Primera Enmienda en Buenos Aires

En una decisión política que profundizará las diferencias con el gobierno nacional de Cristina de Kirchner, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en un arrebato por hacer prevalecer el federalismo, sancionó un decreto para proteger la libertad de prensa, una medida que evita que Cristina pueda disponer mayores ataques a periodistas y medios de comunicación en la capital del país.

El decreto de “necesidad y urgencia para la protección de la libertad de prensa” es una especie de Primera Enmienda o de escudo protector para evitar que los medios y periodistas puedan ser sometidos a intervenciones autoritarias del gobierno; todo esto en el contexto de fuertes rumores de intervención federal sobre la propiedad mediática del Grupo Clarín y de allanamientos que se han hecho a casas de periodistas críticos del gobierno.

El decreto no puede frenar ningún tipo de metodología federal contra los medios, pero dispone que por 30 días esos conflictos deban dirimirse ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad.

Macri, al momento del anuncio del decreto, hizo referencias a los artículos de la Constitución (14 y 32) y de la carta de la ciudad (47) sobre la necesidad de garantizar la libertad de prensa, además de criticar a la Presidenta por su falta de vocación a favor de la libertad de prensa, denunciando que el gobierno federal también insiste en discriminar a los medios a través de la publicidad oficial.

Para que el decreto siga teniendo vigencia después de los 30 días, deberá ser sancionado por la Legislatura porteña.

Petrodiplomacia y legitimidad

La petrodiplomacia es característica principal del chavismo. Pero a diferencia de Hugo Chávez, que la utilizaba a la ofensiva para crear alianzas, abrir mercados y vender ideas, el presidente Nicolás Maduro la usa en defensa propia, para comprar legitimidad y protección.

Ante fuertes sospechas de que el 14 de abril ganó mediante fraude electoral, Maduro recorrió esta semana Brasilia, Buenos Aires y Montevideo. El viaje no tuvo intención económica sino política. Como fachada ofreció acuerdos para trocar petróleo por alimentos, pero el objetivo fue bloquear posibles consensos para que desde el Mercosur, la UNASUR o la OEA, se intente sugerir la revisión de las elecciones o activar la Carta Democrática Interamericana.

Venezuela también usó esta semana la diplomacia preventiva a través de Petrocaribe. Incorporó a Honduras y Guatemala, aumentando su póliza de seguro con países que si bien se benefician ahora con petróleo a precios reducidos y diferidos y bajas tasas de interés, endeudan a sus gobiernos del futuro.

La defensiva de Maduro es lógica. Busca contrarrestar la ofensiva de miembros y legisladores de la oposición que, evidencias en mano, se pasearon por varios países latinoamericanos a denunciar el fraude. Cuentan con más de cuatro mil denuncias de empleados públicos despedidos por no votar por la revolución, un par de presos políticos y sus propias cicatrices y moretones, desde que fueron brutalmente golpeados en la Asamblea Nacional, mientras el titular del recinto, Diosdado Cabello, ordenaba cerrar las puertas y les prohibía hablar o cobrar sueldos por no reconocer a Maduro presidente.

En el Cono Sur no debe haber sido fácil escuchar a Maduro. Fue a validar métodos similares que estos gobernantes sufrieron en manos del autoritarismo cuando estaban en la oposición o proscriptos. Pero ironías del destino, en Argentina,  donde más juicios se hicieron por las violaciones a los derechos humanos del pasado, Maduro tuvo pan y circo en estadio de fútbol, donde se lo vitoreó por decir que vio a Chávez “en cada esquina de Buenos Aires”.

En su primer periplo, Maduro no consiguió simpatías como despertaba Chávez, pero tampoco creó enemigos. Habló del manido tema del imperio, pero limitó su perorata sobre denuncias de sabotaje. Ni siquiera mencionó al ex presidente colombiano Álvaro Uribe como a su nuevo “asesino”, ni hostigó a gobiernos de Perú y España, que se ofrecieron como intermediarios, pidiendo mayor tolerancia y diálogo para superar la crisis.

En lo político, Maduro dio un paso positivo para neutralizar a sus aliados. Pero en la calle no se lo tomó en serio, todavía se lo reconoce como interlocutor de pajaritos y pese a que trata de ganar adeptos mezclando a Artigas y Bolívar, con Chávez y Perón, se interpretó que fue a “comprar” legitimidad. Todos saben que Venezuela está comprometida, que una caída de los precios del petróleo reduciría la beneficencia diplomática y, con ello, se desmoronaría la revolución.

