Ortega: Presidencia ilegítima

Las elecciones en Nicaragua no fueron limpias este domingo según lo comprobaron cientos de observadores apostados por la OEA y la Unión Europea, así como fiscales de los partidos de oposición.

Los bloqueos a los observadores y muchas urnas repletas de votos a favor del presidente actual y elegido, Daniel Ortega, son tan groseros como la autorización que recibió de parte de una Corte Suprema adicta para presentarse a una reelección, lo que está prohibida por la Constitución.

Ortega, gracias al apoyo económico de Hugo Chávez, hubiera podido igualmente ganar las elecciones con juego limpio. Pero es obvio que quiso establecer unos estándares máximos por arriba del 60% para tener mayoría en la Asamblea Legislativa y así poder luego hasta cambiar la Constitución para eternizarse en el poder y hacer más legítima una Presidencia que es ilegítima.

Estorbar a los observadores, quienes fueron autorizados a estar en Nicaragua a regañadientes, es una vergüenza para el proceso democrático de América Latina.

Y muchos se preguntan: ¿Cómo parar estos abusos? Los hondureños pararon un abuso similar de Manuel Zelaya pero con consecuencias malísimas para el país que fue expulsado de la comunidad internacional. ¿Pero qué hacer en estos casos como el de Ortega?

Se trata de un gran dilema para la comunidad intergubernamental internacional y para los organismos que velan por la transparencia de los procesos democráticos.  

Dilema: economía o ecología

Tal como la marcha de indígenas en Bolivia hizo que el presidente Evo Morales desistiera de su proyecto de atravesar la amazonia boliviana con una carretera, entre acusaciones que se dañaría el medio ambiente, este domingo activistas y manifestantes rechazaron frente a la Casa Blanca en Washington un proyecto de la empresa TransCanadá para construir un oleoducto entre la provincia canadiense de Alberta y el estado de Texas.

El reclamo tiene que ver con la conciencia cívica sobre los enormes problemas al medio ambiente que atrae el petróleo y, en especial, que el gobierno de Barack Obama no puede prometer – como lo hizo desde la campaña electoral y varias veces en su Presidencia – energías limpias y alternativas, ahuyentar y hacer lobby en contra de las compañías perforadoras contratadas por Cuba, pero al mismo tiempo encarar un proyecto de oleoducto.

El gobierno de Obama debe ser consecuente con su discurso sobre medio ambiente y no enturbiar el ambiente con la aceptación de un proyecto que, según su administración, permitiría crear unos cinco mil puestos de trabajo durante cada año que dure el proyecto y brindar mayor autonomía e independencia energética de otras fuentes estratégicas e inestables como son los países del Medio Oriente o Venezuela.

Obama está ahora en un dilema. Cómo hacer para equilibrar el respeto por el medio ambiente y generar mayor desarrollo. Mucho dependerá, como sucedió en Bolivia, de lo que dirán quienes viven en las zonas por donde pasaría el oleoducto y de cuán grande se tornará el movimiento de activistas en su contra.

Santos: recuperar la memoria y + conexión

Días antes de que el Ejército colombiano matara esta semana al jefe guerrillero de las FARC, Alfonso Cano, el presidente Juan Manuel Santos firmó la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa y en un gesto que lo ennoblece como periodista, dedicó el acto a los comunicadores que “han entregado sus vidas en honor a la verdad y en defensa de nuestra libertad”.

Su actitud fue conmovedora tratándose de que en su memoria persisten más de 100 periodistas asesinados en las últimas décadas, quienes cayeron, en su mayoría, por represalias de los narcotraficantes y guerrilleros, muchas veces en connivencia con los funcionarios y políticos de turno. Ojalá que esta firma, que el Presidente centró en el artículo 4 de la Declaración en el que se recalca la violencia y la necesidad de que los estados deben “investigar con prontitud y castigar con severidad” a los crímenes y los criminales, sirva para que el sistema judicial envigorice su trabajo para atrapar a los violentos y no dejar que más de 30 casos de asesinatos contra periodistas prescriban.

