Ortega, TV y corrupción

Por los rumores que existen, el presidente Daniel Ortega está tejiendo su estrategia camino a la búsqueda de la reelección presidencial, con las mismas armas que la buscaron Chávez, Morales y Correa, tratándose de quedar con la mayor cantidad de medios de comunicación posible para poder desplegar su propaganda gubernamental, incluso aumentando las arcas de los medios con los que se queda (o sus testaferros) con dineros que son aportados por el erario público.

Se concentran así dos conductas corruptas en una sola acción. Se queda con un medio con dineros aportados con fondos públicos y segundo lo utilizarán para hacer propaganda con dineros que pagarán desde el propio Estado. Con ello además, se birlan la pluralidad y diversidad que critican escasa a los medios privados. Es decir la hipocresía es mayúscula.

Es el mismo patrón de conducta que han seguido los tres presidentes mencionados. La diferencia con otros presidentes que tienen muchos medios, como Silvio Berlusconi, por ejemplo, como podrían pensar algunos desprevenidos, es que el primer ministro italiano ya era un magnate de los medios desde la industria privada y luego entró a la política. En cambio estos señores, grupo a quienes habría que sumarle a los Kirchner, primero fueron presidentes y de ahí amasaron o manipularon fortuna para quedarse con los medios. La diferencia es, en realidad, el alto grado de corrupción.

Según los rumores, el presidente Ortega, cuya familia ya tiene medios en el país, estaría por concretar muy pronto la compra de Canal 8, de carlos Briceño. Este domingo pasado, uno de los periodistas más prestigiosos del país, Carlos Fernando Chamorro declaró en su propio programa que “a propósito de las informaciones que se han publicado en distintos medios de comunicación, sobre las negociaciones en que se encuentra involucrada la dirección de Telenica Canal 8, y que según lo ha reconocido su director, podrían culminar con la venta de esta estación televisiva, muchos televidentes nos han llamado para preguntarnos sobre cuál es la situación de Esta Semana y Esta Noche (programas bajo la dirección y conducción de C.F. Chamorro) en Canal 8.

Continuó Chamorro: “Y como se menciona que existen ofertas de un grupo directamente vinculado al gobierno del presidente Ortega que está interesado en adquirir este canal, a muchísimas personas les preocupa que si como resultado de esta transacción privada, desaparecerá un medio de comunicación como Telenica que desde hace 19 años ha sido un espacio de libertad, pluralismo y de periodismo crítico, y que sería sustituido por un instrumento de propaganda oficial.

Nosotros, obviamente, compartimos esa preocupación, pero no podemos emitir juicios definitivos sobre hechos que no se han consumado.

Lo que si podemos decir en lo que respecta a Esta Semana y Esta Noche, los dos programas televisivos bajos mi dirección, que operan bajo contrato como una producción independiente asociada con este canal, es que nosotros mantenemos un compromiso indeclinable con nuestra audiencia, un compromiso permanente con los valores democráticos que nos guían en el periodismo, y además un compromiso innegociable que se mantendrá bajo cualquier circunstancia. De eso pueden tener ustedes absoluta seguridad.

Esta Semana nació hace mas de diez anos bajo el alero democrático de Canal 2, con el mismo concepto que opera hoy. Como un programa independiente, asociado por un contrato de producción con una empresa televisiva con la que compartimos valores, como el pluralismo y el respeto a la autonomía profesional, pero manteniendo totalmente nuestra independencia editorial. Una década después, y estando ahora asociados a canal 8, hemos consolidado esta institución periodística y fundamos el programa diario de entrevistas Esta Noche, que se transmite de lunes a viernes. De manera que estos dos programas que mantienen un liderazgo en la opinión pública han echado raíces en la audiencia nacional.

Esas raíces son indisolubles, y nosotros mantenemos el compromiso de seguir adelante, haciendo periodismo crítico, manteniendo nuestra independencia editorial, y el compromiso por aportar a la construcción de un país en el que desarrolle la democracia con justicia social, libertad, y solidaridad.

Esos valores, para nosotros son irrenunciables, y los seguiremos manteniendo y practicando hoy, mañana y siempre. De eso que no les quepa la menor duda”.

