¿Justicia o venganza?

En un ambiente de inseguridad e impunidad potenciado por una justicia que no se aplica con rigurosidad, eficiencia ni rapidez, muchos ciudadanos optan por hacer justicia por manos propias, a menudo con resultados espeluznantes.

Esta semana, cansados de escenas repetidas de delincuencia sin castigo, pobladores de Bolivia y Guatemala lincharon a varios ladrones en actos de escarmiento público, en los que las víctimas fueron torturadas, mutiladas e incineradas, ante la impotencia de las autoridades.

Los linchamientos aparentan ser actos de redención ciudadana, aunque al no existir debido proceso, son episodios de venganza violenta que trastocan el principio de proporcionalidad de la milenaria Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente…), cuyo espíritu ha permeado legislaciones y códigos modernos, para su aplicación única por parte de jueces ordinarios.

La desproporcionalidad y la rapidez caracterizan a la justicia popular. A las masas les da lo mismo matar a un asesino que a un ladrón de gallinas. Y muchas veces se equivocan. Un caso notorio fue el del hijo de un fiscal peruano, que al regresar a su país en septiembre, a la ciudad de Juliaca, una turba enardecida lo confundió con un ladrón. Horas después, y a pesar de gritar por clemencia, fue atado a un poste e incinerado.

Lo grave es que los linchamientos están ganando adeptos según aumenta la inseguridad. Un 73% de los latinoamericanos tiene miedo a ser víctima de un delito, según la Secretaría General Iberoamericana; otro estudio reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que 12% de costarricenses, 14% de salvadoreños y 18% de nicaragüenses aprueba la justicia por mano propia.

En la región boliviana de Cochabamba, donde fueron ajusticiados tres delincuentes de un total de 14 muertes ocurridas en 40 casos este año, las víctimas fueron calcinadas frente a un grupo de niños, tras ser arrebatadas a un destacamento policial, ante la convicción colectiva de que no se impartiría justo castigo. Los policías, amenazados de engrosar la hoguera humana, nada pudieron hacer ante la masa.

En las comunidades alejadas de los centros urbanos, los gobiernos suelen ser más débiles para reprimir el crimen, al no haber jueces, fiscales o suficientes policías. Entre la falta de justicia ordinaria y los ajusticiamientos se gesta un círculo vicioso de impunidad y mayor violencia difícil de contener. En Guatemala, el país más golpeado por este fenómeno, no solo fueron acribillados 42 personas, en 110 casos de linchamiento este año, sino que fueron incendiadas cinco estaciones de policía y diez patrulleros al tratar de detener a las turbas.

Esta impunidad está alimentada por la protección y el anonimato de las masas que no permite identificar a los agresores y por las amenazas contra los auxiliares de justicia en caso de que prosigan sus investigaciones. Además, en países como México y Colombia, existen casos de linchamientos no espontáneos, organizados por escuadrones de la muerte para “limpiar” indeseables o perpetrar venganzas.

Un problema difícil de resolver es la percepción popular de que la justicia por manos propias resuelve en un par de horas lo que la ordinaria demora años, disuadiendo a los delincuentes a reincidir en sus comunidades. Por ello, no se trata solo de imponer nuevas y rigurosas leyes, sino de cambiar conductas que están arraigadas en culturas ancestrales. Los obispos guatemaltecos, conscientes de ello, comenzaron domingos atrás en sus homilías a condenar estos actos como feroces y criminales, pero reconociendo la debilidad del estado para impartir justicia.

El desafío para muchos países es grande. No solo se trata de una disyuntiva judicial y cultural, sino también económico, porque desalienta las inversiones extranjeras y el turismo.

Se espera que Bolivia, donde ya está en marcha una reforma judicial tras la aprobación de su nueva Constitución en enero, pueda alcanzar una fórmula eficaz para replicarse en otros países, enfocada en la educación y en una justicia más rápida y eficiente, capaz de crear una cultura de la legalidad y mayor confianza en las instituciones.

