Armas: Ningún derecho es absoluto

Ante el cumplimiento de la promesa de Barack Obama de tomar riendas en el tema de la violencia provocada contra las armas, después de la masacre de Newtown, grupos conservadores en el país han tomado la iniciativa de declarar el 21 de enero, día que asumirá el Presidente su segundo término, Día del Aprecio por las Armas de Fuego.

En realidad todos tienen derecho a protestar por lo que consideran sus derechos, especialmente por el de portación de armas que es explícito en la Segunda Enmienda de la Constitución, pero de nada vale el cinismo de organizar una jornada en la que los organizadores pretenden que mientras Obama está asumiendo, sus detractores, por su posición anti armas de grueso calibre, piden que se visiten armerías, campos de tiros y alzar la voz contra la intromisión del gobierno en el derecho individual.

Lo que estos grupos no tratan de entender es que no hay derechos absolutos. Es como si se dijera que en nombre de la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda se pudiera decir, opinar o defender a cualquiera persona por más que mienta o ataque intencionadamente - a sabiendas de que lo hace falsamente – la reputación de otra persona. En esos casos, la reglamentación de la Constitución a través de varias leyes, establecen límites y responsabilidades sobre la libertad de expresión.

En el caso del derecho a la portación de armas, más allá de los límites y responsabilidades que dictan que no se las puede usar para agredir sino en defensa propia, muchos han interpretado que la Constitución les da derecho a poseer todo tipo de armas, incluso de alto calibre y de guerra, las que deberían poseerse solo mediante licencias y justificaciones especiales.

El hecho de que 30 mil personas mueran por año y 100 mil queden heridas en EE.UU. a consecuencia de los portadores de armas, habla por sí solo de que existe un problema grave sobre el que se deben adoptar medidas. Según declaraciones de Joe Biden ayer, Obama podrá regular algunos mecanismos mediante decreto sin esperar una ley particular del Congreso. Habiendo sido profesor de Derecho Constitucional, seguramente será cauteloso en la protección de los derechos y podrá imponer límites de sentido común.

Más inconstitucionalidades en Venezuela

A solo dos días de que asuma el nuevo gobierno de Venezuela, las autoridades actuales tratan de seguir manipulando lo establecido por la Constitución para que el presidente reelecto Hugo Chávez pueda estar en funciones, pese a que se encuentra incapacitado por enfermedad y fuera del país. En estas condiciones la Constitución es muy clara, debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y debe quedar de lado el gobierno que en estos momenetos preside el vicepresidente y canciller Nicolás Maduro.

Cabello entonces, ante la incapacidad de Chávez, debería convocar a nuevas elecciones. Lo que parece más probable en el gobierno actual, es que se trate de hacer juramentar a Chávez mediante  el Superior Tribunal de Justicia.

Comparto con ustedes, mi columna del fin de semana sobre otros irrespetos a la Constitución por parte del presente gobierno. 

"A pocas horas de la ceremonia de toma de posesión, el gobierno de Venezuela todavía manipula la información sobre la salud del presidente reelecto Hugo Chávez, como si se tratara de un secreto de Estado, dejando a los venezolanos en una situación general de zozobra y al mundo entero en la incertidumbre.

La desinformación intencionada y la intriga, las armas preferidas de la propaganda totalitaria que el chavismo importó del régimen cubano, son responsables de la batería de rumores que, con igual intensidad y al mismo tiempo, ubican a Chávez en todos los escenarios posibles: muerto; en coma inducido; vivo, pero incapacitado; o con pedido de prórroga para asumir después del 10 de enero programado.

El vicepresidente Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, máximos referentes del chavismo, y el ministro de Información, Ernesto Villegas, son constitucionalmente responsables por la falta de transparencia que rodea al estado de salud de Chávez, pese a que desvíen la atención acusando a medios, redes sociales y al “entramado mediático trasnacional” de crear “rumores malintencionados”, “guerra psicológica” y desestabilización.

La falta de transparencia disfrazada de “insuficiencia respiratoria” no sorprende. Ha sido marca registrada de este gobierno que considera que el mandato que redactó en la nueva Constitución - “…toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial…” - es solo una obligación para los medios, so pena de ser censurados o cerrados.

Según Maduro, en su informe al país por cadena nacional, Chávez le pidió mantener “al pueblo informado siempre con la verdad, por dura que ella fuera”.  Sin embargo, se olvidó que la verdad no se determina con adjetivos calificativos (situación “delicada, compleja o imprevisible”), sino con precisión y descripción, por lo que su deber es ofrecer detalles sobre el tipo de cáncer, gravedad, complicaciones y expectativas de vida del Presidente.

