Democracia “como la gente”

RICARDO TROTTI: Democracia “como la gente” - Opinión - ElNuevoHerald.com

Twitter asediado por la violencia extrema

Las redes sociales como Twitter y Facebook han servido para causas buenas como comenzar revueltas y revoluciones en el medio oriente; pero también para cosas malas, como para distribuir información criminal o simplemente para delinquir.
Las represalias más fuertes hasta ahora por las expresiones vertidas en las redes sociales tenían que ver, hasta ahora, por el bloqueo y censura, así como el envío de muchos internautas a las cárceles, como en China, Irán y otros países que todavía le esquivan a la democracia. En países más democráticos, como EE.UU., Inglaterra o en América Latina, muchos usuarios de redes sociales confrontan detenciones y multas porque en las redes sociales instigan a la violencia o convocan a marchas populares y de protesta que no son autorizadas previamente según establece la ley a cualquier hijo de vecino.

Pero en México esta semana pasó algo distinto y brutal. Dos jóvenes que usaron Twitter para comentar sobre los delitos que cometían los narcotraficantes, fueron torturados y sus cadáveres colgados de un puente en la ciudad de Nuevo Laredo. Dos carteles a su costado, firmados con la letra Z en referencia al cartel de Los Zetas, amenazaban que eso mismo les pasaría a otros tuiteros que se atrevieran a denunciar las mismas cosas.

Los Zetas y otros carteles hace años que se han dedicado a volcar sus hazañas en las redes sociales y varios blogs, pero ahora han mostrado toda su saña contra quienes las usan con el derecho a expresarse. Si las autoridades mexicanas permiten que esto suceda sin castigo, se corre el riesgo de la autocensura, un fenómeno lamentable que ya se ha apoderado de los medios tradicionales; única opción que periodistas y editores han abrazado por miedo a sufrir las represalias de los violentos y ante la inacción del gobierno.

Mordazas legales y corrupción

La libertad de prensa es tan relevante a la democracia como el equilibrio de poderes. Y la tarea fiscalizadora que ejercen los medios de comunicación, obliga a los gobiernos a rendir cuentas y ser transparentes.

Cuando éstos prefieren gobernar a oscuras, suelen justificar leyes para regular a la prensa crítica e independiente, con el propósito de disciplinarla y amordazarla. Esta tendencia está en alza en América Latina, sobre todo en aquellos países donde existen mayores reclamos populares para acabar con la corrupción.

Brasil es el último eslabón de esa cadena. Mientras en las ciudades más importantes del país decenas de miles de jóvenes protestaban contra las irregularidades en la administración pública, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) ordenó el domingo anterior crear un marco regulador para “democratizar” a los medios, y así acabar con el periodismo partidario, sensacionalista, difamador, y con la concentración de medios en pocas manos.

No es casual que esta campaña reguladora ocurra en el contexto de graves denuncias de corrupción y después de que la presidenta Dilma Rousseff, apoyada por los medios, estremeciera las estructuras del poder, limpiando de alimañas tres ministerios nacionales socavados por las irregularidades.

Puede ser que algunos medios y periodistas cometen abusos, pero el orden jurídico brasileño ya tiene normas para procesar sus delitos por lo que crear leyes especiales contra los medios resulta redundante, huele a represalias o a limitaciones a la libertad de prensa. Así lo concibió el Superior Tribunal de Justicia, cuando en 2009 eliminó por inconstitucional la Ley de Prensa de 1967, porque discriminaba a los medios y sobreprotegía a las autoridades.

Como en Brasil, la excusa de “mantener el orden público” o censurar las denuncias de la prensa, motivaron también al presidente venezolano Hugo Chávez a crear en 2004 la Ley de Responsabilidad Social. Esta norma, que licencia al gobierno a suspender a los medios sin orden judicial cuando considera que se atenta contra la seguridad o el orden público, sirvió para cerrar periódicos, a la televisora RCTV, maniatar a Globovisión y, hace semanas, para suspender la publicación del semanario Sexto Poder, y procesar a dos de sus ejecutivos.

Tapar la corrupción también es prioridad del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Después de las denuncias sobre los contratos fraudulentos entre el gobierno y su hermano Fabricio, Correa reflotó el proyecto de Ley de Comunicación que ahora impulsa el oficialismo en el Congreso. La nueva norma no solo busca “democratizar” a los medios a través de un nuevo orden con preeminencia de medios estatales, sino, en forma insólita, reglamenta a la prensa escrita. Para tal efecto, crea un órgano contralor de contenidos, con presencia mayoritaria de miembros del Poder Ejecutivo, el que podrá disciplinar a quienes no se ajusten a criterios informativos gubernamentales. La intención es clara: censurar y controlar.

