La Dos medidas recientes adoptadas por el gobierno de México permiten que los periodistas puedan hacer críticas mordaces contra figuras públicas sin temor a represalias e impiden que sean encarcelados por causa de sus opiniones. Este panorama alentador contrasta con lo que sucede en Ecuador, donde los periodistas y columnistas son perseguidos, y hasta el presidente Rafael Correa pide que se les condene y encarcele.
Es verdad que la prensa mexicana experimenta una etapa muy difícil debido a la violencia generada por el narcotráfico y a la dificultad de sus autoridades para neutralizarla. Pero también es cierto, que las nuevas reformas legales y la jurisprudencia adoptada en estos días, garantizan a la prensa poder trabajar en un clima de mayor tolerancia y, al público, su derecho a recibir información plural y diversa.
El Senado federal mexicano acaba de despenalizar los delitos de difamación, argumentando que el camino de la demanda civil y la reparación económica son suficientes para castigar a quienes se excedan en el ejercicio de la libertad de expresión. Se dedujo que las penas de cárcel contra periodistas, medios y ciudadanos en general, fomentan censura, autocensura e inhiben la fiscalización que desde la sociedad se debe ejercer contra las autoridades a las que se les ha delegado transitoriamente el poder.
Así concebida, la despenalización de la difamación es tan positiva como la eliminación del desacato, ese privilegio de origen monárquico que persiste en muchas legislaciones, como la de Ecuador, que le permite al Presidente castigar con cárcel a quienes considere que le deshonran.
Sin embargo, la decisión más importante sobre dos derechos en eterna disputa, la libertad de expresión y el derecho al honor, la tomó el 23 de noviembre la Corte Suprema de Justicia mexicana. En un fallo magistral, la Corte dirimió un conflicto que se originó hace siete años entre el diario La Jornada y la revista Letras Libres. Directivos del diario habían demandado a la revista por una columna de opinión, titulada “Cómplices del Terror”, en la que argumentaban que esa “complicidad” les incriminaba con el delito de terrorismo. El columnista de Letras Libres, por su parte, demostraba que La Jornada estaba, editorialmente, muy cercano al grupo terrorista español ETA.
La Corte hizo dos distinciones importantes. Estableció que la libertad de expresión goza de “una posición preferencial frente al derecho al honor” y que La Jornada, así como increpa a las figuras públicas, debe también, como tal, tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta.
Un ministro de la Corte observó que una verdadera democracia, tolerante, abierta y plural, requiere que “el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y mordaces sobre personajes públicos”.
El contraste de estos argumentos es abismal con los que adopta el poder político y judicial en Ecuador. En ese sentido, habrá que ver la posición que adoptará el Superior Tribunal de Justicia ecuatoriano cuando tenga que dirimir el conflicto entre el presidente Correa y tres directivos del diario El Universo y su columnista Emilio Palacio. Los cuatro fueron condenados a tres años de cárcel y a indemnizar a Correa con 40 millones de dólares por la publicación de la columna “No a las mentiras”, en la que se criticaba su liderazgo durante la asonada policial de 2010.
Correa - que también enjuició a otros periodistas y escritores que denunciaron corrupción en su gobierno - insiste que su demanda contra El Universo la hizo a título personal por sentirse afectado en su honra; aunque no se entiende como puede desvincularse de su condición de Presidente, cuando fue criticado por sus acciones oficiales.
La situación no es fácil para los periodistas ecuatorianos. Las leyes de difamación y desacato vigentes permiten que sean condenados a prisión; el honor de las autoridades prevalece sobre la libertad de expresión; la justicia otorga millonarias indemnizaciones que no son razonables ni proporcionales al supuesto daño que se comete; y Correa ya dio señales de que el Estado no reconocerá decisiones de la Comisión y Corte de Interamericana de Derechos Humanos, cuando los periodistas busquen a nivel internacional la justicia y garantías que se les niega en su país.