Por otro lado, Herique Capriles, cree que habría ganado por 400 mil votos en lugar de perder por 224 mil de no haber sido por el fraude. Convencido, no cesa de denunciar el fraude y exige anulación de los comicios ante el Superior Tribunal Electoral. Aun reconociendo que la justicia responde al gobierno, sabe que su prédica es la única herramienta para desafiar al poder y para obligar a las instituciones a responder y ser transparentes.

Lo gran duda es si fue buena su decisión y de la oposición no acudir al proceso de auditoría que el Consejo Nacional Electoral empezó esta semana. El hecho de que no se quiere validar otra irregularidad, porque el conteo es incompleto y no se revisarán los padrones electorales donde se confirmarían evidencias de miles de votos dobles y de fallecidos, demuestra la impotencia de la oposición ante un poder que lo puede todo y que no tiene vergüenza de nada.

Hubiera sido mejor seguir vigilando el proceso de auditoría de cerca y deslegitimarlo sobre la marcha si era necesario. Es que la oposición ya tuvo una pésima experiencia cuando se retiró de la Asamblea General y de las elecciones parlamentarias en 2005. En lugar de dejar sentado un principio, le extendió un cheque en blanco al oficialismo y, de esa forma, legitimó e incentivó los abusos que buscaba frenar. 

Expropiará el papel; y algo más

El gobierno de Cristina Kircher sigue con la lógica impuesta por su ex marido de quebrar al Grupo Clarín. Luego del romance inicial del Grupo Clarín con Néstor Kirchner llegaron las grandes desavenencias y los insultos al por mayor. Le siguió la Ley de Medios o de Servicios Audiovisuales para que el Grupo Clarín tenga que desinvertir, acusando al grupo de ser un monopolio que no lo es, en un país donde existen varios grupos que concentran medios y donde el Estado (que es manejado como gobierno) ya tiene casi o más cantidad de medios y periodistas que los medios privados.

Luego siguió la intervención estatal de la fábrica Papel Prensa, de la que Clarín es socio mayoritario con 59 por ciento, La Nación con 22 y el resto del Estado, una época en que Cristina decretó que el papel de periódicos es un producto de interés nacional por lo que se asumía un rol preponderante en la fabricación de papel, su distribución y la importación de insumos.  Una movida que incluso encontró adeptos dentro del propio periodismo, particularmente del interior argentino, donde varios diarios debieron soportar las políticas arrogantes de Clarín y La Nación en la repartija de papel a regañadientes y a precios más altos, que hacían difícil la sustentabilidad de los diarios que debían pagar más o importar a mayores precios.

Pero ahora con la expropiación de Papel Prensa presentado en proyecto de ley por diputados kirchneristas, el gobierno quiere quedarse con la mayoría de las acciones, mediante argucia del “interés nacional” y de que el Estado velará para que haya suministro parejo para todos y así la libertad de prensa estará garantizada.

Obviamente se trata de una mentira. Así como el gobierno usa la publicidad para entregarla solo a medios amigos y negarla a los independientes y críticos, usará el papel con el mismo criterio. En Argentina, donde el gobierno se comporta y cree que es Estado, esta política es una de las tantas que se utiliza para arremeter contra la prensa independiente. Seguramente se trata de una nueva represalia en contra de Jorge Lanata, quien desde Clarín y la televisión sigue denunciando la corrupción que roza a la Presidenta, su ex marido y al entorno de ambos; y recuerda episodios corruptos que nunca se cerraron, como la valija de Antonini.

De consumarse la expropiación de papel, no será la última bofetada. Vendrán otras. El gobierno persiste en su estrategia de apagar cualquier voz que opaque la agenda única que quiere imponer en el país. Si esta situación del kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, no es pura coincidencia.

El gobierno de izquierda de los Kirchner, se asemeja al de derecha de Carlos Menem: Es corrupto, manipula a la justicia y odia a la prensa.

Correa insiste contra la CIDH

El presidente Rafael Correa se la tiene jurada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El último informe de libertad de prensa sobre Ecuador, habla de más de 70 violaciones cometidas por el gobierno ecuatoriano.

