Es difícil cuantificar el éxito midiéndolo por la cantidad de personas que pudieran haberse sumado en el mundo entero para protestar contra Hugo Chávez. El éxito debe medirse en esta circunstancia por el contagio multi internacional que se logró como producto de la inter conectividad y conexión que se contagió por las redes sociales a través de cientos de ciudades alrededor del mundo. Una convocatoria que ni siquiera se hubiera logrado hace dos años atrás.
Lo mejor, para muchos, fue que la marcha multinacional coincidió con un Chávez que está lejos, de gira por países “democráticos”, como en Siria y Libia, entre otros, donde en todos ellos gritó pomposamente que era “soldado de la revolución y soldado de Fidel Castro”, sintiéndose orgulloso de pertenecer a un grupo de dictadores.
La indignación de un grupo de jóvenes colombianos que despertaron este entusiasmo en contra de Chávez, fue coronado aún más por el “voto de censura” que el Senado de Brasil produjo en contra de Chávez este martes por coartar la libertad de prensa en su país. Desde que hace un par de meses atrás el presidente venezolano pidió a sus ministros que prepararan un “mapa de guerra mediática”, todos los funcionarios se dieron a la tarea de agradar a su amo, presentando varios proyectos de ley para castigar “delitos mediáticos” y prohibir el derecho de reunión, lo último que queda por prohibir en Venezuela.
En realidad el proceso de controlar el derecho de asociación y reunión hace rato que empezó. En el país, ya se iniciaron 2.200 procesos judiciales contra personas que han participado en marchas y protestas contra de políticas gubernamentales o por la falta de agua o el estado deficiente de edificios escolares, entre otras cosas cotidianas.
Chávez podrá seguir adelante con su dictadura interna, pero lo que no podrá hacer jamás es dominar todo el proceso internacional de rechazo en su contra. Hoy ha sido un día fantástico en el que quedó demostrado que las redes sociales se están transformando en un medio importante para concientizar sobre causas justas y necesarias.
Quiero contarles sobre los procesos creativos de esta nueva historia sobre la verdad, la libertad y el miedo al futuro. Es mi nueva novela y espero publicarla cuando se sincronicen los planetas (las editoriales) o cuando se me acabe la paciencia y decida autopublicar -- Los contenidos de mi blog Prensa y Expresión están en el archivo. Blog por Ricardo Trotti
septiembre 04, 2009
septiembre 03, 2009
Alvaro Uribe III
Aunque lo ha conseguido tras un proceso democrático y gracias a su gran popularidad, el presidente Alvaro Uribe es parte de la saga latinoamericana donde los presidentes se desviven por perpetuarse en el poder.
Los diputados colombianos casi por unanimidad, 85 a 5, votaron a favor de un referéndum para que sea reformada la Constitución y así seguir con un proceso electoral en el que al menos 7.5 millones de colombianos deben votar para darle validez a una nueva y tercera reelección de Uribe de cara a las elecciones de mayo de 2010.
Seguramente, gracias a su popularidad, una de las más altas de América Latina, Uribe se quedará en la presidencia. Para muchos, es el presidente ideal para Colombia que le ha ayudado a salir del círculo indescifrable de la violencia. Para otros, es la única forma de tener un balance continental donde la izquierda de Hugo Chávez siempre choca con el paredón ideológico que representa Uribe.
Más allá de los pro y cons, se trata de una muestra más de un presidencialismo exacerbado que nunca fue bueno para América Latina ya que la concentración de poder que se alcanza con tantos años deviene en abuso de poder y corrupción. Claro está, es que también estos dos vicios de la democracia se han dado en presidentes que tuvieron un solo período o que ni siquiera llegaron a cumplirlo.
Sin embargo, lo peor está en que esa posibilidad de los vicios democráticos se busquen mediante ley, sabiendo – como sucedió en el caso colombiano con denuncias de extorsiones y coimas – que el Estado (o el gobierno de turno que lo administre) siempre utilizará su estructura – lo que es ya un abuso de poder en sí mismo – para alcanzar sus fines. De ahí, la preocupación escasa de que este referéndum votado por los legisladores será aceptado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que a pesar de los grandes encontronazos con Uribe, terminarán limando sus asperezas mediante el lobby y la influencia.
