Desafiar leyes, obligación moral

El periodismo tiene la obligación ética de cuestionar y desafiar las leyes e incluso exponerse a castigos judiciales, cuando está convencido de que la legislación tiende a obstaculizar el derecho de la sociedad a conocer información de hechos de interés público o a limitar la libertad de prensa.

A menudo, los periodistas se enfrentan al dilema de acatar leyes o cumplir con la ética periodística y deben decidir cómo actuar ante valores igualmente reconocidos, como entre el derecho a la honra de las personas y el derecho del público a saber; o, por otra parte, qué hacer ante leyes injustas y arbitrarias.

Por eso, se ven casos de periodistas en EEUU que prefieren la cárcel a tener que obedecer a un juez que les pide revelar sus fuentes de información. En Cuba muchos eligen seguir opinando a pesar de que el gobierno utiliza la figura de “propaganda enemiga” de la Ley “mordaza” 88 para tirarlos en prisión; mientras en Venezuela los periodistas se exponen a ser detenidos si critican al Presidente, lo que es castigado por un Código Penal anacrónico que privilegia a las autoridades por sobre los ciudadanos.

Este interesante dilema lo acaba de vivir el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, teniendo sus directivos que determinar si debían callar un homicidio para proteger la identidad de un menor cuyo crimen captó uno de sus fotógrafos en plena vía pública; o si tenían que informar el hecho por tratarse de interés público, justo cuando el Congreso y el presidente Mauricio Funes debatían sobre la conveniencia de reformas legales que permitirían mayores castigos a los menores delincuentes, para disuadir y controlar a los miembros de las pandillas juveniles.

El periódico tomó la decisión informativa de publicar la noticia a mediados de marzo, mostrando la foto del forcejeo entre dos jóvenes e identificando al agresor de 17 años en el momento que mata a su víctima con cuatro puñaladas. Muchos piensan que el diario cometió un delito al no acatar la ley que estipula la protección de la intimidad de los menores, tal como lo juzgó la jueza que esta semana impuso al diario una multa por violar la Ley Penal Juvenil y tratados internacionales sobre el tema.

Si bien la magistrada tiene que cumplir con administrar leyes, como se excusó ante sectores que le reclamaron su decisión, lo criticable es que tomó la legislación al pie de la letra sin las interpretaciones debidas. Entre otros aspectos, no consideró que el derecho a la reputación de un menor no pueda medirse sin diferenciar si es víctima de violencia (abuso sexual, por ejemplo) o si comete un delito simple - como hurtar en una tienda - o si, en cambio, es responsable de un homicidio.

En países donde los sistemas judiciales tienen mayor potestad para crear jurisprudencia, como en EEUU, la prensa no tiene que lidiar con estas disyuntivas, porque los menores que comenten delitos graves suelen ser procesados como adultos.

El diario salvadoreño tuvo la opción de no publicar, guardar las fotos, cumplir con la ley y evitar represalias. Sin embargo, escogió lo contrario y asumir riesgos, convencido de que así servía mejor al bien común. Y lo ocurrido en este caso durante las últimas semanas en El Salvador, prueba que desafiar las leyes, si bien es una tarea tediosa, muchas veces es una responsabilidad y obligación del periodismo.

El criterio editorial de publicar sirvió para que se profundice el debate público sobre la inseguridad ciudadana y la delincuencia juvenil, temas de gran relevancia en El Salvador, donde se registra un promedio de 12 homicidios diarios, lo cual también tiene en vilo a otros países latinoamericanos.

Lo más importante de la decisión periodística, es que La Prensa Gráfica ha nutrido el debate poniéndole un rostro, el de Carlos Garay, el estudiante asesinado, privilegiando la memoria de la víctima por sobre el derecho del agresor. Los resultados están por verse, pero ya hay consensos legislativos a punto de concretarse, que buscan disuadir a los jóvenes con mayores penas y excepciones a la intimidad cuando se trata de delitos graves como homicidios, extorsión o agresiones sexuales; así como reformar procedimientos de educación y reinserción social.