En Argentina sucedió algo similar con la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales. La excusa del gobierno fue acabar con normas de la época de la dictadura y con la concentración de medios. Pero en un país con una notable variedad y pluralidad de medios, el impulso de esa legislación tuvo visos de represalia, dándose luego de denuncias periodísticas sobre enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial, valijas repletas de dinero que esquivaron aduanas para acompañar procesos electorales y tras el apoyo editorial de los medios al sector agropecuario en un conflicto con el gobierno.

En todos los casos, como ahora el de Brasil, es preocupante que las leyes de prensa surjan del sector oficialista, dando prioridad a los medios estatales disfrazados de públicos, poco eficientes a la hora de denunciar la corrupción de sus jefes y muy eficaces para amordazar a la oposición. De ahí lo importante del cuidado que han tenido los peruanos, al comprometer en campaña al presidente Ollanta Humala, para que desista de cualquier intento por regular a la prensa en su mandato.

En este contexto, si Dilma Rousseff permite que se imponga la postura del PT sobre la prensa, desperdiciará la gran oportunidad de continuar su cruzada anticorrupción. La prensa libre y desregulada es su mejor aliada para seguir limpiando y mejorar la democracia.

Índices de pobreza en EE.UU. y Argentina

Ayer la Oficina del Censo de EE.UU. dio a conocer los más recientes índices de pobreza, revelando que un 15.1 % de la población, es decir 46.2 millones de personas son pobres.

Las cifras son de por sí preocupantes, en especial, por tratarse de un país desarrollado, y siendo que la pobreza creció desde el 2009, cuando se registró un nivel de 14.3 %.

Es obvio que estas cifras repercutirán negativamente contra el presidente Barack Obama, quien por estos días apura al Congreso a sancionar la ley de empleo que pasó él mismo a los legisladores el jueves pasado.

Lo interesante es observar que la Oficina del Censo o tampoco el gobierno, han tratado de distorsionar esas cifras o evitaron darla justo cuando Obama tienen su popularidad a la baja o cuando la Bolsa de Valores está muy sensible y a merced de noticias y percepciones que la pueden hacer variar hacia abajo de inmediato.

Esto viene a colación de lo que sucede en Argentina, donde el gobierno manipula al INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que no ofrezca los índices reales de inflación y de pobreza. Las cifras oficiales son muy distintas y menores a las que ofrecen organismos privados y delatan los medios de comunicación.

Se trata de una metodología corrupta, que el gobierno de Cristina de Kirchner utiliza como mecanismo de propaganda en detrimento del derecho del público a la información y a la verdad que debe siempre emanar de organismos públicos.

La fuerza de la presión internacional

El humanismo que nació en la segunda parte del Siglo XX derribó las fronteras entre países y minimizó el concepto de “no intervención” tan venerado hasta la Segunda Guerra Mundial, para hacer posible la denuncia y la supervisión de las violaciones a los derechos humanos en cualquier territorio.

Este principio ha hecho que se fortalezcan asociaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, entre ellas de la libertad de prensa – Amnesty Internacional, Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa - para poder “intervenir” en cualquier país y tener así la fortaleza de denunciar actos que puedan estar degradando los derechos humanos o las libertades individuales.

Un ejemplo palpable fue lo que sucedió en estos días en Panamá. Tras una fuerte reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa, el diputado oficialista Rubén Frías Ortega del partido Cambio Democrático, decidió retirar un anteproyecto presentado la semana pasada, en el que a expensas de que proponía una escala salarial más digna para los periodistas, volvía a reinstaurar en el país la colegiación obligatoria de periodistas, violando así preceptos sobre libertad de prensa establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que se busquen mecanismos para mejorar la libertad de prensa y la profesión periodística es bueno, pero que para ello se determine que los periodistas que trabajen en Panamá deban ser panameños o que podrían hacerlo solo aquellos que se gradúen de la universidad, es contrario a los principios de libertad de expresión que emanan de tratados internacionales que establecen que cualquier persona puede y tiene capacidad para buscar y difundir información.

Lo que molestó a la SIP es que se trate de imponer esos requisitos a los periodistas en forma obligatoria, una lucha que la organización viene dando desde hace décadas. Por eso calificó al proyecto del diputado de medida “retrógrada” y como “un retroceso para la libertad de prensa y la democracia en ese país”.

