Honduras a la OEA

Excelente camaradería la del presidente salvadoreño Mauricio Funes con Honduras, para que vuelva a la OEA.

Lo más importante, es que su posición, además de haberla asumido entre los países SICA el mes pasado, la adoptó frente al propio Lula da Silva, y de esa forma equilibró la postura que ante el presidente brasileño tuvo y tiene el nicaragüense Daniel Ortega, quien sigue los designios y petrodólares de Hugo Chávez.

Lula insiste que Honduras debe mostrar más vocación democrática. Seguramente porque todavía tiene la sangre en el ojo de que lo hayan hecho quedar en ridículo cuando prestó la embajada a Manuel Zelaya como residencia temporal, la que se convirtió en celda permanente para el ex presidente y pésima imagen para el brasileño.

Funes fue valiente en su posición, al seguir desairando a su partido, el FMLN, que estaría más cómodo si se siguiera castigando al gobierno democrático de Porfirio Lobo, y mantener así la postura del cubano. Una verdadera contradicción latinoamericana; una Cuba que sin democracia, pura dictadura, y sin los mínimos principios que se le exigen a Honduras, logró reinsertarse en el concierto de naciones.

Sin solidaridad periodistas mexicanos

Comparto una entrevista que me hicieron y publica hoy Conciencia Pública desde Guadalajara México, sobre la violencia contra los periodistas en México: http://bit.ly/b0BzRx

Conciencia Públicao (CP): México se ha convertido en uno de los países del mundo más violentos y peligrosos por consecuencia de la lucha del Estado Mexicano contra los cárteles de la droga. En este contexto el ejercicio periodístico se convierte de alto riesgo. El asunto es que no existe una política de Estado que garantice la profesión periodística o permita reducir sus riesgos en el ejercicio de la misma. ¿Cómo ve la SIP esta problemática?

Ricardo Trotti (RT): Se necesita una amplia reforma legal a nivel nacional, más allá de lo que los estados puedan hacer y adoptar, por ej. mecanismos especiales de protección. La SIP viene insistiendo en la federalización de los crímenes contra periodistas, que los plazos de prescripción aumenten, que las penas para los delitos contra la libertad de expresión sean superiores y que no haya beneficios penales por este tipo de delitos contra la libertad de expresión.

CP: Sucedió la pasada semana el secuestro de cuatro periodistas en Durango, tres eran enviados de medios de comunicación de la Ciudad de México. El Grupo que los secuestró exigió - a cambio de su liberación- que transmitieran sus mensajes por TV...el único que lo hizo fue el Grupo Milenio... Televisa prefirió en forma de protesta decidió que el programa de Denis Mercker apareciera en blanco y negro, sin ningún mensaje, durante la hora que es el tiempo que le corresponde al programa. ¿Qué es lo conveniente debe hacer el medio frente a este tipo de situaciones? ¿Atender la demanda de los criminales o protestar como lo hizo Televisa?

RT: No se pueden juzgar las estrategias o líneas editoriales que adoptan los medios. Todas son válidas. Sin embargo, muchas de ellas deberían apuntar a la solidaridad y unión del gremio periodístico. A buscar métodos de presión conjunta para lograr cambios, así sean legales, como también estrategias conjuntas que permitan publicar notas e investigaciones entre varios medios para que nadie pudiera ser individualizado.

Existe un alto riesgo de atender las demandas por cuanto se está lidiando con gente sin escrúpulos ni principios, lo que derivaría luego en demandas cada vez más severas que podrían perjudicar todas las decisiones editoriales de los medios. En cuanto a las protestas están bien, aunque se necesitan estrategias, lo importante es siempre protestar pero incluso cuando los hechos le suceden a medios y periodistas de la competencia o de otras ciudades. Hay una responsabilidad profesional o lealtad periodística por la cual no se pueden hacer distinciones. Cuando algún periodista o medios es atacado o violentado debe considerarse un ataque contra todo el gremio y contra toda la población, ya que se priva a esta del goce al derecho a la información.

CP: No se ha visto interés por parte del Gobierno de México por impulsar una política de estado de protección al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión. Se creó una Fiscalía Especial para Atender Delitos contra Periodistas...pero no se le dotó de facultades ni de recursos. Es paradójico que en estos cinco años de su existencia, es cuando ha aumentado el número de asesinatos y agresiones a periodistas. Su creación ha sido inútil. El primer fiscal, David Vera Vega recibió 108 denuncias. Pero casi la totalidad no se resolvió.
- ¿Cómo vio la SIP esta acción y esfuerzo del Gobierno de Vicente Fox?