“Muchos de nuestros periodistas – dijo Santos- han muerto por la verdad, pero su sacrificio ha hecho que el corazón de nuestra sociedad sea hoy más libre que nunca. A esos mártires debemos rendirles honores por la solidez de sus convicciones y por su valor para enfrentarse a los violentos… debemos darles gracias por su olfato para ladrar —como heroicos perros guardianes de la sociedad— y alertarnos cuando los criminales han querido hacer de las suyas”.

Otro aspecto que hace a la libertad de prensa y de expresión en Colombia fue altamente considerado por Santos en su discurso. Al dirigirse a sus ex colegas, dirigentes de periódicos que representaban a Andiarios, la asociación nacional de diarios colombianos, Santos mencionó que sabía de sus preocupaciones y desafíos profesionales, ante la caída de la publicidad en sus negocios y porque las audiencias están cada vez más yéndose del papel hacia la lectura digital.

Para darles ánimo de mantener los mismos valores del periodismo pero adaptarlos a las nuevas tecnologías, Santos desglosó un ambicioso plan. Se trata del Plan Vive Digital, sobre el que dijo permitirá cuadriplicar las conexiones a banda ancha a 8,8 millones de un total de 4,1 millones actuales y de los 2,2 millones al principio de su Presidencia en 2010. También anunció que hace un mes, su gobierno cerró la licitación del Proyecto Nacional de Fibra Óptica con el que se espera conectar a 900 municipios del país.

Lo de Santos se trató de dos obras importantes para la democracia. Recuperar la memoria de quienes fueron asesinados por defender su derecho a la libertad de expresión y de prensa, y lograr mayor rapidez y conexión en la comunicación entre ciudadanos.

Correa: por la boca muere el pez

Lo del gobierno del presidente Rafael Correa no tiene nombre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de pedirle oficialmente a su gobierno explicaciones por las represalias tomadas públicamente contra periodistas y activistas de los derechos humanos ecuatorianos que el 25 de octubre acudieron a las sesiones ordinarias de esa institución, convocados a declarar durante una audiencia dedicada a la libertad de prensa.

Luego de esa audiencia, quienes participaron fueron escrachados e insultados en las cadenas de radio y televisión del gobierno, en una muestra más de intolerancia contra quienes opinan y piensan diferente al discurso oficial. Es evidente que estos ataques no son más que formas directas de intimidación en busca de autocensura.

Correa está cada vez más expuesto a la opinión internacional y es el mejor servicio que esos periodistas, los activistas de derechos humanos y la CIDH pueden hacer a favor de la libertad de expresión. Nadie debiera tener miedo a expresarse libremente y el gobierno tiene prohibido, por la Constitución, tomar represalias en contra de quienes opinan diferente.

Correa viene dando muestras de arrogancia e intolerancia, desde los juicios millonarios que interpuso contra periodistas y medios, hasta cuando se abrió la camisa para que le peguen un tiro en el pecho durante la rebelión militar. Debe tener en cuenta que en algún momento sus propios dichos le estarán jugando una mala pasada; hay quienes ya deben estar acumulando mucha evidencia sobre sus insultos y difamación, para pagarle con la misma moneda a sabiendas de las razones valederas del refrán de que por la boca muere el pez.

Cuba: comprar casas, autos, pero…

El gobierno de los Castro dio un nuevo paso para solventar una economía comunista que se cae a pedazos. Mientras Fidel escribe en contra del capitalismo del G20 y acusa a las potencias y a los países emergentes de todos los males de la raza humana, su hermano Raúl autorizó a los cubanos a comprar, vender y permutar sus viviendas.

La nueva medida se suma a otras en esa misma dirección como la autorización para compra – venta de automotores y a un significativo número de profesiones que los cubanos pueden hacer por su propia cuenta, todo habilitado en este 2011.

No hay que engañarse, la esencia del comunismo cubano no cambia en nada. Estas son simplemente oportunidades económicas para respaldar un sistema económico siniestro que estuvo siempre subsidiado por países amigos, así fueran primero los rusos – no solo por cuestiones geopolíticas estratégicas sino también por exportación de revolucionarios - los chinos y en la última década por Venezuela.

Para que uno crea que el gobierno de Cuba está adoptando cambios y alejándose del comunismo, la revolución debiera permitir que los cubanos fueran libres de trasladarse dentro o fuera de su país, que puedan expresar lo que sienten sin temor a sufrir represalias y que puedan formar asociaciones bajo intereses comunes e individuales; y que el Estado deje que el libre albedrío sea el valor por excelencia, como en cualquier sistema político que se precie de ser democrático.

