De paso por Chile, las noticias de estos días giraron alrededor de la posibilidad de una reforma constitucional que permita, entre tantas otras cosas, la reelección del presidente Sebastián Piñera.
Varios ministros y acólitos al gobierno de turno se manifestaron a favor, pero por suerte el propio Presidente dijo que descartaba de plano cualquier posibilidad a su propio beneficio para que pueda alguien ser reelegido para período consecutivos.
Lo de Piñera debía ser así, lo que no se entiende es como en nuestros países el tema es tan recurrente incluso apenas asumen los presidentes. Se trata de un síndrome anti democrático.
Quiero contarles sobre los procesos creativos de esta nueva historia sobre la verdad, la libertad y el miedo al futuro. Es mi nueva novela y espero publicarla cuando se sincronicen los planetas (las editoriales) o cuando se me acabe la paciencia y decida autopublicar -- Los contenidos de mi blog Prensa y Expresión están en el archivo. Blog por Ricardo Trotti
noviembre 12, 2010
noviembre 11, 2010
Esperanza y cambio
“Esperanza” y “Cambio” fueron los lemas de campaña más populares de la historia electoral de los EEUU, enarbolados por el ex candidato Barack Obama. Aquel vigoroso mensaje de fe y transformación cambió el mapa político de entonces y catapultó al actual Presidente al estrellato. Fue consentido por las minorías desdeñadas del país y la simpatía de poblaciones enteras en otras naciones, independientemente de si fueran aliadas o enemigas.
Obama representó la expectativa de modificar las políticas domésticas, y en especial las externas amasadas por George Bush. Al comienzo de su presidencia gozó de la euforia de grupos poco tenidos en cuenta, los jóvenes, los hispanos, los negros, los pobres y las mujeres, además de poblaciones y gobernantes de puntos tan lejanos en lo ideológico y geográfico como Cuba, Irán y Japón o desconocidos como Turkmenistán.
Dos años después, tras las elecciones del martes, el mensaje del electorado fue contundente. El tiempo y las promesas incumplidas desvanecieron la esperanza y ahora se pretenden cambios reales - no solo retóricos - en la dirección del gobierno. Y aunque no se trató de elecciones presidenciales, fueron un referendo sobre el mandato de Obama. De ahí que a pocas horas de la derrota del martes, aceptó la desgracia de su partido Demócrata como suya, en un mensaje de constricción por Twitter: “Lo que los estadounidenses esperan – y lo que le debemos – es enfocarnos en los asuntos que los afectan: sus trabajos, su seguridad y su futuro”.
Las deudas acumuladas de Obama fueron muchas a lo largo de sus dos primeros años. Ninguna tan importante como la falta de creación de empleos y la inseguridad económica que dieron vuelta el electorado a favor de los Republicanos, quedándose con el liderazgo de la Cámara de Diputados y varias gobernaciones, consejos y alcaldías, bastiones históricos de los Demócratas, así como con la simpatía de minorías que antes ellos también ignoraban.
Cuando en política lo económico está acompañado de calificativos como recesión o depresión, y el desempleo se mantiene estable alrededor en un 10%, a pesar de los multimillonarios paquetes de estímulo, pasan desapercibidos otros logros que pudieran tener impacto a futuro, como la reforma del sistema de salud, las cambios legales que maniataron la codicia y la corrupción en Wall Street, el retiro paulatino de las tropas de Irak o el mantener alejados a los terroristas del territorio nacional.
Lo de Obama era esperado y lo presentía. De ahí que su propaganda electoral no apelaba tanto a los logros de su administración como al llamado de las minorías para que le den su voto tradicionalmente demócrata de auxilio. Pero el problema es que son las minorías los que tienen los porcentajes más altos de desempleo, los que han perdido sus viviendas dentro de una burbuja inmobiliaria que todavía no terminó de estallar, los que vieron aumentar sus impuestos por causas que nadie sabe explicar y quienes ven esfumarse sus sueños de una jubilación segura, con un sistema público de pensiones a la deriva y otro privado que sigue deglutiendo intereses y capital.
