sábado, 26 de diciembre de 2009

¿Justicia o venganza?

En un ambiente de inseguridad e impunidad potenciado por una justicia que no se aplica con rigurosidad, eficiencia ni rapidez, muchos ciudadanos optan por hacer justicia por manos propias, a menudo con resultados espeluznantes.

Esta semana, cansados de escenas repetidas de delincuencia sin castigo, pobladores de Bolivia y Guatemala lincharon a varios ladrones en actos de escarmiento público, en los que las víctimas fueron torturadas, mutiladas e incineradas, ante la impotencia de las autoridades.

Los linchamientos aparentan ser actos de redención ciudadana, aunque al no existir debido proceso, son episodios de venganza violenta que trastocan el principio de proporcionalidad de la milenaria Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente…), cuyo espíritu ha permeado legislaciones y códigos modernos, para su aplicación única por parte de jueces ordinarios.

La desproporcionalidad y la rapidez caracterizan a la justicia popular. A las masas les da lo mismo matar a un asesino que a un ladrón de gallinas. Y muchas veces se equivocan. Un caso notorio fue el del hijo de un fiscal peruano, que al regresar a su país en septiembre, a la ciudad de Juliaca, una turba enardecida lo confundió con un ladrón. Horas después, y a pesar de gritar por clemencia, fue atado a un poste e incinerado.

Lo grave es que los linchamientos están ganando adeptos según aumenta la inseguridad. Un 73% de los latinoamericanos tiene miedo a ser víctima de un delito, según la Secretaría General Iberoamericana; otro estudio reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que 12% de costarricenses, 14% de salvadoreños y 18% de nicaragüenses aprueba la justicia por mano propia.

En la región boliviana de Cochabamba, donde fueron ajusticiados tres delincuentes de un total de 14 muertes ocurridas en 40 casos este año, las víctimas fueron calcinadas frente a un grupo de niños, tras ser arrebatadas a un destacamento policial, ante la convicción colectiva de que no se impartiría justo castigo. Los policías, amenazados de engrosar la hoguera humana, nada pudieron hacer ante la masa.

En las comunidades alejadas de los centros urbanos, los gobiernos suelen ser más débiles para reprimir el crimen, al no haber jueces, fiscales o suficientes policías. Entre la falta de justicia ordinaria y los ajusticiamientos se gesta un círculo vicioso de impunidad y mayor violencia difícil de contener. En Guatemala, el país más golpeado por este fenómeno, no solo fueron acribillados 42 personas, en 110 casos de linchamiento este año, sino que fueron incendiadas cinco estaciones de policía y diez patrulleros al tratar de detener a las turbas.

Esta impunidad está alimentada por la protección y el anonimato de las masas que no permite identificar a los agresores y por las amenazas contra los auxiliares de justicia en caso de que prosigan sus investigaciones. Además, en países como México y Colombia, existen casos de linchamientos no espontáneos, organizados por escuadrones de la muerte para “limpiar” indeseables o perpetrar venganzas.

Un problema difícil de resolver es la percepción popular de que la justicia por manos propias resuelve en un par de horas lo que la ordinaria demora años, disuadiendo a los delincuentes a reincidir en sus comunidades. Por ello, no se trata solo de imponer nuevas y rigurosas leyes, sino de cambiar conductas que están arraigadas en culturas ancestrales. Los obispos guatemaltecos, conscientes de ello, comenzaron domingos atrás en sus homilías a condenar estos actos como feroces y criminales, pero reconociendo la debilidad del estado para impartir justicia.

El desafío para muchos países es grande. No solo se trata de una disyuntiva judicial y cultural, sino también económico, porque desalienta las inversiones extranjeras y el turismo.

Se espera que Bolivia, donde ya está en marcha una reforma judicial tras la aprobación de su nueva Constitución en enero, pueda alcanzar una fórmula eficaz para replicarse en otros países, enfocada en la educación y en una justicia más rápida y eficiente, capaz de crear una cultura de la legalidad y mayor confianza en las instituciones.

Evo Morales sabe de este desafío y lo definió muy bien esta semana al reaccionar a los linchamientos: “(son) llamados de atención terribles, dramáticos y horrendos que obligan a los gobernantes a avanzar en los procesos de construcción democrática”.

6 comentarios:

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