Todos con Chávez: inaudito!!!

Es ensordecedor el grito de varios presidentes latinoamericanos que en seguida se arremolinaron al lado de Hugo Chávez en señal de solidaridad, como Lula da Silva, Rafael Correa o el segundo de abordo en Argentina, Néstor Kirchner, quienes pidieron bajar los decibeles y repensar el rompimiento de relaciones que decretó días pasados con Colombia.
Todos le hicieron el jueguito. Chávez atribuló con su verborragia insultante en contra de Alvaro Uribe, se victimizó, rebatió las evidencias de los colombianos sobre los 1.500 guerrilleros vacacionando en “campamentos de verano” en el lado venezolano, y se crucificó ante las cámaras – junto a Maradona – clavándose en el pecho y las manos y “con lágrimas en mi corazón” por la traición del judas uribista.
Increíble, todos salieron a consolarlo y llega a tanto la hipocresía latinoamericana que ninguno le pidió lo que debe pedírsele a Chávez. Que investigue las acusaciones, que permita a veedores internacionales trasladarse a la región para constatar o no las pruebas presentadas por Colombia – fotos, mapas satelitales, coordenadas, etc… - de la misma forma que esos mismos gobiernos, dentro de la Unasur, ante el reclamo pasado de Chávez, le exigieron a Colombia que demuestre que los soldados norteamericanos usan (entran y salen) de siete bases colombianas, pero que no son bases militares enteramente manejadas por los estadounidenses.
Todos nos preguntamos ahora si las evidencias que presentó Uribe no hubieran sido mejor conseguirlas como se hizo en Ecuador cuando se infiltraron en ese país en un campamento de las FARC, mataron a Reyes y se apoderaron de las computadoras que luego derivaron en miles de pruebas que pusieron en evidencias los nexos de las FARC con la campaña electoral de Rafael Correa, la comunicación directa con Cuba y Venezuela y los nexos con Daniel Ortega que sigue dando cobijo a guerrilleros colombianos. El problema no es que todas estas evidencias existan, sino que todos estos gobiernos las niegan en público, pero las hacen igualmente.
Para borrar la hipocresía, Lula, Kircher y Correa deberían pedirle a su amigote que investigue. Todo el resto, la victimización y rasgarse las vestiduras por las consecuencias de unas relaciones rotas, no es nada más que hacerle el caldo gordo al personaje más autoritario de Latinoamérica. Y todos deben sentirse responsable de seguir alimentando a este patán.

¿Liebrtad de prensa en Argentina?

Creo que el 2009 quedará registrado en la historia argentina como el peor año de la década en materia de libertad de prensa, no por la sanción de una ley que en apariencias podría afectar intereses periodísticos, sino por una marcada actitud revanchista que el gobierno central ha venido demostrando en forma persistente en contra de una garantía constitucional esencial: el derecho de todos a recibir y difundir información sin cortapisas.
A veces obnubilado por ideologías o por la propaganda gubernamental, el ciudadano común tal vez no comprenda a plenitud la importancia del ambiente irrestricto y libertario que es necesario para que la prensa ejerza la labor fiscalizadora sobre los poderes públicos y privados, una tarea de contrapoder e investigación que saca a la luz aspectos que muchos quisieran que permanezcan oscuros.
El belicista lema gubernamental de “la madre de todas las batallas”, como se calificó desde la Casa Rosada a la negociación para sancionar la ley de Servicios Audiovisuales, es evidencia contundente sobre la actitud hostil que el gobierno nacional tiene contra quienes disienten, opinan o critican, similar a la que existe en países de sesgo antidemocrático, como Venezuela.
Por supuesto que los periodistas cometen abusos, pero deben ser sancionados con las leyes y códigos comunes, sin crear estándares especiales y discriminatorios al amparo de los que señalan los artículos 14 y 32 de la Constitución. En realidad, lo que un gobierno está obligado en materia de medios, es generar un clima de libertad, pluralidad y diversidad, tres aspectos que, aunque declamados, están ausentes en la operatividad de la legislación aprobada.
Pero el reproche al gobierno nacional no debe quedar solo por la sanción de una ley polémica, sino en la conducta antagonista generalizada que mantiene contra la libertad de prensa. Utiliza los dineros de todos los argentinos para premiar o castigar con publicidad gubernamental a medios “amigos” y “enemigos” o para comprar medios destinados a engrosar las filas de los aliados del oficialismo; manipula los servicios de inteligencia del Estado para espiar a medios y periodistas; organiza campañas públicas de desprestigio y utiliza turbas pagadas para restringir la distribución de los periódicos; mantiene una diatriba constante contra los periodistas en actos públicos, pero se niega a promover una ley de acceso a la información para hacer del Estado, del gobierno y sus cuentas un ejercicio más transparente y, entre otras cosas, miente sobre la equidad de repartir licencias por igual entre medios públicos, privados y comunitarios, cuando se sabe que ante la falta de cultura pública, lo que hace es crear un mega conglomerado de medios gubernamentales en detrimento de la propiedad privada.
El populista gobierno nacional, que utiliza estratégicamente el “pan y circo” (o el fútbol televisado) para contentar a las masas, reprueba cualquier examen en materia de libertad de prensa y otras virtudes democráticas, debido a su vocación intolerante con el que incentiva un clima de polarización viciosa, donde lo único que crece es la pobreza de las ideas.

