Argenina sin verdadera libertad de prensa

Publico el comunicado que sacamos con respecto a la visita que con la SIP hice a Argentina.

La Sociedad Interamericana de Prensa ratifica su preocupación por las acciones y omisiones del Estado que afectan en forma severa el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el país, mediante una estrategia oficial de control de la información.

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, quien encabezó la delegación internacional, advirtió que las evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina”. Asimismo, Marroquín “hizo un llamado a todos los sectores y a la población en general a defender y promover la libertad de expresión, porque sin ella no puede haber verdadera democracia”.

Marroquín, del diario Siglo 21, Ciudad de Guatemala, Guatemala, llegó acompañado a Buenos Aires de Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News, San Antonio, Texas, Estados Unidos; Claudio Paolillo, copresidente de esa comisión, del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay; María Elvira Domínguez, titular de la Comisión Chapultepec, de El País, Cali, Colombia; por Julio E. Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y director de Libertad de Prensa de la institución respectivamente.

Más allá del documento que entregó la Secretaría de Medios a la delegación internacional de la SIP, en la que realiza diversas acusaciones contra un grupo de medios concreto y establece que hay “completa libertad” de prensa en el país, la institución hemisférica ha constatado un panorama diferente en el que se ha incentivado la confrontación y polarización de la sociedad.

                                                                                                                      

Luego de las múltiples entrevistas con actores políticos, sociales y periodísticos, la misión de la SIP fue reiteradamente informada sobre la existencia de legislación que potencialmente afecta a la prensa en materia de discriminación de otorgamiento de licencias operativas, con una clara intromisión en los contenidos de los medios y sus criterios editoriales; y un proyecto para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para periódicos.

También la SIP detectó el uso indebido de recursos públicos para castigar o premiar a medios y periodistas a través de dádivas y de la distribución de publicidad oficial de acuerdo a posiciones editoriales. En ese marco, fueron recabadas insistentes denuncias sobre la creación de redes públicas y privadas de medios y periodistas dedicados a hacer propaganda y/o apoyar las acciones de gobierno.

La misión también recibió denuncias concretas sobre hostigamiento y amedrentamiento de parte de organismos del Estado contra periodistas independientes o críticos; de incumplimiento de fallos judiciales en materia de libertad de prensa que permitió, por ejemplo, el bloqueo de la circulación de diarios el 27 de marzo pasado, sin que esa conducta hubiera acarreado responsabilidades ulteriores; y del impulso de sorprendentes acciones judiciales acusando a directivos de periódicos de supuestos delitos de lesa humanidad. 

Rivard dijo que el temor de la SIP es que el “clima de la libertad de prensa continúe deteriorándose” y que “si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no revierte esta situación de ataques permanentes contra los medios de comunicación, el pueblo argentino perderá otra vez, como en épocas oscuras del país, la verdadera libertad de expresión”.

Por su parte, Paolillo dijo que “debe quedar bien en claro que a diferencia de la opinión manifestada por el gobierno a la delegación, cualquiera sea la consideración sobre el accionar de periodistas y medios de comunicación, la responsabilidad principal para garantizar y promover el efectivo ejercicio de la libertad de expresión corresponde al Estado”. Ese mandato surge de la Constitución de la República y de los pactos internacionales reconocidos y suscritos por Argentina.

La SIP recibió un cuestionamiento de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) sobre la inequidad que padece la prensa regional en materia impositiva respecto a los grandes medios del país. En ese sentido, se remarcó una promesa incumplida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2009 anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso estableciendo un tratamiento especial para los periódicos del interior del país.

Desconcertó a la misión de la SIP saber sobre declaraciones de altos funcionarios de gobierno que trasuntan un desconocimiento de las responsabilidades que les caben en el ejercicio de su función en una democracia, como por ejemplo, el ministro del Interior, ha declarado que “los medios públicos están al servicio del gobierno” u otros funcionarios que han establecido que los periodistas deben ser militantes.   