RT: La SIP, en primera instancia, en 2006, agradeció al presidente Vicente Fox la creación de la Fiscalía, un reclamo de años. Pero luego le reclamó la falta de presupuesto y de recursos, y especialmente, que no tenía competencia de investigación ni de acusación. No se trataba de una fiscalía sino prácticamente de una oficina de derechos humanos. Este febrero de 2010, la SIP reclamó durante una misión en México al entonces Secretario de Gobernación, Gómez Mont. Se cambió de inmediato el fiscal, y se comprometió el Gobierno a reorientar la Fiscalía, lo que finalmente fue aprobado este julio, con la FEADLE, la que sí opera como Fiscalía y tiene potestad para hacerlo. Tenemos la esperanza de que pueda haber avances sobre varias investigaciones y casos de crímenes.

CP: Una demanda de la SIP y periodistas mexicanos ha sido la federalización de las agresiones y delitos contra periodistas. La anterior Legislatura Federal la aprobó, pero no ha alcanzado rango de ley, porque no ha librado la aduana de la Cámara de Senadores. La Ley no ha tenido aplicación. ¿Qué estrategias se recomiendan para que la Cámara de Senadores la apruebe?

RT: Creemos que ahora más que nunca, a raíz de la anuencia del gobierno a analizar todos los temas de seguridad, especialmente luego de los secuestros de los cuatro periodistas, están dadas las condiciones para que se llegue a la federalización. Creemos que hay anuencia y que la presión nacional e internacional favorecerá para que se de este paso requerido ya por muchas organizaciones nacionales e internacionales.

¿Cómo califica la SIP la impunidad que sufre el sector de la prensa en México? ¿México es de los países donde hay mayor impunidad en el contexto
de América Latina? ¿Cómo combatir y enfrentar la impunidad?

RT: Es el país con mayores problemas de violencia e impunidad en este momento en las Américas. Se necesitan reformas legales que jamás podrán concretarse si es que no hay voluntad política. Se deben establecer mecanismos a nivel federal pero esto no debe interpretarse como que los estados pierden autonomía o se desligan de los casos o las investigaciones. Debe haber mecanismos de trabajo conjunto, responsabilidad entre el gobierno federal y los estatales, entre las policías judiciales, investigaciones y procesamientos conjuntos. Los códigos procesales penales deben reformarse para dar cabida al agravamiento de penas y las regulaciones penitenciarias estatales deben reformularse, para que los procesados y condenados no reciban beneficios penales. Debe contemplarse crear una cultura legal, judicial y policial para que los crímenes contra la libertad de expresión sean considerados delitos graves, porque no solo se atenta contra la vida de un ser humano, sino contra el derecho del público a recibir información.

CP: Qué recomienda la SIP para cubrir hechos en los que está involucrado el narcotráfico...asesinatos, secuestros, extorsiones... Es obvio que a la criminalidad no le conviene una prensa libre y por eso la amenazan y la golpean...
¿Qué garantías debe de ofrecer los directivos a los periodistas que mandan a cubrir en esas zonas de alta violencia y a los periodistas que allí viven?

RT: De esto se desprenden varias responsabilidades que tienen que ver con la ética profesional. La solidaridad, la protección, la seguridad y la unión del gremio periodístico devienen de la lealtad a la profesión, un “mandamiento” profesional que no puede quedar soslayado. Los medios deben velar por tener ciertos protocolos de seguridad, así como es útil poseer un código de estilo periodístico o un manual de procedimiento. No deben escatimarse esfuerzos para la capacitación de los periodistas y fotógrafos. Deben existir reglas muy claras sobre el tratamiento de la información sobre sucesos y aspectos de violencia. El periodista por lealtad a su profesión no puede esperar todo del medio, tiene un deber individual de capacitación y superación, además de tener propios protocolos de seguridad. Existen suficientes recursos en el internet para ello. Y es necesaria la creación de nuevas asociaciones de periodistas y medios capaces de velar, proteger y ejercer influencia sobre estos temas.

CP: Evidente hay una ley mordaza en las zonas donde la fuerza de los cárteles rebasa al Estado: Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua -por citar algunos ejemplos. Publicar y hacer periodismo de investigación es casi una sentencia de muerte. ¿Qué hacer ante esta terrible situación?