Este proceso hacia el Alvaro Uribe III cierra las puertas a todos los críticos que alguna vez tuvieron presidentes como Chávez, Morales o Correa – algo que con denodada atención busca Ortega – por haberse perpetuado en el poder a instancias de referendos y plebiscitos de dudosa procedencia y resultados.
Los diputados colombianos casi por unanimidad, 85 a 5, votaron a favor de un referéndum para que sea reformada la Constitución y así seguir con un proceso electoral en el que al menos 7.5 millones de colombianos deben votar para darle validez a una nueva y tercera reelección de Uribe de cara a las elecciones de mayo de 2010.
Seguramente, gracias a su popularidad, una de las más altas de América Latina, Uribe se quedará en la presidencia. Para muchos, es el presidente ideal para Colombia que le ha ayudado a salir del círculo indescifrable de la violencia. Para otros, es la única forma de tener un balance continental donde la izquierda de Hugo Chávez siempre choca con el paredón ideológico que representa Uribe.
Más allá de los pro y cons, se trata de una muestra más de un presidencialismo exacerbado que nunca fue bueno para América Latina ya que la concentración de poder que se alcanza con tantos años deviene en abuso de poder y corrupción. Claro está, es que también estos dos vicios de la democracia se han dado en presidentes que tuvieron un solo período o que ni siquiera llegaron a cumplirlo.
Sin embargo, lo peor está en que esa posibilidad de los vicios democráticos se busquen mediante ley, sabiendo – como sucedió en el caso colombiano con denuncias de extorsiones y coimas – que el Estado (o el gobierno de turno que lo administre) siempre utilizará su estructura – lo que es ya un abuso de poder en sí mismo – para alcanzar sus fines. De ahí, la preocupación escasa de que este referéndum votado por los legisladores será aceptado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que a pesar de los grandes encontronazos con Uribe, terminarán limando sus asperezas mediante el lobby y la influencia.
Este proceso hacia el Alvaro Uribe III cierra las puertas a todos los críticos que alguna vez tuvieron presidentes como Chávez, Morales o Correa – algo que con denodada atención busca Ortega – por haberse perpetuado en el poder a instancias de referendos y plebiscitos de dudosa procedencia y resultados.
septiembre 02, 2009
Honduras y su escenario futuro
Es difícil predecir lo que sucederá con Honduras en los próximos meses. La cuenta regresiva hacia las elecciones comenzó este lunes, mientras el gobierno de Roberto Micheletti no da vuelta atrás y la comunidad internacional apoya la moción del Consejo permanente de la OEA para no reconocer al próximo gobierno que los hondureños elijan el 29 de noviembre.
Por ahora el acuerdo propuesto por el presidente Oscar Arias no parece permear en la voluntad del nuevo gobierno y la prensa internacional – además del mentor presidente venezolano – está dejando caer las pretensiones de Manuel Zelaya de regresar al poder. A esta altura, muchos se preguntan: ¿regresar para qué? Antes de que logre reacomodarse debería dejar lugar a unas elecciones que se adelantarían por un mes, según Arias, y en las que no se podría colocar ningún tipo de cuarta urna.
La Comunidad Europea dio marcha atrás a más sanciones contra Honduras y tal vez Zelaya logre algún otro compromiso de parte de Hillary Clinton este jueves, que muchos esperan que no sea en contra de lo que queda de ayuda económica estadounidense, inversiones ni remesas y que todo siga por el lado de la política, tal el caso de restricciones inmigratorias para que las sanciones no penalicen a los millones de hondureños que no están a favor de una u otra postura en pugna y que no tienen la culpa de lo que sucede, sino que quieren vivir en paz y que no los manipulen acercándolos a cualquiera de los dos extremos en la polémica.
Nadie sabe que significará en la práctica que el nuevo gobierno que emerja de las elecciones de noviembre no sea reconocido. ¿Más sanciones? ¿Qué se piense que Mel Zelaya debe regresar, aún habiéndosele acabado su tiempo? ¿Y si fuera así por cuánto tiempo regresaría?¿Es que se trata de un partido de fútbol en que el referí da un alargue porque alguien demoró el juego? ¿Pero cuánto tiempo más seguirían las sanciones y el no reconocimiento de un gobierno nuevo, legítimo, elegido por el pueblo, conformado por un candidato que nada tuvo que ver en el golpe o la sucesión, como quieran llamarla? ¿Las elecciones y todo el cronograma electoral ya estaban aprobados y autorizados antes del 28 de junio, por lo que no haberlo cumplido, hubiera significado el descarte de los candidatos?