Todo empezó con Chávez. No solo eligió a Cuba por su sintonía ideológica con los hermanos Castro o por sus avances oncológicos, sino porque el régimen promete hermetismo mediante un sistema informativo estatal propagandístico. Justamente esa “garantía de confidencialidad”, determinó que el gobierno colombiano eligiera a Cuba como sede para las negociaciones de paz con las guerrillas FARC, como confesó en estos días el hermano del presidente, Juan Manuel Santos.

Pese a la confidencialidad y a la intriga de estilo fidelista, y a los últimos dichos de Maduro y Cabello sobre que Chávez se estaría recuperando y pronto retomaría las riendas del país, nunca antes los indicios habían sido tan claros. Es que en un acto que sonó a despedida, el 10 de diciembre, Chávez ungió como vicepresidente y sucesor a Maduro antes de marcharse a La Habana para su cuarta operación.

Aquella confidencia pública terminó por confirmar que el rumor sobre la gravedad de su enfermedad era verdad. Hasta entonces, esa verdad se manipulaba según la ocasión. Semanas antes y en plena campaña electoral, un Chávez histriónico, alardeaba sobre su recuperación física y emocional, jurando que había vencido a su peor opositor: el cáncer.

Muchos todavía creen que el coctel de medicina y propaganda cubana puede deparar alguna sorpresa; pero otros, más realistas, creen que aquel nombramiento de Maduro y las coincidencias de rumores posteriores, revelan que el fin del líder está cerca. Ante un escenario sin Chávez, en las próximas horas solo quedan por definir acuerdos sobre las diferentes interpretaciones a la Constitución, para que el desenlace y la transición sean ordenados y ajustados a derecho.

Que Maduro, Cabello y los partidarios del chavismo teman, no quieran o no sepan cómo desvincularse de la figura convocante de Chávez es comprensible. Pero negar y manipular la información sobre la salud del Presidente o acusar de guerra psicológica o de desestabilizar al país a quienes reclaman saber la verdad, demuestra el nivel de arrogancia y autoritarismo con la que se conducen las tareas de Estado.

La desinformación provocada por el gobierno es el peor tumor de la democracia. En el próximo período, los venezolanos deberían exigir leyes estrictas para que ese mal sea extirpado de raíz". 

La justicia como superpoder

Lo más importante para que el sistema democrático sea fehaciente y creíble es que haya independencia y equilibrio de poderes. Es una buena señal cuando el Poder Judicial se interpone ante decisiones ejecutivas o cuestiona y desafía leyes por considerarlas inconstitucionales. Que un aparato judicial sea independiente y por tanto tenga ese poder de equilibrio es una buena garantía para los ciudadanos, pese a que muchas veces los fallos puedan ser cuestionados o, aparentemente, no sean equitativos.

El poder del Poder Judicial puede resultar el único freno contra el autoritarismo o las pretensiones de un gobierno de salirse con la suya.

Esto sucede en la Argentina de hoy. La presidenta Cristina de Kirchner está pataleando más de la cuenta, enojada con la justicia, porque considera que dos medidas cautelares recientes que suspenden la aplicación de la Ley de Medios y la expropiación de los predios de la Sociedad Rural Argentina son de carácter político para dañar a su gobierno. Considera, como expresó ayer por Twitter, que los jueces se han transformado en un superpoder que beneficia solo a las corporaciones – la oligarquía mediática y agropecuaria – a expensas de los intereses del pueblo – léase del gobierno, en consideración de que ella y su gobierno son los únicos que consideran que pueden interpretar qué es el pueblo.

De esta forma la Presidenta, en lugar de hacer ver que la democracia se robustece con el equilibrio de poderes, saltó a la palestra insultando a medio mundo porque los jueces se oponen a la voluntad de su gobierno. Y lo hizo en contra de los jueces de un tribunal menor, sabiendo que como cualquier ciudadano común puede apelar los fallos y seguir el curso de la justicia hasta que haya instancias definitivas.

Sin embargo, y pese a que muchos jueces fueron ungidos por el oficialismo y por eso ella considera que deben favorecerle con sus fallos, ella y muchos funcionarios y partidistas, como Hebe de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo, comenzaron a decir que saldrán a contar detalles y poner trapitos al sol sobre la conducta personal de los jueces. Un tipo de represalia y presión contra los jueces que el gobierno viene usando contra todos los que no se acomoden a sus designios. Vale recordar los juicios públicos que se le hicieron a montones de periodistas en la Plaza de Mayo para desacreditar, insolentemente, a periodistas que se consideraba habían estado al servicio de la dictadura.