RT: Es verdad que los riesgos son muy altos y caros; y no se puede juzgar los diferentes criterios editoriales asumidos por los medios y periodistas, así sean en materia de autorregulación o de autocensura. Sin embargo, está en la esencia periodística buscar siempre los caminos más creativos y estratégicos para sortear estos escollos, así sea mediante la publicación conjunta de notas entre varios medios, publicar notas en páginas de internet, denunciar hechos a través de las redes sociales, etc…

Lo importante, sin embargo, es que la política editorial adoptada y la violencia que la ha generado sea parte constante y transparente en las publicaciones. El público debe saber que hay información que no es publicada, no dicha, y que el medio está haciendo todo a su alcance para proteger la vida de sus periodistas pero a su vez publicando lo más que puede. El público debe saber que existe una línea delgada y que transgredirla a veces acarrea consecuencias.

Si el público es parte del problema, tarde o temprano él o sus circunstancias, ejercerán presión a favor del sentido y el bien común, y de la libertad de expresión.

Los tres Uribe

Hoy Alvaro Uribe deja su puesto. Lo hace por la puerta grande. Los colombianos tienen mucho que agradecerle; los latinoamericanos también.

Hay dos Uribe formidables que me fascinaron y uno grotesco que detesto.

Me gusta este Uribe que sale por la puerta grande, erguido y orgulloso. Con casi el 80 por ciento de aprobación, comprometido con la seguridad democrática, consciente de las necesidades económicas y que puso de rodillas a las guerrillas de las FARC y que hizo que todo el mundo se dejara de romanticismos con los violentos de izquierda; cobardes armados. Que tuvo el pulso firme para defender sus ideas, a su gobierno y a su pueblo.

Me fascina este Uribe que fue equilibrio y balanza en un continente en el que en la última década se plagó de izquierda. No me importa si la derecha o la izquierda son buenas o malas, lo importante es que sin Uribe el monopolio de la izquierda hubiera arrasado. Me gusta este Uribe que nunca le temió a Hugo Chávez, que polemizó y no se quedó callado ni se amilanó. Que hasta último momento puso a Chávez a la defensiva, denunciando su apego a las FARC o demandándolo, casi en su último día de mandato, ante la Corte Penal Internacional.

El Uribe que no me gusta es ese que flirteó con la segunda reelección, que irrespetó a la justicia y detesto ese que estuvo sospechosamente contaminado por el paramilitarismo e hizo que los servicios de inteligencia espiaran a opositores, jueces y periodistas.

En el balance, me quedo agradecido con un Uribe que hizo mucho por Colombia y mucho más por Latinoamérica, aunque no lo haya vociferado. Su presencia, estar ahí, fue suficiente.

Lavado de manos y tirón de orejas

Felipe Calderón se reunió ayer con los medios de comunicación de la Ciudad de México. Pareciera que el primero se lavó las manos y a los segundos les tiraron las orejas.
Se reunieron por la presión desencadenada tras los secuestros de cuatro periodistas la semana pasada que, gracias a Dios, ya fueron liberados. Siempre es bueno que exista diálogo entre las partes, especialmente con el gobierno, en temas tan delicados como la violencia contra los periodistas y la libertad de prensa y de expresión.
Por el resultado de la plática, según lo publicado, no parece haber sido una reunión muy fructífera. Primero, porque los medios representados eran de la capital y a cuentagotas se notaron los nombres de gente del interior. Segundo, porque según los puntos acordados, más pareció un tirón de orejas a los medios que un lugar para buscar soluciones comunes, un espacio donde Calderón hizo de Poncio Pilatos.
Veamos lo que acordaron y en paréntesis mis impresiones:
1.- Que discutan, analicen y en su caso, adopten códigos y protocolos de manejo de información sobre seguridad con base en experiencias internacionales. (El peso de la prueba recae en los medios, es decir, la violencia existe, y los medios deben rebuscársela para ver cómo hacerle frente. El gobierno se lava las manos).
2.- Que en apego a sus esquemas de autorregulación, los medios de comunicación promuevan contenidos que eviten hacer apología del delito. (La culpa de la situación de violencia es de los medios. Azuzan la violencia con detalles descarnados. El gobierno es ajeno a la violencia).
3.- Dar seguimiento a las deliberaciones sobre la lucha por la seguridad y las propuestas que surjan en la mesa institucional y en los foros estatales así como evaluar el cumplimiento del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. (Sigue la cháchara pero nada concreto. Cuestiones como federalización, no prescripción, agravamiento de penas, reformas constitucionales, que los periodistas y las organizaciones vienen pidiendo, quedan en la nada).
4.- Difundir campañas para prevenir la violencia y las adicciones entre los jóvenes e inhibir su reclutamiento por parte de los criminales al tiempo que se incentive la cultura de la legalidad y la denuncia. (Los medios forman parte de la campaña gubernamental, si luego los objetivos no son alcanzados, los medios tendrán la culpa y no tendrán poder para criticar al gobierno ya que son parte del problema).
5.- Abrir espacios en los medios de comunicación para que la ciudadanía participe directamente en el debate público dirigido al fortalecimiento de la política de seguridad y enriquezca el diagnóstico y proponga acciones a seguir. (Los medios ya lo hacen a través de lo que permiten sus redes sociales y las nuevas tecnologías. Pero es más de lo mismo, los medios son socialmente responsables y el gobierno se lava las manos).
No fue una reunión muy fructífera.

