Solidaridad, unidad y símbolo

Presenté las siguientes palabras en la Cumbre Global contra la Impunidad 2010 celebrada en Nueva York este 20 y 21 de abril, reunión mundial sobre qué hacer sobre la cantidad de crímenes contra periodistas.
“No avanzaremos mucho en la lucha contra los crímenes contra periodistas y la impunidad que los rodea, si no se incentiva un sentido de unidad y solidaridad entre los medios de comunicación y los periodistas dentro de un país. Tampoco sin una estrategia entre organizaciones internacionales defensoras de libertad de prensa para apoyar esos dos valores.
Se hace imprescindible para esta lucha sobre los asesinatos contra periodistas y la impunidad, poseer una identidad de causa y de grupo que sirva de símbolo para aunar esfuerzos, así como lo tienen otras causas ciudadanas, como la lucha contra el Sida, el cáncer de mama o el calentamiento global, entre otras.
En mis 15 años de trabajo a través de la SIP y su proyecto Contra la Impunidad, que nació en 1995, he experimentado muchísima frustración y desesperanza. No solo por toda la violencia y los 385 asesinatos en las últimas dos décadas y el elevado índice de falta de justicia en esos casos; sino también por la falta de preparación, negligencia y profesionalismo de algunos medios y periodistas, por la indefensión y desprotección a la que están sometidos, así como la falta de solidaridad y unión que existe entre muchos periodistas y medios de un país, lo que debilita las defensas de la profesión.
Considero que los legisladores, los jueces y otras autoridades estatales son relativamente permeables a la influencia y presión de grupos internacionales. Sin embargo, es la opinión pública de un país la que puede ejercer la mayor presión sobre un gobierno, cuando es gobernada adecuadamente por medios de comunicación y asociaciones periodísticas fuertes capaces de “vender” una idea. En ese sentido, hay numerosos ejemplos de fortaleza y liderazgo institucional en nuestros países, por causas a favor de la libertad de prensa: FLIP y Andiarios en Colombia, ADEPA y FOPEA en Argentina, IPyS y Consejo de la Prensa Peruana en Perú, entre otros grupos.
Creo que en países donde falta esta unión, solidaridad y sentido corporativo, tal el caso de México, se puede observar que los resultados son escasos a pesar de los grandes esfuerzos y recursos invertidos. Es un país donde se puede hacer mucho, pero poco se logra al no haber instituciones de prensa fuerte o sentido corporativo de parte de los medios más importantes y de referencia, que puedan amalgamar las voluntades de todos.
Tampoco se trata de desvincular la influencia y apoyo internacionales. Siempre se necesitará la perspectiva diferente e independiente de asociaciones internacionales que contribuyan a través de monitoreo, investigaciones, entrenamiento, campañas de concientización, solidaridad y elevar los problemas a estándares supranacionales como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo es necesario y complementario.
Nuestra experiencia en México con la SIP, luego de más de una decena de encuentros regionales entre editores y periodistas, y decenas de foros y seminarios de entrenamiento, y monitoreo e investigaciones constantes, es que están dadas las condiciones para alcanzar metas importantes. En los medios y entre periodistas existe conciencia sobre las debilidades y fortalezas en la profesión, tanto de carácter laboral, salarial como ética; así como también sobre las fallas que tiene el Estado para administrar justicia, combatir el crimen y proteger la libertad de expresión. El diagnóstico está hecho.
Lo que ahora se necesita es más que un diagnóstico, sino una estrategia mancomunada de lealtad a la profesión y de concientización de la opinión pública sobre la necesidad de resguardar la libertad de expresión, buscando alternativas concretas ante la autocensura y el crimen organizado.
Más allá de los esfuerzos nacionales o regionales, tratando de redondear una idea en esta Cumbre Global contra la Impunidad 2010 organizada por el Comité de Protección de Periodistas en Nueva York, propongo buscar un consenso sobre la creación de un símbolo que nos ayude a todos a identificarnos tras la causa de esta lucha. Como idea y punto de partida, propongo considerar una cinta de solapa blanca con tipografía en negro que incluya letras de diferentes alfabetos, además de una arroba, connotando la universalidad y pluralidad de nuestra lucha”.