En ese sentido, la SIP considera imprescindible una mayor voluntad política tanto de la oposición como del gobierno, para que el país se sume a otros que han  adoptado leyes efectivas de acceso a la información pública y transparencia; y adopte reglas claras y técnicas para la utilización de los dineros públicos, ya sea en materia de publicidad oficial como de propaganda electoral.

La SIP recuerda que los medios de comunicación del Estado deben estar al servicio de toda la sociedad y no ser utilizados por los gobiernos, cualquiera sea la ideología de éstos.

Este es un informe preliminar de la misión, cuyos resultados finales serán elevadas a las autoridades de la SIP. La delegación tuvo entrevistas con organizaciones no gubernamentales, como con Laura Sommer, del Centro de Implementación de Políticas Públicas; Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano; y Eduardo Oteiza, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles. También con el secretario de Medios de la Presidencia de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, y varios de sus colaboradores. Con la senadora, María Eugenia Estenssoro, presidenta de la Comisión Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación; la diputada, Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa y varios legisladores de esa Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

La delegación se reunió con la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena I. Highton de Nolasco; con el presidente de la Comisión Episcopal para Medios de Comunicación Social, arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Jorge Oesterheld. Se realizaron reuniones con los periodistas Luis Majul, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Carlos Jornet, Julio Rajneri, Hugo Grimaldi y Daniel Dessein; así como con directivos de medios como Jorge Fontevecchia y Gustavo González, de Editorial Perfil; Bartolomé Mitre y Fernán Saguier, de La Nación y Héctor Magnetto y Héctor Aranda de Clarín, entre otros representantes.

La delegación también se reunió con representantes y directivos de medios del interior del país; miembros de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, Alberto Gowland Mitre, vicepresidente de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Ripoll, presidente de la Asociación Argentina de Editores de Revistas, Carlos Molinero, director ejecutivo de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y Edmundo Rébora y Héctor Parreira de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.

Otras reuniones se realizaron con el secretario General de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina y diputado nacional, Omar Francisco Plaini. Con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el diputado, Oscar Moscariello, vicepresidente de la Legislatura y Diana Martínez Barrios, presidenta de la Comisión de Comunicación Social. La SIP también se reunió con representantes de ADEPA, encabezados por su presidente, Daniel Dessein; con miembros de ADIRA, liderados por su presidente, Fernando Cuello; y de FOPEA, encabezados por su titular, Gabriel Michi.

Otras entrevistas que fueron solicitadas pero por motivos varios no fueron concedidas incluyeron a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; al diputado nacional, Alejandro Rossi; al senador, Miguel Pichetto; al secretario general de la CGT, Hugo Moyano; al ministro del Interior, Florencio Randazzo;  y al asesor general de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, Carlos Taboada.

La SIP también recibió denuncias, y cuestionamientos, de parte de periodistas y otros empleados de medios de comunicación, que comparten la línea oficialista en materia de libertad de prensa sobre las amenazas, que según ellos, representan los “grupos monopólicos de la comunicación” para “el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.

 

Piñera firmó la Declaración de Chapultepec

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó hoy la Declaración de Chapultepec, en un acto solemne en la Plaza de la Constitución frente al Palacio de la Moneda, durante una ceremonia en la que participaron miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de la Asociación Nacional de la Prensa de Chile (ANP).

En un compromiso contundente con la libertad de prensa, Piñera resaltó cinco puntos del gobierno para “defender y promover en todo tiempo, lugar y circunstancias la libertad de prensa”. También especificó que su gobierno elevará la voz cuando otros gobernantes mancillen esa libertad.

“Actuaremos con la mayor transparencia ya que la democracia se mide por el control y el escrutinio público, por lo que estoy comprometido a seguir incrementando los niveles de transparencia”, dijo Piñera.

El presidente chileno también se refirió a la creación de una cultura “de la rendición de cuentas” y a mantener una política de puertas abiertas para que los medios y el público acceda a la información oficial.

