Internet, un nuevo derecho humano

La libertad y los dilemas cibernéticos - Opinión - ElNuevoHerald.com

Ingenuidad de Obama

La polémica se armó fuerte y fue aprovechada por el candidato republicano Mitt Romney, un poco para mitigar los efectos de los abucheos que recibió al criticar el Obamacare en una conferencia proselitista de miembros de raza negra esta semana.

Es que apenas Barack Obama pronunció el jueves aquella frase “en mi opinión, lo que ha hecho Chávez en los últimos años no representa un peligro para nuestra seguridad nacional”, era sabido que le lloverían las críticas. Al senador republicano por la Florida, Marco Rubio, y a Romney no le quedaba otra. A pedir de boca encontraron un motivo para tratar de descarrillar la popularidad que Obama tiene entre los hispanos, especialmente después de que detuvo la política de deportación de indocumentados por dos años.

Pero más allá de lo electoral, lo de Obama es medio ingenuo. No porque Chávez represente una amenaza real, ya que todo el mundo sabe que lo único que hace es fanfarronear, pero sí porque su desafío ha consistido en atraer a su país y a la región, a gobiernos que, como Irán, nada tienen de democráticos, pero sí mucho de apoyo al terrorismo.  Y esto sin siquiera entrar a hablar de los nexos con la dictadura castrista o con los narcoterroristas de las Farc, muchos de los cuales siguen en territorio venezolano.

Chávez; cáncer inconstitucional

Hugo Chávez acaba de anunciar que se curó de cáncer al comenzar en estos días su batalla electoral. Siendo el único en Venezuela “autorizado” para hablar de un tema que debiera ser obligación de Estado, muchos dudan de sus palabras, basados en que otras veces dijo lo mismo y terminó hospitalizándose en Cuba.

Que su enfermedad sea tratada como secreto de Estado y que la verdad no salga a flote en un tema de tanta importancia para los venezolanos, desenmascara el autoritarismo en el que se basa el chavismo como sistema de gobierno. Como sostuve en mi columna el año pasado cuando Chávez admitió que sufría de cáncer, pero no de qué tipo: “… toda información, sin importar su relevancia, no se ofrece sin antes calcular sus efectos, o se manipula o tergiversa en beneficio de intereses partidarios, y en desmedro del bien común.

En sus reformas constitucionales, el gobierno de Chávez logró incluir que la información debe ser veraz y oportuna. Con el paso del tiempo, su régimen utilizó esta figura para crear leyes que le permitieran controlar o, al menos, castigar a la prensa. Sin embargo, esa limitación constitucional jamás la consideró como obligación para sí mismo, como si la Constitución fuera un modo más para controlar a la ciudadanía en lugar de limitar lo que puede hacer un gobierno, lo que es en su esencia.

Obviamente, la actitud del gobierno venezolano de no informar en forma “veraz y oportuna” sobre la salud del Presidente, es a todas luces un hecho inconstitucional.

Crímenes de odio en aumento

La ejecución de una joven afgana de 22 años con disparos a su espalda por haber cometido adulterio, cuyo video fue subido a internet por algunos de los pobladores que presenciaron el acto, conmocionó a la opinión pública internacional, ya que se trató de un simple asesinato.

En el video se observa a Najiba escuchar su sentencia mientras estaba arrodillada de espaldas, a la vez que un juez ocasional o tribal lee los versos del Corán donde se condena el adulterio de las mujeres. Supuestamente su marido es quien se paró detrás de ella para disparar 13 balazos, cuatro de ellos contra su cadáver.

Muchos enseguida condenaron a la religión musulmana de propiciar este tipo de asesinatos enmascarados de justicia divina. Pero pocos son los que admiten que en nuestro continente vienen en aumento acelerado los actos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de odio contra personas con orientaciones diferentes, ya sean políticas, de género u orientación sexual.

Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los asesinatos en Guatemala, Estados Unidos y Jamaica, perpetrados contra personas por su orientación sexual, una tendencia creciente en las Américas.