Controlar la conversación

Estando esta tarde en la Universidad de Columbia en Nueva York, durante un recreo de la Cumbre Global sobre Impunidad de la que vine a participar, tuve la oportunidad de estar en la previa presentación de un libro que aparecerá en mayo sobre la compra del Wall Street Journal por parte de Rupert Murdoch.

“War at the Wall Street journal”, de Sarah Ellison, ex reportera del diario, fue una buena discusión donde la autora lejos de criticar al nuevo dueño que trajo otra estrategia periodística al diario, admiró la visión de Murdoch. "Uno puede no estar de acuerdo con su criterio, pero es admirable su visión y su pasión por el negocio periodístico"

Mas allá de la polémica que atrajo Murdoch en esa compra que se consumó en diciembre 2007 debido al riesgo que se corría por la posible quita de independencia, Ellison dijo que fue un paso natural e inteligente de Murdoch para "controlar la conversación".

"Su objetivo es controlar la conversación en Nueva York, quitarle ese rol al New York Times", dijo, entendiendo que se trata de una forma de establecer la agenda pública en la ciudad y en el país.

Dijo también que el debate que abrió Murdoch sobre cobrar el contenido de los diarios y sacarle el negocio a Google, es parte de la estrategia de controlar la conversación, aun sabiendo que le será imposible denegar acceso a través del internet. “Pero lo hace igualmente, porque estar en boca de todos, es sentirse importante, poderoso”.

Ellison agregó que como parte de esa estrategia hay que mirar el lanzamiento de la edición NY que el WSJ lanzará este lunes con cobertura especial y exhaustiva de la ciudad que entregará en un suplemento, lo que le en definitiva es un objetivo destinado a competir con The New York Times.

Piedritas en el zapato

A algunos vicepresidentes el puesto les ha servido para llegar a lo más alto, como la presidenta electa de Costa Rica, Laura Chinchilla, pero por lo general la vicepresidencia suele ser un cargo muy decorativo en la política latinoamericana.
Excepto, en estos momentos, en Argentina y Paraguay, donde los vicepresidentes son como piedritas en el zapato, para Cristina de Kirchner y a Fernando Lugo, quienes ya deben estar muy arrepentidos de tenerlos en el cuartito de al lado. No es para menos, estos vicepresidentes, Julio Cobos y Federico Franco tienen vida propia, y la sienten como tal, ya que arribaron al poder en su calidad de extrapartidarios a la fórmula presidencial.
El gobierno argentino ya no aguanta más a Cobos. Le ha pedido la renuncia millones de veces desde que votó en contra de Cristina hace un año atrás por el conflicto con el campo. Este fin de semana, cuando lo empezaron a criticar públicamente por votos en el Senado (impuesto al cheque) en contra de los intereses de Cristina, Cobos reaccionó que no se callaría, e intimó al gobierno a investigar la corrupción y combatir la inflación. La respuesta fue dura debido a que la presidenta lo llamó “croupier” por lidiar favorablemente con la oposición.
Por su parte, mientras Cobos hace una oposición activa dentro del Congreso, como presidente del Senado, el paraguayo Franco tiene un rol activo pero desde afuera, organizando marchas en contra de Lugo a quien acusa de excluir a sus correligionarios después de que llegaron juntos al poder tras los 61 años del Partido Colorado, a través de la Alianza Patriótica para el Cambio.

Franco celebrará este martes 20 de abril el segundo aniversario de la llegada al poder en un acto paralelo al de Lugo, porque dijo que no había sido invitado al evento principal.

