Chávez y el pedido de los obispos católicos

Los obispos católicos de Venezuela vienen pidiendo muchas cosas al presidente Hugo Chávez, desde que pare de agredir verbalmente a los opositores, a los medios, que deje de seguir creando polarización en el país, que deje de despilfarrar en armamentos, que deje a la Justicia ser independiente o que devuelva a la Asamblea Nacional los poderes que la Constitución le da para legislar, ser contrapeso y ejercer su equilibrio de poderes en el gobierno.

Ahora, los obispos, indignados también por el clima de incertidumbre, el hermetismo y la falta de verdad, han exigido al gobierno que ofrezca un “parte oficial médico” sobre la salud del mandatario. Se trata de un pedido razonable en cualquier país democrático en el que la salud de un presidente es una cuestión importante y de Estado, además de estar concebido en la Constitución.

La falta de información no es más que una especulación que hace el gobierno como parte de su estrategia de propaganda, además de ser un patrón de conducta normal de un sistema autoritario que cree que su poder está por arriba del que delega el ciudadano. Puede que esa estrategia le resulte cómoda o bien como hasta ahora; pero no todo es seguro en esta vida, como ha quedado demostrado con un cáncer que le jugó una pasada inesperada a un hombre ensoberbecido de poder que creía que lo tenía todo y que hacía planes para gobernar hasta pasada la década próxima.    

Curas y delitos sexuales justificados

Según un estudio realizado con la anuencia de los obispos católicos estadounidenses, todos los males provocados por los delitos sexuales de los sacerdotes no tienen su origen en el celibato, en la calificación de pedófilos o en la homosexualidad de los agresores, sino más bien en la mala formación que los presbíteros tuvieron en sus años de formación en los seminarios en las décadas de 1940 y 1950.

El estudio independiente que dice no tener ningún tipo de influencia por parte de los prelados, parece insuficiente para calmar las ansias de entender un escándalo que sacude a la Iglesia Católica desde hace 10 años, que solo en EEUU llevó a que las diócesis pagaran más de 1.800 millones en indemnizaciones y reparación a las víctimas.

El estudio justifica que el celibato obligatorio no incentiva a los curas a cometer delitos sexuales y se basa también en estadísticas de que son muchos menos los curas pederastas como se pensaba, sino que se trata de delincuentes sexuales comunes, ya que las víctimas, en su mayoría, se da en una población de jóvenes y púberes, no de niños; algo, por supuesto, que no exonera a ningún delincuente por más justificación que le anteceda.

Varias cosas llaman la atención sobre esta investigación realizada por el John Jay College de Justicia Criminal, en forma independiente a pedido de la Conferencia Nacional Episcopal de EEUU: 1) que no se pueden expiar los pecados y justificar los delitos culpando al pasado, una reacción tan pueril como si se culpara la deformación tortuosa de las acciones de los militares de las dictaduras a la mala formación en las academias militares; 2) el estudio no dice nada sobre la conducta de los obispos – que es la que se debería investigar – de por qué tuvieron la tendencia de encubrir los delitos y trasladar a los curas de diócesis en diócesis desparramando los males; 3) el hecho de que se indagara sobre archivos que datan de la década de 1970 revela y confirma que las transgresiones sexuales datan de mucho tiempo y 4) para que el análisis tenga mayor credibilidad debería efectuarse en otros países golpeados por escándalos similares, como el caso de Irlanda, Bélgica y Alemania, para que pudiera tener puntos de comparación y mayor cientificidad.

El estudio - que no debe descartarse debido a su independencia y porque aporta otros elementos valederos para entender ciertas conductas – parece inclinado a justificar acciones indecorosas y delincuenciales, lo que eleva el nivel de enojo de aquellas organizaciones no gubernamentales, como la  Red de Sobrevivientes del Abuso por Sacerdotes, creadas para denunciar estos males y crear conciencia sobre las necesidades de reforma dentro de la Iglesia Católica.