La CIDH condenó los asesinatos de William Geovanni Aguilar Pérez y Alison, quienes se identificaban como mujeres trans, en la municipalidad de Villanueva, Guatemala, ocurridos el 17 de junio, estableciendo que “estos homicidios se enmarcan en una grave situación de violencia y de falta de investigación de la violencia contra las mujeres trans en Guatemala”.

También condenó el asesinato de dos hombres homosexuales en Kingston, Jamaica, hechos ocurridos el 13 de junio. Según la CIDH, sus cuerpos fueron “mutilados o cortados en trozos, cerca de rocas manchadas con sangre”. La CIDH denuncia que este crimen se dio en el contexto de una fuerte violencia contra la comunidad LGTB en Jamaica, “en donde ocho hombres gay fueron asesinados en los últimos tres meses”.

En EE.UU., la CIDH denunció el asesinato de Mollie Judith Olgin y el intento de asesinato de su pareja, Mary Christine Chapa, de 19 y 18 años de edad, en el estado de Texas, casos ocurridos el 22 de junio.  Las autoridades indicaron que no se trató de crímenes comunes, sino por razones de u orientación sexual.

Cómo construir democracia

No parece que la construcción de la democracia solo pase por las protestas y movilizaciones públicas. Aunque son muy importantes e indispensables, estas parecen una opción pasiva o, al menos, poco pro activa para generar democracia.

En mi columna de esta semana analizo que hay otra forma de construir democracia a través del trabajo individual bajo obejtivos comunes en nuestra comunidad.

RICARDO TROTTI: Espejismos democráticos - Opinión - ElNuevoHerald.com

En contra de la Impunidad

Es importante que los estados sigan combatiendo las injusticias y tratando de acabar con la impunidad. Que al dictador argentino Jorge Rafael Videla le hayan condenado ayer a 50 años de cárcel por la apropiación de niños durante la dictadura militar que lideró entre 1976 y 1983, así como también se sentenció a uno de sus sucesores, Reynaldo Bignone, sienta precedentes importantes en la lucha contra la impunidad en América Latina. La justicia se ha tardado décadas; aunque a destiempo, es importante que esté ayudando a cicatrizar las heridas de las víctimas y sus familiares. La justicia fuerte y firme, al fin y al cabo, es el único disuasivo que existe para combatir la violencia.

Así como en Argentina, un movimiento parecido se está viviendo en Brasil para poder resolver los crímenes que en el Cono Sur los gobiernos dictatoriales cometieron a través de la Operación Cóndor. Aunque en Brasil una ley de 1979 amnistió los crímenes cometidos entre 1964 y 1985, años de gobierno dictatorial, se están buscando mecanismos y el necesario plafond parlamentario y social, para que estos crímenes no continúen impunes.

Durante un foro legislativo celebrado en Brasilia en el que se discutió sobre la alianza represiva militar Operación Cóndor, diputados y activistas de los derechos humanos en representación de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos dejaron sentado en un documento que los "agentes de Estado, así como sus cómplices civiles que violaron los derechos humanos, sean procesados y castigados con penas proporcionales a sus crímenes".

Brasil es el único país involucrado en el Plan Cóndor que no ha condenado a sus represores. Seguramente las condenas de Videla, Bignone y otros militares argentinos, representarán  una presión importante para que el gobierno brasileño legisle en contra de la amnistía otorgada.

Paraguay: delicado pero no grave

Habrá que ver qué tipo de información estará recabando en estos momentos el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respecto a la situación política paraguaya, de la que ya adelantó, es delicada, pero no grave. Lo más relevante de estos últimos días, fue que el nuevo gobierno mostró videos del canciller venezolano, Nicolás Maduro, reunido con militares paraguayos mientras el Congreso debatía sobre el juicio político contra el ex presidente Fernando Lugo, lo que evidenció el grado de injerencia que el gobierno de Hugo Chávez mantiene en la región.