Corrupción y elecciones

El “valijagate”, como se conoce al caso del maletín con 800 mil dólares que el presidente Hugo Chávez envió a la campaña de Cristina de Kirchner, desnudó una vez más esa rancia práctica latinoamericana de malversar fondos públicos para apoyar procesos electorales.

¡Peor aún! El “valijagate” demuestra que quienes ostentan las máximas investiduras y cuyo deber es administrar y resguardar los dineros de todos los ciudadanos, terminan siendo los máximos sospechosos de fraude, inmunizándose detrás de blindajes legales y jurídicos.

No es la primera vez que los gobernantes elegidos están teñidos de corrupción antes de jurar sobre la Biblia. Los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari en México, Abel Pacheco en Costa Rica o Arnoldo Alemán en Nicaragua son ejemplos claros de estafa electoral, aunque los dos últimos también fueron procesados por delitos aún más graves.

En el caso venezolano-argentino es irrelevante si se trató de un solo maletín o de varios. Lo importante es que corporizó una forma delincuencial que se habría utilizado también en las campañas electorales de México, Perú, Guatemala, apoyando a candidatos perdedores como López Obrador, Ollanta Humalá y Pablo Monsanto; y patrocinando a triunfadores como Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega.

Pero el peligro actual, no es sólo que las campañas estén embardunadas con dineros espurios del erario público, sino que estén infiltradas por fondos del narcotráfico. Así se sospechó en las elecciones de los ex presidentes colombianos Belisario Betancourt y Alfonso López Michelsen; y luego se acusó al ex mandatario, Ernesto Samper, quien habría recibido fondos millonarios de parte del Cartel de Cali.

En México, si bien el Instituto Federal Electoral pudo detectar dineros mal usados en las campañas de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, su sistema de fiscalización y la ley son ineficientes para delatar los dineros del narcotráfico, que ya fueron utilizados para ganar numerosas alcaldías e infiltrar legislaturas en toda la nación, lo que representa el gran desafío actual y a futuro.

A pesar de que el juicio que culminó en Miami arrojó luz sobre la corrupción en Argentina y Venezuela, existe la sensación de que ni Chávez ni los Kirchner harán nada y que la inacción de jueces comprometidos con el poder político permitirá que el caso se disuelva en el tiempo o, con suerte, se proyecte hasta después de sus gestiones.

La prensa es el único elemento que ha podido combatir esa inacción judicial, investigando y hasta supliendo al ministerio público. Su persistencia en la denuncia de los actos ilícitos fomenta opinión pública y presión social, tejiéndose así un mecanismo de intolerancia social que obliga a la justicia a actuar de oficio o, por lo menos, a reaccionar por vergüenza.

Así quedó demostrado en un reciente escándalo en Perú. Tras la difusión por la prensa de los “petroaudios” a principios de octubre - conversaciones telefónicas sobre negociaciones ilícitas que favorecían a la petrolera noruega Discovery Petroleum – el presidente Alan García se vio obligado a cambiar gran parte de su gabinete y la fiscalía anticorrupción se apresuró a enjuiciar funcionarios.

En Perú, la intolerancia a la corrupción es producto del hastío producido por los aquelarres de la época del ex presidente Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, quienes usando dinero público y del narcotráfico para ganar elecciones y conciencias, desbordaron la capacidad de asombro del pueblo.

Esa repulsión a la corrupción no se ha logrado en otros países en los que por enriquecimiento ilícito, y otros graves delitos, se ha procesado a decenas de presidentes de todas las ideologías y latitudes, como los casos de Carlos Menem; Carlos Andrés Pérez; Augusto Pinochet; Fernando Collor de Melo; Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas, Luis González Macchi (Paraguay); Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Novoa (Ecuador); y Jorge Serrano Elías y Alfonso Portillo (Guatemala).

Estos casos de corrupción al más alto nivel, y los procesos electorales irregulares, son síntomas de la permisividad que permite una justicia débil. Pero perseguir a los corruptos no es suficiente, como demuestran los ejemplos mencionados. Se necesita erradicar la cultura de la ilicitud, mediante la alianza de la sociedad civil y los medios de comunicación, con el objetivo de educar, prevenir y crear tolerancia cero.