México: no es suficiente

En México la policía detuvo a tres narcos y sospechosos de haber sido quienes secuestraron a cuatro periodistas la semana pasada y tuvieron en vilo al periodismo del país.
Más allá de la buena noticia de que los cuatro periodistas reaparecieron con vida, este episodio no puede confundirse. La violencia contra el periodismo y la libertad de prensa debe erradicarse de raíz, y para ello es necesario un gobierno responsable que derrote la impunidad, fenómeno que genera un círculo vicioso de donde se nutre la violencia.
En México la impunidad entre los crímenes contra periodistas ronda más del 90 por ciento. Para ello, es necesario que el Estado adopte políticas coherentes y consistentes. La primera tiene que ver con la federalización de este tipo de crímenes, primero por el tipo de crimen que debe ser comparado a otros delitos como el narcotráfico o la portación de armas pesadas o la trata de personas, además porque los estados, y dentro de ellos los poderes públicos, son más vulnerables a la corrupción. La segunda con la no prescripción de los crímenes y la tercera con que este tipo de acciones no solo deben ser castigados con toda la fuerza de la ley, sino con imposiciones fuertes, sin beneficios, que no permitan, como dijo recientemente un el presidente chileno Sebastián Piñera, sobre el tema de beneficios penales en su país, que la cárcel no debe tener puerta giratoria.
En México se realizará mañana una marcha por la principal avenida de la ciudad, Reforma, para pedir para que el gobierno combata la violencia y la impunidad. Pero en el reclamo, para que sea efectivo, debiera involucrarse no solo a periodistas y políticos – muchos de ellos oportunistas – sino a la sociedad toda. Si el ciudadano común no entiende que cuando matan o atentan contra un periodista se pone en riesgo la libertad de expresión de todos, cualquier lucha caerá, tarde o temprano en el olvido.
La prensa mexicana se debe a sí misma de lo que careció estos años: solidaridad y unidad. Y debe verse en el espejo de cómo lo logró el periodismo de otros países como en Argentina, Brasil y Colombia, cuando armó campañas de acción y educación ciudadana detrás de los asesinatos de José Luis Cabezas, Tim Lopes y Guillermo Cano.
Solo así estará creando de esta desavenencia de los secuestros una verdadera oportunidad.

Obispos y presidentes

La Iglesia Católica, que casi solo estaba apareciendo en los titulares de prensa en relación a denuncias sobre abuso sexual, irrumpió con bríos renovados en la agenda política latinoamericana, entreverándose en varias decisiones presidenciales.

Con determinación y sin escapar muchas veces a la polémica, los obispos católicos se vieron involucrados en roles protagónicos. Desde la intervención del cardenal cubano Jaime Ortega ante el presidente Raúl Castro para que libere presos políticos, hasta las serias represalias que sufrió un cardenal venezolano por sus críticas recalcitrantes contra el régimen totalitario de Hugo Chávez.

O desde la discordancia de la Conferencia Episcopal chilena con Sebastián Piñera por no ofrecer clemencia a violadores de los derechos humanos, hasta la afinidad de prelados salvadoreños con Mauricio Funes, quien vetó un decreto legislativo que hacía de la Biblia una lectura obligatoria en las escuelas del país para combatir la violencia juvenil.

En su activa participación en la agenda política, los obispos no suelen tener el camino fácil. Con la manida figura de la “separación Iglesia – Estado”, los líderes y gobernantes suelen tratar de acallar sus críticas y opiniones acotando la libertad de culto, un principio constitucional que no solo avala el derecho a elegir y profesar un credo religioso, sino que garantiza que nadie - creyente, agnóstico, ateo o autoridad religiosa – sea perseguido o sufra represalias por expresar o enseñar sus creencias.

