Hoy una jueza salvadoreña condenó a un diario por el delito de haber publicado la foto de un menor criminal, con lo que quedó abierta una polémica sobre el conflicto natural entre la protección legal de la que gozan los menores de edad para que sus nombres o fotografías no sean publicadas por los medios de comunicación – a pesar de que hayan o no cometido delitos o actos criminales – y el deber que tienen los medios de publicar actos delictivos, independientemente a la edad del delincuente, para proteger el derecho del público a la información.
Es decir, una típica polémica entre la protección de los menores y la protección de la libertad de prensa, dos garantías existentes a nivel constitucional y en los derechos y estándares reflejados en tratados internacionales.
La jueza del Juzgado Segundo de Menores de San Salvador, María Isabel Ponce Gallardo, condenó el 6 de abril al director ejecutivo del diario La Prensa Gráfica, José Roberto Dutriz, al pago de una multa equivalente a 50 días de salario mínimo, unos 340 dólares estadounidenses, por identificar y publicar fotos in fraganti - en violación de la Ley Penal Juvenil que protege a los menores de 18 años - sobre un asesinato ejecutado por un menor de edad, en aparente violación de la Ley Penal Juvenil.
La Prensa Gráfica reprodujo las fotografías del estudiante de 17 años cuando asesinaba el pasado 11 de marzo a otro joven de una escuela rival. La jueza, actuando de oficio porque la causa se radicó en su juzgado, abrió una investigación contra el periódico por haber publicado el rostro y el nombre del agresor, imágenes e información que en los días subsiguientes fueron reproducidas por otros medios de comunicación del país.
La Dirección Editorial del diario publicó a sabiendas de que estaba identificando a un menor y que corría el riesgo de sufrir represalias judiciales, pero sopesó los riesgos entendiendo que sobre ese caso de protección del menor prevalecía el derecho del público a saber. El director del periódico dijo que apelará la decisión, garantía que le asiste ante el debido proceso que indica la ley, y que, seguramente derivará en que se dicte una mejor una mejor jurisprudencia que servirá de antecedentes para discernir en casos futuros.
El caso es, más allá de una cuestión legal, un dilema ético para el periodismo y un desafío para la ley y la justicia.
Por una lado, el periodismo debe por lo general respetar la ley, sin embargo también tiene el deber / derecho de desafiarla cuando hay un conflicto de valores. En este caso se trataba de un joven, no de un niño, en un país en cuyas calles muchos crímenes son cometidos por menores y donde hay una fuerte presencia de pandillas juveniles, por lo que la publicación puede convertirse en un elemento disuasivo para la sociedad; especialmente porque se debió a un hecho público.
Además, no se trató de un menor cometiendo un delito simple, sino grave; es decir no se trató de proteger la identidad de alguien que robaba, sino de denunciar a alguien que cometió un homicidio, teniendo en cuenta que en varios países, cuando los menores cometen ese tipo de delitos, los jueces determinan que sean juzgados como personas mayores. Lo que realmente se debiera ver en esta situación, no es el conflicto entre las dos protecciones mencionadas, sino que se ha violentado el derecho a la vida.
Estos mismos temas que representan un dilema ético para los medios, resultan también un desafío para los legisladores y los jueces. Primero, dentro del contexto general de conciencia pública y de violencia agravado por las pandillas juveniles, ¿no es ya anacrónico el límite de edad de 18 años? ¿la protección del menor no debiera ser en especial para cuando éste es víctima de violencia, como en el caso de una niña violada, pero no para cual el menor es el agresor? ¿la justicia no debiera tener en cuenta otro tipo de penalidades – amonestaciones, tal vez – para cuando se trata de medios que no suelen tener una conducta general de agravios a menores, como en el caso de La Prensa Gráfica que hasta está regido por una manual sobre el tratamiento de la violencia en sus páginas?
Este conflicto, ofrece, sin duda, la oportunidad de que se pueda plantear y replantear el papel de los medios de comunicación en sociedades cada vez más violentas y, especialmente, que la ley y la justicia tengan la necesaria flexibilidad para reformarse y adaptarse a los nuevos retos que ofrece la sociedad: violencia e inseguridad ciudadana.
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