Los Castro son embusteros. Solo quieren prolongar el comunismo, así como la inmunidad de la que gozan sin tener que enfrentar opiniones, oposición ni a la justicia.

Cómo ganarle a la corrupción

La batalla contra la corrupción jamás será ganada si los ciudadanos se mantienen indiferentes ante el secretismo y la cultura del silencio que estimulan e impulsan algunos gobiernos y no pocas entidades privadas.

Esta pelea por exigir mayor transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública no es suficiente si solo la dan las organizaciones no gubernamentales, como esta semana pidió la Alianza Regional por la Libre Expresión durante las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los estudiantes en Chile, los indígenas en Bolivia, los protagonistas de la “Primavera Árabe” y los del movimiento Ocupemos Wall Street en Estados Unidos, están demostrando que cuando los ciudadanos se expresan y organizan en torno a objetivos comunes, los gobiernos escuchan; y se producen cambios.

La mayor exigencia debe ser para los gobiernos ya que pocos son transparentes y muchos no cuentan con leyes de acceso a la información que los obliguen a rendir cuentas o permitir que se les audite, como Venezuela. En ese país, el grupo Espacio Público denunció que de 65 peticiones de información hechas al gobierno en el último trimestre, un 84% quedó sin respuestas.

Pero aún con esas leyes de acceso, tampoco existen garantías de gobierno abierto y transparencia. En Guatemala, Jamaica y República Dominicana hasta los partidos políticos las incumplen, mientras que en Canadá, una auditoría hecha por periódicos, reveló que solo un 61% de agencias gubernamentales entregó información dentro de los 30 días estipulados por una legislación vigente desde hace dos décadas.

En materia de corrupción, los gobiernos tienen doble responsabilidad, porque primero deben probar su honestidad para después exigirla. Un estudio del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito, demostró cómo los funcionarios corruptos aprovechan vacíos legales y subterfugios jurídicos para malversar fondos estatales y aceptar sobornos. En cuanto a la reducción de delitos que se cometen a través de empresas fantasmas, fundaciones y fideicomisos, el estudio exigió información pública más accesible y legislación para mejorar auditorías.

Esta semana el Congreso de Brasil pareciera haber escuchado. Aprobó la Ley de Acceso y Transparencia después de ocho años de trabas, en especial de los senadores y ex presidentes José Sarney y Fernando Collor de Melo, que no se destacaron por ser gobiernos de manos limpias. La nueva ley, que obligará al gobierno federal, a 26 estados y más de cinco mil municipios a contestar peticiones, revelar datos en internet y promover la participación ciudadana en audiencias públicas, será una herramienta que bien aprovechada, permitirá a la presidenta Dilma Rousseff profundizar su ataque contra la corrupción.

Lo destacable, es que Rousseff no tendría la determinación para luchar contra la corrupción – acaba de deshacerse de su quinto ministro esta semana – de no ser por las muestras públicas de indignación en Brasilia contra los escándalos impunes. No es para menos, en Brasil la corrupción es cultural. La Federación de Industrias calculó que en la última década, el desfalco a las arcas del Estado – es decir al bolsillo de todos - alcanzó a la vergonzante cifra de 406 mil millones de dólares, similar a la deuda externa conjunta de varios países latinoamericanos. 

Existen todavía gobiernos muy renuentes a tener leyes de acceso a la información. Ojalá que la actitud de Brasil contagie a otros, como al de Cristina de Kirchner, para que no crea que el 54% de votos en su reelección, es un cheque en blanco para mantener el silencio y no investigar la corrupción propia y ajena. Ojalá también sacuda al presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien de ser reelecto el 16 de noviembre, querrá mantener el hermetismo de su función, criticada hasta por los periodistas de medios oficiales.

La experiencia indica que si bien estas leyes no son la panacea, son el primer paso ideal para cambiar la cultura del silencio por una mentalidad más abierta y responsable, en la que los gobiernos tomen conciencia que los ciudadanos son los verdaderos propietarios del Estado y a quienes deben sus servicios.

Pero exigir esa cambio de mentalidad, no es tarea de las organizaciones, sino responsabilidad directa de los ciudadanos.