Por razones similares en el pasado y enojadísimo porque según él se le desprestigia en materia de derechos humanos, Correa impulsó, dentro del esquema de los países que conforman el ALBA, una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con el objetivo de debilitarlo y neutralizarlo. En su intención, Correa arremetió contra la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, se quejó de que esta instancia tenga fondos provenientes de gobiernos fuera del sistema, como de EE.UU. y de países europeos, y puso cortapisas para que no pueda “entrometerse en asuntos internos”, lo que equivale a sacarle a esa oficina su razón de ser.

Aquella vez, la propuesta de Correa - impulsada en una reunión celebrada en Cochabamba, Bolivia, en 2011 y tras posteriores reuniones, lobby y presión a otros gobiernos - terminó por desvanecerse el 23 de marzo de este año, tras una Asamblea General Extraordinaria de la OEA. Ecuador y los países del ALBA no consiguieron el apoyo necesario y, por aclamación, se aprobó una resolución dando por terminado el proceso de reflexión sobre las reformas al SIDH. Sin embargo, se dejó una puerta abierta para que el proceso pudiera continuar.

Con esa puerta entreabierta, el gobierno ecuatoriano difícilmente se quedaría con las manos atadas. Como corolario, de nuevo eligió la ciudad de Cochabamba para que este próximo 14 de mayo se insista con la reforma del SIDH, al menos, con la intención de que la sede de la CIDH salga de Washington para instalarse en Buenos Aires. Se trata de una segunda reunión con los cancilleres de los 23 estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Esta segunda oportunidad demuestra varias cosas. Primero la tozudez y terquedad de Correa de cumplir con sus objetivos. Segundo, que la OEA tendrá que discutir y gastar energías nuevamente en un tema que es irrelevante ante otros como la activación de la Carta Democrática Interamericana ante el supuesto fraude electoral en Venezuela. Y tercero, obligará nuevamente a miles de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos a tener que lidiar contra un aparato intergubernamental paquidérmico y burocrático de impredecible conducta.

Cuba sigue de calabozo

La libertad de Yoani Sánchez para que pueda salir del país terminó siendo una máscara que el régimen cubano utiliza para distraer la atención pública sobre la represión continua en el país contra los disidentes.

Un nuevo informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), concluye que hay “un aumento desmedido” de la represión, denunciando que solo en el mes de abril, se produjeron arrestos temporales de 366 activistas y disidentes, realizados mayoritariamente con el objetivo de amedrentar la opinión, las críticas y la disidencia en el país.

El informe señala que Cuba sigue siendo el país que en las Américas utiliza las detenciones de corta duración – varias horas o días – como arma de amedrentamiento. Según el informe, se registraron, además, “52 casos de disidentes agredidos físicamente por agentes policiales, 18 víctimas de actos vandálicos (tales como apedreamientos de hogares y daños a la propiedad) y 8 actos de repudio”.

También se indica que “las autoridades han reforzado la vigilancia de periodistas independientes, opositores y activistas de derechos humanos en un buen número de ciudades y regiones de la isla”.

Cuba continua siendo un gran calabozo, mientras que este problema, lamentablemente, sigue siendo ignorado por los gobiernos latinoamericanos que pocas veces dicen algo al respecto. Es por ello encomiable la continua denuncia de CCDHRN, dirigida por el activista Elizardo Sánchez, tratando de evitar que  nadie se acostumbre ni ignore la represión del régimen de los hermanos Castro.

Dinero, libertad y felicidad

El dinero sí hace a la felicidad, tanto de los individuos como de los países, según un nuevo estudio que reabre el debate sobre los parámetros con los que se mide nuestro bienestar.

El informe de la Universidad de Michigan, publicado por la revista American Economic Review, concluye que más dinero conduce a mayor felicidad, en contradicción a otros estudios que afirmaban que no existe relación entre ingresos económicos y dicha personal.

Desde una perspectiva, se trata de una obviedad. Una persona en el país más rico del mundo, Quatar, debe ser más feliz que otra de Somalia, donde la hambruna mató a 260 mil en 2011, la mitad menores de cinco años.

Pero las mediciones pueden ser engañosas, ya que el dinero también es fuente de corrupción y abusos. La encuesta mundial de Gallup, por ejemplo, detectó que Paraguay y Colombia son los países más felices en las Américas, con índices superiores a Canadá y EE.UU. Estos resultados, basados en la apreciación de la propia gente, fueron bien obtenidos, pero son parciales.

