Chile-Argentina y los derechos humanos

La polémica entre los gobiernos de Chile y Argentina por el ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, muestra cuán diametralmente opuesta puede ser la perspectiva sobre los derechos humanos dependiendo si la óptica corresponde a Sebastián Piñera o a Cristina de Kirchner.

El gobierno chileno pidió la extradición del ex guerrillero de ese país, máximo dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), por el asesinato del senador Jaime Guzmán y, entre otros crímenes, por el secuestro de Cristián Edwards. Tras el de extradición, el gobierno argentino prefirió concederles asilo político, basado en un manido argumento de que no tendría argumentos de debido proceso en su país.

Era obvio que Piñera se disgustaría, así como todos los líderes chilenos, quienes ven que en Argentina se discrimina en materia de derechos humanos, ya que se utiliza para juzgar o no olvidar las atrocidades de los militares, mientras se hace la vista gorda sobre los ex guerrilleros que también desgarraron el país con las armas y sus violaciones.

El gobierno argentino no actúa en forma muy objetiva, si se considera que hace unos cuantos días atrás, el discurso de la presidenta Kirchner ante la asamblea de la Naciones Unidas tuvo como objetivo reclamar al gobierno de Irán que extradite a los iraníes responsables del atentado contra la AMIA, asegurando que se garantizará un proceso justo y transparente.

Justamente lo que el gobierno chileno le ha asegurado al argentino sobre el caso Apablaza, además de que se trata de un ciudadano chileno que es buscado por cometer crímenes en su país.

Se trata de un grave error de cálculo del kirchnerismo. Debiera construir no destruir relaciones con quien debiera ser su mejor aliado.

Círculos bolivarianos infantiles

Hugo Chávez sigue sumando y riéndose del mundo entero después de que perdió las elecciones hace 10 días atrás. En lugar de hacerle caso a las urnas que, como dije en el post anterior, le dieron el mandato de morigerar sus actitudes “comunistoides”, está haciendo todo lo contrario.

Ahora a sus declaraciones del domingo sobre que las milicias civiles deben estar armadas (más el hecho de que dos etarras declararon en España que recibieron entrenamiento en Venezuela, recordándonos las denuncias de un juez español de principios de año sobre la conexión ETA-Venezuela- FARC), en el inicio del año escolar, “fue más que la oportunidad para fortalecer el sistema comunal revolucionario y el modelo socialista”, como denunció desde sus páginas El Universal de Caracas.

En la inauguración de escuelas, liceos y un centro universitario ocurrido ayer, Chávez declaró que “todo esto es un regalo de la revolución”, después de hablar de los próximos "círculos bolivarianos infantiles para estudiar, divertirse y hablar de los problemas de la familia", similares a los que desde hace décadas en la Cuba de Castro sirven para ideologizar a los menores y niños enajenando sus pensamientos sobre sus propias familias.

Serán tres meses muy duros éstos, antes de que el nuevo Congreso con balances y contrapesos de la oposición arranque en enero de 2011. Mientras tanto, Chávez hará descalabros.

Chávez: milicias, locura desafiante

Era de esperar. Hugo Chávez perdió las elecciones y en vez de morigerar el alcance de gobierno como pidieron las urnas, reapareció desafiante el domingo con dos medidas que radicalizan la revolución bolivariana que la mayoría ya no quiere.
Pero así es Chávez. Se comporta con una locura desafiante. Ahora dijo que quiere que todas las milicias civiles del país que creó en 2005 deben estar armadas. Es obvio que lo que pretende es armar a la gente no para evitar una invasión del “imperio” como quiere aparentar, sino para intimidar a cualquier disidente o grupo de oposición interna.

El grave peligro es que en un país polarizado como lo ha convertido, la gente armada, sin entrenamiento policial o militar, podrá en cualquier momento alzarse en armas y comenzar una guerra civil sin mucha justificación. Basta recordar las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) creadas en Guatemala para combatir a los insurgentes, las que luego de la guerra civil, fueron las que cometieron los mayores abusos a los derechos humanos y el sector más difícil de aceptar el desarme o ser desarmadas.

Como militar, Chávez debería saber mejor a lo que está exponiendo a los ciudadanos venezolanos.

Corrupción detuvo a Dilma Rousseff

Dilma Rousseff había caído en las encuestas en la última semana debido a las denuncias de corrupción y tráfico de influencias en su contra y sus allegados, pero se esperaba que todavía tuviera suficiente techo para llevarse la Presidencia en la primera vuelta, tras sondeos que en el peor de los casos le daban el 52% de los votos.