En esta elección los temas del bolsillo y la billetera fueron, como casi siempre, los que importaron al general de la población y voltearon el mapa político. Los otros, aunque también importantes, entran dentro de la esfera zizagueante de la política y la agenda pública en boga, así sea la legalización de la marihuana, la inmigración ilegal, la pérdida de mercados en el extranjero o si las tropas y los cadáveres regresan de Irak o se mudan para Afganistán.
Es verdad que estas elecciones fueron un referendo para Obama, pero sería un error que los Republicanos pierdan la perspectiva y se sientan tan exultantes como para olvidar que sus políticas de ocho años hegemónicos en la Casa Blanca, fueron las causas de muchas de las consecuencias actuales.
Los Republicanos, y sus neo conservadores del Partido del Té, ojala adviertan que la elección del martes no fue un voto castigo solo contra el Presidente, sino en contra de políticas erradas de cualquier tendencia. El martes la población exigió cambios y responsabilidad a todos, no solo a los Demócratas, como única forma para recuperar la esperanza.
Obama representó la expectativa de modificar las políticas domésticas, y en especial las externas amasadas por George Bush. Al comienzo de su presidencia gozó de la euforia de grupos poco tenidos en cuenta, los jóvenes, los hispanos, los negros, los pobres y las mujeres, además de poblaciones y gobernantes de puntos tan lejanos en lo ideológico y geográfico como Cuba, Irán y Japón o desconocidos como Turkmenistán.
Dos años después, tras las elecciones del martes, el mensaje del electorado fue contundente. El tiempo y las promesas incumplidas desvanecieron la esperanza y ahora se pretenden cambios reales - no solo retóricos - en la dirección del gobierno. Y aunque no se trató de elecciones presidenciales, fueron un referendo sobre el mandato de Obama. De ahí que a pocas horas de la derrota del martes, aceptó la desgracia de su partido Demócrata como suya, en un mensaje de constricción por Twitter: “Lo que los estadounidenses esperan – y lo que le debemos – es enfocarnos en los asuntos que los afectan: sus trabajos, su seguridad y su futuro”.
Las deudas acumuladas de Obama fueron muchas a lo largo de sus dos primeros años. Ninguna tan importante como la falta de creación de empleos y la inseguridad económica que dieron vuelta el electorado a favor de los Republicanos, quedándose con el liderazgo de la Cámara de Diputados y varias gobernaciones, consejos y alcaldías, bastiones históricos de los Demócratas, así como con la simpatía de minorías que antes ellos también ignoraban.
Cuando en política lo económico está acompañado de calificativos como recesión o depresión, y el desempleo se mantiene estable alrededor en un 10%, a pesar de los multimillonarios paquetes de estímulo, pasan desapercibidos otros logros que pudieran tener impacto a futuro, como la reforma del sistema de salud, las cambios legales que maniataron la codicia y la corrupción en Wall Street, el retiro paulatino de las tropas de Irak o el mantener alejados a los terroristas del territorio nacional.
Lo de Obama era esperado y lo presentía. De ahí que su propaganda electoral no apelaba tanto a los logros de su administración como al llamado de las minorías para que le den su voto tradicionalmente demócrata de auxilio. Pero el problema es que son las minorías los que tienen los porcentajes más altos de desempleo, los que han perdido sus viviendas dentro de una burbuja inmobiliaria que todavía no terminó de estallar, los que vieron aumentar sus impuestos por causas que nadie sabe explicar y quienes ven esfumarse sus sueños de una jubilación segura, con un sistema público de pensiones a la deriva y otro privado que sigue deglutiendo intereses y capital.
En esta elección los temas del bolsillo y la billetera fueron, como casi siempre, los que importaron al general de la población y voltearon el mapa político. Los otros, aunque también importantes, entran dentro de la esfera zizagueante de la política y la agenda pública en boga, así sea la legalización de la marihuana, la inmigración ilegal, la pérdida de mercados en el extranjero o si las tropas y los cadáveres regresan de Irak o se mudan para Afganistán.
Es verdad que estas elecciones fueron un referendo para Obama, pero sería un error que los Republicanos pierdan la perspectiva y se sientan tan exultantes como para olvidar que sus políticas de ocho años hegemónicos en la Casa Blanca, fueron las causas de muchas de las consecuencias actuales.
