En Argentina ya nada sorprende

En materia de libertad de prensa y relación tensa entre medios y gobierno, en Argentina cualquier cosa cabe, vale. Nada sorprende. Desde ayer el gobierno hizo regir la ley de medios que todavía está paralizada por la justicia, reglamentando que en el término de un año, los medios electrónicos deben vender sus licencias de tv y radio que excedan los límites, según una resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que reglamenta el polémico artículo 161 de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales (ley 26.522).

La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.

Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.

El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.

Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.

Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.

La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Candidatos peruanos y acceso a la información

Peruanos y acceso 9-09-10
Estando en Perú en estos días donde vine a inaugurar un seminario sobre Diarios Populares como parte de nuestra oferta de entrenamiento profesional con la Sociedad Interamericana de Prensa, tuve la satisfacción de llegar el día en que los candidatos a alcalde de Lima se comprometieron públicamente con la libertad de prensa y de expresión.
Los aspirantes al sillón municipal firmaron “Los principios de Lima”, comprometiéndose, en caso de ser elegidos el 3 de octubre, a “promover y facilitar el acceso a la información pública en favor de los ciudadanos para fortalecer la libertad de expresión”, según recoge el diario El Comercio en su portada de hoy.
Los candidatos, reunidos en esta iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, se comprometieron a mantener administraciones transparentes como forma de luchar en contra de la corrupción y en contra de la cultura del secreto. Entre ellos se encontraban las máximas aspirantes, según las encuestas, la ex candidata presidencial Lourdes Flores y Susana Villarán.
“Los principios de Lima” es un decálogo que incluye preceptos sobre acceso a la información como derecho humano, transparencia y desarrollo, protección de fuentes periodísticas y la obligación de las autoridades en estos casos.

Setiembre 11 y la mezquita

A pocos días de conmemorarse el noveno aniversario de Setiembre 11, los planes de construir una mezquita y un centro cultural islámico a pocos metros de la Zona Cero en Nueva York, reabrieron heridas y activaron resentimientos contra una religión a la que muchos perciben como refugio de extremistas y fundamentalistas.

Nunca antes otro hecho relacionado al terrorismo y al atentado en 2001 contra las Torres Gemelas, había despertado tanta polémica. Las emociones y pasiones están divididas, algo lógico considerando que la discusión se centra en la colisión de derechos constitucionales de igual valor, pero que no son absolutos: la libertad de religión y el derecho al honor.

La controversia puede exasperarse camino a las elecciones legislativas de noviembre, ya que obliga a partidos y políticos a asumir posturas contundentes para posicionarse frente a su electorado, que pueden interpretarse en forma diametralmente opuestas.

Para muchos, el enfoque ajustado a la Constitución del presidente Barack Obama de defender la libertad religiosa y el derecho de toda persona a erigir un templo y practicar su fe religiosa, siempre y cuando no se viole ninguna ley, no es más que una simple bofetada al sentimiento patriótico estadounidense. Las encuestas descubrieron que cada vez más personas piensan que Obama es musulmán, a pesar de confesarse cristiano.

En cambio, la prédica de la ex candidata a vice presidenta Sarah Palin, ajustada a los sentimientos de las víctimas y al honor y dignidad que piden sus familiares, sobre que la construcción de la mezquita en la Zona Cero es una provocación innecesaria, es vista como un caso de intolerancia religiosa y un asunto que podría incentivar a los terroristas religiosos a seguir atentando contra el país.

Los sondeos reflejan esas opiniones paradójicas. La mayoría considera fundamental la libertad de culto, pero a su vez tiene peros, argumentando que la obra de 15 pisos y de 100 millones que promueve con toda pasión el imán Feisal Abdul Rauf no se da en el tiempo oportuno ni en el espacio adecuado.

La cuestión del tiempo es válida, porque a veces se necesitan generaciones para olvidar o perdonar, como sucedió a los estadounidenses por Pearl Harbor o a los japoneses por Hiroshima y Nagasaki. En cuanto al espacio conviene recordar que la misma polémica instalada en Nueva York, es la que hoy se da a cientos de kilómetros en una ciudad del estado de Tennessee, donde una comunidad furiosa trata de impedir que se construya otra mezquita.

La postura se justifica en la Zona Cero porque puede resultar una ofensa grave para los familiares de las víctimas, evitándose así más irritación, división y odio, como opina el ex alcalde Rudolph Giuliani. Pero en Tennessee o en cualquier otro lugar, no hace más que mostrar discriminación contra un credo y una violación a la libertad religiosa.