Este domingo unos 136 millones de brasileños, con una abstención del 17%, le dijeron que no a la corrupción y no le dieron la oportunidad de haberse convertido en la primera mujer presidenta del país, por lo que habrá que esperar hasta el ballotage del 31 de octubre. Escrutados el 98% de las mesas, la delfín del presidente Lula da Silva consiguió un 47% de los votos, José Serra (Partido de la Social Democracia Brasileña) como mejor opositor consiguió el 33% y Marina Silva (Partido Verde) fue la sorpresa de la jornada con el 19%.

Lula no debe estar muy contento. Su 85% de popularidad después de ocho años de gobierno y su campaña a favor de su candidata particular, parecía la fórmula perfecta para que Rousseff obtuviera más del 50% de los votos.

La subida de Serra y la explosión de Silva en la última semana - las encuestas los daban a los dos muy por debajo de los porcentajes que sacaron - hablan a las claras de que las denuncias sobre corrupción y la pelea de Lula y Rousseff contra la prensa debido a esas acusaciones, fueron hoy los factores claves.

Correa y sus maestros se aprovechan

El presidente ecuatoriano sabe cómo sacarle jugo a las situaciones conflictivas. Lo hizo en toda su Presidencia con su estilo arrogante y prepotente. La sublevación policial del jueves pasado le dio la excusa perfecta para tratar de posicionarse mejor en la política de su país, donde los grupos no solo de derecha, sino también de izquierda, están erosionando su base popular.

No hay evidencias claras de que el estúpido amotinamiento haya sido parte de un golpe de Estado por el ex presidente Lucio Gutiérrez, quien declaró desde Brasil que las alucinaciones de Correa solo tratan restarle credibilidad; además de que son infundados los fantasmas de los maestros del presidente ecuatoriano, Hugo Chávez y Fidel Castro, de que el “imperio” es el que estuvo detrás del supuesto golpe.

La única sorpresa esta vez con Correa es que atribuyó la reyerta del jueves a todos menos a la prensa. Es que no pudo sacar provecho de su veta anti mediática, ya que desde el hospital, desde donde estuvo secuestrado, según él, firmó el decreto de estado de sitio, por el que los medios electrónicos del país se tuvieron que encadenar. Obligados a propalar la “verdad oficial” no les pudo acusar de estar inmiscuidos o como promotores de las escaramuzas que fueron responsabilidad única de policías.

Los señalamientos de Correa y sus maestros de tirarle la responsabilidad a Estados Unidos es por demás boba. La sublevación de la policía y el irrespeto en contra de Correa se debió a una ley que le quita beneficios a los policías, así como al veto de numerosas leyes que demuestran el presidencialismo excesivo que supo acaparar con las reformas constitucionales, que también determinaron el principio de “muerte cruzada” establecido en la Constitución, que le permite cerrar el Congreso, como ya ha amenazado al menos en dos oportunidades.
La inestabilidad del Ecuador es producto de la forma de gobernar y de la personalidad de Correa, que con un temperamento desencajado, desbocado y confrontativo, que dejó traslucir el jueves durante todo el día, mostró a las claras el por qué su país está polarizado y dividido.
Desde ahora en adelante, con la ayuda del Unasur y las mentiras hacia el extranjero, Correa buscará ser más populista que antes y no sería descabellado que aproveche para justificar y profundizar su revolución.

