Día “D” para la libertad de prensa en Ecuador

La Corte Nacional de Justicia fallará hoy en Ecuador sobre el proceso judicial del presidente Rafael Correa contra El Universo, sus directivos, los hermanos Pérez, propietarios del diario y el columnista Emilio Palacio, ahora en el exilio, pudiendo decidir si estos cuatro periodistas deberán pagar con tres años de cárcel y 40 millones de dólares.

La expectativa y la ansiedad son grandes y se verá cuál es el grado de independencia del Poder Judicial en Ecuador, cuando tenga que resolver sobre un proceso viciado en el que hasta se acusa que el juez de primera instancia que condenó a El Universo y los periodistas utilizó una sentencia escrita por la propia oficina del presidente Correa, según peritajes realizados.

Por este solo hecho y por la calidad de un fallo que es totalmente desproporcional a la supuesta injuria – una columna de opinión en el que se dijo que Correa debería en el futuro tener que enfrentar cargos de lesa humanidad por su reacción en la sublevación policial – por haberse utilizado la figura del desacato que le da privilegios a un Presidente por arriba de los ciudadanos y por haber el presidente usado el estrado público para continuamente burlarse e insultar a estos periodistas, la CNJ haría bien en dilatar este proceso que, además, tiene un trámite sorprendentemente acelerado.

Hoy, una vez más, se podrá saber si hay equilibrio de poderes en el país y si realmente se piensa que la libertad de prensa y de expresión, como establece la Constitución, son piezas fundamentales de la democracia.

Lo que probablemente sucederá es que el fallo favorezca a Correa y que luego, en una decisión magnánima y de tinte mesiánica, el Presidente convoque a una conferencia de prensa – lo que hace solamente en el extranjero – para anunciar que perdona a los periodistas para regocijo de las masas y para obtener el beneplácito de la opinión pública internacional. De lo contrario, Correa sabe que su gobierno no podrá sostenerse con tres directivos de periódicos presos y teniendo que reclamar a EE.UU. por la extradición de Palacio.

Correa es autoritario y demagógico, pero calculador.

Chávez y el mensajero como culpable

El informe de Human Rights Watch dado a conocer ayer en El Cairo, Egipto, es lapidario en cuanto a la falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela. En su reporte sobre el estado de situación del Estado petrolero, se acusa al gobierno de Hugo Chávez de varios atropellos a los derechos humanos, los que se potencian por la falta de un Poder Judicial independiente subyugado al poder político y por el constante ataque en contra de la libertad de prensa.

HRW denuncia el grave incremento de la inseguridad pública y la ineficiencia del Estado para combatirla. Justamente ayer en este post criticábamos los anuncios del Ministerio del Interior endilgándole la responsabilidad de este aumento de la violencia a los medios de comunicación, bajo el mismo argumento de siempre, de echarle la culpa de todo al mensajero.

Como el gobierno en este rubro interno no tiene cómo echarle la culpa a su enemigo externo, el imperialismo estadounidense, arremete contra el enemigo interno, la prensa, ambos convertidos en los agentes de exorcismo preferido del chavismo.

En este sentido, conviene recordar que tanto la Constitución, como las leyes de comunicación promulgadas por Chávez apuntan a ello – Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos del año 2004 – así como las varias leyes que aprobó en diciembre de 2010 bajo la Ley Habilitante o cheque en blanco que el Congreso le dio por 18 meses para legislar a su gusto y placer.

Ese diciembre de 2010 – y en línea con las reformas que anunció el Ministro del Interior El Aissami esta semana – Chávez reformó la Ley de Responsabilidad Social para regular los contenidos en internet y crear mayores limitaciones a los medios electrónicos, imponiendo sanciones a quienes hagan “apología del delito”, que fomenten “zozobra en la ciudadanía” o incentiven a “desconocer a las autoridades legítimamente constituidas”.

 

Sin dudas, para el régimen, la culpa de la violencia en el país apunta a los mensajeros.

Chávez golpeará a los medios

En Venezuela el gobierno de Hugo Chávez se prepara para asestarle otro golpe a los medios de comunicación, justificándose en la implementación de un nuevo plan para atacar la violencia e inseguridad que afecta al país.

En lugar de reconocer que Venezuela durante la década de su gobierno se convirtió en uno de los países más inseguros del continente, y actuar en consecuencia, Chávez anunció a través de su ministro del Interior, Tarek El Aissami, una serie de medidas, entre ellas un nuevo Código Penal y a su vez un nuevo código de conducta para los medios de comunicación a quienes acusa de incentivar la violencia mediante el sensacionalismo.

Pero aún más peligroso que el nuevo ataque a los medios que se avecina, el ministro también habló de una reforma al sistema educativo, en la que primará “la moral, luces, respeto a la autoridad”, lo que implica una educación viciada de propaganda. Y sobre los medios de comunicación dijo que se trata de “derrotar el criterio perverso del uso sensacionalista del crimen para fines lucrativos”.

