Los Zetas, narcos mexicanos, no solo vienen incurriendo en materia de crimen organizado, sino también en cuestiones de terrorismo internacional, según se desprende de lo que se ha informado, respecto a que los iraníes, Manssor Arbabsiar y Gholam Shakuri, estaban complotando con integrantes de Los Zetas para que cometieran los atentados a cambio de cifras millonarias. Esto trae a colación, aquellas viejas ideas de ex presidentes latinoamericanos, y de varios líderes, que creen que la mejor respuesta contra el narcotráfico es la legalización de las drogas o, al menos, la de la marihuana.
El atentado que irían a cometer dos iraníes cercanos al Gobierno de ese país, fue frustrado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) , según el gobierno federal. Incluís el asesinato del embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, además de su embajada y la de Israel en Washington, así como en Buenos Aires.
Robert Muller dijo hoy en una conferencia de prensa que Arbabsiar, estadounidense, confeso integrante de la Guardia Revolucionaria Iraní, fue detenido el pasado 29 de septiembre en Nueva York; mientras que Shakuri sigue en libertad de Irán, su país de origen.
Obviamente las quejas del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, no se hicieron esperar. “Es un invento de Estados Unidos”. Por su parte, desde la Casa Blanca se supo que Brack Obama fue informado sobre este tema en junio pasado y que dio luz verde para que se hagan las labores de inteligencia.
octubre 09, 2011
Chávez recibe mensaje de Rousseff
Hacía falta que Brasil despierte y empiece a asumir su liderazgo en el mundo como realmente pretende. Y para ello es necesario que ponga los puntos sobre las íes, como lo hizo esta semana con Venezuela, alertando sobre las violaciones a los derechos humanos y, entre ellos, las transgresiones a la libertad de prensa y de expresión.
La embajadora brasileña ante las Naciones Unidas, Maria Nazareth Farani Azevedo, dijo que “la garantía de los derechos humanos exige la independencia del poder judicial y la plena libertad de expresión y de prensa”, durante el examen de los derechos humanos en Venezuela. Nadie pudo hacerse el distraído ante esta declaraciones, un claro mensaje de Dilma Rousseff a su colega Hugo Chávez.
Antes de las declaraciones, la embajadora se deshizo en expresar los profundos lazos de amistad que unen a los dos países y lo que ha hecho Chávez para derrotar a la pobreza. Sin embargo, al hablar de los desafíos a futuro (léase desde que asumió Chávez en 1999) se refirió al debido respeto que tiene que haber sobre libertad de prensa y de expresión e independencia del Poder Judicial, y agregó que era necesario que Venezuela deje entrar al país a supervisores de los derechos humanos y crear un plan nacional de derechos humanos como lo solicita la ONU.
Este martes habrá un informe final después del análisis que realiza cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos, que desde el 2006, creó el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) para examinar a los 192 países nucleados en la ONU.
Los funcionarios venezolanos, entre ellos el canciller Maduro, descargaron culpas sobre que hay plena libertad de prensa en el país, plena independencia de poderes y que cualquier recomendación del EPU no puede estar por arriba de lo que establece la Constitución. Es decir, para seguir obviando sus responsabilidades, Chávez quiere seguir ignorando los tratados internacionales de derechos humanos invocando los principios de soberanía y no intervención, lo que no es otra cosa que dejar a Venezuela postrada en el pasado. (Leer blog anterior sobre Brasil y su responsabilidad por Cuba, en el que analizo el principio de internacionalización de los derechos humanos)
La embajadora brasileña ante las Naciones Unidas, Maria Nazareth Farani Azevedo, dijo que “la garantía de los derechos humanos exige la independencia del poder judicial y la plena libertad de expresión y de prensa”, durante el examen de los derechos humanos en Venezuela. Nadie pudo hacerse el distraído ante esta declaraciones, un claro mensaje de Dilma Rousseff a su colega Hugo Chávez.