Comparto mi columna del fin de semana, sobre este tema: 

La destitución vertiginosa de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay por “mal desempeño de sus funciones”, resaltó la polémica – y también las hipocresías - sobre los principios de no injerencia, soberanía y autodeterminación, que varios gobiernos y organizaciones de la región traslucen de acuerdo a su tinte ideológico.

La forma en que el Congreso paraguayo destituyó a Lugo fue para algunos un flagrante golpe de Estado; para otros, se trató en esencia, de un legítimo juicio político, apegado a Derecho y normas constitucionales. La falta de violencia y coerción en el proceso, la ausencia de una fuerza armada activa y que el Presidente aceptara la decisión tranquilamente en su despacho, sin que se le expulse en helicóptero o pijama, reflejan un panorama muy diferente al que terminó con Manuel Zelaya en 2010 y en forma momentánea con Hugo Chávez en 2002.

Lo que caldeó más el ambiente fue la injerencia de Chávez en el conflicto, a quien se le atribuyen los cambios bruscos de conducta del ex Obispo católico y ahora ex presidente Lugo. En un santiamén, saltó de “me someto a la decisión del Congreso”, a denunciar un “quiebre democrático mediante un golpe parlamentario”; y desde organizar un gabinete paralelo y un frente para la resistencia, hasta anunciar que será candidato para las elecciones de abril próximo.

No solo la rareza y rapidez del proceso de destitución fueron notables, sino también el alto porcentaje de diputados y senadores que estuvieron en su contra. Por eso huele a excusa que se haya basado en un episodio de ocupación de tierras donde murieron 11 campesinos y seis policías; porque casos así en otros países, acaban con ministros y responsables, pero jamás con presidentes. Lo que sucedió es que a Lugo, así como a Zelaya en Honduras, le pasaron factura por haber comprometido lealtades al ALBA, en detrimento de los partidos políticos que lo llevaron al poder.

De ahí que Chávez fuera el primero en acusar recibo, anunciando  de inmediato un embargo petrolero contra Paraguay Es que el presidente sabe bien que los senadores paraguayos, representan su último escollo -  tras la aprobación de argentinos, brasileños y uruguayos – para que Venezuela entre como socio pleno al Mercosur.

Si bien la destitución puede calificarse de inapropiada y apresurada, Paraguay demostró tener instituciones públicas más independientes y equilibradas que muchos otros países. También evidenció hipocresías ideológicas, ya que los más resentidos, como Raúl Castro, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa y Chávez, quienes siempre reclaman contra la injerencia y la autodeterminación, fueron los que más se entrometieron en este conflicto. El nuevo gobierno de Federico Franco denunció que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, arengó a los militares paraguayos para que defendieran a Lugo.

La hipocresía es que muchos de estos gobernantes son los responsables de consistentes “golpecitos” constitucionales. En sus países se han denunciado procesos electorales viciados, sometimiento de jueces, hostigamiento contra periodistas y medios, y servilismo de legisladores que delegan en el Poder Ejecutivo su función de legislar. El caso más grave fue el autogolpe parlamentario de 2010 en Venezuela, cuando la Asamblea Legislativa, semanas antes de que asumieran los legisladores de la oposición, le otorgó a Chávez un poder por 18 meses para que haga leyes a su antojo.

Si fue un golpe o un proceso constitucional, lo de Paraguay pasará a la historia según la óptica del observador; dudas que hasta calaron en el área de los derechos humanos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA calificó de inaceptable “lo expedito del juicio político”, a diferencia de la Fundación para los Derechos Humanos, una ONG independiente, que argumentó que el proceso cumplió con la Carta Democrática Interamericana. Es probable que la CIDH apresurara su diagnóstico, tratando de neutralizar las críticas y amenazas de disolución en su contra que lideran los presidentes de Venezuela y Ecuador.

Lo importante será que pese a las medidas disciplinarias que adopten las entidades continentales - OEA, Mercosur, Unasur – los nuevos dirigentes paraguayos demuestren que el juicio político no afectará de ninguna forma el orden y compromiso democrático.