Esto, sin quererlo, contribuye a despertar sentimientos anti occidentales, como los que enarbola el clérigo musulmán de origen estadounidense, Anwar al-Awlaki, quien en internet recluta a fanáticos para su guerra santa, así sea contra EEUU o contra Francia, por el hecho de que en julio sancionara una ley que prohíbe a las mujeres musulmanas que usen el burka o velo integral en lugares públicos. Una polémica entre quienes promueven la libertad de culto y quienes defienden los derechos civiles de las mujeres y los deberes ante el Estado.
Lo que se desprende de estos enfrentamientos es que en un mundo cada vez más globalizado, hay necesidad de que los gobiernos, tanto de Occidente como de Oriente, incentiven la educación sobre religiones y culturas para promover más entendimiento y menos roces.
El imán Abdul Rauf debería tener más consideración. Erigir un templo en el momento inoportuno y en el sitio inadecuado no solo afecta la memoria de las víctimas, sino que atrae sentimientos antirreligiosos, divisiones y rencores, aspectos a los que su obra se opone.

Si el objetivo es tener un espacio de reunión y oración, unas cuadras de diferencia no deberían afectarles a los creyentes musulmanes. Sin embargo, esa muestra de caridad con el dolor ajeno, y de que la libertad de culto también impone responsabilidades, pudiera arrimar más simpatizantes y comprensión a la fe islámica.

Culto vs. expresión

Los musulmanes en EEUU tienen miedo de venganzas ahora que se acerca el noveno aniversario de Setiembre 11, especialmente al continuar la polémica sobre la construcción de una mezquita en Zona Cero.
Las encuestas de opinión favorecen a aquellos que piensan que la construcción en esa área donde antes del 2001 estaban las Torres Gemelas no es un problema de libertad de culto, sino una falta total de respecto a la memoria de las víctimas y a sus familiares.
Concuerdo que no es un problema de libertad de culto, sin embargo, más allá de Zona Cero, se han originado numerosos otros incidentes en contra de los musulmanes estadounidenses que sí representan claras muestras de discriminación religiosa, como es el caso en Gainesville, la ciudad universitaria al norte del estado de la Florida, donde un grupo político, Dove World Outreach Center, prometió que se prepara para quemar varios ejemplares del Corán el 11 de setiembre, como protesta a los ataques guerrilleros.
Creo que así como no debiera considerarse que la construcción en Zona Cero es una cuestión de libertad religiosa, la quema de ejemplares de Corán no debería considerarse una opción de libertad de expresión y, para no ofender a los creyentes de esta fe religiosa, las autoridades no deberían permitir este tipo de protestas.
Ni la libertad de culto, ni la libertad de expresión son absolutos, y ambas tienen límites, a pesar de que son derechos que están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Canal 8: torpeza y ridiculez

La reciente medida adoptada por el gobierno hondureño de quedarse con Canal 8, no es más que una orden torpe y ridícula que raya en la expropiación y afecta las instituciones democráticas, la libertad de empresa y la libertad de prensa. Digo esto en contestación al señor Eduardo García que me hizo la pregunta en un comentario al post anterior.

Hay tres cosas que molestan de este decreto enviado por el presidente Porfirio Lobo que fue definido por el Congreso, quedándose con el Canal 8 que pertenece a Elías Asfura.

Primero, que produce una colisión sobre potestades de los poderes públicos, ya que la propiedad de Asfura había sido cosa juzgada por parte de la Corte Suprema de Justicia. El ciudadano común queda en la duda sobre cuán eficiente y confiable puede ser una Justicia a la que se le despoja su ecuanimidad por decreto.

Segundo, es una medida torpe, si se considera que arrebatándole el medio a Asfura y prometiéndole otra licencia a cambio, no habría sido mejor que el gobierno hubiera elegido la otra licencia para sí mismo y evitar así la polémica. Uno se pregunta, ¿qué diferencia hay entre este gobierno y el de Manuel Zelaya para quedarse con un medio cuando se le ocurre y de la forma que se le ocurre?

Tercero, Asfuera ya había cumplido con las medidas judiciales. No se quedó con Canal 8 durante el período de Micheletti porque se lo alquiló al gobierno a pedido del Ejecutivo, pero con la condición de que se lo entregaran apenas se iniciara el de Lobo. Ahora no solo que el Estado no ha cumplido sino que faltó a su palabra, lo que lo hace un gobierno menos creíble y confiable. De por sí malo para la democracia, para la libertad de prensa y para los intentos de insertar a Honduras en la OEA.

Ojalá este próximo martes el Congreso de marcha atrás, se respete la institucionalidad jurídica del país, se garantice la libertad de empresa, Asfura tome el control del canal que le pertenece y que el gobierno construya un canal de televisión público, que sirva a todos los hondureños, evitando hacer solo propaganda a favor de su gestión.

Violencia contra la prensa

La violencia sigue siendo una de las mayores violaciones a la libertad de prensa en América Latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad pública y la corrupción. En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; mientras que en los últimos seis, México se ha catapultado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre periodistas asesinados y desaparecidos.

