En contra de la Impunidad

Es importante que los estados sigan combatiendo las injusticias y tratando de acabar con la impunidad. Que al dictador argentino Jorge Rafael Videla le hayan condenado ayer a 50 años de cárcel por la apropiación de niños durante la dictadura militar que lideró entre 1976 y 1983, así como también se sentenció a uno de sus sucesores, Reynaldo Bignone, sienta precedentes importantes en la lucha contra la impunidad en América Latina. La justicia se ha tardado décadas; aunque a destiempo, es importante que esté ayudando a cicatrizar las heridas de las víctimas y sus familiares. La justicia fuerte y firme, al fin y al cabo, es el único disuasivo que existe para combatir la violencia.

Así como en Argentina, un movimiento parecido se está viviendo en Brasil para poder resolver los crímenes que en el Cono Sur los gobiernos dictatoriales cometieron a través de la Operación Cóndor. Aunque en Brasil una ley de 1979 amnistió los crímenes cometidos entre 1964 y 1985, años de gobierno dictatorial, se están buscando mecanismos y el necesario plafond parlamentario y social, para que estos crímenes no continúen impunes.

Durante un foro legislativo celebrado en Brasilia en el que se discutió sobre la alianza represiva militar Operación Cóndor, diputados y activistas de los derechos humanos en representación de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos dejaron sentado en un documento que los "agentes de Estado, así como sus cómplices civiles que violaron los derechos humanos, sean procesados y castigados con penas proporcionales a sus crímenes".

Brasil es el único país involucrado en el Plan Cóndor que no ha condenado a sus represores. Seguramente las condenas de Videla, Bignone y otros militares argentinos, representarán  una presión importante para que el gobierno brasileño legisle en contra de la amnistía otorgada.

Paraguay: delicado pero no grave

Habrá que ver qué tipo de información estará recabando en estos momentos el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respecto a la situación política paraguaya, de la que ya adelantó, es delicada, pero no grave. Lo más relevante de estos últimos días, fue que el nuevo gobierno mostró videos del canciller venezolano, Nicolás Maduro, reunido con militares paraguayos mientras el Congreso debatía sobre el juicio político contra el ex presidente Fernando Lugo, lo que evidenció el grado de injerencia que el gobierno de Hugo Chávez mantiene en la región.

Comparto mi columna del fin de semana, sobre este tema: 

La destitución vertiginosa de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay por “mal desempeño de sus funciones”, resaltó la polémica – y también las hipocresías - sobre los principios de no injerencia, soberanía y autodeterminación, que varios gobiernos y organizaciones de la región traslucen de acuerdo a su tinte ideológico.

La forma en que el Congreso paraguayo destituyó a Lugo fue para algunos un flagrante golpe de Estado; para otros, se trató en esencia, de un legítimo juicio político, apegado a Derecho y normas constitucionales. La falta de violencia y coerción en el proceso, la ausencia de una fuerza armada activa y que el Presidente aceptara la decisión tranquilamente en su despacho, sin que se le expulse en helicóptero o pijama, reflejan un panorama muy diferente al que terminó con Manuel Zelaya en 2010 y en forma momentánea con Hugo Chávez en 2002.

Lo que caldeó más el ambiente fue la injerencia de Chávez en el conflicto, a quien se le atribuyen los cambios bruscos de conducta del ex Obispo católico y ahora ex presidente Lugo. En un santiamén, saltó de “me someto a la decisión del Congreso”, a denunciar un “quiebre democrático mediante un golpe parlamentario”; y desde organizar un gabinete paralelo y un frente para la resistencia, hasta anunciar que será candidato para las elecciones de abril próximo.

No solo la rareza y rapidez del proceso de destitución fueron notables, sino también el alto porcentaje de diputados y senadores que estuvieron en su contra. Por eso huele a excusa que se haya basado en un episodio de ocupación de tierras donde murieron 11 campesinos y seis policías; porque casos así en otros países, acaban con ministros y responsables, pero jamás con presidentes. Lo que sucedió es que a Lugo, así como a Zelaya en Honduras, le pasaron factura por haber comprometido lealtades al ALBA, en detrimento de los partidos políticos que lo llevaron al poder.

