domingo, 23 de noviembre de 2008

Corrupción y elecciones

El “valijagate”, como se conoce al caso del maletín con 800 mil dólares que el presidente Hugo Chávez envió a la campaña de Cristina de Kirchner, desnudó una vez más esa rancia práctica latinoamericana de malversar fondos públicos para apoyar procesos electorales.

¡Peor aún! El “valijagate” demuestra que quienes ostentan las máximas investiduras y cuyo deber es administrar y resguardar los dineros de todos los ciudadanos, terminan siendo los máximos sospechosos de fraude, inmunizándose detrás de blindajes legales y jurídicos.

No es la primera vez que los gobernantes elegidos están teñidos de corrupción antes de jurar sobre la Biblia. Los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari en México, Abel Pacheco en Costa Rica o Arnoldo Alemán en Nicaragua son ejemplos claros de estafa electoral, aunque los dos últimos también fueron procesados por delitos aún más graves.

En el caso venezolano-argentino es irrelevante si se trató de un solo maletín o de varios. Lo importante es que corporizó una forma delincuencial que se habría utilizado también en las campañas electorales de México, Perú, Guatemala, apoyando a candidatos perdedores como López Obrador, Ollanta Humalá y Pablo Monsanto; y patrocinando a triunfadores como Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega.

Pero el peligro actual, no es sólo que las campañas estén embardunadas con dineros espurios del erario público, sino que estén infiltradas por fondos del narcotráfico. Así se sospechó en las elecciones de los ex presidentes colombianos Belisario Betancourt y Alfonso López Michelsen; y luego se acusó al ex mandatario, Ernesto Samper, quien habría recibido fondos millonarios de parte del Cartel de Cali.

En México, si bien el Instituto Federal Electoral pudo detectar dineros mal usados en las campañas de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, su sistema de fiscalización y la ley son ineficientes para delatar los dineros del narcotráfico, que ya fueron utilizados para ganar numerosas alcaldías e infiltrar legislaturas en toda la nación, lo que representa el gran desafío actual y a futuro.

A pesar de que el juicio que culminó en Miami arrojó luz sobre la corrupción en Argentina y Venezuela, existe la sensación de que ni Chávez ni los Kirchner harán nada y que la inacción de jueces comprometidos con el poder político permitirá que el caso se disuelva en el tiempo o, con suerte, se proyecte hasta después de sus gestiones.

La prensa es el único elemento que ha podido combatir esa inacción judicial, investigando y hasta supliendo al ministerio público. Su persistencia en la denuncia de los actos ilícitos fomenta opinión pública y presión social, tejiéndose así un mecanismo de intolerancia social que obliga a la justicia a actuar de oficio o, por lo menos, a reaccionar por vergüenza.

Así quedó demostrado en un reciente escándalo en Perú. Tras la difusión por la prensa de los “petroaudios” a principios de octubre - conversaciones telefónicas sobre negociaciones ilícitas que favorecían a la petrolera noruega Discovery Petroleum – el presidente Alan García se vio obligado a cambiar gran parte de su gabinete y la fiscalía anticorrupción se apresuró a enjuiciar funcionarios.

En Perú, la intolerancia a la corrupción es producto del hastío producido por los aquelarres de la época del ex presidente Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, quienes usando dinero público y del narcotráfico para ganar elecciones y conciencias, desbordaron la capacidad de asombro del pueblo.

Esa repulsión a la corrupción no se ha logrado en otros países en los que por enriquecimiento ilícito, y otros graves delitos, se ha procesado a decenas de presidentes de todas las ideologías y latitudes, como los casos de Carlos Menem; Carlos Andrés Pérez; Augusto Pinochet; Fernando Collor de Melo; Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas, Luis González Macchi (Paraguay); Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Novoa (Ecuador); y Jorge Serrano Elías y Alfonso Portillo (Guatemala).

Estos casos de corrupción al más alto nivel, y los procesos electorales irregulares, son síntomas de la permisividad que permite una justicia débil. Pero perseguir a los corruptos no es suficiente, como demuestran los ejemplos mencionados. Se necesita erradicar la cultura de la ilicitud, mediante la alianza de la sociedad civil y los medios de comunicación, con el objetivo de educar, prevenir y crear tolerancia cero.