Varias veces la Presidente ha acusado a los jueces de corruptos. Varias veces ha dicho que se necesita reformar el aparato judicial. Evidentemente, está en la misma tesitura del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien luego de desacreditar a los jueces y acusarlos de corruptos, hizo una reforma judicial que terminó por beneficiarlo directamente a él, no al pueblo ni a la justicia ni a la democracia como sustentaba en sus argumentos para la reforma.

Los jueces no son mejores ni peores que cualquier otro miembro de cualquiera otra disciplina. Los hay probos y deshonestos; pero hay formas de combatir esa corrupción sin tener que entrar a lidiar con reformas que lo que buscan es solo fomentar una justicia adicta y permisiva para los intereses de los otros poderes del Estado.

Desinformación en Venezuela

RICARDO TROTTI: El peor mal de Venezuela - Opinión - ElNuevoHerald.com

La nueva cortina de hierro

La buena noticia es que en este 2012 no hubo fin del mundo como algunos pronosticaban. La mala, es que el año cerró con la creación de una nueva cortina de hierro entre gobiernos que quieren un internet libre, abierto y gratuito, y otros que lo prefieren controlado.

La división entre países es similar a la que se experimentó durante la Guerra Fría que culminó tras la caída del muro de Berlín. Hoy, en esta guerra digital, de un lado están EE.UU, Canadá, la Unión Europea, Australia, India y Japón. Del otro, Rusia, China, Irán, Turquía, la mayoría de países árabes y africanos y, lamentablemente, varios latinoamericanos: Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

La división sobre la visión y el futuro del internet – como adelanté semanas atrás – se agudizó en la Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones (WCIT) que terminó el 14 de diciembre en Dubai, organizada por la Unión de Telecomunicaciones Internacional (UTI), con el fin de actualizar un protocolo que rige las comunicaciones desde 1988.

Aunque no hubo consenso, se creó un documento que entrará en vigencia en 2015 para los 89 países signatarios, pero no así para los 55 que negaron su firma, al argumentar que el nuevo protocolo permitirá a los gobiernos justificar restricciones al internet. Los defensores del nuevo tratado, por otra parte, dicen que no es vinculante o mandatorio, y que los gobiernos censuran o pueden hacerlo sin necesidad de documento alguno.

Pero pese a que no es obligatorio, el peligro es que los gobiernos lo podrán usar para justificar controles e imponer sanciones; los jueces, para fundamentar sus fallos y crear antecedentes negativos y los legisladores para argumentar leyes restrictivas.

No es casualidad que los gobiernos signatarios, pese a que arguyen que no se entrometerán con los contenidos y que necesitan instrumentos para combatir virus, basura electrónica, pornografía infantil y a los hackers, no se caracterizan por ser respetuosos de la libertad de expresión. Turquía, China, Vietnam, Azerbaiyán, Arabia Saudita y Cuba (todos firmantes) han encarcelado a la mayoría de los 232 periodistas e internautas en 2012, según el conteo del Comité para la Protección de Periodistas. La mitad de ellos trabajaban en medios digitales, habiendo sido acusados por delitos armados para acallar las críticas a los gobiernos, tales como atentar contra la soberanía, traición, irrespeto a las autoridades y apología del terrorismo.

Lo que más se criticó de este proceso de la UIT es la falta de transparencia que se manejó la UIT y que el documento fuera solo discutido por los gobiernos sin la participación de la sociedad civil, cuando el internet prosperó y se desarrolló a una velocidad vertiginosa gracias al sector privado, sin ataduras de las autoridades.

Por suerte, el documento adoptado es menos perverso que el original presentado por China que sí imponía controles concretos al internet. El plan fue desbaratado gracias a que la sociedad civil alzó su voz, después que los burócratas comenzaron a filtrar los documentos en un sitio de internet creado por dos profesores universitarios, Eli Dourado y Jerry Brito. Ahí se supo sobre la pretensión de que el internet tuviera un espacio más reducido y controlado.

Según el plan, los gobiernos hubieran podido inspeccionar correos electrónicos, censurar contenidos y darle a las Naciones Unidas la administración del internet. Además, los usuarios pagarían por conexión, servicios y tiempo de descarga; mientras que los proveedores podrían cobrar tarifas diferenciadas por distintos tipos de servicio. Todo ello, desbaratando las características del internet: Libre, abierto y gratuito.

Ayer como hoy, en esta renovada guerra fría, están aquellos países que argumentan que la información es un servicio público y, por ende, debe ser controlada por el gobierno. Mientras que por el otro, se argumenta que es un derecho humano, por lo que es el Estado el responsable de garantizarlo y hacerlo respetar.