De ahí que Chávez fuera el primero en acusar recibo, anunciando  de inmediato un embargo petrolero contra Paraguay Es que el presidente sabe bien que los senadores paraguayos, representan su último escollo -  tras la aprobación de argentinos, brasileños y uruguayos – para que Venezuela entre como socio pleno al Mercosur.

Si bien la destitución puede calificarse de inapropiada y apresurada, Paraguay demostró tener instituciones públicas más independientes y equilibradas que muchos otros países. También evidenció hipocresías ideológicas, ya que los más resentidos, como Raúl Castro, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa y Chávez, quienes siempre reclaman contra la injerencia y la autodeterminación, fueron los que más se entrometieron en este conflicto. El nuevo gobierno de Federico Franco denunció que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, arengó a los militares paraguayos para que defendieran a Lugo.

La hipocresía es que muchos de estos gobernantes son los responsables de consistentes “golpecitos” constitucionales. En sus países se han denunciado procesos electorales viciados, sometimiento de jueces, hostigamiento contra periodistas y medios, y servilismo de legisladores que delegan en el Poder Ejecutivo su función de legislar. El caso más grave fue el autogolpe parlamentario de 2010 en Venezuela, cuando la Asamblea Legislativa, semanas antes de que asumieran los legisladores de la oposición, le otorgó a Chávez un poder por 18 meses para que haga leyes a su antojo.

Si fue un golpe o un proceso constitucional, lo de Paraguay pasará a la historia según la óptica del observador; dudas que hasta calaron en el área de los derechos humanos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA calificó de inaceptable “lo expedito del juicio político”, a diferencia de la Fundación para los Derechos Humanos, una ONG independiente, que argumentó que el proceso cumplió con la Carta Democrática Interamericana. Es probable que la CIDH apresurara su diagnóstico, tratando de neutralizar las críticas y amenazas de disolución en su contra que lideran los presidentes de Venezuela y Ecuador.

Lo importante será que pese a las medidas disciplinarias que adopten las entidades continentales - OEA, Mercosur, Unasur – los nuevos dirigentes paraguayos demuestren que el juicio político no afectará de ninguna forma el orden y compromiso democrático.

Chávez: sin recambio habrá dictadura

Ya han pasado 13 años de que Hugo Chávez asumió el poder y desde entonces cada año ha intensificado su autoritarismo, gracias a reformas constitucionales - que en ocasiones hizo sin los votos de los referendos - que le sirvieron para construir un sistema político autoritario.

Las pruebas y evidencias están a la vista, solo sus partidarios y quienes se benefician de sus políticas no lo ven. ­­­­Los otros poderes del Estado – legislativo y judicial - han sido prácticamente confiscados, la libertad de prensa sigue siendo coartada, muchos opositores tuvieron que salir al exilio y nadie puede hablar o criticar al regimen, así sean politicos o representantes de empresas privadas, sin sufrir algún tipo de represalia. En Venezuela es pecado criticar el nacionalismo o hasta la falta de transparencia de un régimen que ni siquiera informa sobre la enfermedad de su presidente.

Ninguna de las cosas buenas que puede haber hecho Cávez – mi Dios si no hizo algo bueno en 13 años!!! el periodo de tiempo más largo que haya tenido presidente actual en ejercicio en el continente – pueden contrarrestar todos los atropellos anti democráticos que ha ejercido. Aún así, la inseguridad, la pobreza y la corrupción, tres elementos que él ha criticado a gobiernos anteriores siguen intactos o peores que antes.

Pese a que el gobierno y el chavismo harán lo imposible para mantenerse en el poder apara alargar la vida de la revolución socialista, los venezolanos tendrán en octubre la posibilidad del recambio. Si Chávez gana, los antecedentes indican que su régimen pasará del autoritarismo a una clara dictadura. La revolución socialista es eso.