Pero la pregunta más trascendente es ¿cómo se comportaría la comunidad internacional en caso de que las elecciones se realicen con normalidades (masivas y transparentes) y se elija al nuevo presidente en noviembre con un alto porcentaje de votos, y luego éste asuma en enero como está previsto en el calendario, mientras Micheletti se retira a su finca?
Por ahora el acuerdo propuesto por el presidente Oscar Arias no parece permear en la voluntad del nuevo gobierno y la prensa internacional – además del mentor presidente venezolano – está dejando caer las pretensiones de Manuel Zelaya de regresar al poder. A esta altura, muchos se preguntan: ¿regresar para qué? Antes de que logre reacomodarse debería dejar lugar a unas elecciones que se adelantarían por un mes, según Arias, y en las que no se podría colocar ningún tipo de cuarta urna.
La Comunidad Europea dio marcha atrás a más sanciones contra Honduras y tal vez Zelaya logre algún otro compromiso de parte de Hillary Clinton este jueves, que muchos esperan que no sea en contra de lo que queda de ayuda económica estadounidense, inversiones ni remesas y que todo siga por el lado de la política, tal el caso de restricciones inmigratorias para que las sanciones no penalicen a los millones de hondureños que no están a favor de una u otra postura en pugna y que no tienen la culpa de lo que sucede, sino que quieren vivir en paz y que no los manipulen acercándolos a cualquiera de los dos extremos en la polémica.
Nadie sabe que significará en la práctica que el nuevo gobierno que emerja de las elecciones de noviembre no sea reconocido. ¿Más sanciones? ¿Qué se piense que Mel Zelaya debe regresar, aún habiéndosele acabado su tiempo? ¿Y si fuera así por cuánto tiempo regresaría?¿Es que se trata de un partido de fútbol en que el referí da un alargue porque alguien demoró el juego? ¿Pero cuánto tiempo más seguirían las sanciones y el no reconocimiento de un gobierno nuevo, legítimo, elegido por el pueblo, conformado por un candidato que nada tuvo que ver en el golpe o la sucesión, como quieran llamarla? ¿Las elecciones y todo el cronograma electoral ya estaban aprobados y autorizados antes del 28 de junio, por lo que no haberlo cumplido, hubiera significado el descarte de los candidatos?
Pero la pregunta más trascendente es ¿cómo se comportaría la comunidad internacional en caso de que las elecciones se realicen con normalidades (masivas y transparentes) y se elija al nuevo presidente en noviembre con un alto porcentaje de votos, y luego éste asuma en enero como está previsto en el calendario, mientras Micheletti se retira a su finca?
agosto 31, 2009
Leyes de Radio-TV y la libertad
La mejor forma que tiene un gobierno para cercenar la libertad de prensa es mediante la asfixia de la radio y la televisión, medios a los que tiene a mano. Debido a sus características, los medios electrónicos están regulados por leyes especiales ya que utilizan el espacio público, el éter, por lo que es necesario administrar las frecuencias en las que operan para que no se produzca un caos con otras frecuencias de servicio público.
En todas las épocas, las licencias que se otorgan a los prestatarios, siempre han concitado arduas polémicas. Casi todos los gobiernos, en una u otra época, han utilizado las leyes o las han reformado para poder discriminar con tranquilidad a quienes les critican o denuncian sus actos de corrupción. Por eso cada tanto, aparecen proyectos de ley para reformar “legislación obsoleta” y acabar con los “monopolios”, que si bien existen, son solo el producto de lo que las leyes y los gobiernos anteriores permitieron; dándose paso, con las nuevas leyes, a privilegiar a otros empresarios que “comulgan” con el nuevo gobierno, por lo que se desactivarán viejos monopolios para crear concentración de medios en grupos más sumisos o menos “opositores”.
La Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, así como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que presentó la semana pasada la presidenta Cristina de Kirchner y la que está presentando Rafael Correa en Ecuador, tienen características parecidas. Nacieron como parte de un paquete estratégico del gobierno en épocas que los poderes ejecutivos estaban y están cercenando otras libertades y garantías. No llegaron a la opinión pública como parte de un proceso de consulta y discusión, sino como simple arrebato en contra de los medios de comunicación, los que son calificados de “opositores”, “golpistas” y “desestabilizadores”. En nombre de la diversidad y pluralidad, buscan que estas leyes justifiquen el cierre, la expropiación y compra de medios de comunicación, desnaturalizando la función del Estado que debe comunicar y no hacer propaganda, para lo que terminan sirviendo sus medios.
¿Qué chances tendrán estas leyes de causar estragos en sus respectivos países?
En Venezuela ya ha causado graves daños, siendo el cierre de RCTV, de 34 emisoras de radio y la amenaza de cierre de Globovisión, así como la creación de la Agencia Bolivariana de Noticias, Telesur, cientos de radios comunitarias y periódicos, la muestra de que esta ley funciona a favor del gobierno.
En Argentina la pelea será amplia y fuerte, y por la tradición que existe, seguramente los estragos que pudiera causar se morigerarán bastante con la oposición, si es que se consigue dejar para el nuevo Congreso – el cual no tendrá mayoría oficialista – su discusión y aprobación.
En Ecuador reina más la incertidumbre; sin embargo, la férrea decisión de Rafael Correa de ir en contra de los medios, como lo hace habitualmente, como el caso del Canal Teleamazonas y en contra de los periódicos, y según se desprende de sus discursos en los que no escatima críticas, insultos y sarcasmos en contra de los medios, parecen remarcar que se vendrá una ley de comunicación muy politizada y exageradamente protectora del Poder Ejecutivo.
En todas las épocas, las licencias que se otorgan a los prestatarios, siempre han concitado arduas polémicas. Casi todos los gobiernos, en una u otra época, han utilizado las leyes o las han reformado para poder discriminar con tranquilidad a quienes les critican o denuncian sus actos de corrupción. Por eso cada tanto, aparecen proyectos de ley para reformar “legislación obsoleta” y acabar con los “monopolios”, que si bien existen, son solo el producto de lo que las leyes y los gobiernos anteriores permitieron; dándose paso, con las nuevas leyes, a privilegiar a otros empresarios que “comulgan” con el nuevo gobierno, por lo que se desactivarán viejos monopolios para crear concentración de medios en grupos más sumisos o menos “opositores”.
La Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, así como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que presentó la semana pasada la presidenta Cristina de Kirchner y la que está presentando Rafael Correa en Ecuador, tienen características parecidas. Nacieron como parte de un paquete estratégico del gobierno en épocas que los poderes ejecutivos estaban y están cercenando otras libertades y garantías. No llegaron a la opinión pública como parte de un proceso de consulta y discusión, sino como simple arrebato en contra de los medios de comunicación, los que son calificados de “opositores”, “golpistas” y “desestabilizadores”. En nombre de la diversidad y pluralidad, buscan que estas leyes justifiquen el cierre, la expropiación y compra de medios de comunicación, desnaturalizando la función del Estado que debe comunicar y no hacer propaganda, para lo que terminan sirviendo sus medios.
¿Qué chances tendrán estas leyes de causar estragos en sus respectivos países?
En Venezuela ya ha causado graves daños, siendo el cierre de RCTV, de 34 emisoras de radio y la amenaza de cierre de Globovisión, así como la creación de la Agencia Bolivariana de Noticias, Telesur, cientos de radios comunitarias y periódicos, la muestra de que esta ley funciona a favor del gobierno.
En Argentina la pelea será amplia y fuerte, y por la tradición que existe, seguramente los estragos que pudiera causar se morigerarán bastante con la oposición, si es que se consigue dejar para el nuevo Congreso – el cual no tendrá mayoría oficialista – su discusión y aprobación.
En Ecuador reina más la incertidumbre; sin embargo, la férrea decisión de Rafael Correa de ir en contra de los medios, como lo hace habitualmente, como el caso del Canal Teleamazonas y en contra de los periódicos, y según se desprende de sus discursos en los que no escatima críticas, insultos y sarcasmos en contra de los medios, parecen remarcar que se vendrá una ley de comunicación muy politizada y exageradamente protectora del Poder Ejecutivo.
agosto 30, 2009
"No más Chávez"
El 4 de setiembre será un día histórico y existe el desafío de hacer una “marcha” o “concentración” lo más inmensamente posible por internet en contra de Hugo Chávez. Mientras los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales se muestran pusilánimes con los atropellos del chavismo, gente de varias disciplinas salió al paso y ya se está abroquelando tras la campaña mundial “No más Chávez”.