Muchos creen que hay una falta de ética profunda por parte de los vicepresidentes por no renunciar a sus cargos cuando ya no comparten absolutamente ninguna simpatía con su propio gobierno. Otros consideran que fueron elegidos también por el voto popular y se deben a ello más allá de las diferencias. Algunos, consideran que esas piedras en el zapato ayudan a generar una oposición interna – especialmente en Argentina – limitando la soberbia del gobierno ante una oposición que a veces parece vencida por el aparato gubernamental.

Damas y nuestras libertades

Mientras esta semana el gobierno español y el parlamento emitieron resoluciones parecidas al Parlamento Europeo y al gobierno de EEUU para que Raúl Castro libere a los presos políticos, el gobierno cubano, lejos de admitir sus errores y negar que celosamente tiene encarcelado a más de 200 presos de conciencia, una vez más atacó a las Damas de Blanco.

El ultraje contra las Damas de Blanco no es nuevo. Ocurre todas las semanas que se congregan o reúnen o desfilan con sus gladiolos blancos en la mano rumbo a misa los domingos para pedir la liberación de sus esposos e hijos que todavía siguen apresados desde que fueran reprimidos en la “primavera negra” de marzo de 2003.

Obviamente, el gobierno de Raúl y Fidel desconoce este movimiento al que acusan de estar orquestado por EEUU y otras delegaciones extranjeras de Europa Occidental en La Habana, a las que acusan de darles dinero e incentivarlas para dañar la imagen del gobierno.
La represión contra este grupo, premio Sajarov del Parlamento Europeo, nos recuerda cada día que el comunismo rechaza tres derechos esenciales al ser humano, transferencia de la divinidad de Dios a los seres humanos: libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de asociación.

Brasil y la información

Brasil era uno de los países grandes de América Latina que todavía no poseía una legislación que obligara al estado a entregar información a los ciudadanos. Esta semana logró media sanción a la ley, la que ahora deberá ser aprobada por el Senado.

Muchos países ya han adoptado legislación similar, no solo obligando a los funcionarios a poner información a disposición de los funcionarios, sino también castigando a quien se niegue a entregarla. Este tipo de leyes, adoptada en numerosos países, como México, Ecuador, Perú, República Dominicana, entre otros, ayuda a que los gobiernos sean más transparentes y responsables en el manejo de la cosa pública.

Lo de Brasil es un paso importante para consolidar la democracia.

Locura kirchnerista

El gobierno kirchnerista sigue haciendo locuras, pero claro, con el dinero del resto de los argentinos. Como siempre ha sucedido con el peronismo y todos los ismos en el país, y ahora a emulación de Hugo Chávez, sigue organizando marchas políticas en las que arenga a un montón de seguidores, algunos convencidos y muchos por necesidad, que se prestan a cantar consignas que le gusta escuchar al Cristina y Néstor Kirchner, y a su principal operador, el jefe de gabinete Aníbal Fernández.
Después de que el gobierno presionó antes de tiempo para crear una “ley de medios” en el Congreso, que luego fue detenida en la Justicia por inconstitucional, una marcha organizada ayer sirvió para pedir a los tribunales que la liberen, que permitan que sea implementada y que lucharán – insultos de por medio contra los jueces de la Corte Suprema – hasta conseguirlo.
Obviamente, como se esperaba, las consignas no estuvieron dedicadas a los jueces solamente, sino que la mayoría se destiló contra el “gran enemigo”, Grupo Clarín, a quien le achacan ser monopolio, golpista, desestabilizador y que su dueña Ernestina de Noble, se apropió de hijos de desaparecidos durante la dictadura, como si ambos elementos tuvieran una conexión.
Después de la marcha contratada por el gobierno de ayer, convocada también por Facebook, por medios estatales y blogueros K que dejaron sus teclados por las pancartas, aparecieron miles de afiches anónimos en las calles con inscripciones injuriosas contra más de 12 periodistas de Clarín, a quienes se descalifica como independientes por trabajar para Ernestina de Noble.
Una locura sin parangón.