En Venezuela esta libertad, así como la de expresión, también está en entredicho. Chávez ha tomado revancha en contra de los obispos disponiendo esta semana no solo la interpelación en el Congreso del cardenal Jorge Urosa, sino también el pedido de revisión de la concesión de Vale TV, un medio de carácter cultural que la Iglesia maneja desde 1998, para ponerlo “a la orden del pueblo… no del cardenal”. ¿El pecado?: Acusar a Chávez de violar la Constitución.

Urosa salió airoso del interrogatorio parlamentario. Reivindicó el derecho de los obispos a opinar sobre asuntos sociales, morales o políticos, sin necesidad de que se lo catalogue de “opositor”, “troglodita” o “indigno”. Similar actitud tomó el año pasado la Conferencia Episcopal de Argentina, cuando el gobierno acusó a los prelados de hacer propaganda política e incentivar la violencia, por denunciar la ineficacia oficial para detener el hambre y pobreza, en un país de amplios recursos naturales.

Más allá de que uno comparta o no la doctrina que imparten los religiosos, así sean obispos, pastores o rabinos, lo importante, en una sociedad abierta, plural y diversa, es acceder a esas opiniones, para comprender mejor o tener más enfoques sobre temas morales complejos y desafiantes, como la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo que se adoptó en Argentina, el renovado tema del aborto que brotó en Brasil o la distribución de la “píldora del día después” que patrocina el gobierno de Perú.

Estos temas y sus consecuencias, son los que dan validez a la opinión y consejos de expertos, aún en épocas electorales en las que se hace difícil ponderar entre el derecho a recibir información y a no ser molestado por consejos proselitistas. Como sucedió esta semana en Brasil con la controversia creada por el obispo brasileño de Guarulhos, Luiz Gonzaga, quien pidió a los católicos a que no respalden a la candidata presidencial oficialista, Dilma Rouseff, por ser partidaria a la despenalización del aborto.

Aunque el obispo justificó que tiene como ciudadano el derecho a expresar su opinión y como pastor la obligación de orientar a los fieles, quizá, y lamentablemente, corra la misma suerte que uno de sus colegas en Costa Rica, que en mayo fue condenado y censurado por la justicia por pedir a los feligreses que no voten por candidatos que tuvieran valores reñidos con los de la fe católica.

Más allá de las polémicas y regaños políticos, y aún a riesgo de perder espacio o credibilidad por su posición conservadora, lo importante es que la Iglesia, así como toda denominación religiosa, siempre tenga un marco adecuado de libertad y tolerancia para sus opiniones y enseñanzas.

La libertad de culto así como la libertad de expresión son valores fundamentales que deben ser protegidos para evitar caer en el oscurantismo que muchos líderes predican.

Prostitución electrónica

Prostitución electrónica 3-08-10

En El Salvador de donde acabo de llegar hay varias polémicas morales por estos días, más allá de la violencia y la inseguridad pública que tiene a toda la sociedad en vilo. La discusión se centra en temas como la obligatoriedad para leer la Biblia en las escuelas que fue vetada por el presidente Mauricio Funes, con la anuencia de la Iglesia Católica, por entender que era un atropello a la libertad de culto y que la lectura de la Biblia necesita de orientación, hasta la polémica sobre a que las porristas estudiantiles muestren sus piernas y “más de lo debido”, en las “fiestas agostinas” que se celebran esta semana, con comparsas y procesiones.

Pero lo que no está en discusión ni es polémica moral, sino un duro cuestionamiento ético, es la libertad que existe en algunos sitios digitales a través de los cuales se ofrecen servicios de prostitución de mujeres menores y gays a los turistas extranjeros, sin que las autoridades presten mucha atención.

Me llamó la atención el título del Diario de Hoy, uno de los más importantes periódicos del país, que bajo el título “Proxenetas en internet sin castigo”, lanzó una denuncia muy dura sobre los anuncios en páginas digitales que ofrecen a chicas y chicos menores como prostitutas.

El diario hace referencia a una publicidad colgada en el sitio de MundoAnuncio.com, en el apartado de El Salvador, el cual refleja avisos no solo para servicios de escort, sino directa prostitución, en el cual se ofrecen teléfonos y ofertas, las cuales pueden ser enviadas vía e-mail o por catálogos.

El proxenetismo es una vieja profesión que se ha expandido y revitalizado rápidamente a través de las redes sociales y las páginas electrónicas, lo que está generando grandes desafíos para las policías, las que no poseen ni los recursos ni las habilidades necesarias para perseguir este tipo de crimen en boga; así como tampoco la gran industria de la pornografía infantil digital.