Amigo de los titulares, Chávez en su Aló presidente de hoy dijo que permitiría esta marcha (¿?) pero invitó a sus partidarios a organizar una en su apoyo llamada “yanquis go home”. Chávez cree que él tiene que autorizar las marchas en su contra, y en cierta forma ya empieza a tener la razón, ya que ahora “su” fiscal general, Ortega Díaz, dijo este fin de semana que acabaría con las marchas contrarias al gobierno, para que no se altere la paz y el orden, delito que conlleva de 12 a 24 años de prisión.
Esta fiscal, que hace un par de semanas atrás presentó a la Asamblea nacional un proyecto de ley sobre “delitos mediáticos”, una ley mordaza que atinaba a acabar con los pocos medios independientes que quedan, dijo ahora que encausará a quienes marchan en contra del gobierno.
Ya no es sorpresa que el gobierno chavista esté debilitando a la democracia con una estrategia desde todos los ángulos. Ahora, a la falta de libertad de prensa, la falta de independencia de los poderes públicos y el sometimiento de la junta electoral, la Asamblea y la justicia, se le suma el debilitamiento del derecho de reunión y de asociación. Toda una autocracia.
Amigo de los titulares, Chávez en su Aló presidente de hoy dijo que permitiría esta marcha (¿?) pero invitó a sus partidarios a organizar una en su apoyo llamada “yanquis go home”. Chávez cree que él tiene que autorizar las marchas en su contra, y en cierta forma ya empieza a tener la razón, ya que ahora “su” fiscal general, Ortega Díaz, dijo este fin de semana que acabaría con las marchas contrarias al gobierno, para que no se altere la paz y el orden, delito que conlleva de 12 a 24 años de prisión.
Esta fiscal, que hace un par de semanas atrás presentó a la Asamblea nacional un proyecto de ley sobre “delitos mediáticos”, una ley mordaza que atinaba a acabar con los pocos medios independientes que quedan, dijo ahora que encausará a quienes marchan en contra del gobierno.
Ya no es sorpresa que el gobierno chavista esté debilitando a la democracia con una estrategia desde todos los ángulos. Ahora, a la falta de libertad de prensa, la falta de independencia de los poderes públicos y el sometimiento de la junta electoral, la Asamblea y la justicia, se le suma el debilitamiento del derecho de reunión y de asociación. Toda una autocracia.
agosto 29, 2009
El “Divisur” quedó igual. Colombia ganó
Después de la apretujada reunión de siete horas en Bariloche, todo quedó igual. Colombia sigue con sus planes de alianza con los militares estadounidenses en siete bases colombianas para enfrentar al terrorismo y el narcotráfico, y por más pataleos estúpidos que pegó Hugo Chávez y Rafael Correa, no pudieron disimular su desencanto con todos sus vecinos, porque no se aprobó ni la revisión del acuerdo ni el pedido de llamado a Barack Obama para que comparezca en otra reunión a dar explicaciones.
La reunión, como todas las que se hacen últimamente, no es otra cosa que para medir fuerzas ideológicas, entre la derecha de Alvaro Uribe, la izquierda recalcitrante de Chávez, Correa y Morales, la moderada de Lula da Silva, Cristina de Kirchner, Tabaré Vázquez y Fernando Lugo, y la acomodaticia de Alan García y Michelle Bachelet que juegan su ideología por una lado y su practicidad cuasi neoliberal del otro, teniendo las economías de mayor crecimiento.
Uribe salió muy bien parado en la reunión, teniendo en cuenta que estaba en el banquillo de los acusados y fue debido a él que la reunión la había convocado Chávez con la ayuda de su discípulo Correa. Uribe dijo que su acuerdo estaba cerrado y no merecía revisión, que su país era soberano y que si bien los ministros de Defensa del Unasur podrán observar lo que sucederá con las bases, logró que en la declaración final también se estableciera que a cambio de esa observación, se deberán revisar los acuerdos militares de otros países, las operaciones de las Farc en Colombia y Ecuador; a la vez que reclamó a los presentes mayor cooperación.