Los Republicanos, y sus neo conservadores del Partido del Té, ojala adviertan que la elección del martes no fue un voto castigo solo contra el Presidente, sino en contra de políticas erradas de cualquier tendencia. El martes la población exigió cambios y responsabilidad a todos, no solo a los Demócratas, como única forma para recuperar la esperanza.
noviembre 10, 2010
Chávez e inteligencia militar
Inteligencia militar parecen ser dos sustantivos contradictorios (a pesar de que conozco muchos militares inteligentes, honestos y de vocación democrática) especialmente cuando se trata de uniformados en torno a Hugo Chávez, el presidente venezolano.
No por nada en muchos países la Constitución establece que los militares no pueden votar y, de la misma forma que los jueces, no pueden hacer declaraciones políticas, porque su deber es con la patria, con el Estado, con la nación, independientemente de quien esté frente al gobierno.
Pero en la Venezuela autoritaria de Chávez pasa cualquier cosa, como las declaraciones del jefe del Comando Estratégico, el general Henry Rangel Silva, quien dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no aceptaría un gobierno que no sea el de Hugo Chávez, así sufriera una derrota en las elecciones presidenciales del 2012.
El general dijo que los militares están casados con el estilo de gobierno y la revolución socialista de Chávez. Declaraciones así, en un país verdaderamente democrático, no solo le costaría el rango al militar, su detención, sino un fuerte repudio de todas las fuerzas políticas, institucionales y de la sociedad civil. A nivel internacional, esta forma de declararse abiertamente a favor de un golpe de Estado en contra de cualquier otro gobierno nacional, merecería el repudio generalizado.
En Venezuela en cambio, todo lo que sea a favor de Chávez es tomado como una acción de lealtad, más allá de que se esté negando a la democracia.
No por nada en muchos países la Constitución establece que los militares no pueden votar y, de la misma forma que los jueces, no pueden hacer declaraciones políticas, porque su deber es con la patria, con el Estado, con la nación, independientemente de quien esté frente al gobierno.
Pero en la Venezuela autoritaria de Chávez pasa cualquier cosa, como las declaraciones del jefe del Comando Estratégico, el general Henry Rangel Silva, quien dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no aceptaría un gobierno que no sea el de Hugo Chávez, así sufriera una derrota en las elecciones presidenciales del 2012.
El general dijo que los militares están casados con el estilo de gobierno y la revolución socialista de Chávez. Declaraciones así, en un país verdaderamente democrático, no solo le costaría el rango al militar, su detención, sino un fuerte repudio de todas las fuerzas políticas, institucionales y de la sociedad civil. A nivel internacional, esta forma de declararse abiertamente a favor de un golpe de Estado en contra de cualquier otro gobierno nacional, merecería el repudio generalizado.
En Venezuela en cambio, todo lo que sea a favor de Chávez es tomado como una acción de lealtad, más allá de que se esté negando a la democracia.
noviembre 09, 2010
Sombrío panorama de libertad de prensa
Las amenazas, la intimidación y los ataques letales de parte del crimen organizado, que han cobrado la vida de 14 periodistas este semestre, son los temas que prevalecieron en la agenda de la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida, Yucatán, México. Más de 575 miembros de la SIP de todo el hemisferio también protagonizaron discusiones intensas en relación a Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina, donde los gobiernos están recurriendo a medidas anti-democráticas para reprimir a los medios de comunicación independientes y colocar el flujo de informaciones y noticias en las manos de entidades controladas por el estado.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, durante un discurso pronunciado ante los delegados de la SIP el lunes, destacó el incansable compromiso de su gobierno por la derrota de los carteles de la droga. Siete de los periodistas asesinados este semestre perecieron en actos de violencia relacionados a los carteles del narcotráfico en México, mientras que otros cinco fueron asesinados en Honduras, a donde los carteles han ido en busca de santuarios para el transporte de drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos.
Dos periodistas más fueron asesinados en Brasil.