Evo Morales sabe de este desafío y lo definió muy bien esta semana al reaccionar a los linchamientos: “(son) llamados de atención terribles, dramáticos y horrendos que obligan a los gobernantes a avanzar en los procesos de construcción democrática”.

Funes: algo bueno en Navidad

Mientras Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina de Kirchner y Daniel Ortega han tenido un año bien sufrido con la prensa, especialmente por la forma en que trataron de dominar a los medios de comunicación y por la censura que crearon a través de leyes y regulaciones, otro gobierno de izquierda, el del presidente Mauricio Funes se destacó por un pleno respeto a la labor periodística desde que asumió el 1 de junio pasado.

Probablemente por su entendimiento sobre lo que significa la libertad dentro de una democracia y por su reciente pasado como uno de los periodistas más profesionales y notorios de su país, Funes acaba de afirmar lo que para los medios pudiera ser un buen regalo de Navidad: no replicará leyes de prensa que han pululado en países bajo los presidentes mencionados.
``De lo que sí deben de estar seguros, y ésa es una garantía que doy como presidente de la República, es que desde el ejercicio público, desde el Ejecutivo, nosotros no vamos a obstaculizar la labor de los medios de comunicación, sean estos escritos, radiales o televisivos, no lo vamos a hacer'', dijo Funes.
``Creo en la competencia, creo en los apoyos que desde el Estado se deben de dar, justamente, especialmente para aquellos medios más pequeños o aquellos medios que responden a intereses comunitarios puedan desarrollarse en un mercado tan competitivo, pero hasta ahí no más'', agregó, según la agencia EFE.
Lo bueno de su respuesta a un posible proyecto de Ley de Telecomunicaciones y de Energía que estaría planteando el Movimiento para la Comunicación Democrática, es que se trata de una posición política parecida a la que mantenía su antecesor derechista y también periodista Antonio Saca, y diametralmente opuesta a la de otros gobiernos izquierdistas que están maniatando a la prensa con leyes que van más allá de la reorganización del espectro radioeléctrico para meterse de lleno en los contenidos, como lo es la nueva legislación argentina y el proyecto que está siendo debatido en Ecuador.

La TV en Ecuador y Venezuela

En Ecuador Teleamazonas está sufriendo los mismos atropellos que Globovisión en Venezuela. Rafael Correa ni Hugo Chávez soportan que los medios tengan una línea editorial independiente y crítica sobre sus administraciones. Por eso, son en este momento las televisoras más golpeadas de las Américas.
Ambas vienen sufriendo sanciones administrativas y sus propietarios acoso judicial. Correa y Chávez no tienen empacho en arremeter contra ambas en sus programas semanales, a las que califican con todos los epítetos habidos y por haber y hasta dicen que las harán cerrar apenas puedan. Obviamente, esa prédica habla muy bien de la independencia que tienen los poderes autónomos en sus países que manejan el tema de las telecomunicaciones.
Teleamazonas fue suspendida por tres días por una noticia que dio en mayo y es la tercera sanción que recibe en los últimos meses. Esta es la más grave de todas, a demás porque abre las puertas para que el canal pueda ser cerrado por tres meses y si reincide la pena pueda ser total.
En Ecuador, el congreso está discutiendo una ley de Comunicación que contiene formas de cómo sancionar eficientemente a los medios y un organismo dependiente del Ejecutivo para hacerlo, lo que evidencia que será utilizado para castigar a los medios que no simpaticen con el gobierno central.

¡Qué regalo de Navidad!

La Navidad se acerca así como la época de los regalos. Apuesto a que nadie recibió uno mejor que la pareja gobernante argentina, la presidenta Cristina y el ex presidente Néstor Kirchner. La justicia determinó que no cometieron corrupción en la causa que se les seguía por enriquecimiento ilícito, aún no pudiendo explicar qué maravillas hicieron para que su patrimonio familiar aumentara en un año de 16.5 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares aproximados) a 44.3 millones (más de 11 millones de dólares) en un solo año, lo que representa un aumento del 158% durante 2008 y de un 572% si se consiera el patrimonio que tenían cuando Néstor Kirchner asumió en el 2003.