Cristina se comportó como siempre… jugando a la gran demócrata pidió relajamiento y bajar los decibeles, todo lo contrario a lo que practica internamente. Chávez sacó a relucir el viejo y manido argumento de que Estados Unidos quiere controlar e invadir a Venezuela y que trae “vientos de guerra”, como si los yanquis necesitaran ir a Colombia para preparar una invasión, a quienes le alcanzaría con un solo portaviones frente a Isla Margarita. Y Correa, escondido detrás de su arrogancia, sacó a relucir sus bravuconadas para seguir evadiendo las evidencias de los videos de las Farc que lo señalan como a uno de sus socios en su primera campaña electoral.
Parecía que tratando de expulsar a los estadounidenses de América Latina, algo que ya han hecho Morales, Chávez y Correa, le estaban sirviendo en bandeja el territorio colombiano y sus alrededores a las Farc para que sigan extendiendo su manto de terrorismo y narcotráfico. En realidad ninguno de los países presentes en Bariloche puede demostrar lo que realmente es necesario para combatir el narcotráfico, algo que Uribe viene consiguiendo de Obama y antes de George W. Bush: inteligencia.
Me refiero a inteligencia, sin sarcasmos, inteligencia militar y estratégica. Ningún sistema militar de los países latinoamericanos tiene la capacidad para combatir al narcotráfico, ya que éste los supera en estrategia. Los aviones Awacs y otros pertrechos de inteligencia que provee Estados Unidos son los únicos capaces de lidiar con los narcos y evitar que se siga desparramado por toda la región. Por eso no se entiende toda la tozudez y desvarío por el apoyo de Estados Unidos en la región.
La reunión, como todas las que se hacen últimamente, no es otra cosa que para medir fuerzas ideológicas, entre la derecha de Alvaro Uribe, la izquierda recalcitrante de Chávez, Correa y Morales, la moderada de Lula da Silva, Cristina de Kirchner, Tabaré Vázquez y Fernando Lugo, y la acomodaticia de Alan García y Michelle Bachelet que juegan su ideología por una lado y su practicidad cuasi neoliberal del otro, teniendo las economías de mayor crecimiento.
Uribe salió muy bien parado en la reunión, teniendo en cuenta que estaba en el banquillo de los acusados y fue debido a él que la reunión la había convocado Chávez con la ayuda de su discípulo Correa. Uribe dijo que su acuerdo estaba cerrado y no merecía revisión, que su país era soberano y que si bien los ministros de Defensa del Unasur podrán observar lo que sucederá con las bases, logró que en la declaración final también se estableciera que a cambio de esa observación, se deberán revisar los acuerdos militares de otros países, las operaciones de las Farc en Colombia y Ecuador; a la vez que reclamó a los presentes mayor cooperación.
Cristina se comportó como siempre… jugando a la gran demócrata pidió relajamiento y bajar los decibeles, todo lo contrario a lo que practica internamente. Chávez sacó a relucir el viejo y manido argumento de que Estados Unidos quiere controlar e invadir a Venezuela y que trae “vientos de guerra”, como si los yanquis necesitaran ir a Colombia para preparar una invasión, a quienes le alcanzaría con un solo portaviones frente a Isla Margarita. Y Correa, escondido detrás de su arrogancia, sacó a relucir sus bravuconadas para seguir evadiendo las evidencias de los videos de las Farc que lo señalan como a uno de sus socios en su primera campaña electoral.
Parecía que tratando de expulsar a los estadounidenses de América Latina, algo que ya han hecho Morales, Chávez y Correa, le estaban sirviendo en bandeja el territorio colombiano y sus alrededores a las Farc para que sigan extendiendo su manto de terrorismo y narcotráfico. En realidad ninguno de los países presentes en Bariloche puede demostrar lo que realmente es necesario para combatir el narcotráfico, algo que Uribe viene consiguiendo de Obama y antes de George W. Bush: inteligencia.