Antes de las declaraciones, la embajadora se deshizo en expresar los profundos lazos de amistad que unen a los dos países y lo que ha hecho Chávez para derrotar a la pobreza. Sin embargo, al hablar de los desafíos a futuro (léase desde que asumió Chávez en 1999) se refirió al debido respeto que tiene que haber sobre libertad de prensa y de expresión e independencia del Poder Judicial, y agregó que era necesario que Venezuela deje entrar al país a supervisores de los derechos humanos y crear un plan nacional de derechos humanos como lo solicita la ONU.
Este martes habrá un informe final después del análisis que realiza cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos, que desde el 2006, creó el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) para examinar a los 192 países nucleados en la ONU.
Los funcionarios venezolanos, entre ellos el canciller Maduro, descargaron culpas sobre que hay plena libertad de prensa en el país, plena independencia de poderes y que cualquier recomendación del EPU no puede estar por arriba de lo que establece la Constitución. Es decir, para seguir obviando sus responsabilidades, Chávez quiere seguir ignorando los tratados internacionales de derechos humanos invocando los principios de soberanía y no intervención, lo que no es otra cosa que dejar a Venezuela postrada en el pasado. (Leer blog anterior sobre Brasil y su responsabilidad por Cuba, en el que analizo el principio de internacionalización de los derechos humanos)
octubre 08, 2011
¿Boicot desde la Casa Blanca?
Después de varios días de polémica entre Univisión y precandidatos presidenciales republicanos que plantearon un boicot a la cadena televisiva en protesta por investigaciones sobre familiares que afectaron al senador federal de ese partido, Marco Rubio, la SIP salió al cruce con la preocupación de que alguien que llegue a la Casa Blanca pueda asumir esa actitud desde el sillón presidencial.
Ayer, el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín envió cartas a cinco precandidatos a la Presidencia de EE.UU. lamentando la actitud que asumieron en contra de Univisión y considerándola , “una medida insensible que perjudica el derecho del público a estar debidamente informado”.
Marroquín dijo que “nos preocupa el daño que esta actitud hace al proceso democrático que debe ser acompañado por amplitud de criterios e información”. Más allá de las disquisiciones de los representantes del Partido Republicano y de los criterios editoriales adoptados por Univisión, Marroquín agregó que lo que “nos preocupa profundamente, no es solo la determinación de que se haga un boicot contra un medio de comunicación, lo que de por sí contraviene principios sobre derecho del público a la información y sobre libertad de prensa, sino que lo imponga alguien que en el futuro pueda asumir la misma actitud desde un sillón en la Casa Blanca”.
La controversia surgió luego de que la oficina de Rubio acusara a Univisión de presionarlo para que aceptara participar en un programa en el que se abordaría el tema migratorio, a cambio de suavizar una investigación periodística sobre su cuñado, Orlando Cicilia, sentenciado en 1987 por el delito de narcotráfico, cuando el senador tenía 16 años de edad. Univisión, cuya sede central está en Miami, negó la acusación. En el conflicto, no quedó claro por qué los políticos reclamaron estos hechos ahora, cuando la investigación fue difundida el 11 de julio por la televisora.
Los candidatos republicanos Mitt Romney, Rick Perry, Jon Huntsman, Michele Bachmann y Herman Cain, que recibieron la carta de Marroquín, fue impulsado a través de una carta enviada al Comité Nacional Republicano por los diputados estatales David Rivera y Carlos López-Cantera y por el presidente del Partido Republicano partido en el condado de Miami-Dade, Erik Fresen. Los políticos también solicitaron una disculpa pública por parte del canal y el despido de su presidente de Noticias.
“Creo – dijo Marroquín, presidente del diario guatemalteco Siglo 21 – que los candidatos presidenciales han actuado corporativamente en defensa de uno de sus colegas en medio de consideraciones electoralistas, sin considerar la responsabilidad que les cabe en materia de respeto a la libertad de prensa”.
Además de calificar de “insensible la medida del boicot”, Marroquín consideró desproporcionado que se le haya pedido a Univisión que despida al jefe de Noticias, Isaac Lee, por su responsabilidad en el asunto. “Se trata de una forma indirecta y ‘elegante’ de silenciar a un medio, pero de silenciarlo al fin”.