Imagino que con estas excelentes excusas, muchos medios de comunicación correrán la suerte de Sexto Poder o de Radio Caracas Televisión. Una nueva y excelente excusa del gobierno para legalizar la censura, las multas y el cierre de medios críticos.

América Latina y la brecha tecnológica

En una muy buena columna de opinión y regresando a uno de sus temas favoritos, el periodista del The Miami Herald, Andrés Oppenheimer, exhorta a los líderes latinoamericanos a prestar atención a uno de los problemas mayores que comprometen el futuro del continente: la falta de educación en ciencias y matemáticas, lo que evidencia la brecha que nos separa cada vez de los países asiáticos.

Oppenheimer centra su atención en “Las nuevas cifras de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos revelan que los países asiáticos aumentaron el número patentes registradas en un 73 por ciento en los últimos 10 años, mientras los países latinoamericanos aumentaron sus registros de patentes tan sólo en un 34 por ciento”.

Califica de “abismo escalofriante” la diferencia de lo que registraron en 2011 los países asiáticos y los latinoamericanos. 76 mil patentes de nuevo productos los asiáticos, contra 500 nada más de los latinoamericanos.

“Corea del Sur, un país que hace cinco décadas era más pobre que prácticamente todos los países latinoamericanos, registró 13,000 patentes el año pasado, comparado con solo 230 de Brasil, 115 de México y 50 de Argentina, según la Oficina de Patentes y Marcas. Estados Unidos encabezó la lista, con más de 120,000 patentes”.

Su columna, con datos estadísticos y comparativos no tiene desperdicio. El texto completo puede leerse en: http://bit.ly/wBKV4x

“Mi opinión – concluye Oppenheimer - la razón de fondo por la que los países asiáticos están avanzando más rápido es que sus sociedades tienen una obsesión con la educación que todavía no es palpable en la mayoría de los países latinoamericanos”.

“Los estudiantes asiáticos pasan más tiempo en la escuela —el año escolar de Japón tiene 243 días, mientras que en muchos países latinoamericanos no llega a los 160 días—, los gobiernos asiáticos están más obsesionados con producir científicos e ingenieros, y los padres asiáticos son más exigentes con las tareas de sus hijos en matemática y ciencias”.

“Algunos países latinoamericanos, como Brasil, se están empezando a mover en la dirección correcta. Pero las últimas cifras de la Oficina de Patentes de Estados Unidos revelan que hay que avanzar más rápido, porque la brecha con los países desarrollados y con las naciones emergentes de Asia sigue creciendo”.

La policía digital

RICARDO TROTTI: SOPA, PIPA y la policía digital - Opinión - ElNuevoHerald.com

Represalias hasta con papel

Uno pudiera pensar que para dañar a otra persona habría que usar un arma de fuego, un cuchillo o hasta una botella rota con vidrios puntiagudos, pero en Argentina el gobierno lo hace con cosas mucho más suaves pero igual de letales: papel.

Resulta que el gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner es el único de todo el hemisferio que declaró que el papel para periódicos es de interés público, por lo que su producción y comercialización deben estar regulados estrictamente, ya que a nombre de la democracia, este es un bien público que debe ser repartido en igualdad de condiciones.

Había advertido en este espacio, que esa ley aprobada tras gallos y medianoche en diciembre en una sesión extraordinaria del Congreso, serviría para pronto asestar un golpe duro a los periódicos en general, pese a que en un principio estaba destinada a debilitar solo a los diarios Clarín y La Nación, socios mayoritarios del sector privado, junto al Estado, en la fábrica de papel para periódicos, Papel Prensa.

Pero bueno, el pronto se transformó en inmediato, y el gobierno acaba esta semana de dictar la reglamentación de esa ley, imponiendo cuotas o cupos para la fabricación del papel e imponiendo nuevas cargas para la importación, que siempre se reclamó debería ser libre y sin ataduras del gobierno para que la libertad de prensa se pudiera sostener.

En realidad, esta ley y su reglamentación ya eran parte de una amenaza que había hecho la Presidenta desde que el año pasado quiso usurpar a Papel Prensa tras denunciar que los dos diarios habían comprado la fábrica a sus anteriores dueños bajo coerción y delitos que fueron calificados de lesa humanidad, dentro de la cruzada por derechos humanos que el gobierno inició para exorcizar los asesinatos de las dictaduras antes que la democracia retornara en 1983.

Lo cierto de todo esto es que en nombre de la democracia, el gobierno kirchnerista busca “expropiar” legalmente o quedarse con la fábrica de papel – si no se cumplen con cupos de elaboración de celulosa y papel el Estado tiene la libertad de aumentar su participación accionaria – sin pagar un peso, lo que en realidad representa un robo (no a mano armada) blandiendo un papel.

Pero no solo Clarín y La Nación están pagando un alto precio por sus actitudes editoriales críticas al gobierno, esta factura la están pagando todos los demás medios y más aún, los ciudadanos que cada vez están viendo menores espacios de libertad y a muchos otros medios practicando autocensura por temor a sufrir las mismas represalias.