Me refiero a inteligencia, sin sarcasmos, inteligencia militar y estratégica. Ningún sistema militar de los países latinoamericanos tiene la capacidad para combatir al narcotráfico, ya que éste los supera en estrategia. Los aviones Awacs y otros pertrechos de inteligencia que provee Estados Unidos son los únicos capaces de lidiar con los narcos y evitar que se siga desparramado por toda la región. Por eso no se entiende toda la tozudez y desvarío por el apoyo de Estados Unidos en la región.
agosto 28, 2009
Hambre
La retórica ruidosa que generan las riñas entre líderes latinoamericanos por mayor espacio ideológico, dificultan prestar atención a las verdaderas amenazas contra la paz y la seguridad en la región: el hambre y la inseguridad alimentaria.
Denominada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como la “crisis silenciosa”, el hambre está repuntando en Latinoamérica después de años en receso, con el potencial de generar peligrosos conflictos sociales como se teme en Guatemala, donde se anunció esta semana que 4.059 poblados fueron afectados por una sequía que destruyó entre un 60 y un 90 por ciento los sembradíos de maíz y frijol.
La falta de alimentos y la inseguridad alimentaria como consecuencia de malas políticas agropecuarias, agravadas por la recesión internacional, el alto valor de los combustibles, las plagas y los bruscos cambios climáticos, están creando nuevos bolsones de pobreza. Hoy existen en Latinoamérica 53 millones de personas hambrientas, 13 por ciento más que en el 2008, de un total de 1.100 millones de desnutridos en todo el mundo, cifra que aumentará un 11 por ciento para diciembre, según la FAO.
Más allá de la disfuncionalidad física e intelectual que provoca el hambre, se trata también de un foco de desestabilización silenciosa capaz de originar sus propios golpes de Estado. Solo basta recordar el proceso que vivió Haití en abril de 2008 cuando por falta de comida hubo avalanchas humanas que produjeron muerte, destrucción y la destitución del primer ministro Jacques-Edouard Alexis. Por aquella época, el presidente de México, Felipe Calderón debió crear subsidios especiales para confrontar la “crisis de la tortilla”, un sobreprecio de un 60 por ciento del maíz, que alimentó aires desestabilizadores para el PAN, su partido político.
El hambre y la crisis están creando bombas que de no ser desactivadas a tiempo pueden detonar hasta en los lugares más insospechados. No por nada, el Papa Benedicto XVI acaba de desafiar al gobierno de Cristina de Kirchner para “reducir el escándalo de la pobreza y la inequidad social”.
En ese país, otrora el “granero del mundo”, existen bolsas de hambruna por doquier. Aunque el gobierno argentino manipule los índices oficiales, un reciente estudio de la Universidad Católica Argentina certifica que 14 millones de personas, 39 por ciento de la población, son pobres, mientras que cuatro son indigentes. Solo en la provincia del Chaco, unos 2.000 indígenas siguen hoy protestando contra el hambre y la pobreza extrema frente a la sede del gobierno provincial, tras no haberse cumplido un fallo judicial supremo del 2007 que ordenaba paliar la desnutrición que cobró la vida de 22 indígenas de la zona.
Casi toda la población desnutrida del planeta vive en países en desarrollo debido, en parte, a la desigualdad en la distribución de la riqueza, como sucede en la mayoría de los países latinoamericanos. Las poblaciones indígenas, como muestran los ejemplos de Guatemala y Argentina, son las más vulnerables, alcanzando cifras escalofriantes. Un 48 por ciento de los niños guatemaltecos menores de 5 años sufre de desnutrición crónica y raquitismo. Cifras preocupantes se dan en otros países como Honduras y El Salvador.
La falta de alimentos no reconoce fronteras. Las naciones más desarrolladas, siempre más previsoras, están agresivamente adoptando políticas “ventajistas” que aumentarán la crisis a largo plazo. Arabia Saudita, Japón, así como otros países asiáticos, están alquilando tierras en países subdesarrollados para suplir sus faltantes de alimentos.
Culpables o no, los países ricos y los pobres deberán sentarse a la misma mesa en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de noviembre en Roma. Obligados a comer juntos, tendrán que digerir jornadas de negociaciones para impulsar mayores inversiones públicas y privadas en la agricultura, generar políticas de combustibles y fertilizantes alternativos para no agravar el cambio climático y crear programas de incentivos para devolver los campesinos al campo, ofreciéndoles tecnología barata y financiamiento.