Las palabras de Calderón resaltaron las medidas que su gobierno ha tomado en respuesta a los esfuerzos largamente sostenidos por la SIP para crear consenso por la federalización de los crímenes y ataques contra periodistas. Estas incluyen el nombramiento de un fiscal especial para esos crímenes, pero el informe final de la SIP sobre México hace notar que un clima de impunidad sigue existiendo en esa nación y, hasta la fecha, el gobierno ha puesto en evidencia su falta de voluntad política para investigar y enjuiciar a aquellos que atacan a los periodistas. La SIP ha solicitado a Calderón que reabra las investigaciones de 27 casos de crímenes contra periodistas que permanecen sin resolver.
Mientras tanto, en Perú, el Tribunal Supremo ha creado una jurisdicción especial para procesar los crímenes contra periodistas, tal como lo hace con los narcotraficantes y los terroristas.
Algunos avances, sin embargo, no logran ocultar abusos continuados. A lo largo y ancho de las Américas existen esfuerzos renovados para imponer disposiciones legales destinadas a “regular” el funcionamiento de los medios de comunicación. Aunque se expresan a menudo en términos altisonantes, son intentos evidentes para controlar y limitar el libre flujo de información.
En Argentina una campaña oficial contra la prensa ha incluido insultos e intentos por penalizar a los directores de medios y periodistas, así como el acoso administrativo y judicial contra los medios independientes. Las regulaciones están diseñadas para ejercer el control estatal del papel periódico, las licencias de radiodifusión y el contenido audiovisual, así como para cancelar arbitrariamente licencias para la prestación de servicios de Internet.
En Bolivia una ley con las mejores intenciones para impedir el racismo y la discriminación, limita, de hecho la libertad de prensa. Otros países de América Latina, como Brasil, Ecuador y Uruguay están también considerando leyes para regular los medios de comunicación a través del llamado control social, que en realidad ofrece a los gobiernos instrumentos para estrangular a los medios de comunicación.
En Estados Unidos, el gobierno de Obama ha procesado más casos de filtración de información que cualquier otra administración en la historia de EEUU. Al mismo tiempo, la ley escudo federal ha sido aprobada por la Cámara, pero sigue paralizada en el Senado y parece destinada a morir.
En Cuba, pese a la muy publicitada excarcelación de 18 prisioneros políticos que fueron forzados al destierro por parte del gobierno, permanece como una nación totalmente bajo las garras de una dictadura que se ha sostenido en el poder por más de medio siglo. Al menos ocho periodistas independientes siguen encarcelados junto a otros prisioneros políticos cuyo único crimen es oponerse al régimen de los hermanos Castro.
Otros abusos frecuentes incluyen el acoso judicial y la utilización de la publicidad oficial como herramienta para premiar y castigar a los medios, una práctica común en países tan diversos como Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, entre otros. En muchos países continúa la tendencia de que el gobierno compre los medios de comunicación o funde otros para sus propios intereses políticos.
Junto con la intolerancia de los gobiernos, el enemigo común contra el Estado, la prensa y la sociedad en general, es el crimen organizado, que ha sido identificado como el autor de graves abusos contra la prensa. Los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, respectivamente, coincidieron en este aspecto en sus palabras ante la Asamblea General.
Tomando en cuenta esta problemática, la Sociedad Interamericana de Prensa, en su afán por redoblar sus esfuerzos para mantener los principios democráticos y el derecho del pueblo a saber, ha declarado el 2011 Año de la Libertad de Expresión.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, durante un discurso pronunciado ante los delegados de la SIP el lunes, destacó el incansable compromiso de su gobierno por la derrota de los carteles de la droga. Siete de los periodistas asesinados este semestre perecieron en actos de violencia relacionados a los carteles del narcotráfico en México, mientras que otros cinco fueron asesinados en Honduras, a donde los carteles han ido en busca de santuarios para el transporte de drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos.
Dos periodistas más fueron asesinados en Brasil.
Las palabras de Calderón resaltaron las medidas que su gobierno ha tomado en respuesta a los esfuerzos largamente sostenidos por la SIP para crear consenso por la federalización de los crímenes y ataques contra periodistas. Estas incluyen el nombramiento de un fiscal especial para esos crímenes, pero el informe final de la SIP sobre México hace notar que un clima de impunidad sigue existiendo en esa nación y, hasta la fecha, el gobierno ha puesto en evidencia su falta de voluntad política para investigar y enjuiciar a aquellos que atacan a los periodistas. La SIP ha solicitado a Calderón que reabra las investigaciones de 27 casos de crímenes contra periodistas que permanecen sin resolver.