Ayer, el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín envió cartas a cinco precandidatos a la Presidencia de EE.UU. lamentando la actitud que asumieron en contra de Univisión y considerándola , “una medida insensible que perjudica el derecho del público a estar debidamente informado”.
Marroquín dijo que “nos preocupa el daño que esta actitud hace al proceso democrático que debe ser acompañado por amplitud de criterios e información”. Más allá de las disquisiciones de los representantes del Partido Republicano y de los criterios editoriales adoptados por Univisión, Marroquín agregó que lo que “nos preocupa profundamente, no es solo la determinación de que se haga un boicot contra un medio de comunicación, lo que de por sí contraviene principios sobre derecho del público a la información y sobre libertad de prensa, sino que lo imponga alguien que en el futuro pueda asumir la misma actitud desde un sillón en la Casa Blanca”.
La controversia surgió luego de que la oficina de Rubio acusara a Univisión de presionarlo para que aceptara participar en un programa en el que se abordaría el tema migratorio, a cambio de suavizar una investigación periodística sobre su cuñado, Orlando Cicilia, sentenciado en 1987 por el delito de narcotráfico, cuando el senador tenía 16 años de edad. Univisión, cuya sede central está en Miami, negó la acusación. En el conflicto, no quedó claro por qué los políticos reclamaron estos hechos ahora, cuando la investigación fue difundida el 11 de julio por la televisora.
Los candidatos republicanos Mitt Romney, Rick Perry, Jon Huntsman, Michele Bachmann y Herman Cain, que recibieron la carta de Marroquín, fue impulsado a través de una carta enviada al Comité Nacional Republicano por los diputados estatales David Rivera y Carlos López-Cantera y por el presidente del Partido Republicano partido en el condado de Miami-Dade, Erik Fresen. Los políticos también solicitaron una disculpa pública por parte del canal y el despido de su presidente de Noticias.
“Creo – dijo Marroquín, presidente del diario guatemalteco Siglo 21 – que los candidatos presidenciales han actuado corporativamente en defensa de uno de sus colegas en medio de consideraciones electoralistas, sin considerar la responsabilidad que les cabe en materia de respeto a la libertad de prensa”.
Además de calificar de “insensible la medida del boicot”, Marroquín consideró desproporcionado que se le haya pedido a Univisión que despida al jefe de Noticias, Isaac Lee, por su responsabilidad en el asunto. “Se trata de una forma indirecta y ‘elegante’ de silenciar a un medio, pero de silenciarlo al fin”.
octubre 07, 2011
Jobs y su manzana revolucionaria
Del frenesí de mensajes que ayer se leyeron en las redes sociales por la muerte de Steve Jobs, el que más me impactó, y que se reprodujo por doquier, fue el relativo a las tres manzanas que revolucionaron e impactaron a la humanidad: la de Adán y Eva, la de Isaac Newton y la de Steve Jobs.
El impacto de Apple y su genio creador fue el de haber revolucionado la cultura y la forma que nos relacionamos con las cosas y nosotros mismos.
Como uno de los íconos inigualables de la época del conocimiento, Jobs demostró que la creatividad, la innovación y las ideas, pero sobre todo el ambiente de libertad necesarios para desarrollar esos valores, deben ser los motores para transformar el mundo.
Nos deja ese desafío. Es su legado y su enseñanza. ¡Gracias!
El impacto de Apple y su genio creador fue el de haber revolucionado la cultura y la forma que nos relacionamos con las cosas y nosotros mismos.
Como uno de los íconos inigualables de la época del conocimiento, Jobs demostró que la creatividad, la innovación y las ideas, pero sobre todo el ambiente de libertad necesarios para desarrollar esos valores, deben ser los motores para transformar el mundo.
Nos deja ese desafío. Es su legado y su enseñanza. ¡Gracias!
octubre 06, 2011
Induciendo autocensura digital
Los macabros narcotraficantes mexicanos se han propuesto lograr en las redes sociales de su país, lo mismo que ya han conseguido en los medios de comunicación tradicionales: autocensura.