Y eso que las ganancias del 158% de la pareja presidencial se dieron en momentos de la peor crisis económica mundial de las últimas décadas, por lo que muchos seguramente pensarán que es un derroche de talento tener a dos personajes como éstos en puestos ejecutivos, cuando deberían estar en mandos técnicos, frente al propio ministerio de Economía o al Banco Central.

Dejando el sarcasmo de lado, es que no se puede pensar de otra forma de la medida adoptada por el juez federal Norberto Oyarbide, quien sobreseyó a la pareja presidencial basado en informes de unos peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia. No pareciera que hay mucha seriedad en estos peritajes o que la pareja presidencial tiene mucha suerte porque ya fue sobreseído en otras dos oportunidades por el mismo delito y sus causas archivadas. La primera cusa comprendió el período 1995-2004 9cerrada en el 2005) y la segunda por el período 2005-2007 (cerrada en el 2008).

Los que los medios argentinos reflotaron y sobre lo que el juez Oyarbide no dio explicaciones, son cifras realmente sorprendentes. Bajo el título de “Un regalo de Navidad”, el periodista Ricardo Roa de Clarín explica: “Declararon haber cobrado intereses en pesos equivalentes al 34% anual cuando los bancos pagaban en promedio un 13,8%. Y obtuvieron una renta del 47% por sus colocaciones en dólares aunque en el mercado la tasa fue del 3%. Otro milagro fue haber percibido por alquileres 11,7 millones de pesos. Unos leones para las finanzas y los negocios inmobiliarios”.
Según el periodista Adrián ventura en La Nación comenta que los Kirchner, en sus declaraciones juradas “explicaron que el incremento se debió a un aumento de lo que percibieron por el cobro de alquileres, a la venta de inmuebles a precios muy superiores a los de adquisición y a los intereses por sus depósitos bancarios. Uno de los mejores negocios que declararon los Kirchner fue la venta de un terreno fiscal en El Calafate que habían comprado en 2006 a $ 132.079 y que vendieron dos años después a $ 6.300.000. Sólo con esta operación ganaron más de seis millones de pesos”.

Lo que más sorprende de este regalo de Navidad es lo rápido que ha actuado la justicia, no acostumbrada a esta celeridad en temas de enriquecimiento. Hubiese sido mejor que hubiera sido lenta como en las demás causas – esperado al menos hasta después del período presidencial actual – así nadie hubiera sospechado que hubo algún arreglo político y no se hubiera deteriorado aún más la confianza en las instituciones.

¿Y uno se pregunta por qué no existe la misma celeridad para que se tome alguna decisión sobre la valija de Antonini Wilson y los ochocientos mil dólares que entraron en efectivo y tenían destino oficial?

Parece que la Navidad no es pareja para todos.

Policía chavista y Papa Noel

Hugo Chávez inauguró este domingo la nueva Policía Nacional revolucionaria, pero las buenas noticias se diluyeron cuando su ministro Tarek El Aissami, dijo que se trataba de una policía al servicio de los pobres y no de la burguesía y de la oligarquía.
De esa forma, se desdibujó la buena noticia sobre una policía nueva, alejada de los fantasmas de la corrupción que sacuden a las demás y que devolvería la confianza a un público que ya no cree en las instituciones debido a los altos índices de inseguridad.
En esta Venezuela revolucionaria que solo tiende a favorecer a los pobres – aunque aumentan los niveles de pobreza – nace una policía inconstitucional que discriminará a ricos de pobres, y que no prestará servicios a quienes sí deben pagar impuestos.
No hay dudas que una policía ideologizada pronto empezará a cometer abusos, en este caso, al menos de omisión.
Pero más allá de lo interno, en el exterior por ahí le están devolviendo las payasadas a Hugo Chávez, así como en algún momento se la devolvió el rey Juan Carlos, cuando le espetó “porque no te callas”, lo que sirvió para las burlas internacionales, más exageradas que las que provocaron aquel “aquí huele a azufre” que Chávez gritó en la asamblea general de la ONU para rechazar la presencia de George Bush.
Ahora, el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, se mofó de las denuncias de Chávez hechas ayer en su habitual programa dominguero “Aló presidente”, cuando dijo que dio la orden de derribar a cualquier avión no tripulado de EEUU que entrara de nuevo a cielo venezolano. Silva respondió: “seguro que los soldados venezolanos confundieron el trineo de Papa Noel con un avión espía”.
Veremos que contestará Chávez, ya que ni el Rey lo pudo hacer callar.