Mientras tanto, en Perú, el Tribunal Supremo ha creado una jurisdicción especial para procesar los crímenes contra periodistas, tal como lo hace con los narcotraficantes y los terroristas.
Algunos avances, sin embargo, no logran ocultar abusos continuados. A lo largo y ancho de las Américas existen esfuerzos renovados para imponer disposiciones legales destinadas a “regular” el funcionamiento de los medios de comunicación. Aunque se expresan a menudo en términos altisonantes, son intentos evidentes para controlar y limitar el libre flujo de información.
En Argentina una campaña oficial contra la prensa ha incluido insultos e intentos por penalizar a los directores de medios y periodistas, así como el acoso administrativo y judicial contra los medios independientes. Las regulaciones están diseñadas para ejercer el control estatal del papel periódico, las licencias de radiodifusión y el contenido audiovisual, así como para cancelar arbitrariamente licencias para la prestación de servicios de Internet.
En Bolivia una ley con las mejores intenciones para impedir el racismo y la discriminación, limita, de hecho la libertad de prensa. Otros países de América Latina, como Brasil, Ecuador y Uruguay están también considerando leyes para regular los medios de comunicación a través del llamado control social, que en realidad ofrece a los gobiernos instrumentos para estrangular a los medios de comunicación.
En Estados Unidos, el gobierno de Obama ha procesado más casos de filtración de información que cualquier otra administración en la historia de EEUU. Al mismo tiempo, la ley escudo federal ha sido aprobada por la Cámara, pero sigue paralizada en el Senado y parece destinada a morir.
En Cuba, pese a la muy publicitada excarcelación de 18 prisioneros políticos que fueron forzados al destierro por parte del gobierno, permanece como una nación totalmente bajo las garras de una dictadura que se ha sostenido en el poder por más de medio siglo. Al menos ocho periodistas independientes siguen encarcelados junto a otros prisioneros políticos cuyo único crimen es oponerse al régimen de los hermanos Castro.
Otros abusos frecuentes incluyen el acoso judicial y la utilización de la publicidad oficial como herramienta para premiar y castigar a los medios, una práctica común en países tan diversos como Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, entre otros. En muchos países continúa la tendencia de que el gobierno compre los medios de comunicación o funde otros para sus propios intereses políticos.
Junto con la intolerancia de los gobiernos, el enemigo común contra el Estado, la prensa y la sociedad en general, es el crimen organizado, que ha sido identificado como el autor de graves abusos contra la prensa. Los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, respectivamente, coincidieron en este aspecto en sus palabras ante la Asamblea General.
Tomando en cuenta esta problemática, la Sociedad Interamericana de Prensa, en su afán por redoblar sus esfuerzos para mantener los principios democráticos y el derecho del pueblo a saber, ha declarado el 2011 Año de la Libertad de Expresión.
noviembre 06, 2010
Libertad de prensa, patrimonio de todos
MÉRIDA, Yuc.- La libertad de expresión es un derecho para toda la sociedad y no es privativo para los periodistas, afirmó Ricardo Trotti, director de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al hablar sobre las aportaciones de este organismo a favor del libre del periodismo.
Aseguró que se ha logrado instalar en el tema de la agenda pública la premisa de que la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos.
Recordó que en otras épocas las grandes batallas de la SIP fueron contra los dictadores de una u otra ideología, y las dictaduras militares. "Se ha instaurado el tema de la libertad de expresión y la de prensa como fundamentos de cualquier sistema democrático".
Ricardo Trotti también se refirió al reto que enfrenta México al ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Enfatizó que las agresiones contra periodistas requieren de una respuesta gubernamental que busque garantizar la labor de los medios de comunicación y "mayor justicia, o de lo contrario se creará mayor violencia".
Aseguró que se ha logrado instalar en el tema de la agenda pública la premisa de que la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos.