Desafiar leyes, obligación moral

El periodismo tiene la obligación ética de cuestionar y desafiar las leyes e incluso exponerse a castigos judiciales, cuando está convencido de que la legislación tiende a obstaculizar el derecho de la sociedad a conocer información de hechos de interés público o a limitar la libertad de prensa.

A menudo, los periodistas se enfrentan al dilema de acatar leyes o cumplir con la ética periodística y deben decidir cómo actuar ante valores igualmente reconocidos, como entre el derecho a la honra de las personas y el derecho del público a saber; o, por otra parte, qué hacer ante leyes injustas y arbitrarias.

Por eso, se ven casos de periodistas en EEUU que prefieren la cárcel a tener que obedecer a un juez que les pide revelar sus fuentes de información. En Cuba muchos eligen seguir opinando a pesar de que el gobierno utiliza la figura de “propaganda enemiga” de la Ley “mordaza” 88 para tirarlos en prisión; mientras en Venezuela los periodistas se exponen a ser detenidos si critican al Presidente, lo que es castigado por un Código Penal anacrónico que privilegia a las autoridades por sobre los ciudadanos.

Este interesante dilema lo acaba de vivir el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, teniendo sus directivos que determinar si debían callar un homicidio para proteger la identidad de un menor cuyo crimen captó uno de sus fotógrafos en plena vía pública; o si tenían que informar el hecho por tratarse de interés público, justo cuando el Congreso y el presidente Mauricio Funes debatían sobre la conveniencia de reformas legales que permitirían mayores castigos a los menores delincuentes, para disuadir y controlar a los miembros de las pandillas juveniles.

El periódico tomó la decisión informativa de publicar la noticia a mediados de marzo, mostrando la foto del forcejeo entre dos jóvenes e identificando al agresor de 17 años en el momento que mata a su víctima con cuatro puñaladas. Muchos piensan que el diario cometió un delito al no acatar la ley que estipula la protección de la intimidad de los menores, tal como lo juzgó la jueza que esta semana impuso al diario una multa por violar la Ley Penal Juvenil y tratados internacionales sobre el tema.

Si bien la magistrada tiene que cumplir con administrar leyes, como se excusó ante sectores que le reclamaron su decisión, lo criticable es que tomó la legislación al pie de la letra sin las interpretaciones debidas. Entre otros aspectos, no consideró que el derecho a la reputación de un menor no pueda medirse sin diferenciar si es víctima de violencia (abuso sexual, por ejemplo) o si comete un delito simple - como hurtar en una tienda - o si, en cambio, es responsable de un homicidio.

En países donde los sistemas judiciales tienen mayor potestad para crear jurisprudencia, como en EEUU, la prensa no tiene que lidiar con estas disyuntivas, porque los menores que comenten delitos graves suelen ser procesados como adultos.

El diario salvadoreño tuvo la opción de no publicar, guardar las fotos, cumplir con la ley y evitar represalias. Sin embargo, escogió lo contrario y asumir riesgos, convencido de que así servía mejor al bien común. Y lo ocurrido en este caso durante las últimas semanas en El Salvador, prueba que desafiar las leyes, si bien es una tarea tediosa, muchas veces es una responsabilidad y obligación del periodismo.

El criterio editorial de publicar sirvió para que se profundice el debate público sobre la inseguridad ciudadana y la delincuencia juvenil, temas de gran relevancia en El Salvador, donde se registra un promedio de 12 homicidios diarios, lo cual también tiene en vilo a otros países latinoamericanos.

Lo más importante de la decisión periodística, es que La Prensa Gráfica ha nutrido el debate poniéndole un rostro, el de Carlos Garay, el estudiante asesinado, privilegiando la memoria de la víctima por sobre el derecho del agresor. Los resultados están por verse, pero ya hay consensos legislativos a punto de concretarse, que buscan disuadir a los jóvenes con mayores penas y excepciones a la intimidad cuando se trata de delitos graves como homicidios, extorsión o agresiones sexuales; así como reformar procedimientos de educación y reinserción social.