Obispos y presidentes

La Iglesia Católica, que casi solo estaba apareciendo en los titulares de prensa en relación a denuncias sobre abuso sexual, irrumpió con bríos renovados en la agenda política latinoamericana, entreverándose en varias decisiones presidenciales.

Con determinación y sin escapar muchas veces a la polémica, los obispos católicos se vieron involucrados en roles protagónicos. Desde la intervención del cardenal cubano Jaime Ortega ante el presidente Raúl Castro para que libere presos políticos, hasta las serias represalias que sufrió un cardenal venezolano por sus críticas recalcitrantes contra el régimen totalitario de Hugo Chávez.

O desde la discordancia de la Conferencia Episcopal chilena con Sebastián Piñera por no ofrecer clemencia a violadores de los derechos humanos, hasta la afinidad de prelados salvadoreños con Mauricio Funes, quien vetó un decreto legislativo que hacía de la Biblia una lectura obligatoria en las escuelas del país para combatir la violencia juvenil.

En su activa participación en la agenda política, los obispos no suelen tener el camino fácil. Con la manida figura de la “separación Iglesia – Estado”, los líderes y gobernantes suelen tratar de acallar sus críticas y opiniones acotando la libertad de culto, un principio constitucional que no solo avala el derecho a elegir y profesar un credo religioso, sino que garantiza que nadie - creyente, agnóstico, ateo o autoridad religiosa – sea perseguido o sufra represalias por expresar o enseñar sus creencias.

En Venezuela esta libertad, así como la de expresión, también está en entredicho. Chávez ha tomado revancha en contra de los obispos disponiendo esta semana no solo la interpelación en el Congreso del cardenal Jorge Urosa, sino también el pedido de revisión de la concesión de Vale TV, un medio de carácter cultural que la Iglesia maneja desde 1998, para ponerlo “a la orden del pueblo… no del cardenal”. ¿El pecado?: Acusar a Chávez de violar la Constitución.

Urosa salió airoso del interrogatorio parlamentario. Reivindicó el derecho de los obispos a opinar sobre asuntos sociales, morales o políticos, sin necesidad de que se lo catalogue de “opositor”, “troglodita” o “indigno”. Similar actitud tomó el año pasado la Conferencia Episcopal de Argentina, cuando el gobierno acusó a los prelados de hacer propaganda política e incentivar la violencia, por denunciar la ineficacia oficial para detener el hambre y pobreza, en un país de amplios recursos naturales.

Más allá de que uno comparta o no la doctrina que imparten los religiosos, así sean obispos, pastores o rabinos, lo importante, en una sociedad abierta, plural y diversa, es acceder a esas opiniones, para comprender mejor o tener más enfoques sobre temas morales complejos y desafiantes, como la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo que se adoptó en Argentina, el renovado tema del aborto que brotó en Brasil o la distribución de la “píldora del día después” que patrocina el gobierno de Perú.

Estos temas y sus consecuencias, son los que dan validez a la opinión y consejos de expertos, aún en épocas electorales en las que se hace difícil ponderar entre el derecho a recibir información y a no ser molestado por consejos proselitistas. Como sucedió esta semana en Brasil con la controversia creada por el obispo brasileño de Guarulhos, Luiz Gonzaga, quien pidió a los católicos a que no respalden a la candidata presidencial oficialista, Dilma Rouseff, por ser partidaria a la despenalización del aborto.

Aunque el obispo justificó que tiene como ciudadano el derecho a expresar su opinión y como pastor la obligación de orientar a los fieles, quizá, y lamentablemente, corra la misma suerte que uno de sus colegas en Costa Rica, que en mayo fue condenado y censurado por la justicia por pedir a los feligreses que no voten por candidatos que tuvieran valores reñidos con los de la fe católica.

Más allá de las polémicas y regaños políticos, y aún a riesgo de perder espacio o credibilidad por su posición conservadora, lo importante es que la Iglesia, así como toda denominación religiosa, siempre tenga un marco adecuado de libertad y tolerancia para sus opiniones y enseñanzas.

La libertad de culto así como la libertad de expresión son valores fundamentales que deben ser protegidos para evitar caer en el oscurantismo que muchos líderes predican.