Recordó que en otras épocas las grandes batallas de la SIP fueron contra los dictadores de una u otra ideología, y las dictaduras militares. "Se ha instaurado el tema de la libertad de expresión y la de prensa como fundamentos de cualquier sistema democrático".
Ricardo Trotti también se refirió al reto que enfrenta México al ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Enfatizó que las agresiones contra periodistas requieren de una respuesta gubernamental que busque garantizar la labor de los medios de comunicación y "mayor justicia, o de lo contrario se creará mayor violencia".
noviembre 04, 2010
Obama, Chávez y las elecciones
Tanto en Venezuela como en EEUU hubo elecciones intermedias en las últimas semanas, aunque se trató de dos referendos sobre las políticas presidenciales de Barack Obama y de Hugo Chávez.
Ambos perdieron. Los Republicanos arrasaron a los Demócratas en votos populares y con ello, reconquistaron la Cámara de Diputados, tomaron escaños en el Senado y un sinnúmero de gobernaciones. En Venezuela la historia fue otra, el oficialismo perdió, pero igual llevó más diputados a la Asamblea, por esas triquiñuelas que el régimen viene implementando.
Lo interesante son las reacciones de ambos. Obama terminó compungido por la derrota y en varias declaraciones aceptó que debe cambiar el rumbo de sus políticas. En un mensaje de Twitter, temprano el miércoles, dijo: "Lo que los estadounidenses esperan - y lo que le debemos - es enfocarnos en los asuntos que los afectan: sus trabajos, su seguridad y su futuro".
Chávez, sin embargo, en mensaje de Twitter posterior a su derrota, en lugar de aceptar la derrota, calificó de escuálidos a los miembros de la oposición, negó que haya perdido y, peor aún, desafió a los electores, profundizando las medidas por las cuales habían votado en su contra.
Chávez nuevamente hizo lo mismo como cuando perdió el referéndum, en lugar de modificar su política, las agudizó. Desde que perdió las elecciones pasadas, se dedicó a expropiar empresa habida y por haber, haciéndolo, además, con su sarcasmo y cinismo particular.
Ambos perdieron. Los Republicanos arrasaron a los Demócratas en votos populares y con ello, reconquistaron la Cámara de Diputados, tomaron escaños en el Senado y un sinnúmero de gobernaciones. En Venezuela la historia fue otra, el oficialismo perdió, pero igual llevó más diputados a la Asamblea, por esas triquiñuelas que el régimen viene implementando.
Lo interesante son las reacciones de ambos. Obama terminó compungido por la derrota y en varias declaraciones aceptó que debe cambiar el rumbo de sus políticas. En un mensaje de Twitter, temprano el miércoles, dijo: "Lo que los estadounidenses esperan - y lo que le debemos - es enfocarnos en los asuntos que los afectan: sus trabajos, su seguridad y su futuro".
Chávez, sin embargo, en mensaje de Twitter posterior a su derrota, en lugar de aceptar la derrota, calificó de escuálidos a los miembros de la oposición, negó que haya perdido y, peor aún, desafió a los electores, profundizando las medidas por las cuales habían votado en su contra.
Chávez nuevamente hizo lo mismo como cuando perdió el referéndum, en lugar de modificar su política, las agudizó. Desde que perdió las elecciones pasadas, se dedicó a expropiar empresa habida y por haber, haciéndolo, además, con su sarcasmo y cinismo particular.
noviembre 03, 2010
La Marihuana perdió
Comparto mi columna publicada por varios periódicos, titulada “Marihuana: ¿Y después”, en la que describo los graves desafíos que hubiera creado un voto favorable a la Propuesta 19 en California, por medio de la cual se legalizaba la marihuana.
En mi opinión, la legalización hubiera acarreado mayores problemas de los que buscaba solucionar. Me siento reconfortado que la Prepuesta 19 perdió. He recibido numerosos e-mails criticando esta posición de gente que, con motivos muy válidos también, creen que la legalización servirá para detener al narcotráfico y el crimen organizado.