Con el asesinato de dos jóvenes twiteros y de una periodista profesional que los delataba en las redes sociales, extendieron su mensaje de violencia y venganza contra quien se atreva revelar sus crímenes en el internet.
Las consecuencias fueron espeluznantes. Los cuerpos de los jóvenes fueron colgados de un puente y el de María Macías fue decapitado y exhibido en una plaza. Sobre una cartulina apuñalada a su cadáver, el firmante cartel de los Zeta sentenciaba sarcásticamente: “Soy Nena Laredo y estoy aquí por mis reportes y los suyos”, en referencia al seudónimo con el que la periodista denunciaba a los narcotraficantes en el sitio Nuevo Laredo en Vivo y en las redes sociales, actos que no se atrevía ni podía revelar en el periódico que dirigía.
Los narcotraficantes son conscientes que los más de 2.5 millones de usuarios de Twitter en México son sus potenciales delatores, pero también que su violencia sin límites es efectiva. En la zona fronteriza con Estados Unidos ya probaron a fuerza de decapitaciones y violencia extrema, que los periodistas, periódicos, radios y televisoras prefieren el silencio a la confrontación. La prensa aprendió la lección con decenas de periodistas asesinados, desaparecidos y docenas de atentados contra medios. Desde hace unos años, debido a la ineficacia gubernamental para combatir al crimen organizado y la impunidad, la prensa ya no se ruboriza cuando admite que recula ante el crimen organizado, que se autocensura, no investiga y solo publica comunicados oficiales.
Pero ahora, el crimen de María Macías ha hecho que muchos usuarios de redes sociales aprendan a golpe y porrazo lo que los periodistas experimentan desde hace décadas: Toda información o comentario que se difunde, así sea en papel, voz o video, siempre afecta a alguien y provoca reacciones.
La violencia extrema no es la única arma para provocar autocensura. Hay grupos que utilizan el agravio y la difamación, piratean cuentas o roban identidades para amedrentar a sus víctimas. En Venezuela, en estas últimas semanas, varios opositores, humoristas y periodistas críticos al gobierno de Hugo Chávez, sufrieron el embate de un grupo anónimo de piratería cibernética.
Los ataques de estos hackers, autodenominados N33, fueron duros. Les infiltraron a los opositores sus cuentas de e-mail y Twitter, les bloquearon el acceso y, asumiendo su identidad, enviaron insultos a sus más de quinientos mil destinatarios y seguidores. Lo que más molestó del escarnio público, es que el comunicado de N33 fue propalado por programas de televisión oficiales, en los que se hizo apología del delito, justificando las represalias contra quienes no están alineados al oficialismo. “Sepan, irresponsables dirigentes opositores, que los estamos observando. Todos son objetivos”, sentenciaba el comunicado.
El caso es más grave aún, si se considera el anonimato de los ataques e insultos. Ante la falta de una entidad contra quien pelear o demandar ante la justicia, las víctimas se sienten impotentes y vulnerables. Quizás no tanto en este caso porque los atacados eran personas públicas y con trayectoria, pero cuando las agresiones se perpetran contra usuarios menos reconocidos, este tipo de amedrentamiento siempre desemboca en autocensura. Esta táctica es bien conocida por el chavismo, el kirchnerismo y el raulismo cubano, en cuyos aparatos de propaganda, los ciber militantes se entrenan en estrategias de ataques contra blogueros y usuarios críticos.
Los gobiernos también tienen sus pesadillas. El grupo de ciber activistas Anonymous viene amenazando a Hugo Chávez con implementar la operación de hackeo “tormenta de papel” y a Rafael Correa con “cóndor libre”, por sus incontables ataques a la libertad de expresión.
Pero como el fin no justifica los medios; mejor desconfiar de Anonymous u otros grupos de hackers que se esconden detrás de máscaras o capuchas. En su búsqueda de justicia por manos propias, terminan cometiendo mayores abusos que los que dicen combatir. Al final permiten que los gobiernos justifiquen restricciones al internet, induciendo así, otra fuente de autocensura para los usuarios.