Alba y Honduras

Nunca deja de impresionar Hugo Chávez cuando con desparpajo sigue hablando de Honduras sin reconocer que el problema que llevó al país a la situación compleja en el que está sumergido, se debió a su injerencia directa en los asuntos internos del país centroamericano.

No hay mayor responsable en los desvaríos que tuvo Manuel Zelaya que el propio Chávez, a quien los hondureños rechazaron cuando Zelaya decidió integrarse al Alba hipotecando un futuro ideológico, y cuando posteriormente quiso imponer su voluntad a pesar de las restricciones constitucionales.

Está bien y en su derecho que Chávez y su Alba condenen lo que quieran condenar, despotriquen contra el imperialismo yanqui y hayan tenido todo tipo de opiniones a favor y en contra de EEUU por su papel durante la crisis; pero está mal que no reconozcan la infinita cantidad de errores que hicieron cometer a Zelaya para que la situación siga empantanada.

Con su posición ideológica belicista tampoco le están haciendo un favor a la democracia, ni a la reconciliación que desde este lunes está buscando mediante el diálogo Porfirio Lobo, ya que simplemente pretenden salirse con la suya, lograr que Zelaya obtenga un salvoconducto antes del 27 de enero y así empezar un interminable peregrinaje rasgándose las vestiduras.

El permitir la salida de Zelaya solo a través de una petición de asilo, es una forma inteligente del gobierno actual para lograr cierto silencio en el fututo. La única forma, quizá, de comprometer a la comunidad internacional a que desatienda oídos a Zelaya y que se le permita gobernar con tranquilidad a Lobo. Pero claro, del otro lado está el imprevisible Hugo Chávez, y con él nada es seguro ni tranquilo.

Periodismo peligroso

La profesión de periodista se está tornando cada vez más riesgosa y peligrosa. Además de la violencia contra los medios y periodistas, que este año en América Latina se cobró la vida de once de ellos, muchos han terminado en las cárceles en represalia por lo que han dicho, opinado o disentido.

El censo anual del Comité para la Protección de los Periodistas reveló que este año hay 136 periodistas presos en el mundo, 11 más que en el 2008.

De entre los 26 países que encarcelan periodistas, los que tienen mayor cantidad de presos son China con 24, Irán con 23 y Cuba con 22 (aunque la Sociedad Interamericana de Prensa contabiliza 27 periodistas encarcelados en Cuba, convirtiéndose en el país con mayor número de casos).

La categoría de reporteros cibernéticos, con por lo menos 68 blogueros, es la más afectada por las detenciones. El 45 por ciento de los encarcelados ejercía periodismo independiente (freelance), siendo que la mayoría fue acusada por delitos contra el Estado, subversión o divulgación de propaganda enemiga, como sucede en Cuba, donde además de los encarcelados, prosigue el hostigamiento contra los blogueros.

Qué semana!!!

No me refiero a que Tiger Woods haya dejado temporalmente el golf por sus problemas de falda – en realidad de faldas porque parece que tiene 13 líos – ni que Barack Obama, mientras recibía un Premio Nobel que muchos cuestionaban haya sido elegido en América Latina como el líder más popular, calificación que dejó en los últimos dos lugares a Fidel Castro y a Hugo Chávez, en ese orden, a pesar que estos dos narcisistas crean que siempre están en la cresta de la ola.

Tampoco que Manuel Zelaya, casi como una vedette política o como un jugador famoso esperando con ansiedad su transferencia, siga con su eterna disyuntiva de cómo hacer para evadir la justicia hondureña en la que tiene opciones caducas por minutos: un malogrado pase a México, una expulsión de la sede brasileña después del 27 de enero o una esperanzadora charla con Porfirio Lobo en zona neutral, propuesta por Leonel Fernández.