Si pierde, ojalá que los venezolanos vuelvan a pensar en aquella Constitución que limitaba al gobierno a la relección sin perpetuidad. El recambio obligatorio que impone una Constitución es la máxima garantía que una democracia se solidifique sobre la base del pluralismo y diversidad política.

Chávez, el verdadero imperialista

Sus críticas contra el imperio y las injerencias de los extranjeros en asuntos internos fueron siempre sus armas para combatir a burgueses, oligarcas y todo lo que huela a yanqui. Más que de un convencimiento propio, se trató siempre de un buen artilugio de mercadeo para permanecer como líder en la izquierda revolucionaria; porque, en realidad, el comercio con los EE.UU. es alto y su dependencia de las exportaciones de crudo hacia el norte sigue siendo notable.

Desde que asumió en 1999, Hugo Chávez demostró cualidades imperialistas; esto es, siempre estuvo dispuesto a expandir las fronteras de su país, meter a la fuerza su ideología en otras regiones y entrometerse en asuntos internos de otros países, pese a que denuncia cualquier crítica foránea contra su país como si se tratara de una injerencia a la autodeterminación y soberanía del chavismo. Excepto que esa injerencia sea de los gobiernos de Cuba e Irán.

Esta semana ocurrieron varias cosas que fueron muestra de su conducta imperialista. Influyó para que el Mercosur suspenda a Paraguay, y de esa forma neutralizó el voto negativo de los paraguayos, único escollo que le restaba salvar para entrar como socio pleno a la entidad comercial. Días antes, su canciller Nicolás Maduro, se reunió en Asunción con militares paraguayos para incentivarlos a que defiendan al ex presidente Fernando Lugo durante el proceso de juicio político y destitución. Y cuando no pudo lograr el objetivo, fue Chávez quien anunció un embargo de petróleo a Paraguay, del mismo tipo que critica el que le impone EE.UU.  a Cuba, e igual medida que el Mercosur no quiso adoptar en contra del pueblo paraguayo.

Mientras todo esto se tejía en el exterior, en el interior Chávez pegó uno de los golpes más certeros contra la democracia, al hacer añicos la libertad de prensa. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) saltándose procesos de apelación, ordenó un embargo ejecutivo contra los bienes de Globovisión por no haber pagado una multa de más de dos millones de dólares que le impuso Conatel, por el “delito” de informar sobre el amotinamiento de la cárcel de El Rodeo, cobertura que dijo estaba sesgada, catalogó de apología de la violencia y otras barrabasadas más.

El TSJ también ordenó calcular al Banco Central las costas del proceso y los intereses morosos ya que Globovisión no pagó a término la multa en diciembre pasado. Se calculó que la sanción hubiera subido a más de cinco millones de dólares, por lo que los directivos de Globovisión se vieron obligados a cancelar ayer esa multa.

Las razones son obvias. Así como Chávez mandó cerrar el consulado venezolano en Miami privando a miles de ciudadanos a que puedan ejercer el derecho al voto, pretende cerrar Globovisión para que los ciudadanos no cuenten con una fuente informativa independiente a los designios del gobierno.

Lo del TSJ y gran parte de la justicia, no sorprende, desde hace años Chávez la ha maniatado, así como a la Asamblea Legislativa, que mantiene récord mundial por haberle otorgado al presidente leyes habilitantes. En diciembre de 2010, en un autogolpe parlamentario, el monolítico congreso de entonces le dio a Chávez 18 meses para que legisle y gobierne a su antojo.

Google y las ironías democráticas

Aunque al internet se le reconoce como el medio por excelencia que incentiva la innovación y la participación ciudadana, también es visto como un inmenso espacio proclive a las paradojas e ironías.

