Lobo... y falta el Congreso

Para que la fiesta sea total en Honduras, ojala que el Congreso haga una jugada política, más allá de la opinión de la Corte Suprema, y reinstale un gobierno de unidad nacional que esté integrado por Manuel Zelaya, y así cumplir con todos los requisitos de los previos acuerdos y dejar sin “armas” para el futuro que serán utilizadas contra el flamante presidente elegido Porfirio Lobo.

Un par de meses más y con las manos atadas por lo que especifica el acuerdo Tegucigalpa-San José, Zelaya deberá dejar el ruedo político, y el nuevo gobierno podrá empezar una relación de normalidad con Estados Unidos, en realidad, el mayor socio comercial y más conveniente para su estabilidad económica y social.

Estados Unidos está incluso en una encrucijada si solo hubiera apoyado las elecciones, ya que lo hizo con la consecuente reinstalación del gobierno nacional, y sabe que el incipiente apoyo de la Comunidad Europea y de otras naciones que tímidamente se están sumando, se podría resquebrajar sino le dejan a todo el mundo una sensación de que todos los actores han ganado.

Ahora bien, entendiendo como ha actuado Zelaya en todo el proceso, seguramente lo que menos quiere en este momento, es asumir una presidencia que será realmente decorativa y en la que no podrá tener poder de maniobra, por lo que seguirá insistiendo de que se trató de elecciones ilegales. Conociendo además los recursos que le apoyan, Zelaya emprenderá una batalla que se extenderá en el tiempo.
Veremos qué decisión toma el Congreso.

Mujica y su tendencia contra los medios

José Mujica ganó la presidencia de Uruguay en el ballotage de hoy y si bien los medios de comunicación le darán el tradicional los 100 días sin tantas críticas para ver como se acomoda y hamaca, seguramente el debate prensa – gobierno surgirá antes de que termine ese período de gracia.

Es que ya durante la campaña electoral, el ex tupamaro y senador oficialista, venía argumentando a favor de que el gobierno tuviera mayor incidencia en los medios de comunicación, ya sea controlando su contenido como imponiéndolo.

En el informe reciente de la SIP divulgado el mes pasado en Buenos Aires, se relata que Mujica quiere “imponer al sistema de comunicación, campañas públicas permanentes para el desarrollo de valores colectivos, así como exigir y obligar desde el gobierno espacios mínimos de producción nacional en radio y televisión, modelo como el que en la década de los años ‘40 estableció en Argentina el ex presidente Juan Domingo Perón”.

El informe explica que en los últimos meses, Mujica criticó, culpó y acusó continuamente la tarea de los medios y de los periodistas.
Veremos que sucede en los próximos meses, pero si Mujica sigue los pasos que han dado otros gobiernos populistas de la región, lo más seguro es que en los primeros meses de gobierno ya irá delineando una estrategia de control del periodismo.

Fiesta hondureña

La participación como votante en una contienda electoral es la máxima expresión del ser democrático, y hay poco que se pueda comparar con ello en una democracia. El pueblo hondureño está de parabienes, preparándose para la fiesta de mañana a pesar de que algunos ciegos no reconozcan o quieran reconocer un proceso que estaba inscripto mucho antes de los hechos del 28 de junio.

Gane Porfirio Lobo o no, así haya mayor cantidad de votos en blanco o no, abstencionismo o no, lo importante que este domingo es el día más importante de la historia moderna hondureña, bisagra entre un período conflictivo y otro que deberá llenarse de diálogo para llegar a enero con un nuevo presidente reconocido por todo el mundo, aunque siga la diatriba de los países del Alba, ruido al que habrá que acostumbrarse y que no tiene más decibeles que una política ideológica gritona y chillona.

Desde antes del 28 de junio cuando se violaron los preceptos constitucionales que culminaron con la ruptura de la presidencia de Zelaya y hasta que se alejó del cargo Micheletti, todos los países y los organismos multi gubernamentales tuvieron la opción de acompañar o no el nuevo proceso de gobierno. Más allá de los que decidieron en su momento, las elecciones de este 29 de noviembre son el punto de unión y unificación de criterios para darle a los hondureños la razonabilidad de la duda y permitir que afronten la institucionalidad mediante su Congreso y la Corte Suprema.

Que Zelaya sea restituido o no, ya no es tan importante como que mañana, tras ser elegido el nuevo presidente democrático, todos los ciudadanos gocen de la fiesta electoral y el mundo de la bienvenida a una Honduras democrática y transparente.
La suerte de Zelaya va por otro camino y eso debe preocupar solo al Congreso y a la Corte Suprema que bajo acuerdo político se han convertido en las dos instituciones que deberán velar por la restitución o no. Lo que todo hondureño hace votos, así como la comunidad internacional, que la restitución se ajuste a debido proceso y no esté contaminada por los revanchismos políticos.