También resaltó la política de extensión de la banda ancha en su país “para que todos participen con sus ideas”, en referencia a que las nuevas tecnologías han roto con el monopolio de la información.

Pinera fue antecedido por el presidente de la ANP, Alvaro Caviedes y por el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín.

Marroquín dijo que “desde esta bella plaza de la capital chilena hacemos un llamado a la sociedades de Norteamérica, el Caribe, Centroamérica y el Cono Sur para que juntos, prensa y sociedad, asumamos algo más que una actitud de alerta; una actitud de rechazo ante cualquier acción que pretenda restringir el derecho humano de libre expresión”.

El presidente de la SIP explicó que hay dos grandes enemigos de la libertad de expresión y de la libertad de prensa: el crimen organizado y los gobiernos intolerantes y autoritarios, que “en ambos casos pretenden limitar, restringir o terminar completamente con ese libre tráfico de información que tanto les incomoda por razones que resultan más que obvias”.

Pinera se convirtió en el 59º presidente en firmar la Declaración de Chapultepec, documento que contiene 10 principios fundamentales para que una prensa libre cumpla su papel en la democracia. La Declaración fue adoptada por líderes políticos, intelectuales, periodistas y ciudadanos de toda América durante una Conferencia Hemisférica celebrada en 1994 en México.

Piñera rescató que la libertad de prensa también conlleva deberes, obligaciones y responsabilidades, entre ellas citó “el compromiso de ejercerla con pleno respeto a la verdad”. También añadió que la prensa debe respetar “la dignidad y la honra de las personas”.

Por último, insistió en que la prensa tiene el deber de contribuir “a la calidad del debate público” y agregó que “quienes bajan la calidad para aumentar las audiencias, perjudican el sentido de la libertad de prensa”.

La delegación internacional de la SIP, además de Marroquín (Siglo 21, Guatemala), está integrada por Jorge Fascetto (Diario Popular, Argentina), Alejandro Miró Quesada (Cosas, Perú), Scott Schurz (Hoosier Times, Inc, Estados Unidos), Bartolomé Mitre (La Nación, Argentina), Claudio Paolillo (Búsqueda, Uruguay), María Elvira Domínguez (El País, Colombia), Jorge Canahuati (La Prensa, Honduras), Francisco  Miró Quesada (El Comercio, Perú), Gilberto Urdaneta (El Regional del Zulia, Venezuela), José  Roberto Dutriz (La Prensa Gráfica, El Salvador), Fabricio Altamirano (El Diario de Hoy, El Salvador), Marcela Noble Herrera (Grupo Clarín, Argentina), Ulilo Acevedo Silva (Hoy Diario del Magdalena, Colombia), Saturnino Herrero Mitjans (Grupo Clarín, Argentina), Julio E. Munoz (director ejecutivo de la SIP) y Ricardo Trotti (director de Libertad de Prensa de la SIP).

Defender la libertad de prensa - Foro desde Santiago

El ex presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, reclamó que “no hay democracia sin libertad de prensa”, en la inauguración de la Conferencia sobre Libertad de Expresión que comenzó esta mañana, organizada entre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Nacional de la Prensa de Chile (ANP).

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, al inaugurar el evento como parte de los festejos del Día Mundial de la Libertad de Prensa, a celebrarse mañana, hizo un llamado a la responsabilidad de todos desde Chile a que “debemos defender la libertad de prensa no como un derecho de los periodistas y de los medios de comunicación, sino como un privilegio esencial de la sociedad”.

En su clase magistral, Sanguinetti dijo que la revolución tecnológica hizo que se revaloricen los términos de la sociedad en materia de comunicación, como los problemas de soberanía entre China y Google; o las revoluciones en los países árabes que se iniciaron a través de las redes sociales.

Sanguinetti criticó a los populismos por sus restricciones a la libertad. Además de referirse al peronismo argentino y al chavismo venezolano, criticó el referendo popular del presidente Rafael Correa “por tratarse de una super encuesta con preguntas condicionadas” en la que se busca el apoyo para una política gubernamental contraria a la libertad de prensa.