Tampoco esta semana me pareció importante porque Hilary Clinton por fin se haya animado a tomar el toro por las astas y acusar a Chávez y a Evo Morales por estar flirteando con el presidente de Irán - ese con un apellido tan difícil de pronunciar como de escribir y que no le tiembla la mano para reprimir a los jóvenes y a la oposición de su país - aunque se olvidó de mencionar a Lula da Silva, que no solo flirteó sino también prometió acuerdos comerciales con el imitador de dictador.
Ni tampoco a esa encuesta de Latinobarómetro 2009 sobre que los latinoamericanos preferimos la democracia por sobre otros sistemas de gobierno, porque en realidad los datos, aunque los presentaron como positivos, son muy cuestionables: solo el 59 por ciento de los latinoamericanos estamos de acuerdo con la democracia, mientras que un 44 por ciento está insatisfecho. Porcentajes peligrosos, especialmente porque las instituciones son débiles y se están debilitando cada día más, debido principalmente a una justicia que no resuelve. Prueba de ello es la otra encuesta de la Secretaría General Iberoamericana que reveló que el 73 por ciento de los latinoamericanos tiene miedo de ser víctima de un delito y el 63 por ciento considera que su país es inseguro, convirtiendo este problema en el que debería estar en el tope de la agenda política internacional.
Sin embargo, lo que sí creo que hizo de esta semana una inolvidable, fueron las denuncias por doquier sobre las violaciones a los derechos humanos gracias a la celebración del 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hubo noticias desalentadoras por su contenido trágico y dramático, pero muy alentadoras si se tiene en cuenta que ahora se sabe más que antes sobre los atropellos y arbitrariedades que son cometidos por los propios gobiernos o al menos toleradas; lo que nos permitiría, como raza humana, encontrar los caminos justos, judiciales y adecuados para enmendar errores y tantas violaciones a los derechos humanos.

Recomiendo para su lectura y toma de conciencia el informe de Human Rights Watch sobre Brasil, en el que se denuncia que la policía de Río de Janeiro y San Pablo asesina a más de 1.000 personas por año, sobre quienes aduce que son bajas en enfrentamientos o porque se resisten a ser detenidas. Una cuestión espeluznante, si se tiene en cuenta que la policía de Río mata a una persona cada 23 arrestos (en EEUU es una cada 37.000 – sí! Una muerte por cada treinta y siete mil arrestos) y en San Pablo una cada 348.

Los datos vertidos en el informe sobre Brasil son tan escalofriantes, como el que reveló esta semana la Fiscalía General de Colombia, respecto a que los 4.000 paramilitares desmovilizados que confesaron haber cometido 156,000 homicidios, entre ellos los de 2.650 niños. En el informe de la Fiscalía se habla también del conflicto armado general que desplazó a más de tres millones de colombianos que tuvieron y deben vivir como extranjeros en otras zonas de su propio país.

Mientras en México el que pegó fuerte fue un informe de Amnistía Internacional acusando a los militares – la fuerza desplegada por el presidente Felipe Calderón para combatir el narcotráfico – de cometer “escandalosas y cada vez más frecuentes” violaciones a los derechos humanos, especialmente donde se concentra la guerra contra el narco, los estados limítrofes con EEUU. A diferencia de Brasil, en México no son los policías sino los militares y en ciudades periféricas del país, donde se lucha a brazo partido contra el crimen organizado, pero a la vez se comenten mayores atropellos y arbitrariedades contra la población en general.

Esta falta de justicia y un clamor por mayor seguridad se vio reflejada en un estudio realizado esta semana en Guatemala donde se responsabiliza a las fisuras en la administración de justicia, de ahí que en los últimos meses, ante la falta de una respuesta adecuada de parte de la justicia y por el clima de impunidad reinante, la población haya linchado a 49 delincuentes y rescatado a otros 210 de las garras de quienes quieren imponer un sistema de justicia propia.

No se puede culpar a los guatemaltecos por buscar soluciones rápidas ante una justicia no solo demasiado tardía sino inoperante. A muchos colombianos, por ejemplo, les gustaría agarrar del pescuezo a muchos militares que para ascender en su carrera muestran escalofriantes trofeos de guerra: falsos positivos; simplemente una forma de denominar a aquellas civiles que son asesinados a quemarropa para luego disfrazarlos con ropa de camuflaje y presentarlos como víctimas guerrilleras producto de enfrentamientos armados.