Dilema: protección del menor

Hoy una jueza salvadoreña condenó a un diario por el delito de haber publicado la foto de un menor criminal, con lo que quedó abierta una polémica sobre el conflicto natural entre la protección legal de la que gozan los menores de edad para que sus nombres o fotografías no sean publicadas por los medios de comunicación – a pesar de que hayan o no cometido delitos o actos criminales – y el deber que tienen los medios de publicar actos delictivos, independientemente a la edad del delincuente, para proteger el derecho del público a la información.

Es decir, una típica polémica entre la protección de los menores y la protección de la libertad de prensa, dos garantías existentes a nivel constitucional y en los derechos y estándares reflejados en tratados internacionales.

La jueza del Juzgado Segundo de Menores de San Salvador, María Isabel Ponce Gallardo, condenó el 6 de abril al director ejecutivo del diario La Prensa Gráfica, José Roberto Dutriz, al pago de una multa equivalente a 50 días de salario mínimo, unos 340 dólares estadounidenses, por identificar y publicar fotos in fraganti - en violación de la Ley Penal Juvenil que protege a los menores de 18 años - sobre un asesinato ejecutado por un menor de edad, en aparente violación de la Ley Penal Juvenil.

La Prensa Gráfica reprodujo las fotografías del estudiante de 17 años cuando asesinaba el pasado 11 de marzo a otro joven de una escuela rival. La jueza, actuando de oficio porque la causa se radicó en su juzgado, abrió una investigación contra el periódico por haber publicado el rostro y el nombre del agresor, imágenes e información que en los días subsiguientes fueron reproducidas por otros medios de comunicación del país.

La Dirección Editorial del diario publicó a sabiendas de que estaba identificando a un menor y que corría el riesgo de sufrir represalias judiciales, pero sopesó los riesgos entendiendo que sobre ese caso de protección del menor prevalecía el derecho del público a saber. El director del periódico dijo que apelará la decisión, garantía que le asiste ante el debido proceso que indica la ley, y que, seguramente derivará en que se dicte una mejor una mejor jurisprudencia que servirá de antecedentes para discernir en casos futuros.

El caso es, más allá de una cuestión legal, un dilema ético para el periodismo y un desafío para la ley y la justicia.

Por una lado, el periodismo debe por lo general respetar la ley, sin embargo también tiene el deber / derecho de desafiarla cuando hay un conflicto de valores. En este caso se trataba de un joven, no de un niño, en un país en cuyas calles muchos crímenes son cometidos por menores y donde hay una fuerte presencia de pandillas juveniles, por lo que la publicación puede convertirse en un elemento disuasivo para la sociedad; especialmente porque se debió a un hecho público.

Además, no se trató de un menor cometiendo un delito simple, sino grave; es decir no se trató de proteger la identidad de alguien que robaba, sino de denunciar a alguien que cometió un homicidio, teniendo en cuenta que en varios países, cuando los menores cometen ese tipo de delitos, los jueces determinan que sean juzgados como personas mayores. Lo que realmente se debiera ver en esta situación, no es el conflicto entre las dos protecciones mencionadas, sino que se ha violentado el derecho a la vida.

Estos mismos temas que representan un dilema ético para los medios, resultan también un desafío para los legisladores y los jueces. Primero, dentro del contexto general de conciencia pública y de violencia agravado por las pandillas juveniles, ¿no es ya anacrónico el límite de edad de 18 años? ¿la protección del menor no debiera ser en especial para cuando éste es víctima de violencia, como en el caso de una niña violada, pero no para cual el menor es el agresor? ¿la justicia no debiera tener en cuenta otro tipo de penalidades – amonestaciones, tal vez – para cuando se trata de medios que no suelen tener una conducta general de agravios a menores, como en el caso de La Prensa Gráfica que hasta está regido por una manual sobre el tratamiento de la violencia en sus páginas?

Este conflicto, ofrece, sin duda, la oportunidad de que se pueda plantear y replantear el papel de los medios de comunicación en sociedades cada vez más violentas y, especialmente, que la ley y la justicia tengan la necesaria flexibilidad para reformarse y adaptarse a los nuevos retos que ofrece la sociedad: violencia e inseguridad ciudadana.