Esta semana el más irónico en la red fue el gobierno de Cuba, a través de su sitio Cubadebate.com, en el que reclamó a Google haberle cancelado la herramienta Google Analytics, utilizada para medir y analizar las visitas que recibe un sitio, y otros servicios sobre mapas, búsquedas y compra-venta de publicidad.

Lo paradójico es que el gobierno cubano calificó la acción de Google de “escandalosa censura”, exigiendo mayor libertad para el internet, pese a ser uno de los mayores censores del planeta. Un reclamo inaudito después que tildó de “subversivos” a blogueros independientes que se reunieron esta semana en el “Festival Clic” de La Habana, bloquea contenidos en línea y su unión con Venezuela a través de un cable submarino de fibra óptica para acelerar el internet, solo beneficia a internautas burócratas y no a los ciudadanos como había prometido.

Pero en todos lados se cuecen habas. El de EE.UU. es el gobierno con mayor presupuesto del mundo para incentivar procesos democráticos y gobiernos más abiertos mediante la penetración del internet, las redes sociales y banda ancha. Sin embargo, esos jugosos fondos que a menudo cita la canciller Hillary Clinton, no pueden ser usados en países a los que impone embargos económicos, como Cuba, Corea del Norte o Siria.

Así que aunque Google comparte la visión del gobierno estadounidense de que “más información significa mayor libertad y más poder para el individuo”, la Ley del Embargo, que data de 1962, no le permite ofrecer sus plataforma y herramientas en línea que incitaron la Primavera Árabe y otros movimientos emancipadores.

Google  debería hacer más por sortear este tipo de leyes que impiden impulsar democracia, de la misma forma que cabildea para influir en regulaciones sobre publicidad en línea, impuestos y propiedad intelectual, como hizo en Washington este año, actividad en la que invirtió cinco millones de dólares, muy superior a lo gastado por Apple, Facebook y Microsoft combinados.

En otro giro de ironías, el Informe de Trasparencia Global que Google presentó esta semana, con el que mide cada seis meses las peticiones que recibe de gobiernos para censurar contenidos, mostró que el internet no es solo presa de gobiernos opresores.

En el segundo semestre de 2011, mediante órdenes policiales y resoluciones judiciales, 45 países pidieron a Google que descuelgue  videos de YouTube, desactive blogs y cuentas en redes sociales, la mayoría por contenidos que los gobiernos calificaron de injuriosos.

¿Lo irónico? EE.UU y Brasil fueron los países que más solicitaron órdenes de censura, lo que Google calificó de “aberrante” y “alarmante”, por tratarse de países democráticos que paradójicamente son los que más hacen a favor del internet libre y abierto. EE.UU. presentó 187 solicitudes para eliminar 6.192 elementos de contenido, un 103% más que en el primer semestre del 2011, mientras Brasil hizo 194 solicitudes para que se remuevan 554 contenidos. Argentina presentó 39.

Google, que no censura en forma previa, tampoco cumple con todas las órdenes. Obedeció solo algunos pedidos de EE.UU. y Brasil, no eliminó, por ejemplo, un video de un canadiense orinando sobre su pasaporte y arrojándolo al inodoro como pidieron las autoridades de ese país y desestimó eliminar videos satíricos sobre el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

Google sí cumplió con eliminar decenas de videos en contra de la monarquía en Tailandia, otros que patrocinaban el terrorismo en Inglaterra, contenidos sobre pornografía infantil y más de tres millones de solicitudes para eliminar contenido que infringía leyes sobre derechos de autor, cumpliendo un 97% de esas peticiones.

Aunque el informe se queda corto al no revelar la censura que practican los gobiernos en forma directa, como los de Cuba, China o Siria, su importancia radica en que hace trasparente los procesos restrictivos, siendo, quizás, la única forma para disuadir a países opresores.

 
Estas ironías demuestran que el internet, así como la democracia, no es un medio perfecto; y que su perfección depende del grado de libertad que se le insufle.