Ojala esta semana pudiera ser replicada en las restantes 51 del año, para que todos tomemos conciencia de los atropellos y del terrorismo de Estado que está debilitando nuestras democracias. Ojala estas informaciones sirvan para que los gobiernos tomen conciencia, que los ciudadanos ejerzamos presiones y así las democracias tomen medidas correctivas que nos hagan sentir a todos un poco mejores como seres humanos.

Narcotráfico y "estadounización"

El periodismo suele introducir nuevos adjetivos cuando necesita crear una imagen rápida y comprensible sobre un hecho complejo. De ahí que califique de “colombianización” la situación actual de México, para explicar mejor la tragedia que vive el país a raíz de la violencia y la influencia del narcotráfico en todas sus estructuras.
Aunque el término suene peyorativo, la imagen del México actual se espeja en aquella Colombia dominada por el Cartel de Medellín y su capo Pablo Escobar, quien dinamitaba, asesinaba, infiltraba estructuras políticas o vivía impune como un rey, al amparo de jueces amigos y temerosos.
La “colombianización” es sinónimo de un crimen organizado que no da tregua y del escenario que describió esta semana el presidente mexicano Felipe Calderón. Advirtió sobre la injerencia del narcotráfico en la financiación de campañas electorales municipales, cuyo fin es comprar políticos para asegurarse nuevos territorios y así expandir el narcomenudeo, el consumo de narcóticos y crímenes derivados.
Pero las comparaciones despectivas entre países ya no son fáciles de hacer. El vigorizado y disputado negocio de las drogas, borró de cuajo la diferencia entre naciones productoras, consumidoras y de tránsito. Hoy, la marihuana de mejor calidad y el éxtasis no se cultiva y fabrica en Colombia, ni en Perú ni Bolivia, sino en Estados Unidos y Canadá, dos de los mayores consumidores del mundo. Mientras tanto, los cárteles mexicanos les quitaron el monopolio de la actividad a los colombianos, quedándose con la parte más jugosa del negocio: la distribución y el menudeo.
Esto trajo como consecuencia que haya actores más pequeños y diversos dedicados al tráfico, forzando que el consumo de drogas se dispare en todo el mundo; favorecido, además, por una mayor tolerancia social y políticas más laxas sobre los estupefacientes. La despenalización del consumo en países como Argentina, Colombia, Chile y México, además de Brasil, que también promete replicar políticas adoptadas en Italia, Holanda, Luxemburgo y Portugal, y en algunos estados de EEUU, son parte de la ecuación.
Los niveles de consumo son alarmantes en Latinoamérica, región que hasta no hace mucho se caracterizaba solo por producir y traficar narcóticos. No sería desacertado entonces, así como se califica de “colombianización” al proceso mexicano del narcotráfico, usar el adjetivo de “estadounización” para Latinoamérica, infiriendo el peligro que representan los índices cada vez más elevados de consumo.
El Informe Mundial de Drogas 2009 de la ONU registró un alto incremento del uso de cocaína, marihuana y anfetaminas, especialmente en los países del cono Sur. El mayor aumento de cocaína se dio en Argentina, Chile y Uruguay donde es consumida por el 2.6, 1.4 y 1.5 por ciento de la población entre 15 y 64 años. El uso de marihuana también se ha disparado, teniendo en Chile un 7% de fumadores en ese segmento poblacional. Por otra parte, Perú, El Salvador y República Dominicana tienen, en sus respectivas regiones, los porcentajes más altos de consumo de éxtasis.
Preocupación superlativa causa la incidencia cada vez mayor de las drogas en las escuelas, habiendo aumentado el uso de pasta base de cocaína en toda Latinoamérica; así como de productos inhalantes en Brasil, y en países caribeños y centroamericanos.