Según el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico Siglo 21, dijo que no es la primera vez que tenemos que “salir al cruce de medidas discriminatorias y anti libertad de prensa que parecían haber quedado en el pasado en Panamá”. Así, hizo referencia a otras épocas en que la SIP rechazó otro proyecto de ley que instauraba en 2002 un Consejo Superior de Periodismo, emulando a la Junta Técnica de Periodismo, derogada en diciembre de 1999, que establecía quien podía o no ejercer como periodista.

La Declaración de Chapultepec establece en su artículo 8 que “el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios”. Igual concepto se desprende de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión”.

Una vez más, con la retirada del proyecto, se demostró que “iluminar” y denunciar un hecho a escala internacional como lo hizo la SIP, suela atraer consecuencias positivas.

Chávez: el internet como arma de propaganda

Hace años que el gobierno de Hugo Chávez está ensañado contra los cibernautas y todo aquel que critique la figura presidencial o su gobierno a través de las redes sociales, las mismas que él denostó en su momento, como el caso de Twitter, y que después abrazó para mostrar su poderío electoral con millones de seguidores.

Pero así como Chávez ha creado polarización en la política con un discurso en el que se criminaliza el disenso, ahora hay una cruzada de cibermilitantes venezolanos, al mismo estilo de quienes defienden a la viuda Cristina Fernández de Kirchner, para atacar y hackear a todos aquellos que critiquen al mandatario.

La excusa es defender a Chávez del cáncer que padece, por las estupidences que se dicen por ahí - muchas de las cuales tienen su origen en falta información oficial de la enfermedad la que se manipula como si se tratara secreto de Estado - aunque si no fuera por eso, seguramente sería por cualquier otra cosa. Lo importante es siempre tener una justificación para "defender" a Chávez, lo que no es otra cosa que "atacar" a cualquiera que piense u opine diferente.

El período electoral que ya está abierto hacia las elecciones del 2012, potencia esta batalla en internet que recién comienza. El problema mayor es que apenas se intensifique - si es que también entra en la pelea el grupo de hackers Anonymous para atacar cuentas de redes sociales y páginas del internet gubernamentales como ha amenazado en semanas recientes - el gobierno tendrá la excusa de aplicar los decretos de Chávez de diciembre pasado, que le permiten intensificar el control del ciberespacio, ya sea filtrando, bloqueando o cerrando sitios.

Lo que se avecina en Venezuela no es bueno para la libertad de expresión.

Esta mañana, en El Nuevo Herald, de Miami y bajo el título "Venezuela: Batalla ideológica se traslada a Twitter y Facebook", el periodista Antonio Maria Delgado, lo describe de la siguiente forma: "El enfrentamiento ideológico en Venezuela se ha volcado hacia la Internet con la aparición de piratas informáticos dispuestos izar la bandera de guerra en el ciberespacio para expresar sus puntos de vista, promover la desobediencia civil y bloquear las cuentas de correo electrónico y de Twitter de sus adversarios".

Periodistas narcisistas: Ramos y del Rincón

El Periodismo no es fácil. Bien ejercido demanda mucho desprendimiento ante los hechos que se cubren; es parte de la objetividad que no solamente debe bañar las noticias, sino también la forma de vivir la profesión. Ser testigos y no protagonistas.

Los periodistas tienen no solo el derecho, sino también el deber de centrarse en su primera persona para explicar hechos íntimos que de otra forma no podrían ser experimentados por sus públicos. Y eso es bueno y saludable que se practique.

Lo malo es cuando relatan sus experiencias de cobertura, los dolores que sufren las víctimas de algún hecho, como si por cubrirlas les diera derecho a hablar del dolor y de la tragedia en primera persona, haciendo que su experiencia sea incluso mayor que la tragedia que otros vivieron.

Este es un tipo de periodismo deleznable, narcisista, en el que el periodista en un arrebato de egoísmo se posiciona como protagonista y presuntuosamente centro de atención. Es una tendencia que se da más entre los periodistas de televisión, tal vez porque confunden la popularidad con la que se le reconoce en la calle con la calidad profesional.

En estos días, dos periodistas que respeto por su calidad profesional, cayeron en el narcisismo. Jorge Ramos de Univisión, entrevistado por sus pares y en su columna sobre Setiembre 11, describió sus peripecias para llegar al lugar, oler la tragedia y cubrirla, aunque olió a yo, yo y yo. El otro, de CNN en Español, fue Fernando del Rincón, en programas especiales, entrevistas sobre su experiencia en Japón tras el tsunami, también olió a yo, yo y yo, contando sobre su devastación y dolor.

Una lástima que dos cadenas de noticias respetables permitan que se haga un periodismo arrogante, hedonista y narcisista.