Con el asesinato de dos jóvenes twiteros y de una periodista profesional que los delataba en las redes sociales, extendieron su mensaje de violencia y venganza contra quien se atreva revelar sus crímenes en el internet.
Las consecuencias fueron espeluznantes. Los cuerpos de los jóvenes fueron colgados de un puente y el de María Macías fue decapitado y exhibido en una plaza. Sobre una cartulina apuñalada a su cadáver, el firmante cartel de los Zeta sentenciaba sarcásticamente: “Soy Nena Laredo y estoy aquí por mis reportes y los suyos”, en referencia al seudónimo con el que la periodista denunciaba a los narcotraficantes en el sitio Nuevo Laredo en Vivo y en las redes sociales, actos que no se atrevía ni podía revelar en el periódico que dirigía.
Los narcotraficantes son conscientes que los más de 2.5 millones de usuarios de Twitter en México son sus potenciales delatores, pero también que su violencia sin límites es efectiva. En la zona fronteriza con Estados Unidos ya probaron a fuerza de decapitaciones y violencia extrema, que los periodistas, periódicos, radios y televisoras prefieren el silencio a la confrontación. La prensa aprendió la lección con decenas de periodistas asesinados, desaparecidos y docenas de atentados contra medios. Desde hace unos años, debido a la ineficacia gubernamental para combatir al crimen organizado y la impunidad, la prensa ya no se ruboriza cuando admite que recula ante el crimen organizado, que se autocensura, no investiga y solo publica comunicados oficiales.
Pero ahora, el crimen de María Macías ha hecho que muchos usuarios de redes sociales aprendan a golpe y porrazo lo que los periodistas experimentan desde hace décadas: Toda información o comentario que se difunde, así sea en papel, voz o video, siempre afecta a alguien y provoca reacciones.
La violencia extrema no es la única arma para provocar autocensura. Hay grupos que utilizan el agravio y la difamación, piratean cuentas o roban identidades para amedrentar a sus víctimas. En Venezuela, en estas últimas semanas, varios opositores, humoristas y periodistas críticos al gobierno de Hugo Chávez, sufrieron el embate de un grupo anónimo de piratería cibernética.
Los ataques de estos hackers, autodenominados N33, fueron duros. Les infiltraron a los opositores sus cuentas de e-mail y Twitter, les bloquearon el acceso y, asumiendo su identidad, enviaron insultos a sus más de quinientos mil destinatarios y seguidores. Lo que más molestó del escarnio público, es que el comunicado de N33 fue propalado por programas de televisión oficiales, en los que se hizo apología del delito, justificando las represalias contra quienes no están alineados al oficialismo. “Sepan, irresponsables dirigentes opositores, que los estamos observando. Todos son objetivos”, sentenciaba el comunicado.
El caso es más grave aún, si se considera el anonimato de los ataques e insultos. Ante la falta de una entidad contra quien pelear o demandar ante la justicia, las víctimas se sienten impotentes y vulnerables. Quizás no tanto en este caso porque los atacados eran personas públicas y con trayectoria, pero cuando las agresiones se perpetran contra usuarios menos reconocidos, este tipo de amedrentamiento siempre desemboca en autocensura. Esta táctica es bien conocida por el chavismo, el kirchnerismo y el raulismo cubano, en cuyos aparatos de propaganda, los ciber militantes se entrenan en estrategias de ataques contra blogueros y usuarios críticos.
Los gobiernos también tienen sus pesadillas. El grupo de ciber activistas Anonymous viene amenazando a Hugo Chávez con implementar la operación de hackeo “tormenta de papel” y a Rafael Correa con “cóndor libre”, por sus incontables ataques a la libertad de expresión.
Pero como el fin no justifica los medios; mejor desconfiar de Anonymous u otros grupos de hackers que se esconden detrás de máscaras o capuchas. En su búsqueda de justicia por manos propias, terminan cometiendo mayores abusos que los que dicen combatir. Al final permiten que los gobiernos justifiquen restricciones al internet, induciendo así, otra fuente de autocensura para los usuarios.
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