Alvaro Caviedes, presidente de la ANP, coincidió con Sanguinetti en que los periodistas “tenemos responsabilidades y debemos cumplir con altos estándares de ética”. Agregó que la tradición en Chile sobre autorregulación de los medios ha sido una práctica adecuada y efectiva para defender la libertad de prensa. 

Por su parte, Julio E. Muñoz, director ejecutivo de la SIP, insistió en el contenido de la Declaración de Chpaultepec como principios de libertad de prensa que deben respetarse para revalorizar la democracia.

Durante el panel “Censura y la violencia en el continente”, moderado por Jorge Canahuati, de La Prensa, Honduras, la panelista chilena Mónica González dijo que la batalla contra la violencia no se gana con declaraciones, recuento y estadísticas de periodistas asesinados, sino con denuncias certeras sobre quienes dominan el crimen organizado. “Inviertan en unidades de investigación, en periodismo de calidad”, dijo.

Por su parte, Claudio Paolillo, de Búsqueda, Uruguay, hizo un repaso de los diferentes tipos de censura que se imponen en todos los países americanos, tanto de índole política, judicial como legal, más allá de la violencia contra periodistas y medios.

El panel “La libertad de expresión en el continente latinoamericano”, fue moderado por Alejandro Miró Quesada, de Cosas, Perú. María Elvira Domínguez, de El País, Cali, ahondó sobre la impunidad sobre crímenes contra periodistas, reflotando un caso propio, el de Gerardo Bedoya, director de Opinión de su diario, quien fue asesinado por sus denuncias en contra del narcotráfico.

José Roberto Dutriz, de La Prensa Gráfica, El Salvador, habló de la inseguridad en su país, “no solo en las calles, sino también en los tribunales”. Reflexionó sobre el retroceso para la libertad de prensa que implica el acoso judicial y que es necesaria una reforma legal para evitar que se castigue a medios y periodistas por sus contenidos y denuncias. 

Guillermo Turner, de El Financiero, Chile, dijo que se debe defender la libertad de prensa, entre otras cosas, a través de medios que mantengan su papel periodístico sin dejarse arrastrar al terreno de la polémica política, para no perder credibilidad.

Respecto a la Ley de Transparencia en Chile, Juan Pablo Olmedo, del Consejo para la Transparencia, dijo que el acceso de la información pública contribuye a la independencia de los medios y contrarresta la tendencia a la secrecía del Estado.

Como parte de las actividades el presidente chileno Sebastián Piñera firmará la Declaración de Chapultepec, decálogo de principios sobre libertad de prensa, en un acto que se realizará el martes 3 de mayo en el Palacio La Moneda, sede del gobierno chileno. Piñera es el 59º presidente en firmar esta Declaración.

Una destacada delegación internacional de la SIP participó de la conferencia. Acompañan a Marroquín, además de Canahuati, Paolillo, Miró Quesada, Dutriz, Domínguez y Muñoz, Jorge Fascetto (Diario Popular, Argentina), Scott Schurz (Hoosier Times, Inc, Estados Unidos), Bartolomé Mitre (La Nación, Argentina), Francisco  Miró Quesada (El Comercio, Perú), Gilberto Urdaneta (El Regional del Zulia, Venezuela), Marcela Noble Herrera (Grupo Clarín, Argentina), Ulilo Acevedo Silva (Hoy Diario del Magdalena, Colombia), Saturnino Herrero Mitjans (Grupo Clarín, Argentina) y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP.

La agenda de la SIP en Chile culminará el martes 3 de mayo por la tarde con una conferencia de prensa.