Los países latinoamericanos, ya consumistas, tampoco han dejado de cultivar, producir o fabricar drogas. Paraguay destaca como la potencia sudamericana de cultivo de marihuana; Colombia, Perú y Bolivia en el procesamiento de coca; mientras que la fabricación de anfetaminas se concentra en Argentina, Guatemala, Honduras y Perú.
Los gobiernos tienen dificultades para encontrar respuestas adecuadas a este negocio multinacional que vive en expansión constante, retroalimentándose de otros ilícitos, como terrorismo, corrupción política, lavado de dinero, piratería, tráfico de armas y de personas; y que tiene en la extrema violencia la mejor arma para desviar toda la atención y recursos de los estados.
Más allá del uso de la fuerza pública para reprimir el crimen, tal vez la estrategia que emanó en noviembre de la Comisión Interamericana contra las Drogas entre la OEA y EEUU, de combatir la oferta, pero reduciendo también la demanda, mediante programas de prevención y recuperación de adictos en países del hemisferio, ofrezca cierta esperanza y demuestre que la lucha contra las drogas todavía no está del todo perdida.

¿Derechos humanos en Cuba?

Una vez más el régimen cubano se comportó cobarde, al atropellar a un grupo de Damas de Blanco que con motivo del día internacional de los derechos humanos hacía su recorrido habitual por la capital cubana, gladiolos en mano y repartiendo declaraciones universales sobre derechos humanos.

Como se preveía, las Damas fueron asaltadas por dos días consecutivos, esta vez, por un contingente que bajó de ómnibus del gobierno, insultándolas, tironeándolas del pelo y amenazándolas de que la próxima vez las represalias serían mayores, para todas aquellas mujeres representantes de la “gusanera” (exilio en Miami).

El crimen de las Damas es pedir por sus esposos presos, la mayoría de ellos encarcelados en marzo de 2003, el período conocido como “la primavera negra”, por delitos tan graves como escribir mails, enviar información sobre horarios de cine y precios de comida al exterior, actividades que todas, entran en la categoría de “propaganda enemiga” y de “traición a la patria”.

Y pensar que hay muchos románticos y amantes de la libertad que todavía creen en los postulados liberadores de la revolución. Claro, desde afuera y desde lejos.

Impunidad y periodistas

Nuestra lucha en la SIP por la impunidad que rodea los crímenes contra los periodistas en todo el hemisferio occidental ha sido y es ardua. Llena de sinsabores, especialmente debido a que los gobiernos poco hacen para que se haga justicia.

Más de 350 periodistas han sido asesinados en las Américas en los últimos 20 años y solo un puñado de esos casos ha sido aclarado. Lamentablemente, en países donde la violencia es alta, como el caso de México donde han sido muertos seis periodistas y uno permanece desaparecido en este 2009, la impunidad es bien alta.

Ciertas esperanzas ofrecen algunos activistas y políticos que se comprometen a esta causa y que desde dentro del poder político tratan de ayudar presionando a su propio gobierno. Tuve la oportunidad la semana pasada de entrevistarme con Manuel Clouthier, diputado nacional por el PAN en México, quien dijo que bregará por este tema ante el presidente Felipe Calderón.

¿Bajo qué premisas? La promesa es seria, si se considera que el flamante diputado oficialista tuvo que dejar la dirección de su diario, Noroeste de Culiacán, para embarcarse en este peregrinaje político siguiendo los pasos de su padre homónimo, uno de los reformistas del PAN y que ha llevado a ese partido a lo que es hoy, con dos presidentes consecutivos en el poder, después de una dinastía de 70 años en manos del PRI.

Clouthier, durante un seminario - “El blindaje periodístico ante la violencia”- que organizamos junto a la Universidad Nacional Autónoma de México, criticó la inacción del gobierno nacional de su país para proteger la labor de periodistas y medios de comunicación, particularmente en el interior del país, al tiempo que reclamó que “necesitamos convertir este grave problema en un problema de ellos”, infiriendo que “el gobierno sólo actúa bajo presión”.

Clouthier, quien hizo aportes importantes a la campaña de la SIP en México para combatir la impunidad, reclamó que “falta compromiso de la autoridades en general para resolver los casos de agresiones a la libertad de expresión… por lo que debemos hacerles sentir que es un problema de ellos”, recordando que la única forma que el gobierno actúa es cuando siente presión.

“Se debe meter la presión suficiente para que asuman sus responsabilidades”, enfatizó Clouthier, añadiendo que los “políticos y funcionarios tienen animadversión con el periodismo, y así no los podemos hacer parte del problema”.