Cientos de familias y salas de Redacción están de luto por la pérdida de periodistas. Aún más, cuando un reportero es asesinado, toda la sociedad resiente que su derecho a la información está quebrantado.

La autocensura es la medida de autoprotección más directa adoptada por los medios ante la inacción de los Estados para dominar la violencia. Y la impunidad, o la falta de justicia, sigue siendo el incentivo mayor para los violentos.

Los crímenes contra periodistas y su impunidad desnudan problemas mayores más allá de la libertad de prensa. Quedan familiares desamparados, redacciones con traumas severos, organizaciones dedicadas a la libertad de prensa totalmente frustradas, así como sistemas judiciales que no cuentan ni con leyes ni recursos adecuados para combatir este flagelo de la violencia contra la sociedad.

Papelón presidencial

Un verdadero papelón para la democracia argentina resultó ser el montaje escénico en el que la presidenta Cristina Kirchner acusó hace unos días a los diarios Clarín y La Nación de haberse apropiado de la fábrica Papel Prensa mediante crímenes de lesa humanidad, en confabulación con la dictadura militar.
Aunque miembros de la familia Gravier, que habrían sido los afectados, desvirtuaron los argumentos del informe presidencial titulado “Papel Prensa: la Verdad”, lo que preocupa es la forma cada vez más escandalosa que el gobierno utiliza para dirimir o generar conflictos.
Que la Presidenta haya dicho que quería un “país sin miedos” y una democracia “sin tutelajes”, ha resultado solo retórica. No puede cesar el miedo cuando el gobierno usa cadena nacional y un acto público al que convoca a las fuerzas vivas del país, para escrachar a dos empresas privadas sobre un conflicto privado, cuya legitimidad corresponde a los estrados judiciales.
Y sí hay tutelajes, cuando se advierte que el circo montado fue para justificar controles mediante una futura ley que regularía la fabricación y compra-venta de papel para periódicos, declarando a ese insumo para la industria de periódicos de “interés público”, como si se tratara de una materia indispensable similar al agua, la electricidad o la energía nuclear. El insumo no es tan relevante; como sí, la libertad para poder adquirirlo y consumirlo.
El blanco del gobierno fue evidente. Transparenta la intención del ex presidente Néstor Kirchner que en cada acto público jura que destrozará a Clarín y a otros medios que no le permitieron ni permiten gobernar en secreto y con impunidad. De ahí que el medio ahora haya sido Papel Prensa, como incontables artilugios se usaron antes con el mismo fin.
Estos son avances peligrosos contra la empresa privada y contra la Constitución que en su artículo 32 prohíbe que el Congreso dicte leyes que violen la libertad de imprenta, y muestran que el kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, en el que es habitual el escarnio y la condena pública, las amenazas permanentes, y el control de medios y sus contenidos.
De ahí que el periodismo argentino deba soportar el acoso público, el no tener acceso a información oficial, o que se le castigue o premie con publicidad o recursos estatales. También se le acosa interrumpiendo sus canales de distribución o mediante inspecciones impositivas.
Para esto, el gobierno no solo usa testaferros que adquieren medios privados, también utiliza medios públicos como instrumentos de propaganda, y a un tropel de funcionarios y periodistas, que en medios oficiales, redes sociales y blogs, denigran a todo aquel que no se ajusta a los estándares oficiales.
En cuanto a Clarín la pelea es conocida. El gobierno trata de corroer todos sus flancos, manipulando la imagen de un medio al que se le achacan pecados, control y concentración. De ahí que la semana pasada se canceló la licencia como proveedor de servicios de internet. Semanas atrás, el turno fue para los hijos de su directora y antes fueron los derechos de trasmisión del fútbol. Al principio fue la Ley de Servicios Audiovisuales, que si bien es necesaria, abusa y ataca con vehemencia lo que el propio Estado creó y permitió.
La pelea por Papel Prensa tiene el mismo cuño difuso del kirchnerismo. Se trata de una empresa que si bien generó, por sus malas y hasta abusivas prácticas comerciales, disputas y divisiones en el seno de la industria periodística; no se le pueden atribuir crímenes de lesa humanidad, lo que pareciera ser más una trama ideológica para justificar lo que el gobierno realmente pretende: controlar a los medios, limitar su independencia y avasallar la libertad de prensa.
Si Cristina y Néstor Kirchner detestan la concentración y los privilegios ¿no sería mejor que en vez de controlar, incentivaran las condiciones para que haya un sistema más competitivo? La competencia siempre aportará mayores beneficios que un gobierno protector, y a la postre le beneficiará generando mayor desarrollo y más empleos.
La ventaja de Argentina, si se le compara con Venezuela, es que el Congreso argentino sirve de contrapeso y equilibrio, y difícilmente este papelón presidencial terminará siendo refrendado por ley.