Paraguay y Colombia tienen otros graves problemas que deberían influir en el ánimo de la gente. Paraguay no solo es uno de los países más pobres y con mayor desigualdad, sino que está en el puesto 150 de 176 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Mientras que Colombia es el peor país americano en el Índice de Paz Global 2012, que se establece sobre variables de violencia, criminalidad y gastos militares, ubicándose en el puesto 144 de 158 países.

A nivel de EE.UU., Gallup hace una mejor encuesta para medir la felicidad en los estados. Cruzando datos sobre hábitos alimenticios, nivel de educación, apreciación y seguridad laboral, ejercicio físico, salud física y mental, y expectativa de vida, entre otros, calificó a Hawái como el paraíso donde vivir.

Pero el problema del dinero no es tanto su cantidad, sino cómo se usa, si se ahorra, despilfarra o se pide prestado sin control, así sea en el caso de individuos o naciones. Poco o mucho, quienes mejor lo manejan tienen mejores posibilidades de felicidad. No por nada los países escandinavos - con altos impuestos pero con políticas públicas de bienestar social con las que erradicaron la pobreza y la desigualdad - son los países que descuellan en los índices de felicidad, honestidad y de fortaleza democrática.

En América Latina se pueden observar dos tipos principales de países que, aunque tienen la misma ideología de izquierda, optaron por caminos diferentes en busca de la felicidad. Gracias a los altos precios de las materias primas, todos han implementado políticas de bienestar social importantes para los pobres, incluyendo al sector informal de la economía, pero con resultados diferentes. Son, Brasil y Chile, por un lado; y Argentina y Venezuela, por el otro.

En Brasil y Chile los últimos gobiernos supieron ahorrar y no despilfarrar. El fondo con las exportaciones de cobre creado por el ex presidente Ricardo Lagos, permitió la creación de sistemas de salud y previsión para los pobres, a través de los planes Chile Solidario y Plan Auge. En Brasil, el programa Bolsa Familia iniciado por el ex presidente Lula permitió que 21 millones de personas se incorporaran a la clase media.

Venezuela y Argentina con ingresos similares por petróleo y soja, malgastaron posibilidades y no tomaron previsiones a futuro. Si bien se hicieron planes sociales importantes, mucho dinero se malgastó en clientelismo, propaganda y política, no se ahorró ni se invirtió en infraestructura e industrialización, como si el precio del crudo y las buenas cosechas persistirán o China seguirá comprando.

En estos dos países, la caja grande, también ha influido para que los gobiernos se sientan más invencibles y arrogantes, habiendo trepado malamente en índices sobre corrupción, estándares democráticos y libertad de prensa, como señala el informe de Freedom House del 1 de mayo.

Los datos del informe son relevantes, si se considera que otro estudio comparativo de la Universidad de Missouri, estableció una correlación directa entre felicidad y libertad de prensa. Detectó que la libertad de expresión ayuda a las personas a mejorar su calidad de vida, a vivir más comprometidas con sus comunidades y a bregar por soluciones y más beneficios económicos y sociales. 

Dia mundial de la libertad de prensa

Comparto la presentación que di esta mañana en la Escuela de Periodismo de Columbia University en Nueva York en la conferencia Press Freedom, Press Standards and Democracy in Latin America.

No hay mucho para celebrar este 3 de mayo.

El reciente informe del Freedom House indica que estamos en el quinto año de retrocesos. Que Ecuador y Paraguay cayeron en la categoría de países No Libres. Están junto a Cuba, Honduras, México y Venezuela.

Pero prefiero ver la situación desde otra perspectiva. El informe de la Universidad de Missouri del año pasado observó una relación directa entre libertad de prensa y felicidad, esa búsqueda constante del ser humano.

El informe comprobó que en países donde hay más respeto por la libertad de prensa, la gente vive mejor, más feliz. La libertad de prensa sirve para mejorar la calidad de vida. La gente puede mejorar la calidad ambiental, el accountability del gobierno, exigir más beneficios y mejores servicios públicos.

La libertad de prensa también es buena para el desarrollo económico. El ex presidente del Banco Mundial, James Wolfenshon, dijo que para reducir la pobreza, es necesario acceso a la información e información de calidad. La información empodera, y gente empoderada toma mejores decisiones.