Sábato: el legado de los derechos humanos

Nos acaba de abandonar Ernesto Sábato. Fue de los grandes escritores argentinos y universales. Su literatura es de las mejores pero yo me quedó con aquel enérgico hombre, de frágil apariencia, que entregó su vida intelectual para la causa de los derechos humanos, y que será recordado por su libro Nunca Más con el que la democracia que empezaba de Raúl Alfonsín quiso retratar el pasado reciente tras las violaciones a la dignidad por parte de las dictaduras militares.

Cuando estaba escribiendo el libro Nunca Más a los Crímenes Contra Periodistas para la SIP, tuve la suerte de comunicarme con él por un prólogo que nos escribió para ese texto y habla sobre por qué era necesario abrazar una causa como esta.

A su memoria, y en agradecimiento a su compromiso, reproduzco aquí el prólogo que nos escribió:

“He recordado alguna vez que son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de la persona a través de la historia y, en nuestro tiempo, desde los que consagró la Revolución Francesa hasta los estipulados en las Cartas Universales de Derechos Humanos y en las grandes encíclicas de este siglo.

Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra, estatuyeron en sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni aun en los más catastróficos estados de emergencia: el derecho a la integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución sumaria, pero primero y principalmente, el derecho a la vida.

Sin embargo, el hombre sigue siendo trágicamente el lobo del hombre. Y ningún adelanto técnico o científico ha enervado dicha conducta, porque la ética y la estética del hombre no se construyen con los valores del cientificismo ni de la tecnología, que ni siquiera impiden que se siga destruyendo el propio planeta.

                                   

Pero atento a lo que me solicita en esta ocasión la Sociedad lnteramericana de Prensa, me referiré al derecho a la vida y a los crímenes cometidos contra periodistas, cuya impunidad y cantidad — más de 200 en la última década — tan justificadamente alarma y desvela a la SIP.

Téngase en cuenta además, que esta forma de “censura”, la más arcaica y brutal de conculcar la libertad de prensa y la libertad de expresión, no sólo constituye la desaparición física del mensajero, sino también la del mensaje, la de la información, o sea la eliminación total del objetivo esencial del

periodismo.

He luchado durante toda mi vida en defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, porque no tengo ninguna duda de que sin libertad de prensa no puede haber democracia. Y si considero ominoso e inaceptable que un periodista sea asesinado por la simple razón de estar cumpliendo con su deber de informar, también considero moral y jurídicamente inaceptable que tal asesinato quede impune.

Es por ello que apoyo fervorosamente la iniciativa de la SIP “Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas” que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han hecho propias proyectándola a escala mundial.

Y me comprometo, en la modesta medida de mis fuerzas, a contribuir con dicha proyección, para poder decir a los crímenes contra periodistas, NUNCA MAS”.                                   

Centroamérica en guerra

Honduras, El Salvador y Guatemala están perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Un editorial del The Miami Herald no pudo haberlo dicho mejor. EEUU está haciendo poco y nada para ayudar a sus vecinos a lidiar con un problema cuya causa principal es el consumo de drogas y cocaína de su propia gente.

Estos tres países tienen la incidencia criminal mayor del mundo. El porcentaje de muertes violentas por cada cien mil habitantes es mayor que en Irak donde es de 14, según la ONU. En Honduras alcanza a 77 y en El Salvador a 71.

Es cierto que los gobiernos de estos países tienen dificultades estructurales y las instituciones son débiles históricamente, habiendo sido golpeados por la guerra civil que en décadas pasadas arrojó más de cien mil víctimas. Pero también es cierto que los esfuerzos estadounidenses se enfocaron en Colombia y México, siendo que desde Honduras, por ejemplo, es transportada el 42% de la cocaína que viaja hacia el norte.

México acaba de crear una nueva legislación para combatir el lavado de dinero. Ayudar a crear reformas y otorgar los recursos para mantener cuerpos policíacos en este sentido, sería una gran contribución en Centroamérica para combatir los 300 o 400 billones de dólares que maneja anualmente el narcotráfico. Si uno piensa que el producto bruto de Honduras alcanza a 29 billones, se puede dar cuenta de la desventajas que tienen los estados frente al crimen organizado.