¿Liebrtad de prensa en Argentina?

Creo que el 2009 quedará registrado en la historia argentina como el peor año de la década en materia de libertad de prensa, no por la sanción de una ley que en apariencias podría afectar intereses periodísticos, sino por una marcada actitud revanchista que el gobierno central ha venido demostrando en forma persistente en contra de una garantía constitucional esencial: el derecho de todos a recibir y difundir información sin cortapisas.
A veces obnubilado por ideologías o por la propaganda gubernamental, el ciudadano común tal vez no comprenda a plenitud la importancia del ambiente irrestricto y libertario que es necesario para que la prensa ejerza la labor fiscalizadora sobre los poderes públicos y privados, una tarea de contrapoder e investigación que saca a la luz aspectos que muchos quisieran que permanezcan oscuros.
El belicista lema gubernamental de “la madre de todas las batallas”, como se calificó desde la Casa Rosada a la negociación para sancionar la ley de Servicios Audiovisuales, es evidencia contundente sobre la actitud hostil que el gobierno nacional tiene contra quienes disienten, opinan o critican, similar a la que existe en países de sesgo antidemocrático, como Venezuela.
Por supuesto que los periodistas cometen abusos, pero deben ser sancionados con las leyes y códigos comunes, sin crear estándares especiales y discriminatorios al amparo de los que señalan los artículos 14 y 32 de la Constitución. En realidad, lo que un gobierno está obligado en materia de medios, es generar un clima de libertad, pluralidad y diversidad, tres aspectos que, aunque declamados, están ausentes en la operatividad de la legislación aprobada.
Pero el reproche al gobierno nacional no debe quedar solo por la sanción de una ley polémica, sino en la conducta antagonista generalizada que mantiene contra la libertad de prensa. Utiliza los dineros de todos los argentinos para premiar o castigar con publicidad gubernamental a medios “amigos” y “enemigos” o para comprar medios destinados a engrosar las filas de los aliados del oficialismo; manipula los servicios de inteligencia del Estado para espiar a medios y periodistas; organiza campañas públicas de desprestigio y utiliza turbas pagadas para restringir la distribución de los periódicos; mantiene una diatriba constante contra los periodistas en actos públicos, pero se niega a promover una ley de acceso a la información para hacer del Estado, del gobierno y sus cuentas un ejercicio más transparente y, entre otras cosas, miente sobre la equidad de repartir licencias por igual entre medios públicos, privados y comunitarios, cuando se sabe que ante la falta de cultura pública, lo que hace es crear un mega conglomerado de medios gubernamentales en detrimento de la propiedad privada.
El populista gobierno nacional, que utiliza estratégicamente el “pan y circo” (o el fútbol televisado) para contentar a las masas, reprueba cualquier examen en materia de libertad de prensa y otras virtudes democráticas, debido a su vocación intolerante con el que incentiva un clima de polarización viciosa, donde lo único que crece es la pobreza de las ideas.