Si hacemos un escenario mental de América Latina, lo veremos claramente. En los países donde no se respeta la libertad de prensa, existen mayores problemas económicos. La gente está polarizada políticamente, dividida, descontenta, enojada, infeliz.

Anoche Lee Bollinger nos recordaba la importancia de la Primera Enmienda.

La mayoría de las constituciones de América Latina y el Caribe tienen principios similares. Pero el problema es que con tantas reformas, casi un deporte nacional, los principios constitucionales nunca se pudieron establecer como parte de la cultura.

En nuestros países la libertad de prensa parece una disputa entre gobiernos y periodistas.

Para ser justos, existen grandes avances también en el campo legal.

En varios países se eliminó el desacato o leyes de insulto, en algunos se descriminalizó la difamación y en muchos se han creado leyes de acceso a la información. En algunos países se eliminaron requisitos de colegiación obligatoria y en otros se sancionaron leyes para proteger a los periodistas.

Todavía falta mucho para tener el marco legal adecuado, pero mucho más para que haya una mejor cultura de libertad de prensa.

En realidad si bien es malo que la difamación sea una ofensa criminal, peor es que un juez, presionado por el poder público, quiera encarcelar al periodista. O que un funcionario crea que tiene privilegios ante la crítica. A este escenario lo vimos con Rafael Correa.

El problema en América Latina no es tanto un problema legal, como la falta de independencia de la justicia.

No obstante lo que dicen las constituciones y un marco legal positivo (y que será cada vez más positivo), existen problemas más graves.

Desde hace tiempo un grupo de gobiernos readaptó el viejo concepto “democratización de la comunicación” del fallido Nuevo Orden Mundial de la Comunicación de la década de los 80.  Con esa excusa tratan de crear un estatuto especial para controlar a los medios privados. Esto es más notable en Argentina, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Esto implicó nuevas leyes de prensa con controles desmedidos del Poder Ejecutivo que aparecieron primero en la Ley de Responsabilidad Social de Venezuela; restricciones a la propiedad privada de medios y a la información pública.

En Ecuador y Honduras las leyes de Comunicación que lideran Correa y Porfirio Lobo están diseñadas para sus propios intereses. Los proyectos de ley distribuyen las licencias en 33 por ciento para medios estatales, comunitarios y privados. Es decir, 66 por ciento estará en manos del Poder Ejecutivo.

Creo que hay nuevos problemas que han superado los desafíos de otras épocas en materia legal.

Antes nos concentramos en difamación, desacato, acceso a la información, todavía temas importantes.

Pero ahora la libertad de prensa está más amenazada ante la ausencia de reglas para los gobiernos.

Los gobiernos están aumentando considerablemente los gastos públicos en propaganda política, usando la publicidad oficial para discriminar y, lo que es peor, creando grandes redes de medios gubernamentales, que no tienen nada de público.

Estas son tres categorías de propaganda, que si las sumamos a la debilidad de las instituciones y la debilidad de la oposición, disminuyen la democracia.

Creo que mientras los periodistas debemos mejorar la calidad informativa para mantener la accountability de los gobiernos, a las universidades seguir generando espacios de discusión y a las ONGs seguir bregando por libertad de prensa, también hay otros actores importantes y responsabilidades.

Se necesita crear una cultura de libertad de prensa y de expresión por fuera de nuestro ámbito político / periodístico. Programas de media literacy y media development.

Antes de dejar el Banco Mundial, recuerdo que Wolfenshon creyó posible discutir sobre si los organismos internacionales podrían condicionar la ayuda financiera, a aquellos gobiernos que violen flagrantemente la libertad de prensa. Algo que la Ley Daniel Pearl permitiría al gobierno de EE.UU. pero que todavía no se ha puesto en práctica.

Creo que no puede haber apoyo a programas de desarrollo de medios de comunicación en América Latina si no se piensa en la sustentabilidad económica de los mismos, en hacer que haya reglas de juego claro, leyes que obliguen a los gobiernos a ser más transparentes en políticas que afectan a los medios.

Ayer un editorial del diario La Nación de Buenos Aires, mostraba preocupación por la escasa oposición social a la prohibición a la publicidad que impuso el gobierno a supermercados y comercios de electrodomésticos. Decía que resulta un “preocupante reflejo de cómo una sociedad puedeacostumbrarse progresivamente a un régimen que flagrantemente viola libertades y al que de ninguna manera debiéramos silenciosamente someternos”.