Escépticos periodistas mexicanos

Rabia, frustración, escepticismo y moderado optimismo conforman un coctel de sentimientos encontrados que tiene hoy la prensa en México, frente a la violencia del crimen organizado y la nueva reacción gubernamental para frenarla.
Rabia. Porque la prensa, particularmente la de las provincias, sigue siendo víctima del narcotráfico y de políticos o corruptos que contratan sicarios para matar y secuestrar periodistas, mientras los gobiernos federal y estatal juegan a enrostrarse responsabilidad, pero no actúan.
Frustración. Porque siente que la protección de las autoridades es inexistente y que el crimen sobrepasa la capacidad de las instituciones públicas y de seguridad. Publicar denuncias sobre el crimen organizado es, muchas veces, una acción suicida que ya se cobró la vida de 10 periodistas este 2010; o ser acusado por las autoridades de incentivar la violencia. Así, el periodismo opta por la autocensura y el silencio como mecanismos de autodefensa.
Escepticismo. Porque desconfía de las promesas que el presidente Felipe Calderón hizo esta semana para defender la libertad de prensa y proteger a los periodistas, ya que, pasados varios años de su mandato, no ha mostrado resultados y continúa la impunidad en más de 60 crímenes contra reporteros en el último lustro. Y porque no cree que el gobierno tendrá tiempo suficiente para impulsar reformas para que los delitos contra los informadores sean de orden federal, agravados y no prescriban.
Moderado optimismo. Porque la nueva fiscalía creada en julio para atender delitos contra la libertad de expresión y el sistema de evaluación de riesgos y seguridad para periodistas anunciado para octubre, a semejanza del modelo colombiano, son buenas iniciativas que demuestran mayor voluntad política, aunque se duda si darán buenos resultados sin recursos ni presupuesto adecuados.
El Diario, de Ciudad Juárez, la más violenta del país, puso en evidencia la rabia y la frustración esta semana con una editorial bajo el título “¿Qué quieren de nosotros?”, reclamándole al narcotráfico una tregua por el asesinato de otro de sus periodistas y reconociéndole como los únicos amos y señores de ese territorio. El reconocimiento al narco como autoridad de facto, fue un tiro de elevación y provocación al gobierno federal por la falta de justicia que garantiza y a su guerra contra el narcotráfico, que el diario considera ineficiente y perdida.
Muchos son los medios en el interior que piden más protección, que se aplique la ley, pero se sienten frustrados porque el crimen gana terreno. Ya no solo infiltra a las instituciones gubernamentales, sino al periodismo, como denunció Patricia Mercado, directora del periódico Imagen de Zacatecas, durante un foro que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) organizaron en Ciudad de México.
Mercado denunció frustración ante el aumento de las amenazas contra periodistas y medios, y que buscan alternativas al silencio. Ramón Cantú, director de El Mañana de Nuevo Laredo, ha optado por omitir noticias sobre balaceras y escaramuzas a preferencia de análisis sobre temas de narcotráfico que aporten al debate social. Javier Garza, director de El Siglo de Torreón, dice que publica en el extranjero lo que calla a nivel local, con lo que consigue protección, y a la vez mayor resonancia.
Muchos consideran exagerado ser optimista con los anuncios que Felipe Calderón le hizo a la SIP y al CPJ. Otros, en cambio, creen que llegan en el momento apropiado. Justo cuando la prensa nacional acaba de sufrir secuestros en carne propia, prestándole ahora más atención al fenómeno de la violencia contra los periodistas, más dispuesta a trabajar unida y así presionar editorialmente al gobierno para que cumpla con lo prometido.
Pero sería un error que la prensa ejerciera presión solo en la creación de fiscalías especiales y órganos de seguridad para su propio beneficio, ya que el mejor resguardo para la libertad de expresión deviene del funcionamiento pleno de las instituciones y de la seguridad democrática.
Si lo que se busca es imitar el caso de Colombia, debe recordarse que el sistema de protección para la prensa colombiana fue más eficaz, una vez que el ex presidente Alvaro Uribe logró mayor gobernabilidad en general, al haber combatido exitosamente a las guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.

Ecuador: libertad de prensa es indispensable

Ningún gobierno y casi ninguna organización pidió lo que es necesario en Ecuador en estos momentos de crisis: libertad de prensa.

El gobierno de Rafael Correa desde que el Presidente estuvo retenido por policías sublevados en el Hospital Policial, decretó el estado de sitio y con eso se suspendieron automáticamente las garantías ciudadanas, obligándose a los medios privados electrónicos a encandenarse obligatoriamente con las autoridades nacionales por cinco días.

La Sociedad Interamericana de Prensa fue la primera organización en pedir que más allá de que se preserve la democracia, condenó las restricciones informativas por considerarse una violación a la libertad de prensa. El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, expresó su confianza de que Ecuador “supere la situación de convulsión que atraviesa y se retorne inmediatamente a la plena institucionalidad, pero que también implique el respeto para que el periodismo pueda trabajar en forma libre y se garantice el derecho a la información de todos los ecuatorianos”.

Lo inaudito es que los gobiernos sudamericanos reunidos en la organización de UNASUR, ni la OEA, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenaron la sublevación y pidieron el respeto a las instituciones democráticas, se acordaron que la Carta Democrática manda respetar la libertad de prensa, la que se torna más importante aún en épocas de crisis, cuando los ciudadanos necesitan tener información amplia, plural, diversa e independiente a la del gobierno para entender hechos confusos.

El gobierno de Correa no debe confundirse y debe entender que para preservar la democracia se necesita la libertad de prensa.

El Gobierno declaró esta tarde el Estado de Excepción por cinco días y poco después la Secretaría de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que indicó que “De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 letra b) de la Ley de Radiodifusión y Televisión; y 63, 65, 66 y 70 de su Reglamento General; y por petición de la Presidencia de la República se dispone la difusión de la cadena de radio y televisión a nivel nacional”. El documento aclaró que la disposición es obligatoria, “indefinida e ininterrumpida hasta segunda orden” y los infractores serán sancionados con todo el rigor de la Ley.