Esta es mi columna: “Las elecciones del próximo martes en California son trascendentales, no porque se elegirá al sucesor del gobernador Arnold Schwarzenegger, sino por la posibilidad de que los votantes aprueben la legalización de la marihuana, haciendo prevalecer el interés económico por sobre la apreciación ética del consumo de drogas ilícitas y, además, por sus repercusiones en las políticas para combatir el narcotráfico, en especial en América Latina.
Mal o bien, la marihuana viene ganando terreno. En poco más de una década, se convirtió de droga ilícita a permitida para uso medicinal, en 14 estados de EEUU y su capital. Luego la despenalización de su consumo se aceptó en varios países latinoamericanos y ahora, si los californianos votan a favor por la Propuesta 19, será legal su cultivo, posesión, compra y uso recreativo para mayores de 21 años.
Las últimas encuestas muestran que la Propuesta 19 está perdiendo terreno entre los votantes hispanos. La regulación del uso de marihuana con fines médicos en California es una de las más liberales del país. Se trata de una droga cada vez más aceptada, como lo manifiesta el 50% de los californianos, 13% más que en 1969; una tendencia favorecida quizás por la imagen de médicos recetando en kiosquitos de playa a cualquier usuario que argumente dolor de cabeza.
Quienes favorecen la legalización del cannabis anteponen conceptos prácticos y económicos. Estiman que California recaudará 1,4 billones de dólares al año en impuestos. Se ahorrarán miles de millones por no tener que procesar a criminales que ya no lo serán y gastos carcelarios que ascienden a 216.000 dólares al año por cada delincuente juvenil encarcelado, en contraste con 8.000 dólares que se gasta por un niño en el sistema público escolar. Estiman que la legalización blanqueará el mercado y reducirá los precios de la droga; suficientes disuasivos para los narcotraficantes.
Quienes están en contra saben que la marihuana detona enfermedades psiquiátricas, provoca adicción, incentiva el uso de drogas más fuertes, desinhibe conductas delictivas, atrae efectos negativos al hogar, en el trabajo y provoca mayores accidentes, por lo que los ahorros se transferirán como gastos a otro sector. La sociedad estará más enferma y el narcotráfico no se diluirá, se enfocará en otros negocios y productos más rentables.
Independientemente de los argumentos, la Propuesta 19 generará dos desafíos adicionales. El gobierno de Barack Obama tendrá mayores dificultades para imponer la ley federal criminal contra las drogas en California, ya que tendrá que lidiar con una explosión de nuevos negocios como firmas de abogados y ligas de defensa del consumidor o franquicias, que prevén la venta de marihuana on-line o a domicilio como si fuera pizza, o como aditivos en comidas rápidas y helados.
Pero el mayor desafío es para Latinoamérica. La legalización es una nueva contradicción de EEUU, un país que apoya la erradicación de las drogas y el narcotráfico gastando millones en los países de la región, a través de los planes Colombia y Mérida, pero que hace cada vez menos para reducir el consumo; en definitiva, el mayor incentivo de los narcotraficantes.
En una cumbre regional esta semana, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos ilustró el desafío que se avecina, preguntándose cómo podía poner preso a un campesino pobre de su país por plantar marihuana cuando será legal producirla, traficarla y consumirla en el mercado más rico del mundo.
El presidente mexicano Felipe Calderón, quien más de cerca está sufriendo los estragos del tráfico de drogas, se sumó a las críticas pidiendo a sus connacionales en California que voten en contra de la Propuesta 19, mientras el Congreso de su país desempolvó varios proyectos de ley que buscarían alinearse a la posible legitimación del otro lado de la frontera.
La legalización de la marihuana abrirá puertas insospechadas. Es un error si se fundamentan criterios económicos por sobre los problemas de salud pública o los efectos negativos al núcleo familiar, así como minimizar la necesaria discusión ética sobre el tema y sus repercusiones morales.
La permisividad legal que se conceda hoy a la marihuana nos debiera hacer reflexionar sobre el después. ¿Será que la ambición nos llevará en el futuro a legalizar drogas más duras y peligrosas?”.
En mi opinión, la legalización hubiera acarreado mayores problemas de los que buscaba solucionar. Me siento reconfortado que la Prepuesta 19 perdió. He recibido numerosos e-mails criticando esta posición de gente que, con motivos muy válidos también, creen que la legalización servirá para detener al narcotráfico y el crimen organizado.