Silencio y corrupción

La labor investigativa y fiscalizadora de la prensa es vital para responsabilizar a los gobiernos y mantener a raya a los corruptos. Sin denuncia periodística hay poca transparencia y la democracia se debilita. Muchos gobiernos rechazan estos principios. Prefieren una prensa sumisa o amordazarla con leyes restrictivas. Así compran silencio y esconden corrupción.

No es casualidad que los países latinoamericanos donde más se está limitando a los medios de comunicación, como en Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Argentina, son precisamente los que aparecen como peores clasificados en la lista de percepción de la corrupción que difundió Transparencia Internacional (TI) esta semana.

En una escala del 1 al 10 (siendo la peor la de menor valor) Venezuela, con una puntuación de 1.9, fue considerado uno de los países más corruptos del mundo, ubicándose en el puesto 162 de 180. En orden ascendente se situó Ecuador, 2.2; Nicaragua, 2.5; Bolivia, 2.7 y Argentina con 2.9, de un total de 21 naciones latinoamericanas que obtuvieron un vergonzoso puntaje menor de cinco puntos.

La medición de TI comprueba que donde se busca mayor silencio mediático, se registra más corrupción gubernamental. Venezuela tiene uno de los sistemas más restrictivos de prensa en el continente. Las denuncias contra el nepotismo de Hugo Chávez, beneficiando a parientes y autoridades, así como los dineros opacos que fluyen de los entes estatales, sirvieron para justificar la ley de Responsabilidad Social. Un mecanismo que le ha servido al gobierno para clausurar RCTV, decenas de radioemisoras y amenazar de cierre a Globovisión, así como crear una vasta red de medios públicos que jamás denunciarán irregularidad alguna.

En Argentina, la ley de Servicios Audiovisuales lleva la consigna de destronar al Grupo Clarín y a otras empresas que revelaron, por ejemplo, el desmedido enriquecimiento del patrimonio de Cristina Kirchner y su esposo o los dineros espurios utilizados en su campaña electoral. En Ecuador, la nueva ley de Comunicación busca amordazar a medios como Teleamazonas, que ya sufrió varios aprietes oficiales por poner en evidencia que Fabricio, hermano de Rafael Correa, se beneficiaba con contratos con el Estado. Mientras que Daniel Ortega busca acallar al diario La Prensa para evitar que se sepa que sus familiares se han beneficiado con el manejo de empresas privadas y hasta con vacaciones pagadas por todos los nicaragüenses.

En la medición de TI se observa que también existe una estrecha relación entre libertad de prensa y transparencia; es decir, a mayor tranquilidad de los medios para trabajar, menos corrupción. Los países mejor ubicados fueron Chile y Uruguay en el puesto 25 con una puntuación de 6.7; Puerto Rico, 5.8 y Costa Rica 5.3; justamente donde los medios sufren menos o pocas represalias por su labor.

Hay otros países, como Brasil, calificado con un bajo 3.7 puntos, que se mueven en terrenos cenagosos. Es que para ascender como potencia mundial, no necesitaría restringir a los medios, sino demostrar que es más transparente; lo contrario que tiene en mente el presidente Lula da Silva.

Cuando medios de experimentada trayectoria como los diarios O Estado de S. Paulo y Folha vienen denunciando una corrupción galopante en el Senado federal, donde están involucrados y procesados su presidente José Sarney y 27 de los 81 senadores, Lula y su Partido de Trabajadores, insisten en regular los contenidos de los medios mediante mecanismos de control público para combatir los monopolios y la concentración, excusa similar que derivaron en leyes restrictivas en Argentina, Ecuador y Venezuela.
Si bien ningún tipo de concentración de poder es beneficiosa, incluyendo a los medios, los gobiernos más que achicar medios deberían incentivar que crezcan otros y que haya más competencia. Lo que tratan, en realidad, es evitar que haya medios grandes e independientes capaces de investigar, criticar y denunciar la corrupción.

La fórmula es simple. Para combatir el silencio y mejorar la transparencia, se necesita mayor libertad de prensa. Difícil lograr esa meta, si los gobiernos se empecinan en perseguir a Globovisión, Teleamazonas, Clarín, La Prensa o Fohla de S. Paulo, una lista cada vez más larga de empresas periodísticas del hemisferio que están siendo acosadas por gobiernos de corte populista, que ven en el periodismo una amenaza a su hegemonía.