A nivel de comunicaciones, lo que dejó Dubai es peligroso. Creó en la era digital, la misma división física e ideológica que en la década de 1970 propiciaron muchos gobiernos estatistas con el restrictivo Nuevo Orden Mundial de la Información. 

Venezuela sin Chávez

Desde las intrigas históricas y continuas del gobierno cubano sobre la salud de Fidel Castro, amasadas por el monopolio estatal de la información que recuerdan los secretos sobre la vida y muerte de monarcas, líderes comunistas y dirigentes nacionalistas, hacía rato que no se vivía una estupidez tan tremenda como la que le toca al pueblo venezolano.

Con la tesitura de siempre, desde el vicepresidente Nicolás Maduro y el ministro de Ciencia y Tecnología y yerno del Presidente, Jorge Arreaza, se acusa a los medios informativos y a la comunicación en las redes sociales de crear “rumores malintencionados”, sobre el estado de salud de Hugo Chávez, quien fue operado por cuarta vez el 11 de diciembre en La Habana.

Los rumores son generados por el propio gobierno de Venezuela por no decir la verdad como demanda la Constitución, algo que siempre le ha achacado a los medios y a todos los actores sociales del país como si la Constitución estuviera escrita para los demás y no para que el Gobierno sea el primero en respetarla y garantizarla.

La verdad sería informar sobre los detalles de la salud del primer mandatario, qué tipo de cáncer padece y sobre las expectativas de vida, en lugar de explicar – como lo hizo Maduro en su última intervención – que Chávez en su reciente charla le pidió que “mantuviéramos al pueblo informado siempre, siempre con la verdad por dura que ella fuera en determinadas circunstancias”. Es decir, como siempre, la verdad se declama, pero no se dice, simplemente se le deja a la interpretación de cada quién.

Chávez desapareció desde el 11 de diciembre. Obviamente es cierto y no son rumores que su estado es muy delicado, de ahí que la gente se aferre a cualquier tipo de información, desde que está en un “coma inducido”, que ya murió o que pronto, ágil y recuperado, como pareció estar en el último tramo de la campaña electoral, aparecerá para agrazar a su pueblo, en una especie de resurrección divina que lo alejará para siempre de su condición humana.

Este último no parece ser el escenario. Nunca los dirigentes venezolanos, pese a no decir la verdad, dieron tanto indicios como hasta ahora sobre los padecimientos de Chávez, sumándole a esto que el propio Chávez fue quien por primera vez despidiéndose de su pueblo ungió a Maduro como vicepresidente y su representante en la Tierra. El fin parece estar más cerca y habrá que ver como se termina resolviendo e interpretando a la Constitución sobre el desenlace de su asunción como presidente reelecto previsto para la próxima semana.

Para este 2013, Venezuela tiene que prepararse para vivir sin Chávez. El chavismo, de continuar, construirá sobre su figura lo que Chávez construyó sobre la de Simón Bolívar, pero a diferencia del prócer de todos, el que sustentaba la unidad de ideales que trascienden fronteras, la invocación de Chávez seguirá dividiendo y generando polarización.

Sin abismo; otros precipicios se avecinan

Finalmente la actitud persuasiva de Barack Obama se puso de manifiesto para que EE.UU. no cayera a principios de este año en el abismo fiscal, un lío económico difícil de entender para el ciudadano medio que auguraba desastre para el país y para la economía mundial.

Primero con un Senado favorable y anoche con una Cámara de Diputados liderada por la oposición, se logró el acuerdo fiscal que permitió por ahora reducir las fricciones entre Demócratas y Republicanos y lograr un acuerdo que, aunque no sea de total agrado de Obama, compra tiempo para la economía para los próximos precipicios que se avecinan.

Con este acuerdo, lo principal es que continuará el recorte de impuesto que ya había establecido George Bush y que será la clase más rica, las familias que ganen 450 mil dólares y más, los que tendrán que pagar más al fisco. Obama quería que la cifra tope fuera 250 mil. También el Estado prorrogó el pago a los desempleados cuyo término estaba por expirar y no hubo recortes de gasto público.

Las bolsas del mundo reaccionaron muy bien, aliviadas por la noticia y con cierto optimismo en un año nuevo que todos esperan, y hasta auguran como el Papa Benedicto XVI, que sea de paz y prosperidad y que Europa también salga de su propio cataclismo.

EE.UU. sabe que el acuerdo fue importante y compra tiempo. Es que en los próximos meses deberá enfrentar acuerdos para otros abismos, el presupuestario y el de la deuda. Seguramente los republicanos tendrán más fuerza para exigir a Obama que haga más recortes en gastos sociales, que achique al gobierno y al Estado.