Latinoamérica y el Caribe tienen un futuro brillante en la lucha mundial contra el hambre. Los recursos humanos y naturales son extraordinarios. Solo le basta a los políticos bajar los decibeles, dejar de pelearse y congeniar estrategias de producción. El trabajo y el empleo se encargarán de fortalecer la seguridad alimentaria y la democrática.
Denominada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como la “crisis silenciosa”, el hambre está repuntando en Latinoamérica después de años en receso, con el potencial de generar peligrosos conflictos sociales como se teme en Guatemala, donde se anunció esta semana que 4.059 poblados fueron afectados por una sequía que destruyó entre un 60 y un 90 por ciento los sembradíos de maíz y frijol.
La falta de alimentos y la inseguridad alimentaria como consecuencia de malas políticas agropecuarias, agravadas por la recesión internacional, el alto valor de los combustibles, las plagas y los bruscos cambios climáticos, están creando nuevos bolsones de pobreza. Hoy existen en Latinoamérica 53 millones de personas hambrientas, 13 por ciento más que en el 2008, de un total de 1.100 millones de desnutridos en todo el mundo, cifra que aumentará un 11 por ciento para diciembre, según la FAO.
Más allá de la disfuncionalidad física e intelectual que provoca el hambre, se trata también de un foco de desestabilización silenciosa capaz de originar sus propios golpes de Estado. Solo basta recordar el proceso que vivió Haití en abril de 2008 cuando por falta de comida hubo avalanchas humanas que produjeron muerte, destrucción y la destitución del primer ministro Jacques-Edouard Alexis. Por aquella época, el presidente de México, Felipe Calderón debió crear subsidios especiales para confrontar la “crisis de la tortilla”, un sobreprecio de un 60 por ciento del maíz, que alimentó aires desestabilizadores para el PAN, su partido político.
El hambre y la crisis están creando bombas que de no ser desactivadas a tiempo pueden detonar hasta en los lugares más insospechados. No por nada, el Papa Benedicto XVI acaba de desafiar al gobierno de Cristina de Kirchner para “reducir el escándalo de la pobreza y la inequidad social”.
En ese país, otrora el “granero del mundo”, existen bolsas de hambruna por doquier. Aunque el gobierno argentino manipule los índices oficiales, un reciente estudio de la Universidad Católica Argentina certifica que 14 millones de personas, 39 por ciento de la población, son pobres, mientras que cuatro son indigentes. Solo en la provincia del Chaco, unos 2.000 indígenas siguen hoy protestando contra el hambre y la pobreza extrema frente a la sede del gobierno provincial, tras no haberse cumplido un fallo judicial supremo del 2007 que ordenaba paliar la desnutrición que cobró la vida de 22 indígenas de la zona.
Casi toda la población desnutrida del planeta vive en países en desarrollo debido, en parte, a la desigualdad en la distribución de la riqueza, como sucede en la mayoría de los países latinoamericanos. Las poblaciones indígenas, como muestran los ejemplos de Guatemala y Argentina, son las más vulnerables, alcanzando cifras escalofriantes. Un 48 por ciento de los niños guatemaltecos menores de 5 años sufre de desnutrición crónica y raquitismo. Cifras preocupantes se dan en otros países como Honduras y El Salvador.
La falta de alimentos no reconoce fronteras. Las naciones más desarrolladas, siempre más previsoras, están agresivamente adoptando políticas “ventajistas” que aumentarán la crisis a largo plazo. Arabia Saudita, Japón, así como otros países asiáticos, están alquilando tierras en países subdesarrollados para suplir sus faltantes de alimentos.
Culpables o no, los países ricos y los pobres deberán sentarse a la misma mesa en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de noviembre en Roma. Obligados a comer juntos, tendrán que digerir jornadas de negociaciones para impulsar mayores inversiones públicas y privadas en la agricultura, generar políticas de combustibles y fertilizantes alternativos para no agravar el cambio climático y crear programas de incentivos para devolver los campesinos al campo, ofreciéndoles tecnología barata y financiamiento.
Latinoamérica y el Caribe tienen un futuro brillante en la lucha mundial contra el hambre. Los recursos humanos y naturales son extraordinarios. Solo le basta a los políticos bajar los decibeles, dejar de pelearse y congeniar estrategias de producción. El trabajo y el empleo se encargarán de fortalecer la seguridad alimentaria y la democrática.
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