Impunidad ambiental

Acabo de terminar un seminario sobre delitos al medio ambiente en Guatemala, y quedé con un sabor amargo ante la evidencia de la catástrofe que se nos avecina por el cambio climático o, lo que es lo mismo, el aumento de la temperatura ambiental.

Para este seminario convocamos al ministro guatemalteco de medio ambiente Luis Alberto Ferraté Felice, a gente de Greenpeace, de Interpol, y ambientalistas, académicos y periodistas de varios países latinoamericanos. El ministro sorprendió por su visión crítica y si bien ejemplificó en varios problemas mundiales que afectan los ecosistemas del país, como el lago de Atitalán y otras cuencas acuíferas, lo más sorprendente es que denunció que de 528 denuncias ante el ministerio público, solo el 2 por ciento de ellas procedieron.

Calificó que la “impunidad ambiental” o la impunidad de los países industrializados para seguir emitiendo gases de carbono, la tala indiscriminada y también clandestina de bosques, la explotación de petróleo y metales preciosos, son responsables de esta catástrofe que se avecina.

Lo peor, consideró, es que las futuras generaciones a los que le dejaremos un legado complejo se adaptarán al nuevo ambiente, convirtiéndose este problema en un círculo vicioso difícil de cerrar si es que no se logran resultados positivos en la próxima cumbre que sobre el medio ambiente se realizará a mediados de diciembre en Copenaghe.

Chávez y la CIDH

A pesar de la encomiable decisión de los jóvenes venezolanos que iniciaron una huelga de hambre el fin de semana para que el gobierno de su país permita la revisión de los derechos humanos permitiendo el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Hugo Chávez no dará el brazo a torcer.

Chávez expulsó al secretario ejecutivo de la CIDH, desatendió sus opiniones, además de no haber aceptado fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cuales, por ser el país firmante de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se trata de decisiones vinculantes. Actuó de la misma forma que lo hiciera en otra época Alberto Fujimori.

Chávez, quien también echó a los representantes de Human Rights Watch, se ha mostrado siempre partidario de la política del gobiernos de los hermanos Castro que no permiten a grupos de derechos humanos entrar a Cuba, bajo el principio de que se trata de injerencia capitalista. Claro está, que Chávez si bien no permite al organismo de la OEA entrar al país, sí utiliza los organismos internacionales, por ejemplo, para que permitan el reingreso al país.

En realidad Chávez tiene una política errática y poco seria en materia de derechos humanos. Seguramente en estos días, si los jóvenes continúan con su huelga, empezará a tejerles todo tipo de historias sobre corrupción o hasta figuras de “traición a la patria” con tal de desprestigiar su causa. Así lo hizo y lo sigue haciendo con quienes disienten de sus políticas, varios de ellos en la cárcel, otros asilados y muchos voluntariamente exiliados.

Cansado de los populistas

Recuerdo que cuando trabajaba en El Liberal de Santiago del Estero, algo me molestaba sobremanera y a lo que nunca pude adaptarme en esa provincia argentina, es que la agenda pública diaria siempre giraba en torno a la misma persona: el populista gobernador peronista Carlos Juárez.
No había tema económico, social, político que no pasara sin mencionarse la posición omnipresente de este hombre. Mala, buena o regular opinión daba lo mismo, porque todos hablaban de lo que pensaba Juárez o de lo que opinaba y criticaba.
Los populistas se las arreglan para estar siempre presentes en cada acto y pensamiento de las personas. Todo debe girar alrededor de ellos. Opinan de todo y para todo tienen una opinión, así sea alabando al terrorista venezolano El Chacal como Hugo Chávez, despotricando contra el informa sobre corrupción elaborado por Transparencia Internacional, como Rafael Correa, o a favor de una ley que obliga a los argentinos a someterse a análisis de DNA, como la presidenta Cristina de Kirchner, en una batlla entre la verdad sobre los crímenes de militares durante la guerra sucia y el derecho a la protección de la intimidad.
Los populistas son esos y se desviven por resistir al paso del tiempo, como Manuel Zelaya que buscaba la reelección a través de una reforma constitucional que no pudo lograr, y la que desesperadamente está buscando el presidente Daniel Ortega, haciendo contra marchas con sus partidarios para neutralizar los efectos de otras marchas – como la de ayer sábado en Managua – convocada por la oposición en una expresa declaración anti reeleccionista.
Todos hablamos de estos personajes y a ellos les encanta. Su narcisismo es agobiante. Periodistas y medios deberíamos procurar un “apagón informativo”, para sacarlos de la agenda pública. El riesgo, sin embargo, es dotarles de inmunidad e impunidad con el silencio.