Derechos y humanos

Los gobiernos reaccionan a la defensiva cuando se les acusa de violar o tolerar las violaciones a los derechos humanos, empleando el cinismo y el sarcasmo como sus mejores armas para desacreditar a los interlocutores.
Maestro de esta modalidad fue el dictador argentino Jorge Videla, quien en los años 70 acuñó el slogan “los argentinos somos derechos y humanos”, buscando neutralizar denuncias sobre torturas y desapariciones de la dictadura militar que, socarronamente, atribuía a una “campaña anti argentina”.
La conducta Videla sobrepasa épocas e ideologías. Los militares centroamericanos niegan todavía las miles de ejecuciones extrajudiciales durante décadas pasadas, así como los del Cono Sur reniegan que haya existido una Operación Cóndor como una forma de erradicación ideológica.
Hoy, Cuba y Venezuela, con presos políticos por doquier y atropello constante a sus disidentes, ni siquiera permiten la entrada de veedores internacionales para investigar violaciones; mientras Colombia acepta a regañadientes el escándalo de los “falsos positivos”, permitiendo a militares dibujar éxitos y conseguir ascensos al disfrazar y contabilizar víctimas civiles como guerrilleros.
Por su naturaleza, las fuerzas de seguridad suelen involucrarse en abusos y arbitrariedades. Esta semana, en informes que coincidieron con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) denunciaron que en México y Brasil, respectivamente, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha degenerado en serias violaciones cometidas por militares y policías.
Por supuesto que los gobiernos descartaron las denuncias. Con sorna, el presidente Felipe Calderón calificó de “voces ingenuas” al informe de AI, diciendo que la criminalidad no desaparecerá por “arte de magia”, convencido que los 50 mil soldados desplegados es respuesta adecuada al narcotráfico. Sin embargo, AI no descalificó a los militares, sino que resaltó sus violaciones, a las que tildó de “escandalosas” y cada vez más “frecuentes”, basándose en cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que desde 2008 recibió dos mil quejas contra militares, de las cuales el ejército investigó 110, acusando sólo a seis de sus miembros.
Es posible que el ejército sea la única solución para temas de seguridad, ante una policía demasiado vulnerable a la corrupción y al narcotráfico, pero ello no justifica abusos o que la fuerza de 6.500 soldados destacados en las violentas Ciudad Juárez y Tijuana, ofrezca poca protección como denuncian sus pobladores, sino mayores atropellos e injusticias.
Los críticos aducen que los militares son proclives al uso desproporcionado de la fuerza y prefieren a los policías, cuya vocación se enfoca en la prevención. Pero no es así en muchas ciudades latinoamericanas, donde la policía está desacreditada y sospechada de ser foco de inseguridad.
El informe de HRW sobre Brasil es espeluznante. Demuestra que cada año las policías de Río y San Pablo cometen más de mil ejecuciones extrajudiciales - sus propios “falsos positivos” – y estas víctimas son contabilizadas como parte de enfrentamientos o por resistencia al arresto. Estadísticas oficiales muestran que la policía de Río asesina a una persona cada 23 arrestos, la de San Pablo a una cada 348; cifras incontrastables con las de EEUU, donde se registra una muerte cada 37.000 detenciones.
Los escuadrones de la muerte pululan donde la justicia no logra revertir la impunidad. En Venezuela se calcula que existen en varios estados y que son responsables de las 7.000 ejecuciones entre los años 2000 y 2007, un 20% de los cuales, según el ministro del Interior, Tarel El Aissami, son responsabilidad de policías. Esto ha justificado la decisión del presidente Hugo Chávez de crear una fuerza revolucionaria que, por sus fines ideológicos, seguramente pronto entrará en un espiral de abusos.
El panorama es aún más desalentador cuando el propio Estado es el que genera miedo entre la población que prefiere callar sus denuncias para evitar represalias, como reclaman brasileños y mexicanos.
La cultura laxa y defensiva de los gobiernos, y su vocación perpetua a desoír las denuncias, ha permitido que la gente pierda confianza en las instituciones. Hasta que no se perciba que los gobiernos están dispuestos a combatir el propio terrorismo de Estado, ningún slogan, por más llamativo que sea, convencerá a nadie de que somos “derechos y humanos”.