Esta es mi columna: “Las elecciones del próximo martes en California son trascendentales, no porque se elegirá al sucesor del gobernador Arnold Schwarzenegger, sino por la posibilidad de que los votantes aprueben la legalización de la marihuana, haciendo prevalecer el interés económico por sobre la apreciación ética del consumo de drogas ilícitas y, además, por sus repercusiones en las políticas para combatir el narcotráfico, en especial en América Latina.
Mal o bien, la marihuana viene ganando terreno. En poco más de una década, se convirtió de droga ilícita a permitida para uso medicinal, en 14 estados de EEUU y su capital. Luego la despenalización de su consumo se aceptó en varios países latinoamericanos y ahora, si los californianos votan a favor por la Propuesta 19, será legal su cultivo, posesión, compra y uso recreativo para mayores de 21 años.
Las últimas encuestas muestran que la Propuesta 19 está perdiendo terreno entre los votantes hispanos. La regulación del uso de marihuana con fines médicos en California es una de las más liberales del país. Se trata de una droga cada vez más aceptada, como lo manifiesta el 50% de los californianos, 13% más que en 1969; una tendencia favorecida quizás por la imagen de médicos recetando en kiosquitos de playa a cualquier usuario que argumente dolor de cabeza.
Quienes favorecen la legalización del cannabis anteponen conceptos prácticos y económicos. Estiman que California recaudará 1,4 billones de dólares al año en impuestos. Se ahorrarán miles de millones por no tener que procesar a criminales que ya no lo serán y gastos carcelarios que ascienden a 216.000 dólares al año por cada delincuente juvenil encarcelado, en contraste con 8.000 dólares que se gasta por un niño en el sistema público escolar. Estiman que la legalización blanqueará el mercado y reducirá los precios de la droga; suficientes disuasivos para los narcotraficantes.
Quienes están en contra saben que la marihuana detona enfermedades psiquiátricas, provoca adicción, incentiva el uso de drogas más fuertes, desinhibe conductas delictivas, atrae efectos negativos al hogar, en el trabajo y provoca mayores accidentes, por lo que los ahorros se transferirán como gastos a otro sector. La sociedad estará más enferma y el narcotráfico no se diluirá, se enfocará en otros negocios y productos más rentables.
Independientemente de los argumentos, la Propuesta 19 generará dos desafíos adicionales. El gobierno de Barack Obama tendrá mayores dificultades para imponer la ley federal criminal contra las drogas en California, ya que tendrá que lidiar con una explosión de nuevos negocios como firmas de abogados y ligas de defensa del consumidor o franquicias, que prevén la venta de marihuana on-line o a domicilio como si fuera pizza, o como aditivos en comidas rápidas y helados.
Pero el mayor desafío es para Latinoamérica. La legalización es una nueva contradicción de EEUU, un país que apoya la erradicación de las drogas y el narcotráfico gastando millones en los países de la región, a través de los planes Colombia y Mérida, pero que hace cada vez menos para reducir el consumo; en definitiva, el mayor incentivo de los narcotraficantes.
En una cumbre regional esta semana, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos ilustró el desafío que se avecina, preguntándose cómo podía poner preso a un campesino pobre de su país por plantar marihuana cuando será legal producirla, traficarla y consumirla en el mercado más rico del mundo.
El presidente mexicano Felipe Calderón, quien más de cerca está sufriendo los estragos del tráfico de drogas, se sumó a las críticas pidiendo a sus connacionales en California que voten en contra de la Propuesta 19, mientras el Congreso de su país desempolvó varios proyectos de ley que buscarían alinearse a la posible legitimación del otro lado de la frontera.
La legalización de la marihuana abrirá puertas insospechadas. Es un error si se fundamentan criterios económicos por sobre los problemas de salud pública o los efectos negativos al núcleo familiar, así como minimizar la necesaria discusión ética sobre el tema y sus repercusiones morales.
La permisividad legal que se conceda hoy a la marihuana nos debiera hacer reflexionar sobre el después. ¿Será que la ambición nos llevará en el futuro a legalizar drogas más duras y peligrosas?”.
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