Justicia fascinante: salud e inmigración

Si hay algo que define a la democracia y por la que hay países con mejores niveles de democracia que otros, es el papel de independencia y equilibrio que juegan sus instituciones.

En EE.UU. la democracia tiene una solidez, fuerza y tradición de más de 230 años, justamente por ese equilibrio. En estos días, ello quedó demostrado con dos decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, contrapeso natural del poder, a veces iluminando caminos, otras veces limitando lo que la Casa Blanca o el Congreso quieren hacer y muchas veces administrando justicia por arriba de las ideologías y los sentimientos políticos. Todo esto, siempre bajo la interpretación sobre lo que los principios constitucionales permiten hacer o limitar.

Dos decisiones importantes tomó la CSJ en estos días, que para muchos seguramente podrían ser calificadas de adornar una campaña proselitista a favor del presidente Barack Obama en busca de su relección para noviembre próximo. La semana pasada, la Corte Suprema se despachó contra la ley de inmigración de Arizona, estableciendo que la regulación de esta disciplina corresponde al fuero federal y no estatal. Y hoy, hace minutos, la Corte Suprema  se pronunció a favor de la reforma de salud propuesta por el presidente Obama, la que había sido cuestionada por inconstitucional.

Pero más allá de las interpretaciones políticas, la Corte Suprema no dejó los caminos cerrados para estas dos leyes, todo lo contrario, sumó más munición para que los legisladores sigan discutiendo y buscando consensos entre medio de tanto disenso. Las discusiones seguirán y así como en inmigración y en salud, los demócratas y republicanos se adjudicarán victorias, tratando de interpretar lo que más les conviene de ambas decisiones.

No obstante que el Derecho y la aplicación de las leyes y la funcionalidad de los tribunales tienen vertientes filosóficas distintas en los países anglosajones y en los latinoamericanos, la enseñanza es que no hay mejor condimento para la democracia que la independencia de la que puede gozar el Poder Judicial. Solo basta repasar mentalmente todos los atropellos que sufre la justicia en América Latina, donde los poderes ejecutivos asignan jueces, imponen fallos y demandan lealtades.

Para medir la calidad de las democracias latinoamericanas, solo basta con observar el nivel de independencia del que goza la Justicia.

Revuelto a la mexicana

La campaña presidencial mexicana viene de sorpresa en sorpresa y todo parece un sancocho de huevos revueltos. Si algo faltaba, es que el ex presidente Vicente Fox pidiera a sus correligionarios del PAN que no voten por la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, sino por el máximo contendor, Enrique Peña Nieto, del opositor PRI, quien a horas de concluir la campaña, aventaja a todos sus adversarios en las encuestas.

La sorpresa fue mayúscula y seguramente Fox será expulsado del PAN por su falta de lealtad y además será resistido por el movimiento estudiantil YoSoy132, que viene denunciando y protestando fuertemente contra los medios de comunicación por el posicionamiento privilegiado que Peña Nieto se ha ganado sobre la base de pagos y contratos que hasta fueron denunciados por The Guardian inglés.

Manuel López Obrador (24%) ya está bien consolidado, como en la elección anterior, en el segundo puesto de la preferencia detrás de Peña Nieto (41%) y por delante de Vázquez Mota (22%) – según una última encuesta entre los diarios El Universal y The Dallas Morining News - y ojalá que por la salud de la democracia mexicana, este año no se llegue a los extremos en que la izquierda recorrió las calles del país en reclamo por una elección que creyó y consideró ganada, y robada por el PAN.

Más allá de los resultados del 1 de julio, los observadores foráneos, activistas de los derechos humanos y gobiernos del área, no están solo concentrados en temas internos que hacen a la vida cotidiana de los mexicanos, como la violencia pública, el crecimiento del empleo, la corrupción y la pobreza, sino también, si el nuevo gobierno seguirá o no la misma política de Felipe Calderón en contra del narcotráfico y si un regreso del PRI a la Presidencia, no significaría un regreso al pasado.